El presidente Javier Milei firmó un decreto que autoriza la expulsión de extranjeros que agraven a la Argentina o a sus ciudadanos. La publicación en el Boletín Oficial generó debate sobre la legalidad y el procedimiento para aplicar la medida. El decreto establece que las autoridades podrán retirar del país a quienes expresen mensajes de odio o inciten a la violencia contra la población argentina. La decisión involucra a personas que, mediante manifestaciones orales o escritas, resulten ofensivas para el país o para ciudadanos argentinos.

“Nadie puede estar en contra de la medida desde el punto de vista de su contenido, porque los extranjeros pueden estar en Argentina. Nosotros tenemos mucha generosidad en ese punto”, dijo en Infobae en Vivo Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

Lonigro explicó que, aunque existe la posibilidad de deportar extranjeros, la Constitución Nacional requiere que este tipo de restricciones se legislen a través del Congreso. “Esto debe ajustarse al principio de legalidad y, por lo tanto, debe ser el Congreso de la Nación el que avance y legisle sobre este tema”, sostuvo el constitucionalista.

Proceso de aprobación del decreto y límites legales

El especialista detalló que los presidentes pueden dictar decretos de necesidad y urgencia solo en circunstancias excepcionales. “Para que el presidente pueda hacerlo, necesita que haya circunstancias excepcionales que le impidan esperar al Congreso”, afirmó Lonigro. Además, indicó que todos los ministros deben firmar la medida y que el Congreso debe aprobarla para que tenga validez definitiva.

El procedimiento exige que el jefe de gabinete remita el decreto a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, la cual dispone de diez días hábiles para dictaminar sobre la validez del texto. Lonigro precisó: “La comisión bicameral, según la Constitución, tiene un plazo de diez días para emitir un dictamen, pero ese dictamen no es suficiente. Después de emitido el dictamen, tiene que pasar a las cámaras del Congreso”.

El decreto entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aunque su continuidad depende del aval de al menos una de las cámaras legislativas. Lonigro subrayó: “Por el momento, el decreto está en vigencia porque según esta ley reglamentaria, el decreto rige desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial. Pero, este, queda supeditado, digamos, a la aprobación de al menos una de las dos cámaras legislativas”.

Alcance de la expulsión y rol del Poder Judicial

El texto del decreto establece que la norma alcanza a extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio, de manera oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o algún ciudadano argentino, motivados en la nacionalidad de este último.

Lonigro advirtió sobre la posible discrecionalidad en la aplicación de la medida: “Uno lo que debería discutir allí es en el decreto de necesidad y urgencia quién está habilitado para deportar a un extranjero. Porque hasta ahora los extranjeros pueden ser deportados, pero la deportación tiene que iniciarla o plantearla la Dirección Nacional de Migraciones, pero la tiene que decidir un juez”.

El constitucionalista remarcó la importancia de que una autoridad judicial tome la decisión final sobre la expulsión, ya que “el juez analiza todo esto que vos estás diciendo. Un presidente de pronto emite un decreto porque no le gustó lo que dijo Rosalía y de pronto la echa”.

Lonigro también llamó a prestar atención a la reglamentación final, en especial sobre cuál será el organismo encargado de ejecutar la expulsión o prohibición de ingreso. “Si queda exclusivamente en manos de un presidente, de decidir él se queda y él no se queda, es como cuando Chávez iba por Caracas en Venezuela señalando con el dedo a cualquier inmueble”, comparó Lonigro.

Dudas sobre el impacto en redes sociales y la aplicación práctica

La discusión sobre la aplicación del decreto se centró en casos de mensajes en redes sociales que puedan considerarse agravios. Lonigro subrayó que, en la práctica, la identificación y sanción de usuarios en plataformas digitales resulta compleja. El constitucionalista sostuvo que las decisiones de expulsión deben basarse en un análisis judicial y no en la discrecionalidad de una sola autoridad administrativa o política.

También destacó que el Estado de derecho exige que decisiones de tal magnitud no dependan de la voluntad individual de un funcionario. “El Estado de derecho y el límite al ejercicio del poder y el sistema republicano han pretendido que decisiones tan importantes, o las decisiones en general, no queden en manos de una sola persona, sino que se trate de un cuerpo colegiado, una ley que determine todo esto. Y en última instancia, que quien tome la decisión sea un juez”, concluyó.

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Un helicóptero Bell 412 que participaba de una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego se estrelló este miércoles en el norte del Parque Provincial Ischigualasto, en el departamento de Valle Fértil, San Juan. Las siete personas que viajaban a bordo murieron, según confirmó el Gobierno provincial.

La aeronave, de matrícula LV-KGR y propiedad de la empresa Jasfly S.A., había perdido contacto con las autoridades a las 10.26 de la mañana. Otra aeronave que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto, ubicado entre ocho y nueve kilómetros al norte del circuito Los Arrieros, en la Quebrada de la Chilca, un área de difícil acceso y terreno desértico cercana al límite con La Rioja.

El helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para una jornada de entrenamiento en el marco del Plan Nacional de Manejo del Fuego. La actividad incluía instancias teóricas y prácticas de operación de medios aéreos. Tras completar las maniobras previstas en Valle Fértil, la comitiva debía trasladarse a la zona de Chilecito, en La Rioja, para colaborar en el combate de incendios forestales.

Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia, el subjefe de la Policía provincial, comisario general Germán Marcelo Videla, el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro, el segundo jefe de Bomberos, comisario inspector Jorge Carbajal, el piloto Matías Valenzuela, y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Se trata de un grupo compuesto por altos mandos locales y especialistas nacionales en el combate de incendios forestales.

El gobernador Marcelo Orrego confirmó la muerte de los siete ocupantes y expresó su lamento. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia”, señaló el mandatario, quien puso al Gobierno de San Juan a disposición de las familias afectadas. La provincia decretó tres días de duelo, con bandera a media asta y suspensión de actos festivos oficiales.

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, y responsables del parque provincial señalaron que durante la mañana se registraron bancos de neblina en la zona, un factor que podría haber afectado la visibilidad. Sin embargo, las causas del siniestro se encuentran bajo investigación de la Junta de Seguridad en el Transporte y de la Justicia Federal.

Equipos de emergencia avanzaron hacia el lugar del impacto con vehículos 4×4 y cuatriciclos, ante las dificultades de acceso que presenta el terreno.

La palabra de las autoridades

Enrique Delgado, el secretario de Seguridad de San Juan, brindó una conferencia donde detalló que “el traslado de los cuerpos se va a realizar de la forma más inmediata posible, pero el lugar del accidente es bastante complejo para llegar. Hay que llegar en camioneta y después caminar para ir a buscar los cuerpos”.

“Estamos haciendo las tratativas para que el traslado sea lo más urgente posible y estimo que se hará mañana”, agregó el funcionario.

Leé también: Cómo era el helicóptero que se cayó en San Juan en el que murieron siete personas

Sobre las condiciones del clima al momento del hecho, Delgado sostuvo que “en apariencia, la zona climatológica estaba apta para volar”.

Finalmente, el funcionario provincial confirmó que “queda una guardia para resguardar el lugar del hecho y tener una investigación como corresponde”.

San Juan, Helicóptero, Accidente

La última estrategia judicial de Cristina Kirchner tiene un objetivo de fondo bien marcado: quedar habilitada para poder decidir ser candidata a presidenta el año que viene. Es una opción que parece lejana y complicada. Por momentos, imposible. Pero es una jugada que le devuelve centralidad política y abre un interrogante sobre su futuro electoral y el del peronismo.

La defensa judicial de la ex presidenta, que ahora integran los abogados Carlos Alberto Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, anunció este miércoles que recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena que recibió en la causa Vialidad, lo que implica el comienzo de una nueva etapa en la estrategia judicial luego de haber agotado las instancias de apelaciones en la Argentina.

Los pronunciamientos del órgano internacional no son vinculantes, pero pueden generar presión sobre el sistema político e institucional de la Argentina, en el caso de la revisión de la sentencia sea favorable a la cautelar presentada por los abogados de la ex jefa de Estado. CFK está condenada a seis años de prisión y está inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

En la carta que ayer publicó, la ex presidenta aseguró que “la proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal” y que “la privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria”, dejando en claro que la limitación para competir es en la que se encuadran, en su mirada y la de la fuerza política que conduce, las acusaciones de proscripción.

Cristina Kirchner tiene intenciones de ser candidata. Las tuvo en el 2025, cuando aseguró que iba a competir por una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por la tercera sección electoral, y las mantiene después de estar un año encerrada en el departamento de San José 1111. Si existe la posibilidad real de que pueda competir, es muy probable que lo haga. Pero falta mucho. Hay un camino judicial y político por recorrer.

Con la nueva estrategia, el cristinismo busca poner en “una situación de igualdad” a la ex presidenta dentro del escenario electoral del 2027. Igualdad para competir y para ser una opción. Esa idea que subsiste desde hace tiempo en el sector más duro del kirchnerismo, está entrelazada con el mensaje público que sostiene Máximo Kirchner cada vez que repite: “Nuestra candidata es Cristina”.

En el entorno de CFK aclaran que el principal objetivo que buscan no es lograr una candidatura, sino tirar abajo lo que consideran que es una proscripción y el aval de la ONU sobre la mirada de que el proceso judicial en el que fue investigada y condenada está completamente viciado.

“Se trata de reparar el funcionamiento del sistema democrático. Romper la proscripción. Es mucho más que una candidatura”, aclaró a Infobae un importante dirigente del cristinismo que, al mismo tiempo, reconoció que, al final del camino, ese sector espera que Cristina Kirchner pueda ser candidata a la presidencia.

La flamante estrategia judicial le da a los dirigentes del cristinismo un nuevo argumento para mantener viva la campaña virtual de CFK 2027. Porque solo si queda habilitada por la justicia argentina, en el caso de que la Corte Suprema revea su postura debido al pronunciamiento de la ONU, podrá cambiar su situación judicial y tener la posibilidad de competir el año que viene. Mientras tanto, su candidatura no está atada a la realidad posible.

El cristinismo va a hacer todo lo posible para visibilizar la causa y para mantener la centralidad de CFK en el escenario político. Tal como hasta ahora, pero con la nueva etapa del proceso judicial latente, lo que le dará otro ímpetu al reclamo y a la proyección de su rol electoral.

En una entrevista brindada a La Nación, Teresa García, que es una de las voces más insistentes respecto a la situación judicial y política de la ex mandataria, sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) trabaja tres ejes para que CFK pueda ser candidata el año que viene. El eje territorial, haciendo actividades semanales en la puerta de San José 1111; el eje judicial, enfocado en la defensa en el ámbito nacional; y el eje internacional, donde acaba de arrancar una nueva estrategia para buscar su libertad.

Dentro del peronismo hay cautela sobre los pasos que siguió Cristina Kirchner. Nadie quiere entrar en un ida y vuelta de declaraciones frente a las diferencias que pueden surgir. Incluso, desde la gobernación bonaerense avalaron la presentación en la ONU y aseguraron que la condena es “una aberración jurídica”. Es decir, no se generaron grietas inmediatas, aunque hacia el interior de la fuerza una gran cantidad de dirigentes no comparta que la ex presidenta es la mejor opción para enfrentar a Javier Milei el año que viene.

Cristina Kirchner movió su ficha en el tablero político. Hace todo lo que puede desde el encierro para seguir siendo protagonista, para seguir sumando fuerza pese a las limitaciones judiciales que trastocaron el futuro de su esquema político de poder.

“Nosotros estamos dispuestos a venir a ofrecer un proyecto de país. Nuestra insistencia, que a veces pone nerviosos a muchas personas, es la candidatura de Cristina. Entendemos que es la persona más capacitada para hacerlo. La proscripción que sufre individualmente, la sufren masivamente grandes porciones de la sociedad que la quieren votar”, sostuvo Máximo Kirchner ayer en AM 530.

Las palabras del líder de La Cámpora marcan el sentimiento del cristinismo y la mirada estratégica que tienen hacia adelante. Una mirada donde CFK es la solución a los problemas que tiene la Argentina y donde nadie, dentro del peronismo, tiene el caudal electoral que ella aún mantiene. Esa mirada es la que una parte del peronismo pone en jaque y la que estará latente a lo largo del proceso electoral 2027.