Las organizaciones sociales suben la confrontación con el Gobierno de Javier Milei avanzan en un esquema de protestas que se desplegará en las próximas semanas y que tendrá un primer punto de confluencia con el sindicalismo el 30 de abril, cuando acompañen la movilización convocada por la CGT.

La decisión se da en un contexto de creciente conflictividad y marca un intento de articulación entre distintos sectores que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que se sumará a la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, mientras que otros movimientos sociales trabajan en una agenda propia de reclamos que se extenderá durante mayo.

El calendario incluye nuevas jornadas de protesta en las calles y actividades territoriales en distintos puntos del país. Según anticiparon referentes del sector, el objetivo es sostener la visibilidad del conflicto social y ampliar la coordinación con espacios sindicales y políticos.

En paralelo, las organizaciones sociales mantienen como eje de sus reclamos el impacto de las medidas económicas sobre los sectores más vulnerables, en especial tras los cambios en los programas de asistencia.

Articulación con la CGT y reclamos en común

La participación en la movilización del 30 de abril será una de las principales señales políticas de las organizaciones sociales en esta etapa. La convocatoria de la CGT buscará expresar el malestar por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales, un diagnóstico que comparten los movimientos territoriales.

Desde la UTEP vienen siguiendo de cerca la evolución de los ingresos en los barrios populares y advierten sobre las dificultades para sostener actividades productivas en un escenario de recesión. En ese marco, consideran clave fortalecer los canales de coordinación con el sindicalismo.

La confluencia no es nueva, pero adquiere mayor relevancia en medio de un clima de mayor tensión social, con protestas piqueteras y de partidos de izquierda que recientemente cortaron accesos y rutas y expusieron el nivel de conflictividad.

Además de la marcha, las organizaciones evalúan profundizar la articulación con otros espacios, incluidos sectores de la economía popular y agrupaciones piqueteras.

Un plan de lucha con foco en mayo

Más allá de la movilización de abril, distintos movimientos sociales ya definieron nuevas medidas para el mes siguiente. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa anticiparon protestas para el 5 y el 7 de mayo.

Las jornadas incluirán movilizaciones callejeras y actividades territoriales en todo el país, con eje en la organización en los barrios y la visibilización de los reclamos.

El esquema también contempla encuentros y acciones de debate en distintas provincias, con el objetivo de ampliar la base de apoyo y sostener la presencia en el territorio.

En las organizaciones señalan que el conflicto no se limita a una medida puntual, sino que responde a un proceso más amplio vinculado con la situación económica y social.

El trasfondo del conflicto social

Uno de los puntos centrales del reclamo es la modificación de los programas de asistencia, en particular el esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo. Desde los movimientos sociales advierten que los cambios impactan en las economías barriales y en los ingresos de miles de familias.

En ese contexto, cuestionan el enfoque basado en capacitaciones y sostienen que no responde a la falta de empleo en el actual escenario económico.

También plantean que no hubo instancias de diálogo con el Gobierno para discutir las medidas, lo que profundiza la confrontación y empuja a sostener las protestas en la calle.

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Por primera vez desde que asumió la presidencia, Javier Milei analizó con frialdad el dato de inflación. El número de 3,4% de aumentos en marzo, con un acumulado del primer trimestre del 9,4% (casi el total de lo planteado por el Presupuesto para todo el 2026) provocó un mensaje en X: “El dato es malo”, reconoció. Se observa en la agenda que, desde que comenzó el escándalo de Manuel Adorni en Estados Unidos, el desorden oficialista -tanto en lo político como en lo económico- aceleró las reuniones y las fotos de la oposición. El ruido que persiste sobre el costo de sostener al jefe de Gabinete detuvo ciertas cuestiones de la gestión, a pesar de los dichos del ministro Diego Santilli sobre la orden del Presidente de “seguir para adelante” porque “la Argentina no puede detenerse”.

Algunos sectores del Gobierno tienen dos hipótesis, aunque la primera cuesta creerla. Esta dice que a Adorni es difícil encontrarle reemplazo. La segunda, más verosímil, señala que la furiosa interna de Karina Milei con Santiago Caputo hace que la secretaría general de la Presidencia no quiera soltar a su mano derecha en Balcarce 50. Mientras el desgaste sigue, hoy declararán en Comodoro Py las señoras financistas que le dieron 200 mil dólares en concepto de hipoteca para la compra del departamento de Caballito. “Esa pelea nos lleva a un agotamiento constante. Para un lado o para el otro, pero hay que frenar con esos ruidos”, reconoció un funcionario que intenta ordenar cuentas fiscales con gobernadores.

Los mandatarios provinciales se quejan de que las partidas que debe Nación llegan a cuentagotas. “No queremos una foto, queremos fondos”, explicó uno de ellos. El mayor ruido, por lo delicado del asunto, vino por la deuda del PAMI con prestadores. La Federación de Clínicas bonaerenses (Fecliba) estimó en $500.000 millones de pesos lo que resta pagar. Ayer, desde el organismo explicaron que hubo reuniones con el ministerio de Economía para comenzar a regularizar la emergencia. Según pudo saber Infobae, también hay demoras en pagos dentro del ministerio de Defensa y de Seguridad, entre otros. “Es importante volver a la normalidad, a los temas que le interesan a la Nación: recuperación económica, llegada de inversiones, estabilidad macro y creación de fuentes de empleo”, planteó directo Alberto Weretilneck, de Río Negro en diálogo con este medio. Sobre el sostenimiento de Adorni por parte del Presidente, si bien se excusó con que no podía opinar desde afuera, sentenció: “Tienen que ver si es un beneficio o un costo la permanencia, y eso solo lo pueden analizar en el Gobierno”.

Ese ruido, sumado a las últimas encuestas sobre la imagen del Gobierno y las expectativas a la baja de la sociedad por el andar económico, hicieron que la oposición peronista acelerara las conversaciones en cuestión de días. Primero fue Nicolas Massot, que se reunió con Axel Kicillof y dijo que lo notó “con los pies en la tierra” (sic). Horas más tarde los intendentes del PJ se encargaron de comunicar por todos los medios posibles el partido de fútbol con dirigentes del Frente Renovador de Sergio Massa. Al día siguiente, el lunes, Massa y Kicillof se reunieron para hablar de la “importancia de la unidad”. No queda claro qué busca el tigrense, pero vio en los últimos meses posicionado al gobernador como el único opositor de Milei y volvió al ruedo. Y si bien aún no se sabe si habrá PASO o cómo serán las reglas de juego para 2027, la pelea por la sucesión en Buenos Aires ya empezó. Sobre todo por la intención de un sector del gobierno bonaerense que ve con buenos ojos adelantar las elecciones para mayo del próximo año. “Si eso se concreta, tenés que empezar a elegir candidatos potables en breve porque significa que estamos a un año de la elección”, dijeron a este medio.

En este momento preelectoral, aparecen más candidatos que militantes. A simple vista ya se lanzaron oficialmente pocos, pero muchos dejan correr sus intenciones. La Cámpora pone en el frente a Mayra Mendoza (Quilmes), aunque por detrás asoma Wado De Pedro. Los intendentes mostraron a Mariel Fernández, a Federico Otermín y a Federico Achával. Este último, de Pilar, con más banca empresarial que ninguno de los antes mencionados. ¿A quién quiere el gobernador? Su elegido podría ser “Carli” Bianco, pero también asoman en esa mesa, entre otros, Gabriel Katopodis. El armador nacional del MDF será Andrés “Cuervo” Larroque, obsesionado con tejer para su propia “orga” en distritos del conurbano. Por ahora sin tanto éxito.

En la ciudad de Buenos Aires, la campaña nunca se detuvo. Las ideas, algunas más improbables que otras, surgen de todos lados y podrían ser una columna aparte. Lo concreto, en la gestión, es el ruido que está generando el negocio de la basura y su control. Semanas atrás Daniel Angelici le pidió a Matías Lanusse que se hiciera cargo de la secretaría de Higiene. El pasado jueves sonaron las alarmas en las seis empresas que prestan servicio de limpieza al gobierno porteño (AESA, CLIBA, Solbaires, Nittida, Ashira y Urbasur) porque Hacienda no había pagado el servicio. El acuerdo de palabra era que se pagaba cada 45 días. Sin embargo, el contrato plantea que el pago se puede hacer “hasta 30 días hábiles de presentada la factura”.

En la práctica, frenaron los pagos para sentarse a analizar los contratos. Es que el gobierno porteño sospecha que las empresas no realizan el trabajo que les corresponde. Ante eso, como novedad, comenzó una auditoría “en la calle”. Los contratos vencen entre 2027 y 2028. “Todavía no están planteando la caída de contratos, pero entre todas ya se mandaron mensajes para ver como reaccionar ante la presión”, contó un empresario del rubro al tanto de la situación. Para entender la magnitud del negocio, la Ciudad paga entre 55 y 60 mil millones de pesos por mes para la limpieza. De ahí el nerviosismo de los poseedores de los contratos.

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