POLITICA
Qué establece el decreto de Milei para expulsar extranjeros y cuáles son las dudas sobre su aplicación

El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la expulsión de extranjeros que agraven a la Argentina o a sus ciudadanos. La publicación en el Boletín Oficial generó debate sobre la legalidad y el procedimiento para aplicar la medida. El decreto establece que las autoridades podrán retirar del país a quienes expresen mensajes de odio o inciten a la violencia contra la población argentina. La decisión involucra a personas que, mediante manifestaciones orales o escritas, resulten ofensivas para el país o para ciudadanos argentinos.
“Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.
Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución Nacional requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el constitucionalista.
Proceso de aprobación del decreto y límites legales
El especialista detalló que los presidentes pueden dictar decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales. “Para que el presidente pueda hacerlo, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan esperar al Congreso”, afirmó Lonigro. Además, indicó que todos los ministros deben firmar la medida y que el Congreso debe aprobarla para que tenga validez definitiva.
El procedimiento exige que el jefe de gabinete remita el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispone de diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del texto. Lonigro precisó: “La comisión bicameral, según la Constitución, tiene un plazo de diez días para emitir un dictamen, pero ese dictamen no es suficiente. Después de emitido el dictamen, tiene que pasar a las cámaras del Congreso”.
El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque su continuidad depende del aval de al menos una de las cámaras legislativas. Lonigro subrayó: “Por el momento, el decreto está en vigencia porque según esta ley reglamentaria, el decreto rige desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Pero, este, queda supeditado, digamos, a la aprobación de al menos una de las dos cámaras legislativas”.

Alcance de la expulsión y rol del Poder Judicial
El texto del decreto establece que la norma alcanza a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano argentino, motivados en la nacionalidad de este último.
Lonigro advirtió sobre la posible discrecionalidad en la aplicación de la medida: “Uno lo que debería discutir allí es en el decreto de necesidad y urgencia quién está habilitado para deportar a un extranjero. Porque hasta ahora los extranjeros pueden ser deportados, pero la deportación tiene que iniciarla o plantearla la Dirección Nacional de Migraciones, pero la tiene que decidir un juez”.
El constitucionalista remarcó la importancia de que una autoridad judicial tome la decisión final sobre la expulsión, ya que “el juez analiza todo esto que vos estás diciendo. Un presidente de pronto emite un decreto porque no le gustó lo que dijo Rosalía y de pronto la echa”.
Lonigro también llamó a prestar atención a la reglamentación final, en especial sobre cuál será el organismo encargado de ejecutar la expulsión o prohibición de ingreso. “Si queda exclusivamente en manos de un presidente, de decidir él se queda y él no se queda, es como cuando Chávez iba por Caracas en Venezuela señalando con el dedo a cualquier inmueble”, comparó Lonigro.

Dudas sobre el impacto en redes sociales y la aplicación práctica
La discusión sobre la aplicación del decreto se centró en casos de mensajes en redes sociales que puedan considerarse agravios. Lonigro subrayó que, en la práctica, la identificación y sanción de usuarios en plataformas digitales resulta compleja. El constitucionalista sostuvo que las decisiones de expulsión deben basarse en un análisis judicial y no en la discrecionalidad de una sola autoridad administrativa o política.
También destacó que el Estado de derecho exige que decisiones de tal magnitud no dependan de la voluntad individual de un funcionario. “El Estado de derecho y el límite al ejercicio del poder y el sistema republicano han pretendido que decisiones tan importantes, o las decisiones en general, no queden en manos de una sola persona, sino que se trate de un cuerpo colegiado, una ley que determine todo esto. Y en última instancia, que quien tome la decisión sea un juez”, concluyó.
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POLITICA
El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales

El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
POLITICA
Aprobaron la interpelación del intendente de Morón por la inseguridad en el distrito

El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito, según pudo confirmar de fuentes municipales.
Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.
El proyecto, impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR, establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.
Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.
Qué pasó
Este jueves un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.
Los delincuentes habían llegado al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.
Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que a bordo de su Peugeot 208 lleva a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.
La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio. Por la tarde hubo protestas de vecinos en el distrito.
Los fundamentos
En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.
“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.
Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.
También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.
“Es decir, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto. Llamamos a trabajar en conjunto desde todos los bloques políticos para no tener que lamentar más pérdidas humanas y que los delitos en el municipio disminuyan”.
Ley Orgánica de Municipalidades
El inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe comunal deberá “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes”.
Y agrega que “el Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave”.
Qué hace falta para la destitución de un intendente
El capítulo X de esa ley, titulado Sanciones y Procedimientos, establece que en su artículo 247 que el intendente “cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme”, dice el artículo 248.
Y agrega que, en ese caso, se “procederá a la suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 249”.
“El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo. No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada”, aclara la ley.
El artículo 249, a su vez, define que “corresponderá” al Concejo Deliberante juzgar al intendente en los siguientes casos:
Para eso designará una Comisión Investigadora “integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros”.
Esa comisión “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos; y “tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días”.
Quién es
Con origen en el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, Ghi había ocupado el municipio de manera interina en 2009 y hasta 2011 completó el mandato de su referente y antecesor.
En 2011 ganó las elecciones y llevó adelante su primera gestión hasta 2015. En 2019 volvió a tomar las riendas del municipio al imponerse en los comicios y obtuvo la reelección en 2023. Hoy milita en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador Axel Kicillof.
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