El lobista Mauricio Novelli pidió apartar a una jueza clave de la causa por la criptomoneda $LIBRA, cuyo voto fue decisivo en una reciente resolución que podría derivar en la la reapertura del expediente que lo investigó junto al presidente Javier Milei.

Se trata de Ángela Ledesma, integrante de la Sala de la Casación que interviene en el caso y que la semana pasada le propinó un revés al Gobierno al resolver evaluar si admite volver a colocar como querellantes a los damnificados afectados por el desplome de la moneda. Es un movimiento clave en la causa: si prospera el planteo, los damnificados podrían recuperar la posibilidad de sostener la acusación que el fiscal Eduardo Taiano abandonó cuando pidió los sobreseimientos de todos los investigados, incluidos Milei y su hermana Karina.

Con su voto a favor de los damnificados -y en contra del Gobierno-, Ledesma rompió la paridad entre sus colegas Alejandro Slokar, que también respaldó el planteo, y Guillermo Yacobucci, que votó en disidencia.

La defensa de Novelli, liderada por el abogado Daniel Rubinovich, presentó la recusación cinco días después de aquella resolución 2 a 1.

Argumentó que Ledesma mantiene vínculos institucionales con una organización anticorrupción que reclamó que se profundizara la investigación contra el presidente Javier Milei y los demás involucrados.

Cuestionó que la jueza integre el Comité Consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una entidad vinculada al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Ambas organizaciones intentaron constituirse como querellantes en el expediente, pero no lo consiguieron.

“Dada esta vinculación institucional, le corresponde inhibirse cuando la entidad interviene de alguna manera en los procesos sometidos a su conocimiento”, argumenta el abogado de Novelli en su escrito.

El asunto está bajo estudio de la Sala, dijeron fuentes en los tribunales. Primero será la propia jueza la que debe resolver si se aparta o no. En caso de que esto no ocurra, serán sus colegas Slokar y Yacobucci los que deberán definir su permanencia. Y si no hay acuerdo entre ellos, se convocará a un tercer juez para zanjar la cuestión.

Hay un dato biográfico que enmarca el trámite procesal: la jueza Ledesma cumplirá 74 años en diciembre. A partir de entonces, si desea permanecer en el cargo más allá de los 75 años, tendrá 12 meses para solicitarle al Gobierno un nuevo nombramiento. El Poder Ejecutivo podrá decidir si propone su continuidad para someterla al acuerdo del Senado, tal como ocurrió con el camarista Carlos “Coco” Mahiques.

La Sala tiene pendiente fijar una audiencia para escuchar a los damnificados que buscan recuperar su condición de querellantes y volver a impulsar la investigación. La audiencia recién podría celebrarse el año próximo.

No solo los damnificados podrían recoger la acusación de desechó Taiano. La Procuración de Investigaciónes Adminsitrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción que dirige el fiscal Sergio Rodriguez, se presentó en la causa y pidió hacerse cargo de la acusación. Dijo que la prueba reunida en el caso -como los llamados entre Milei y Novelli y las transferencias millonarias del empresario Hayden Davis que ocurrieron alrededor del lanzamiento del activo- pedían profundizar la investigación, no cerrarla.

La defensa de Novelli sostiene que esa intervención de la PIA ocurrió tras un pedido de las organizaciones cuyo comite integra la jueza Ledesma. “El 29 de octubre la PIA pidió la reapertura y apeló en subsidio; ante ello, CIPCE atribuyó públicamente esa acción a su gestión previa, ejecutada conjuntamente”, dice el abogado de Novelli.

EL CALAFATE. – Hace diez años que Lázaro Báez está detenido, sin embargo nunca dejó de operar los retazos del imperio de la construcción que le queda, aún cuando esos bienes, -alquileres, renta de estancias, galpones, locales comerciales- están embargados o tienen pedido de decomisos en diferentes causas judiciales.

¿Cómo lo hizo?, a través de un andamiaje ilícito que administraba sociedades y bienes, sobre lo que la justicia maneja la hipótesis que reinaba una doble contabilidad. Una legal y otra que circulaba por fuera de la ley.

Para ello habría contado con la colaboración de su pareja Claudia Insaurralde y Cristian Ibañez, quienes seguían las instrucciones que daba por telefono desde la cárcel.

Desde hace varios meses los investigadores seguían a Ibañez en una causa por estupefacientes y las escuchas a su celular les depararon una sorpresa: Báez estaba del otro lado de la linea dándole instrucciones de como operar el dinero de sus bienes e intentar ponerlo en circulación por fuera de la red judicial.

Ya quedaron procesadas 16 personas en las dos causas conexas de lavado de activo y estupefacientes donde por lo menos cuatro, participaban de las dos operaciones. Nueve personas quedaron con prisión preventiva, una con domiciliaria y cinco imputadas pero en libertad. La investigación fiscal no plantea hechos aislados, sino una organización estable encabezada por Báez. ¿Qué significa? Desde la cárcel, el empresario kirchnerista administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito que debían estar en poder de la Justicia.