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POLITICA

Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19

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El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.

Stornelli presentó un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnuda una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.

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En 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.

El doctor Pedro CahnArchivo

La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.

Según consta en el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.

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Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.

De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.

Sin embargo, el gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

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El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.

Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.

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“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.

Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”

“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.

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Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.

La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.

De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.

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El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.

Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.

El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.

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El titular del Grupo Insud y de empresas como Elea Phoenix y mAbxience fue el ganador de los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.

La fiscalía dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.

Por su parte, con respecto a la exministra Vizzotti, Stornelli detalló que prestó funciones profesionales para la Fundación Huésped y para la empresa Vacunar SA entre 2017 y 2020.

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Fue la Fundación Huésped −fundada por el entonces asesor presidencial Pedro Cahn− subcontratada por el laboratorio Elea Phoenix (de Sigman) para realizar los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en Argentina. Además, Huésped subcontrató para estas tareas a Vacunar SA, sostuvo Stornelli.

Otro de los “socios locales” beneficiados fue Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para fabricar el componente de la Sputnik V.

El fiscal señaló que la celeridad administrativa para aprobar los contratos de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm contrasta con el letargo burocrático aplicado a Pfizer.

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El documento incluye una mención al exministro de Salud Ginés González García, a quien Stornelli señala en relación con las graves denuncias públicas realizadas en su momento por Patricia Bullrich, quien lo acusó de frenar a Pfizer porque pretendía utilizar un intermediario nacional para obtener un “retorno” financiero.

Sin embargo, debido al fallecimiento de González García el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.

Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal) para una larga lista de implicados.

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Las personas incluidas en el pedido de declaración indagatoria son Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas.

Del lado del sector privado y los laboratorios, los acusados son Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Richmond), los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Cahn.


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POLITICA

La obstinación de los Milei y la apuesta por el repunte económico tras el Mundial

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“Macri devaluó en 2018 y así le fue… nosotros no vamos a movernos ni un milímetro de nuestro programa”. Para los Milei, Mauricio Macri -el último presidente no peronista- a menudo suele ser un ejemplo de lo que no hay que hacer. Javier se mira en su espejo económico: gradualismo versus shock. Karina, en el político: coalicionismo versus purismo.

La referencia a la experiencia de Cambiemos que hizo el Presidente frente a algunos funcionarios en los últimos días tiene sentido: para aquel gobierno, la crisis cambiaria de abril del 2018 (tercer año del mandato macrista) fue el principio del fin. Después de un triunfo rutilante en las elecciones de medio término, al líder del PRO se le escurrió el sueño de la reelección. Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich suelen dar testimonio de eso.

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El dato de inflación de 3,4% en marzo -que implica que el acumulado del primer trimestre del 2026 casi equipara a la estimación del 10,1% que el Gobierno había fijado en el Presupuesto para todo el año- llevó a Milei a decir en público, durante la cumbre de AmCham, lo que le venía transmitiendo al Gabinete en privado: que enero, febrero y marzo fueron meses duros, pero que él está convencido de que el sostenimiento del superávit fiscal permitirá que la inflación ceda y que la economía “pegue la vuelta” hacia mitad de año. Que habrá un antes y un después del Mundial.

La Casa Rosada pensó una estrategia para comunicar la mala noticia del último Índice de Precios al Consumidor (IPC). Luis Caputo se adelantó 24 horas al anuncio del INDEC para amortiguar el golpe. Y Milei -sin dejar de despotricar contra “el círculo rojo, los periodistas y los econochantas”- apeló a un registro novedoso: mostró empatía y reconoció, sin medias tintas, que el dato de la inflación es “malo”. Sintonizó con el sentido común. Un contraste con el ministro de Economía, que optó -como hace todos los meses- por desagregar el número y apelar a tecnicismos para justificar el dato. Los mensajes de uno y otro fueron charlados el lunes, junto con Santiago Caputo, que la semana pasada había trabajado en el “giro empático” del jefe de Estado. “La idea es distinguir. Una cosa es la bronca contra las corporaciones y otra hablarle a la gente que pone el hombro”, tradujeron en la Casa Rosada.

El tuit del Presidente luego del dato de inflación

En lo que coincidieron Milei y su ministro de Economía fue en diagramar las expectativas al alza. Caputo prometió, grandilocuente, que se vienen “los mejores 18 o 20 meses de la Argentina en décadas”. El Presidente, en cambio, dejó en claro que morirá con las botas puestas. En sus palabras, “abrazado a la ortodoxia”. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa, no pasa nada: todos podemos volver a trabajar al sector privado”, soltó en AmCham. Alguien muy cercano al Presidente comentó: “Javier siempre fue así. Siempre prefirió perder una elección antes de ir en contra de su idea”.

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Los Milei profundizan

En los últimos días, los hermanos Milei demostraron una obstinación a prueba de balas. El jefe de Estado, en su determinación de profundizar el programa económico, sin hacer correcciones en un contexto de aceleración de la inflación y caída en la actividad económica. La secretaria General de la Presidencia, en su decisión de sostener a Manuel Adorni pese al desgaste que conlleva para todo el Gobierno.

Hoy nadie del elenco libertario se anima a disentir con los Milei. “Aquel que sugiera hacer un cambio o una corrección, ese es el traidor”, resume un colaborador que conoce al dedillo la dinámica oficial.

El Gobierno está en un momento bisagra ¿Qué ocurre si la economía no repunta como pronostica Milei? ¿Qué impacto tendrá el shock externo de la guerra? ¿Y la inercia inflacionaria? Los miembros staff libertario eligen creerle al jefe de Estado. “Javier tiene datos que nosotros no tenemos, como la recaudación de abril”, comentó esta semana un economista oficialista. “En junio o julio arranca todo”, los escucharon decir a Martin Menem días atrás.

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El ministro Luis Caputo (Maximiliano Luna)

Mientras tanto, los ministros desfilan ante el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para persuadirlo de que el Tesoro los asista en sus erogaciones corrientes. Mario Lugones (Salud) logró que se empiecen a destrabar los pagos para los prestadores de PAMI con deudas que se arrastraban desde octubre. Ayer, a las empresas de colectivos del AMBA les giraron los subsidios correspondientes a febrero. Con esa restricción de caja, un funcionario preguntó: “¿Capital Humano sigue con ‘billetera abierta’?”. La respuesta fue que se va a sostener la cuestión asistencial, mientras Sandra Pettovello sigue ajustando el cinturón en otras áreas de su megacartera.

Toto Caputo no duda en seguir estrangulando el gasto. Pero advierte que él tiene todas las cuentas ordenadas y que es el “factor político” el que impide que siga bajando el riesgo país para buscar financiamiento. En el Gobierno, al ruido político lo llaman “riesgo kuka”, aunque algunos reconocen que el concepto quedó anacrónico después del triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en octubre, con el kirchnerismo aún desorganizado y, sobre todo, callado. “Tenemos que reconocer que ahora el factor político es nuestro, que no paramos de darnos tiros en los pies”, admitió un importantísimo funcionario en las últimas horas.

Caso Adorni

El caso de Adorni sigue arrojando novedades y ya nadie hace esfuerzos por controlar la narrativa. La escribana Adriana Nechevenko se transformó en un personaje de reparto memorable. Pese a la exposición, la notaria no se escondió: el último fin de semana la vieron tomando café en un conocido café del círculo rojo. Todo lo contrario a Adorni, que administra al máximo sus apariciones públicas. El jefe de Gabinete se “karinizo” en el estilo: ahora acompaña a la secretaria General de la Presidencia en sus recorridas mudas y controladas.

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Además de Karina Milei, el círculo de contención de Adorni hoy se completa con Martin Menem y con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Ambos vienen conversando prácticamente a diario con el ministro coordinador. El primero lo escolta en el camino al informe de gestión que deberá brindar en Diputados el 29 de abril, donde tendrá un careo con la oposición.

Manuel Adorni junto a Karina Milei

El segundo oficia de consejero judicial, un apoyo clave para un funcionario que no entiende los códigos de Comodoro Py. Nacido y criado en la familia judicial, Mahiques conoce personalmente, y muy bien, tanto a Ariel Lijo como a Gerardo Pollicita, juez y fiscal de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Sin embargo, hasta ahora el expediente avanzó rápido, con la celeridad que siempre se les reclama a los tribunales. “Que Juan Bautista los conozca no significa que pueda presionarlos ni que ellos se dejen presionar, eso no funciona así”, advirtió alguien que camina los tribunales a diario.

La causa Adorni se inscribe en una puja mucho más grande entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial por las vacantes en los juzgados. En primera instancia de Comodoro Py ya hay cuatro vacantes (que están siendo concursadas) y podrían abrirse más casilleros en el mediano plazo. “De repente, después de dos años donde no pasó nada, ahora Karina agarró la botonera del Ministerio de Justicia y parece que se van a mover todos los pliegos. Eso genera un gran nerviosismo en todas las terminales judiciales. Todos juegan”, agregó el colaborador judicial.

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Milei, que suele darle una explicación teórica a todos los asuntos, hace dos semanas desempolvó el plan de Justicia de 166 páginas que le había elaborado el sector de Santiago Caputo, que manejaba el ministerio hasta la estocada del karinismo. El Presidente le tomó una foto a un segmento que hablaba de los “tiempos cíclicos” de la Justicia y la crisis del tercer año. “En esta instancia del mandato siempre te destruyen con causas”, se consoló el jefe de Estado, para tratar de entender el tembladeral en los tribunales.

Ahora que maneja los hilos del vínculo con la Justicia, el sector de Karina Milei quiere aplicar las mismas máximas que implementa en el plano político partidario: la imposición sin concesiones. “Ellos hacen con la Justicia el mismo cálculo que hacían con las listas del año pasado. Dicen: ‘Si entregamos poder, después nos van a pasar por encima’”, explicó alguien del elenco estable del karinismo. Y razonó: “¿Qué hubiera pasado con el pedido de interpelación a Adorni si poniamos en las listas de LLA a los (Rodrigo) De Loredo de la vida? ¿Qué nos puede pasar si ponemos en los juzgados a los nombres que ellos quieren?”.

Juan Bautista Mahiques (REUTERS)

Un colaborador del karinismo lo resumió así: “Es un error pensar que porque nos aprieten en una causa van a tener más chances de conseguir un lugar”.

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Los laderos de Karina Milei, de hecho, ya insinuaron que, de mínima, no se apuraran con la iniciativa de los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz para cambiar el reglamento de selección de jueces. La propuesta de los cortesanos le asigna una mayor ponderación a las instancias de examen técnicas y le resta peso a la fase de las entrevistas personales a los candidatos. O sea, apunta a un sistema tabulado que reste discrecionalidad. Santiago Viola, viceministro de Justicia, y abogado de confianza de Karina, dijo durante una reunión del Consejo de la Magistratura que no entiende la “ansiedad” por modificar el reglamento. “No hay nadie mejor que los consejeros para modificar el reglamento del Consejo”, advirtió.

El panorama se complejiza si se tiene en cuenta que Santiago Caputo no soltó completamente la interlocución con un sector de la Justicia. Prueba de ello fue la reunión que él y el procurador del Tesoro, Sebastian Amerio, mantuvieron con Mariano Borinsky el pasado viernes en la Casa Rosada. Se juntaron para pulir el proyecto de Código Penal, pero sirvió para demostrar que el “caputismo” sigue siendo visto como una terminal para una parte del sistema judicial.

La interna eterna entre el estratega y la hermana presidencial, que ya nadie disimula, puede evolucionar a una versión potenciada si cada bando hace su propio juego en materia judicial.

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El otro coletazo del caso Adorni es el electoral. Todo indica que el alfil de Karina quedó fuera de carrera para la jefatura de gobierno porteña en 2027. Después de una serie de desplantes, en los últimos días la hermana del Presidente le dio algunas señales de contención a Patricia Bullrich, que venía sintiéndose destratada. “A Patricia la promovieron para que haga campaña en Capital Federal y después la pararon en el paredón. No se puede construir destruyendo”, se quejaron desde el sector de la exministra de Seguridad.

Después de casi dos meses de distancia, Bullrich y la hermana del Presidente hablaron. “Karina le dijo a Patricia que no se deje llevar por lo que dicen los medios”, contaron cerca de la exministra y senadora. Bullrich no quiere que la vigilen en sus recorridas por la Ciudad. La tensión por las candidaturas se da cuando todavía nadie en LLA descarta del todo una alianza con Pro el año próximo.

Pero antes de pensar en candidaturas, hay un interrogante mucho más potente que es cómo saldrá parado el Gobierno de este punto de inflexión económico. Antes de tomar decisiones electorales, la teoría de Milei tiene que mostrar resultados en la práctica.

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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: la revisión del acuerdo con el FMI y la situación de Adorni ante la Justicia

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A cinco meses de su salida del Gobierno, Guillermo Francos volvió a pronunciarse sobre la situación política de la administración de Javier Milei y, en particular, sobre el escenario que atraviesa Manuel Adorni, su sucesor en la Jefatura de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

En ese marco, definió el caso como una situación “muy particular”, sostuvo que hubo un “acribillamiento mediático” y consideró que algunas de las acusaciones “se agrandaron mucho”.

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El Gobierno logró captar del mercado local otros US$300 millones, que sumará a los dólares que ya tiene atesorados con vistas a poder honrar, en poco más de 80 días, el próximo pago a bonistas previsto por US$4200 millones en total, entre capital e intereses.

Lo hizo con la consabida emisión en tramos de los Bonar 2027/28 (AO27 y AO28), los bonos en dólares que ofrecen una renta del 6% anual, pagadera mensualmente a sus tenedores. Así, al viernes, día de liquidación, ya captó por esta vía US$1231 millones, convalidando rindes que se mantuvieron en el 5,12% y 8,51% para cada serie, en línea con la licitación previa.

Cocina totalmente refaccionada, dos baños nuevos, lavadero, cerramientos nuevos, pisos interiores y exteriores. La Justicia investiga las refacciones integrales que se realizaron en el departamento del jefe de gabinete Manuel Adorni entre mayo y noviembre de 2025, cuando la propiedad estaba a nombre de las dos jubiladas que oficiaron de financistas. Las imágenes a las que tuvo acceso muestran el antes y el después de la vivienda. Según consta en las escrituras, las mujeres que le vendieron a Adorni lo compraron en US$200.000 y lo revendieron en US$ 230.000.

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Las investigación judicial puso el foco en el valor que figura en la escritura que realizó la escribana Adriana Nechevenko.

UNA POR UNA TODAS LAS IMÁGENES ACÁ.

Las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales en US$200.000, cerca de 1333 dólares el m2 cubierto. Luego de las reformas, lo vendieron en 1533 dólares el m2. Los investigadores sospechan de la escasa diferencia en el precio de reventa.

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Las fotos del departamento de la calle Miro al 500 en manos de la Justicia muestran que la refacciones fueron integrales.

Guillermo Francos decidió dar una entrevista. Dijo que no descarta ser candidato en la provincia de Buenos Aires, ni tampoco en la Ciudad. Lo hizo en un momento en que quien lo relevó como jefe de Gabinete (fricciones de por medio) y quien fue candidato del oficialismo en territorio porteño, Manuel Adorni, se encuentra en el peor momento de su carrera política debido a la polémica pública y al avance de la investigación judicial en torno a sus viajes y su patrimonio.

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La aparición de Francos en tiempos difíciles para el Gobierno, que además del Adornigate se enfrentó a un número de inflación de marzo por encima de los tres puntos, desató especulaciones. ¿Nuevo vocero autorizado? ¿Alentaron su regreso a la vida pública? ¿Arranca a correr como postulante libertario? ¿Le habilitan la ciudad? ¿Su salida en medios estuvo coordinada? ¿O no?

WASHINGTON.- Luego del anuncio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la aprobación por parte del staff del organismo de la segunda revisión del programa con el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó al acuerdo como “buenísimo” y destacó que en el equipo económico tienen un “pico de optimismo”, luego de un encuentro con inversores en esta capital organizado por el banco JP Morgan.

“La presentación [ante los inversores] fue mejor que siempre. Pico de optimismo tenemos nosotros”, expresó Caputo, entusiasta, a corresponsales en Washington, entre ellos de .

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Las organizaciones sociales se suman a la marcha de la CGT y preparan nuevas protestas para mayo

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Las organizaciones sociales suben la confrontación con el Gobierno de Javier Milei avanzan en un esquema de protestas que se desplegará en las próximas semanas y que tendrá un primer punto de confluencia con el sindicalismo el 30 de abril, cuando acompañen la movilización convocada por la CGT.

La decisión se da en un contexto de creciente conflictividad y marca un intento de articulación entre distintos sectores que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que se sumará a la marcha a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, mientras que otros movimientos sociales trabajan en una agenda propia de reclamos que se extenderá durante mayo.

El calendario incluye nuevas jornadas de protesta en las calles y actividades territoriales en distintos puntos del país. Según anticiparon referentes del sector, el objetivo es sostener la visibilidad del conflicto social y ampliar la coordinación con espacios sindicales y políticos.

En paralelo, las organizaciones sociales mantienen como eje de sus reclamos el impacto de las medidas económicas sobre los sectores más vulnerables, en especial tras los cambios en los programas de asistencia.

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Articulación con la CGT y reclamos en común

La participación en la movilización del 30 de abril será una de las principales señales políticas de las organizaciones sociales en esta etapa. La convocatoria de la CGT buscará expresar el malestar por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales, un diagnóstico que comparten los movimientos territoriales.

Piqueteros cortan Puente Pueyrredón y otros accesos a la Ciudad de Buenos Aires la primera semana de abril (foto: TN).

Desde la UTEP vienen siguiendo de cerca la evolución de los ingresos en los barrios populares y advierten sobre las dificultades para sostener actividades productivas en un escenario de recesión. En ese marco, consideran clave fortalecer los canales de coordinación con el sindicalismo.

La confluencia no es nueva, pero adquiere mayor relevancia en medio de un clima de mayor tensión social, con protestas piqueteras y de partidos de izquierda que recientemente cortaron accesos y rutas y expusieron el nivel de conflictividad.

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Además de la marcha, las organizaciones evalúan profundizar la articulación con otros espacios, incluidos sectores de la economía popular y agrupaciones piqueteras.

Un plan de lucha con foco en mayo

Más allá de la movilización de abril, distintos movimientos sociales ya definieron nuevas medidas para el mes siguiente. El Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa anticiparon protestas para el 5 y el 7 de mayo.

Las jornadas incluirán movilizaciones callejeras y actividades territoriales en todo el país, con eje en la organización en los barrios y la visibilización de los reclamos.

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El esquema también contempla encuentros y acciones de debate en distintas provincias, con el objetivo de ampliar la base de apoyo y sostener la presencia en el territorio.

En las organizaciones señalan que el conflicto no se limita a una medida puntual, sino que responde a un proceso más amplio vinculado con la situación económica y social.

El trasfondo del conflicto social

Uno de los puntos centrales del reclamo es la modificación de los programas de asistencia, en particular el esquema que reemplazó al Potenciar Trabajo. Desde los movimientos sociales advierten que los cambios impactan en las economías barriales y en los ingresos de miles de familias.

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En ese contexto, cuestionan el enfoque basado en capacitaciones y sostienen que no responde a la falta de empleo en el actual escenario económico.

También plantean que no hubo instancias de diálogo con el Gobierno para discutir las medidas, lo que profundiza la confrontación y empuja a sostener las protestas en la calle.

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