POLITICA
Piden indagar a la exministra Carla Vizzotti y a empresarios por las vacunas contra el Covid-19
El fiscal federal Carlos Stornelli pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a prestar declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros ejecutivos acusados de demorar la compra de vacunas contra el Covid a los Estados Unidos, hace seis años, supuestamente para favorecer los negocios locales en la fabricación de las dosis.
Stornelli presentó un requerimiento de instrucción que, según el fiscal, desnuda una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses” durante la pandemia de Covid-19.
En 30 carillas, el fiscal entendió que los exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por la exministra de Salud Vizzotti, y un grupo de empresarios y asesores son sospechosos de privilegiar los negocios privados sobre la salud pública.
La tesis central de la fiscalía es que el Estado habría demorado de forma deliberada y perjudicial la compra de vacunas de la firma estadounidense Pfizer para favorecer los intereses económicos de un grupo de laboratorios que contaban con “socios locales” en la Argentina.
Según consta en el dictamen, “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”.
Stornelli subrayó que en agosto de 2020, cuando comenzaba la pandemia, el laboratorio Pfizer ofreció a la Argentina un cronograma de entregas que garantizaba 13.200.000 dosis.
De ese total, las primeras 3.000.000 de vacunas iban a llegar entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, un momento donde el país necesitaba vacunar a la población de riesgo.
Sin embargo, el gobierno decidió dar la espalda a esa propuesta y avanzar con las contrataciones de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.
El dictamen señala que las demoras con Pfizer “derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
Pfizer −dice el fiscal− advirtió al propio gobierno que la dilación en firmar los contratos hizo que se perdiera el cupo global que el país tenía reservado.
Para justificar esta demora, los funcionarios del Ministerio de Salud argumentaron supuestos escollos legales relacionados con la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado y exigieron a Pfizer cláusulas de inmunidad inéditas, según el fiscal.
“Se ha podido establecer que aquellos funcionarios públicos que intervinieron en las contrataciones se habrían interesado en miras de beneficiar a, cuanto menos, los laboratorios oferentes de las vacunas identificadas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik como así también a aquellos ‘socios locales’ que realizaron estudios clínicos de tales vacunas y/o intervinieron en sus procesos de fabricación y/o suministro, demorando, para ello, durante un período crucial en el que el Estado buscaba abastecerse de vacunas para inocular a la población, las negociaciones con el laboratorio Pfizer el cual había ofrecido suministrar vacunas en una etapa temprana”, señaló el fiscal.
Stornelli entendió que este accionar por parte de los funcionarios públicos “habría configurado un notorio abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes que les correspondían en función de sus investiduras”
“Habrían existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, dice el texto.
Además, resaltó las consecuencias fatales y perjudiciales de esta decisión estatal, pues “no se trata de cuestiones fútiles o inocuas ya que las demoras registradas en la negociación con Pfizer, en un contexto de emergencia sanitaria, derivaron perjudicialmente para nuestro país al verse disminuidas las dosis inicialmente comprometidas y al perderse la oportunidad de contar con ellas con mayor antelación”.
La investigación de Stornelli afirma, en su hipótesis, que fue una maniobra dilatoria. Un dictamen jurídico externo posterior concluyó que la ley “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”.
De hecho, los expedientes de Pfizer fueron ocultados y manejados “de forma desordenada” en el sistema electrónico GEDO, quedando frenados en los despachos oficiales durante meses sin justificación técnica alguna, dice la fiscalía.
El dictamen analiza las relaciones interpersonales y comerciales que unían a los funcionarios públicos encargados de comprar las vacunas con los laboratorios beneficiados.
Stornelli señaló que estos actores se encontraban “coloquialmente hablando ‘situados a ambos lados del escritorio’ −sea como representantes del Estado o bien representando intereses de los particulares−”.
El denominador común de esta red, según la fiscalía, es el empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El titular del Grupo Insud y de empresas como Elea Phoenix y mAbxience fue el ganador de los contratos con AstraZeneca y Sinopharm.
La fiscalía dio por probado que Sonia Tarragona, quien negoció en nombre del Estado el fallido contrato con Pfizer, había sido la Directora General de la Fundación Mundo Sano, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, entre 2008 y 2013.
Por su parte, con respecto a la exministra Vizzotti, Stornelli detalló que prestó funciones profesionales para la Fundación Huésped y para la empresa Vacunar SA entre 2017 y 2020.
Fue la Fundación Huésped −fundada por el entonces asesor presidencial Pedro Cahn− subcontratada por el laboratorio Elea Phoenix (de Sigman) para realizar los ensayos clínicos de la vacuna china Sinopharm en Argentina. Además, Huésped subcontrató para estas tareas a Vacunar SA, sostuvo Stornelli.
Otro de los “socios locales” beneficiados fue Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para fabricar el componente de la Sputnik V.
El fiscal señaló que la celeridad administrativa para aprobar los contratos de AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm contrasta con el letargo burocrático aplicado a Pfizer.
El documento incluye una mención al exministro de Salud Ginés González García, a quien Stornelli señala en relación con las graves denuncias públicas realizadas en su momento por Patricia Bullrich, quien lo acusó de frenar a Pfizer porque pretendía utilizar un intermediario nacional para obtener un “retorno” financiero.
Sin embargo, debido al fallecimiento de González García el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.
Stornelli solicitó la indagatoria de los sospechosos por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal) para una larga lista de implicados.
Las personas incluidas en el pedido de declaración indagatoria son Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, asesora del Gobierno que negoció la llegada de las vacunas.
Del lado del sector privado y los laboratorios, los acusados son Sigman, Juan Manuel Artola (apoderado de Richmond), los directivos de AstraZeneca Greg Mueller, Ulrika Lilja y Paz Reviriego; los representantes del consorcio chino Sinopharm Ma Yue y Hui Wang; los encargados del fondo ruso de la Sputnik V Vladimir Primak y Alexander Chistyakov; y el asesor médico Cahn.
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POLITICA
La Corte falló a favor de una madre que reclama educación inclusiva para su hija con discapacidad
Una madre ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una batalla legal por la educación inclusiva de su hija con discapacidad en Rosario del Tala, Entre Ríos.
La Corte hizo lugar a la demanda de la mujer contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) y la justicia de esa provincia deberá dictar con urgencia un nuevo fallo.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (con un voto propio) analizaron el caso y revocaron lo resuelto en Entre Ríos, donde habían rechazado la acción de amparo con el argumento de que existía un trámite administrativo sobre el mismo caso.
“Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo de la Corte.
La causa fue impulsada por una mujer, en representación de su hija menor de edad, para que a través de un amparo se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” a la menor. La demandante reclamó que se dispusiera “la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI)” que garantizara la “trayectoria educativa completa, según la normativa vigente”, de su hija.
El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al CGE que, en el plazo de 20 días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente.
Entendió que las propuestas alternativas de las autoridades, como concurrir a una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no constituían una propuesta planificada de acuerdo con la singularidad de la joven ni cumplían los recaudos mínimos de la normativa.
El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo. Según dijo, ya existía un procedimiento administrativo en trámite, iniciado por la Departamental de Escuelas. Consideró que la madre de la niña ya había optado por esa vía, por lo que no correspondía el planteo judicial.
La mujer apeló y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón.
El máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia del caso.
Para la Corte, el Superior Tribunal provincial incurrió en un “exceso ritual” al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo porque ese trámite administrativo ya había concluido y había resultado inútil para dar respuesta a la niña, con lo que el Estado ya había vulnerado la tutela judicial y el derecho a la educación inclusiva de una persona en situación de vulnerabilidad.
Según el fallo, “la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados”.
“El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a (la tutora de la menor) las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala (SIC)”.
En ese sentido, dijo la Corte, en el voto de Rosatti y Rosenkrantz, que el proceso administrativo “se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto”.
“Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, dijo la Corte.
“Asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, señaló.
El voto de Lorenzetti
En su voto concurrente, Lorenzetti destacó que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Ponderó que “una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.
Destacó que “el procedimiento administrativo llevado a cabo por el CGE no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido”.
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POLITICA
Bullrich dijo que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad y volvió a enviar un mensaje al Gobierno: “Es con todos los argentinos”
Tras la visita del papa León XIV, Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está preparado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad y volvió a enviarle un mensaje al Gobierno en medio de las recientes fricciones por sus nuevos gestos de independencia política.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, remarcó la legisladora a través de un posteo en X.
Luego, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
Tal como contó este medio la semana pasada, Bullrich resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. Así, la jefa del bloque de La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el 19 de noviembre.
La decisión expuso distintas estrategias entre Bullrich y un sector del Gobierno de Javier Milei, que buscaba incluir modificaciones el proyecto negociado con los bloques aliados y la oposición en la cámara baja. Sin embargo, la exministra de Seguridad priorizó los acuerdos parlamentarios que había construido con el resto de los bloques.
El gesto se suma a las recientes muestras de autonomía de la senadora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población, además de diferenciarse en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente.
En Balcarce 50 advirtieron que la exministra de Seguridad cruzó un límite cuando difundió una imagen de una reunión con su propia mesa política, en medio de las versiones de una posible candidatura para 2027. Sin embargo, la tensión quedó postergada por la visita del papa León XIV y hasta el momento el Gobierno decidió no escalar el conflicto interno.
Qué dice la ley que será tratada en el Senado
La iniciativa busca dar marcha atrás algunos de los puntos que había incluido el Gobierno en su proyecto de Presupuesto 2027 y ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, además de permitir que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
POLITICA
El Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra las petroleras británicas en Malvinas – Nexofin
Luego de la tensa audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en donde el gobierno de Javier Milei, solicitó el cese de toda actividad petrolera en las Islas Malvinas, por parte del Reino Unido.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió que el país utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar a las empresas petroleras que operan en el archipiélago.
El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas
“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, señaló el canciller.
De este modo, el funcionario libertario adelantó que podrían iniciarse acciones penales contra los directivos de las firmas británicas e israelíes, que operan en la zona en disputa.
Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas
“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, remarcó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.
En tanto, el titular del área diplomática, defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
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Créditos a tasa 0% para la compra de autos: cómo son los préstamos a los que apuestan las automotrices por la caída de ventas
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