Un helicóptero Eurocopter que perteneció a una empresa del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez fue decomisado de manera definitiva por el juez federal Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que no hubo sentencia en la causa porque fue declarada prescripta y los acusados, sobreseídos.

La decisión de Casanello fue a solicitud del fiscal federal Carlos Rívolo, que entendió que la aeronave fue parte de una investigación sobre posible lavado de activos en el circuito de pago de Odebrecht, informó el sitio oficial de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.

El Código Penal prevé el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el hecho o fueron producto o provecho del delito, “de manera definitiva, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado”, en este caso por prescripción por el paso del tiempo.

Casanello recordó que la causa contra las cuatro personas que habían sido procesadas fue declarada prescripta por la Cámara Federal. “Esa decisión, si bien impide enjuiciar a los imputados, no exime del deber de decomisar de modo definitivo los bienes cuyo origen ilícito se haya comprobado”, resaltó.

Tras el fallo, el fiscal solicitó que, una vez que quede firme el decomiso, la aeronave sea puesta a disposición del Ministerio de Seguridad Nacional para que sea asignada a alguna de las fuerzas federales.

La fiscalía de Rívolo había requerido que se decomise el helicóptero matrícula LQ-CFO, ya que consideró que fue producto de “maniobras financieras de lavado de activos”. En ese sentido, recordó que, en 2024, se había requerido la elevación a juicio de cuatro personas al tener probada su intervención en una maniobra tendiente a poner en circulación 1.715.000 dólares de origen ilícito, con la finalidad de dotarlo de apariencia de licitud a través de la adquisición del helicóptero en cuestión.

En ese requerimiento, el fiscal Rívolo había indicado que los fondos ilícitos provenían de los múltiples sobornos que la multinacional Odebrecht había pagado a altos funcionarios públicos argentinos, en cuya trama se había identificado a un hombre como intermediario.

Con el propósito de otorgarle apariencia de licitud, una parte de ese dinero fue transferido a Helicopter Corporation S.A., para aplicarlo a la compra del helicóptero en cuestión, que luego fue registrado a nombre de la firma Fusion Blue Servicios Aéreos, creada especialmente para tal fin.

Casanello recordó que en mayo de 2023 procesó a los involucrados por lavado de activos y luego, tras el pedido fiscal, avanzó hacia el juicio oral.

Sin embargo, tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, fue la Cámara Federal la que interpretó que el plazo de diez años −máxima pena para el de lavado− ya había transcurrido, por lo que ordenó la prescripción penal y sobreseyó a los cuatro imputados.

Casanello citó convenciones y ordenamientos internacionales sobre lavado de activos y la relevancia de los decomisos.

El caso se inició, en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario que cumpliría el rol de intermediario en el circuito de los sobornos, de acuerdo a lo que se había tenido por probado en una de las causas conexas, actualmente en debate oral ante el Tribunal Oral Federal N°7.

El patrimonio del implicado se había incrementado considerablemente, lo que quedó en evidencia con la compra del helicóptero investigado a través de su firma de servicios aéreos, Helicopter Corporation S.A.

Según la investigación, el dinero ilícito tenía por finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos relacionados con el contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas que licitaba la empresa estatal AySA.

Según el juez, con parte de la ganancia obtenida a partir de esa maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero LV-CFO y pretendió otorgarle apariencia de licitud al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar los pagos del Estado Nacional.

Cuatro años después, el helicóptero fue nuevamente transferido a una empresa pantalla (de reciente constitución y sin capacidad de compra) de modo de “alejarlo aún más de la fuente ilícita”.

“Todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”, resaltó Casanello y explicó que los supuestos ‘préstamos» que originalmente se habían utilizado para justificar el incremento desmedido de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados que actuó como el nuevo adquirente a través de la sociedad.

Recordó entonces que, de los informes remitidos por la Afip (ahora ARCA) se evidenciaron maniobras ejecutadas por el hombre para esconder el origen de los fondos destinados a la compra.

“Transcurridos diez años desde la adquisición del helicóptero y frente a la solicitud de un decomiso anticipado, nada ha podido decir el titular registral para rebatir esas sospechas. En este sentido, derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”, explicó el juez Casanello.

“La empresa ni siquiera dio cuenta del origen de los fondos empleados, aunque sabemos que el accionista mayoritario de Fusion Blue se había acogido a un régimen de sinceramiento fiscal para ingresar dinero no declarado y −con la interposición de su padre− constituir una sociedad comercial sin actividad que utilizó para adquirir el helicóptero. Sólo se habla de una ‘oportunidad’”, especificó el magistrado y dijo que nunca se explicó cómo supo de la venta del helicóptero, quién lo contactó con Helicopter Corporation, cómo se negoció el precio y la modalidad de pago o qué comunicaciones hubo entre ellos.

“El conjunto de estas circunstancias configura un escenario absolutamente irregular para la adquisición de un bien de esas características, que resulta concomitante a la necesidad del principal imputado en un caso de lavado de activos de desprenderse de bienes y empresas donde se había aplicado el dinero ilícito”, estableció el juez.

Por todo ello, y a pesar de que efectivamente se convocó a la empresa que registró la titularidad del helicóptero, no existió en el expediente “ninguna explicación convincente para considerarla tercera de buena fe”.

“La titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos–, lo que determina la inexistencia de un derecho”, recalcó el juez.

“De allí que esté justificado el decomiso, medida que en este sentido reviste un fin preventivo general, pues ataca la rentabilidad del delito y reafirma el principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que el delito comprobado no rinde beneficios”, concluyó.

En el Gobierno celebraron el debut del seleccionado nacional de fútbol en el Mundial 2026. Más allá del fanatismo por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y encabezado por Lionel Messi, fundamentalmente aspiran a que el arranque de la pasión mundialista les dé aire en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Esa expectativa, sin embargo, convive con la certeza de que el caso Adorni continuará sumando capítulos. No obstante eso, ratifican su continuidad. Pese a que las versiones de una renuncia volvieron a dispararse hoy, en Balcarce 50 insisten en que “no habrá” movimientos respecto del futuro del jefe de Gabinete. “No se va a ningún lado”, juran.

En el Gobierno admiten el impacto negativo que el caso, que ya lleva más de tres meses y suma un complejo frente político y judicial, tiene en la gestión y en la imagen libertaria. “Eso es innegable”, se sinceraron distintos funcionaros.

“Venimos sumando muchísimos logros en todas las áreas, en especial en la económica, pero todo se ve opacado por el tema”, admitió un funcionario. El malestar y hastío que genera la situación se extiende por toda la Casa Rosada, pero nadie se anima a decirlo en público. La única que rompió ese cerco fue la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.

La percepción generalizada es que el caso es como una “mancha venenosa” que desde que comenzó no para de extenderse y “eclipsa” toda la gestión. “Es muy frustrante”, admitió una voz del oficialismo, cansada de ver cómo pasan anuncios y “buenas noticias, como si nada”.

Distintos funcionarios coincidieron en mostrarse confiados en que el Gobierno podrá recuperarse, aunque no son tan optimistas con respecto a Adorni. Hasta que comenzaron las revelaciones periodísticas y judiciales sobre sus propiedades y viajes, era uno de los referentes libertarios que mejor medían, que venía de coronar un gran triunfo electoral en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, para muchos, es “un lastre”.

En las redes sociales, el impacto del caso se exacerbó la semana pasada, luego de que Adorni rompiera un silencio de semanas para darle una entrevista a LN. En las distintas terminales del oficialismo lo consideraban “esperable”, en especial por las explicaciones de Adorni respecto del presunto origen de su dinero. Afirmó haber encontrado dinero en un departamento de su padre, que poseía US$500.000 en Bitcoin y que junto a su esposa Bettina Angeletti, habían ahorrado “en negro como la mayoría de los argentinos”. Y admitió que había ocultado esos activos en sus declaraciones juradas.

En las filas del oficialismo interpretaban que fue una “defensa completamente jurídica y no mediática”, pese a que la Justicia desconfía también de esas explicaciones y las someterá a prueba.

Por esas horas hubo un pico de menciones al funcionario en las redes sociales que lo llevó incluso a desplazar al presidente Javier Milei del centro de la agenda en las plataformas. La consultora Ad Hoc detectó que solo en 24 horas hubo un total de 129.720 menciones al ministro coordinador en redes sociales.

“Es un mal vocero de sí mismo”, sintetizó un hombre que conoce bien los pasillos del poder. “Después de tres meses llegó una explicación que pudo haberlo ayudado en lo judicial, pero no en lo político, ni ante la gente. Las redes son imposibles”, señaló una de las voces consultadas.

En el Gobierno miraban ya con recelo desde hace tiempo el efecto cada vez más creciente de los memes sobre Adorni. Anoche, incluso durante el partido de la selección, las imágenes satíricas del jefe de Gabinete volvían a activarse. Y en varios encendió alarmas.

La semana pasada, con el comienzo del Mundial, mostraba que esa palabra había dominado con claridad, por encima de Adorni, según un informe de Monitor Digital. Pero el hecho de que el apellido del ministro coordinador siguiera apareciendo “con una presencia relevante” indicó, según consignó el informe, “que el escándalo no despareció del radar digital”. Y agregaron: “en todo caso fue desplazado, pero no sepultado”.

“El Mundial no va a alcanzar a tapar”, es la resignación que se extiende por distintas terminales del Gobierno. Es más, son varios los que creen que el informe de gestión ante el Senado que Adorni tiene previsto dar el 2 de julio tampoco va a ayudar a bajar la presión y el impacto.

No faltan −aunque no abundan− los que eligen el optimismo o, al menos, ser menos pesimistas. “Creo que los argentinos entramos en modo mundial ayer”, se esperanzó un hombre cercano al jefe de Gabinete, confiado en que las alusiones negativas y los memes en redes sociales también «van a mermar”.