POLITICA
La Justicia investiga si el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento a Adorni lo remodeló antes de entregárselo
La causa sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó en las últimas horas un dato que abre nuevas líneas de investigación: según información extraída del teléfono de la titular de la inmobiliaria Rucci, el departamento de Caballito que adquirió el jefe de Gabinete ya estaba refaccionado y “a estrenar” antes de concretarse la operación.
La Justicia busca determinar entonces si quien realizó esas obras fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación hipotecaria.
De acuerdo con los registros que analiza el fiscal federal Gerardo Pollicita, el inmueble fue vendido originalmente en mal estado por el exfutbolista Hugo Morales. El propio Morales había declarado que la propiedad requería arreglos y que, ante la falta de interesados, aceptó una oferta menor a la inicial.
“Sabiendo que por ahí perdía un poco de plata o que lo podía arreglar, en ese momento se tomó la decisión. Lo vendimos contentos”, explicó días atrás.
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La cronología reconstruida en el expediente marca que Morales puso a la venta el departamento y recibió una oferta de dos jóvenes por US$200 mil, monto que finalmente aceptó. El día de la escritura, según consta en la causa, estaban presentes dos mujeres —las jubiladas que luego financiarían la compra— junto a esos dos compradores, identificados como Feijoo y otra persona de apellido Miano.
Siempre según la reconstrucción judicial, el departamento fue transferido en esas condiciones, con necesidad de refacción. Sin embargo, tiempo después, Feijoo habría ofrecido la propiedad a la inmobiliaria con nuevas imágenes que mostraban el inmueble completamente renovado. Para cuando Adorni concretó la compra, el departamento estaba “impecable” y listo para habitar.
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El dato que ahora analiza la Justicia es el margen económico de esa operación. Adorni declaró haber adquirido la propiedad por US$230 mil, apenas US$30 mil más que el valor pagado previamente. Esa diferencia es la que genera dudas en el expediente: si el inmueble fue refaccionado de manera integral, el costo de las obras debería reflejarse en el precio final. “¿Las refacciones costaron tan solo 30 mil dólares?”, es una de las preguntas que surge de la documentación incorporada.
La operación, además, tuvo características particulares. Según consta en la causa, Adorni aportó US$30 mil al momento de la compra, mientras que los US$200 mil restantes fueron financiados por las vendedoras —las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo— mediante una hipoteca sin intereses, con plazo de devolución de un año. Ambas mujeres declararon no conocer al funcionario.
En paralelo, el fiscal también puso el foco en la evolución patrimonial del jefe de Gabinete. En base a distintos registros, la Justicia contabiliza una serie de gastos en dólares realizados en los últimos años que busca contrastar con sus ingresos como funcionario, cuyo salario se mantuvo congelado hasta enero de este año.
Entre esos movimientos figuran los US$30 mil abonados al momento de la hipoteca del departamento de la calle Miró; otros US$20 mil vinculados a la compra de una propiedad en el country Indio Cuá; US$30 mil destinados a la cancelación parcial de una hipoteca previa; US$7600 correspondientes a un vuelo a Punta del Este; US$5000 por la tasa de ingreso al country; y US$5154 por el pasaje aéreo de su esposa, Bettina Angeletti. “A la Justicia hay una cuenta que no le cierra”, sintetizan fuentes del caso sobre el análisis integral de esos gastos.
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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo autorizó nuevas medidas de prueba solicitadas por Pollicita, que incluyen pedidos de información a organismos públicos y privados. Entre ellas, se destacan oficios al Registro Automotor por un vehículo que poseía Adorni; a la ANSES para reconstruir la historia laboral de una de las prestamistas; al Instituto de Vivienda de la Ciudad por un crédito vinculado a un inmueble de su esposa; y a YPF para determinar si percibió remuneraciones como miembro del directorio.
También se requirió información a ARBA sobre el lote en Indio Cuá, al Banco Galicia por los resúmenes completos de tarjetas de crédito del matrimonio, y a la Comisión Nacional de Valores por eventuales operaciones bursátiles. A su vez, se libraron oficios a aerolíneas internacionales para precisar detalles sobre pasajes aéreos: quién los compró, cómo se pagaron y a través de qué canal.
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En paralelo, la Justicia citó a declarar como testigos a la escribana que intervino en una de las operaciones inmobiliarias y al representante de la firma que habría abonado pasajes del funcionario, quienes deberán presentarse con documentación respaldatoria.
Mientras avanzan estas medidas, este miércoles prestaban declaración en Comodoro Py las dos jubiladas que financiaron la compra del departamento de Caballito.
Manuel Adorni
POLITICA
Piden investigar la compra de 19.000 hectáreas en Río Negro por parte de un expolista ligado a los Emiratos Árabes
SAN CARLOS DE BARILOCHE.− En un reciente juicio por tierras realizado en esta ciudad, el empresario santafesino y expolista Hugo Alberto Barabucci dijo haber recibido una donación de 2 millones de dólares de parte de Emiratos Árabes Unidos para comprar unas 19.000 hectáreas en Río Negro. Ahora, legisladores provinciales pidieron que se investigue el origen de los fondos.
La polémica surgió durante el juicio a Soledad Cayunao, una mujer mapuche que fue imputada por supuesta usurpación tras un conflicto que comenzó hace unos tres años en el paraje Alto Río Chubut, al sur de Río Negro. El denunciante, Barabucci, declaró durante el juicio que había comprado el campo en cuestión con una “donación” no restituible de ese país árabe.
Martín Palumbo y Milton Díaz, abogados defensores de Cayunao –quien fue finalmente absuelta–, advirtieron que esa compra “fue violatoria de la ley 26.737 (de tierras rurales), cuya derogación fue declarada inconstitucional”. Señalaron que esa norma indica que los extranjeros no pueden. en forma directa “ni por interpósita persona”, adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, que por ley están definidas como las que se ubican a menos de 100 kilómetros de un límite internacional. El campo que fue foco de conflicto en Alto Río Chubut se encuentra a unos 50 kilómetros del límite con Chile.
Ahora, la legisladora provincial Magdalena Odarda presentó junto al bloque Vamos con Todos y el acompañamiento del bloque PJ Nuevo Encuentro un pedido de informes al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que investigue posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia.
“El pedido surge a partir de una declaración realizada en un juicio en Bariloche, donde se afirmó la compra de más de 14.000 hectáreas en Cerro Carreras (zona de frontera y nacientes del río Chubut) mediante una donación ‘sin cargo’ de 2 millones de dólares provenientes de Emiratos Árabes Unidos. Estamos hablando de un hecho de extrema gravedad”, aseguró Odarda.
También pidieron que se investigue el origen de los fondos, la posible existencia de contrabando de divisas, lavado de dinero y si hubo intervención de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex-AFIP). Según sostuvo Odarda, los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del banco First Gulf Bank, con sede en Abu Dhabi, y pasaron por una cuenta en el JP Morgan Chase en Nueva York, sin acatar los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal.
“Pedimos además que se analice la posible utilización de ‘personas interpuestas’, práctica prohibida por la legislación vigente. Además, existen contradicciones sobre la titularidad de las tierras, lo que podría configurar falso testimonio y otras irregularidades que deben ser esclarecidas”, subrayó la legisladora.
Y continuó: “Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía. Voy a impulsar también la intervención del Fiscal de Estado para evaluar la nulidad de esta operación si se comprueban irregularidades. Río Negro no puede ser tierra liberada para maniobras opacas. Vamos a exigir que se investigue a fondo y que se haga cumplir la ley”.
Asimismo, la legisladora advirtió una contradicción respecto de la titularidad del predio: en los registros oficiales no figuraría Barabucci (que dijo haberlo adquirido en 2017 al empresario Marcelo Mindlin) sino el Fideicomiso Amaike, una estructura inversora de capitales de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que concentra alrededor de 40.000 hectáreas en la provincia de Río Negro, especialmente en la zona de El Foyel y El Manso.
Nacido en El Trébol, Santa Fe, Barabucci es directivo de Abu Dhabi Polo Team, un club de polo que es propiedad del gobierno de Emiratos Árabes. Vive la mitad del año en ese país. El argentino también está vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente no ejecutivo de Emirates Stallions Group PJSC (ESG).
Paz García Pastormerlo,Patagonia,Río Negro,Emiratos Árabes,Conforme a,,Denunciante de la AFA y D’Onofrio. Un referente de Carrió declaró en una causa por falso testimonio y afirmó que buscan amedrentarlo,,Inflación, denuncias y derrotas. Milei: cuando toca la mala hora,,Relación laboral. La Suprema Corte bonaerense dejó firme un fallo que considera empleados a los repartidores de Rappi,Patagonia,,Por scrapie en el país. El principal frigorífico exportador de carne ovina tiene afectado un negocio de 1200 toneladas,,Nuevo fenómeno de consumo. La carne de burro asoma como una alternativa económica en la Patagonia,,Para muchos, la mejor época. 6 parques nacionales para disfrutar especialmente en otoño
Por primera vez desde que asumió la presidencia, Javier Milei analizó con frialdad el dato de inflación. El número de 3,4% de aumentos en marzo, con un acumulado del primer trimestre del 9,4% (casi el total de lo planteado por el Presupuesto para todo el 2026) provocó un mensaje en X: “El dato es malo”, reconoció. Se observa en la agenda que, desde que comenzó el escándalo de Manuel Adorni en Estados Unidos, el desorden oficialista -tanto en lo político como en lo económico- aceleró las reuniones y las fotos de la oposición. El ruido que persiste sobre el costo de sostener al jefe de Gabinete detuvo ciertas cuestiones de la gestión, a pesar de los dichos del ministro Diego Santilli sobre la orden del Presidente de “seguir para adelante” porque “la Argentina no puede detenerse”.
Algunos sectores del Gobierno tienen dos hipótesis, aunque la primera cuesta creerla. Esta dice que a Adorni es difícil encontrarle reemplazo. La segunda, más verosímil, señala que la furiosa interna de Karina Milei con Santiago Caputo hace que la secretaría general de la Presidencia no quiera soltar a su mano derecha en Balcarce 50. Mientras el desgaste sigue, hoy declararán en Comodoro Py las señoras financistas que le dieron 200 mil dólares en concepto de hipoteca para la compra del departamento de Caballito. “Esa pelea nos lleva a un agotamiento constante. Para un lado o para el otro, pero hay que frenar con esos ruidos”, reconoció un funcionario que intenta ordenar cuentas fiscales con gobernadores.
Los mandatarios provinciales se quejan de que las partidas que debe Nación llegan a cuentagotas. “No queremos una foto, queremos fondos”, explicó uno de ellos. El mayor ruido, por lo delicado del asunto, vino por la deuda del PAMI con prestadores. La Federación de Clínicas bonaerenses (Fecliba) estimó en $500.000 millones de pesos lo que resta pagar. Ayer, desde el organismo explicaron que hubo reuniones con el ministerio de Economía para comenzar a regularizar la emergencia. Según pudo saber Infobae, también hay demoras en pagos dentro del ministerio de Defensa y de Seguridad, entre otros. “Es importante volver a la normalidad, a los temas que le interesan a la Nación: recuperación económica, llegada de inversiones, estabilidad macro y creación de fuentes de empleo”, planteó directo Alberto Weretilneck, de Río Negro en diálogo con este medio. Sobre el sostenimiento de Adorni por parte del Presidente, si bien se excusó con que no podía opinar desde afuera, sentenció: “Tienen que ver si es un beneficio o un costo la permanencia, y eso solo lo pueden analizar en el Gobierno”.
Ese ruido, sumado a las últimas encuestas sobre la imagen del Gobierno y las expectativas a la baja de la sociedad por el andar económico, hicieron que la oposición peronista acelerara las conversaciones en cuestión de días. Primero fue Nicolas Massot, que se reunió con Axel Kicillof y dijo que lo notó “con los pies en la tierra” (sic). Horas más tarde los intendentes del PJ se encargaron de comunicar por todos los medios posibles el partido de fútbol con dirigentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Al día siguiente, el lunes, Massa y Kicillof se reunieron para hablar de la “importancia de la unidad”. No queda claro qué busca el tigrense, pero vio en los últimos meses posicionado al gobernador como el único opositor de Milei y volvió al ruedo. Y si bien aún no se sabe si habrá PASO o cómo serán las reglas de juego para 2027, la pelea por la sucesión en Buenos Aires ya empezó. Sobre todo por la intención de un sector del gobierno bonaerense que ve con buenos ojos adelantar las elecciones para mayo del próximo año. “Si eso se concreta, tenés que empezar a elegir candidatos potables en breve porque significa que estamos a un año de la elección”, dijeron a este medio.
En este momento preelectoral, aparecen más candidatos que militantes. A simple vista ya se lanzaron oficialmente pocos, pero muchos dejan correr sus intenciones. La Cámpora pone en el frente a Mayra Mendoza (Quilmes), aunque por detrás asoma Wado De Pedro. Los intendentes mostraron a Mariel Fernández, a Federico Otermín y a Federico Achával. Este último, de Pilar, con más banca empresarial que ninguno de los antes mencionados. ¿A quién quiere el gobernador? Su elegido podría ser “Carli” Bianco, pero también asoman en esa mesa, entre otros, Gabriel Katopodis. El armador nacional del MDF será Andrés “Cuervo” Larroque, obsesionado con tejer para su propia “orga” en distritos del conurbano. Por ahora sin tanto éxito.
En la ciudad de Buenos Aires, la campaña nunca se detuvo. Las ideas, algunas más improbables que otras, surgen de todos lados y podrían ser una columna aparte. Lo concreto, en la gestión, es el ruido que está generando el negocio de la basura y su control. Semanas atrás Daniel Angelici le pidió a Matías Lanusse que se hiciera cargo de la secretaría de Higiene. El pasado jueves sonaron las alarmas en las seis empresas que prestan servicio de limpieza al gobierno porteño (AESA, CLIBA, Solbaires, Nittida, Ashira y Urbasur) porque Hacienda no había pagado el servicio. El acuerdo de palabra era que se pagaba cada 45 días. Sin embargo, el contrato plantea que el pago se puede hacer “hasta 30 días hábiles de presentada la factura”.
En la práctica, frenaron los pagos para sentarse a analizar los contratos. Es que el gobierno porteño sospecha que las empresas no realizan el trabajo que les corresponde. Ante eso, como novedad, comenzó una auditoría “en la calle”. Los contratos vencen entre 2027 y 2028. “Todavía no están planteando la caída de contratos, pero entre todas ya se mandaron mensajes para ver como reaccionar ante la presión”, contó un empresario del rubro al tanto de la situación. Para entender la magnitud del negocio, la Ciudad paga entre 55 y 60 mil millones de pesos por mes para la limpieza. De ahí el nerviosismo de los poseedores de los contratos.
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POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Stornelli presentó un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnuda una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
En 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según consta en el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El titular del Grupo Insud y de empresas como Elea Phoenix y mAbxience fue el ganador de los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La fiscalía dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
Por su parte, con respecto a la exministra Vizzotti, Stornelli detalló que prestó funciones profesionales para la Fundación Huésped y para la empresa Vacunar SA entre 2017 y 2020.
Fue la Fundación Huésped −fundada por el entonces asesor presidencial Pedro Cahn− subcontratada por el laboratorio Elea Phoenix (de Sigman) para realizar los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en Argentina. Además, Huésped subcontrató para estas tareas a Vacunar SA, sostuvo Stornelli.
Otro de los “socios locales” beneficiados fue Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para fabricar el componente de la Sputnik V.
El fiscal señaló que la celeridad administrativa para aprobar los contratos de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm contrasta con el letargo burocrático aplicado a Pfizer.
El documento incluye una mención al exministro de Salud Ginés González García, a quien Stornelli señala en relación con las graves denuncias públicas realizadas en su momento por Patricia Bullrich, quien lo acusó de frenar a Pfizer porque pretendía utilizar un intermediario nacional para obtener un “retorno” financiero.
Sin embargo, debido al fallecimiento de González García el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.
Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal) para una larga lista de implicados.
Las personas incluidas en el pedido de declaración indagatoria son Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas.
Del lado del sector privado y los laboratorios, los acusados son Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Richmond), los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Cahn.
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