La Cámara Federal de Casación Penal dispuso que se investiguen las obras realizadas por el Municipio de Pilar, a cargo de Federico Achaval, en el predio que funcionó como vacunatorio durante la pandemia por COVID 19, en varias hectáreas junto al Panamericana donde se construyeron cocheras y un centro comercial.

Lo dispuso la Sala IV de la Cámara Federal de Casación con motivo del reclamo de Mateo Corvo Dolcet, de la firma Pilar Bicentenario SA, propietaria del predio usado por el municipio para montar el mayor vacunatorio bonaerense, luego abandonado, con restos de medicamentos, insumos médicos, vacunas y material descartable, además de camillas y mobiliario.

Había sido promocionado durante la pandemia como el más grande de la Argentina.

El investigado es el intendente Federico Achaval, de Pilar, que inauguró ese predio y que, cuando comenzaron a conocerse las denuncias sobre su estado de abandono, dispuso su limpieza.

La Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, hizo lugar al recurso de la empresa.

Así revocó el archivo del caso que había dispuesto el Juzgado Federal de Campana, de Adrián González Charvay, confirmado luego por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

Ahora se mandó a continuar con la investigación.

La causa se originó al inicio del año 2025 a partir de una presentación del presidente de la firma Pilar Bicentenario SA, Mateo Corvo Dolcet, ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 8 de Marcelo Martínez de Giorgi.

Corvo Dolcet había sido investigado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. En el medio de esa investigación, la Justicia cedió temporariamente el predio a la municipalidad, con intervención de la Administración de Bienes del Estado (AABE).

La AABE participó en la entrega del predio como interventor judicial, porque se estaba construyendo allí un Centro de Transferencia de Pasajeros del área metropolitana de la Línea General Belgrano de Ferrocarriles, próximo a la autopista.

En el edificio funcionarían más de 400 cocheras para vehículos. El proyecto se sustentaba en un acuerdo celebrado entre la empresa, el gobierno nacional y la comuna de Pilar.

Cuando Corvo Dolcet fue sobreseído de la investigación, intentó recuperar el predio y se encontró con el estado de abandono que había dejado la municipalidad.

El presidente de la firma Pilar Bicentenario SA también es querellante en otra causa, que tramita ante la justicia federal de La Plata, en la cual se investigan hechos relacionados con la sanción en diciembre de 2020 de la ley provincial 15.239 que dispuso la expropiación del predio, para que se lo quede la provincia. Según el querellante: “Una autoridad municipal recibió un inmueble cautelado por la justicia federal, en custodia transitoria, con una finalidad pública específica vinculada a la pandemia; incumplió las condiciones impuestas; alteró el inmueble”.

Dijo que se “realizaron obras sin autorización ni control técnico conocido; retuvo el inmueble luego de revocada la custodia; la autoridad invocó una intervención de título incompatible con la tenencia que había recibido; se benefició con una ley de expropiación promovida mediante falsedades y actualmente suspendida; y, producto de todo ello, afectó un proceso cautelar federal, la materialización de donaciones ya aceptadas por el Estado Nacional, la ejecución de un proyecto de transporte de interés público nacional, la propiedad de PBSA y su proceso concursal”.

Así, el querellante dijo que el archivo de la causa era “arbitrario y prematuro porque fue dispuesto sin realizar medida alguna” luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación anulara las decisiones que le habían negado actuar como parte querellante.

Cuestionó los fallos de Gozalez Charvay y la Cámara de San Martín porque, a su entender, habían recortado y descontextualizado los hechos denunciados, al considerarlos meros incumplimientos contractuales, obturando de tal modo la posibilidad de producir las pruebas propuestas por esa parte con el propósito de acreditar su hipótesis delictiva».

Sostuvo que no podía descartarse “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación por depositario infiel y desbaratamiento de derechos acordados”.

Los jueces de la Cámara de Casación hicieron lugar al reclamo del querellante y dejaron sin efecto el archivo de las actuaciones por considerarlo arbitrario y prematuro.

CÓRDOBA.- Ocho identidades más de personas desaparecidas durante la última dictadura fueron reveladas por la Justicia Federal de Córdoba. Con estas suman 38 las identificaciones realizadas este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a partir de fragmentos óseos encontrados en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla, en el sector conocido como Loma del Torito, en la Guarnición Militar de La Calera.

Los restos sometidos a análisis antropológicos y genéticos fueron hallados en las excavaciones iniciadas en setiembre del 2025 que se extendieron durante 70 días. El equipo del EAAF contó con la colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Las tareas fueron ordenadas por el juez federal Hugo Vaca Narvaja en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

Los nuevos identificados son Néstor Albino Acosta Ludueña, Claudio Norberto Nardini Lambir, Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, Mercedes del Valle Ramírez Aguero, Pascual Delfín Ludueña Leyva, Juan Carlos Soulier Guillen, Marisa Luisa Salto Segovia.

La primera tanda de 12 identificaciones se conoció en marzo, pocos días antes de que se cumplieran 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: Carlos Alberto D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elsa Mónica O’Kelly Pardo.

También se determinó que uno de los restos correspondía a una de las mellizas Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, aunque no se pudo establecer a cuál de ellas. Una identidad no se difundió a pedido de la familia.

La segunda comunicación pública llegó en mayo, con 16 nombres, porque otra familia solicitó preservar la identidad de la víctima. La lista incluyó a Gilbestor Néstor Lellin D’Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

El nombre de Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, quien tenía 22 años, era estudiante, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y trabajaba en IKA-Renault, fue difundido en agosto último. Fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en una pensión junto con su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez, quien estaba embarazada y continúa desaparecida.

Recuerdo de los familiares

Hubo un momento en que los familiares de los últimos identificados pudieron hablar. “Somos conscientes de que esto no termina, hay que seguir la lucha. Seguir luchando por memoria, verdad y justicia. Reivindicando la lucha de todos los compañeros de una sociedad mejor para todos”, dijo la hermana de Salto Segovia, quien contó que lo hallado “podrá descansar con mis padres y mi otro hermano”.

También la hermana de Cecilia Pessina de Avila, relató cómo al momento del secuesto, avisaron por el portero “nos llevamos a la mamá, dejamos a la nena”. Los vecinos se quedaron con la criatura hasta que la buscó su tía. El padre quien vivía en Río Tercero y había trabajado en Fabricaciones Militares fue allí a pedir orientación allí, lo mandaron a la comisaría y terminó secuestrado en la D2 del centro de Córdoba por unos días.

“La idea que tengo es que el metacarpo de la mano derecha, el huesito que habla, es la mano con la que Cecilia escribió historias, ejecutó música”, se conmovió la hermana de la joven desaparecida a los 27 años. Recordó a su sobrina Carolina, quien murió hace dos años. “Fue una segunda tragedia, no la pude retener. Era un pedacito de ellos dos”, subrayó.

Rosa Ludueña, sobrina de Delfín Ludueña, afirmó que, en su caso, fue identificado por un fragmento del pie. “Los pies dejan huellas. Ojalá sirvan para que todos, nunca dejemos de recordar lo que pasó”.

Repasó que su abuela Petrona “enloqueció de sufrimiento; murió sin saber nada; sin poder velar sus restos, sin saber la verdad”.

La hermana de Acosta Ludueña, emocionada también, dio cuenta de cómo los impactó la desaparición: “Mi familia era una familia común, de gente trabajadora, honesta. Néstor militaba en el PRT, trabajaba en el ferrocarril. Luego de 50 años de lucha podemos decir que Néstor está aquí, presente. Dejó de tener la condición de desaparecido. Eso es muy valioso”.

Sebastián Soulier, hijo de Juan Carlos, describió que usó un pañuelo blanco en el cuello “porque hace 50 años que buscamos, no somos solos. En mi familia quedan dos desaparecidos, un tío y mi mamá. ´El negro Carlos´ volvió y podemos abrazarlo».

Todos y cada uno de los familiares agradecieron al EAAF y al juez Vaca Narvaja por el trabajo, además de al resto de las instituciones que colaboraron.

Prestigio internacional

Mariela Fumagalli, antropóloga y directora programática del EAAF, describió que las ocho hectáreas de la Loma del Torito ya fueron completamente excavadas en “una operación minuciosa” que incluye trabajo mecánico y manual. Hasta finales de este mes se mantiene el trabajo en el lugar, luego se corta por las lluvias.

“Sin precedentes”, caratuló la tarea que se realiza en Córdoba. El reconocimiento del EAAF es internacional. Su trayectoria comenzó en la Argentina, en los primeros años de la democracia. Se constituyó formalmente en 1987, después de las primeras exhumaciones realizadas en 1984 con la participación del antropólogo forense estadounidense Clyde Snow.

Desde entonces, desarrolló métodos que combinan la antropología, la arqueología, la genética y la investigación documental para localizar, recuperar e identificar víctimas de desapariciones forzadas.

La experiencia acumulada llevó al equipo a intervenir en casos de repercusión internacional, como la identificación de los restos de Ernesto Che Guevara en Bolivia y las investigaciones sobre los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en México. También participó en la identificación de soldados argentinos sepultados en el cementerio de Darwin, en Malvinas.

En Córdoba, los especialistas trabajaron en Loma del Torito, donde hallaron restos dispersos, fragmentados y desarticulados. Cada pieza fue recuperada, clasificada y analizada; después, los perfiles genéticos obtenidos se cotejaron con las muestras de referencia de familiares de desaparecidos.

La investigación combinó testimonios, fotografías aéreas históricas, imágenes satelitales y tecnología LiDAR, un sistema que utiliza pulsos de luz láser para relevar el terreno y detectar alteraciones en el suelo.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los principales responsables de la represión ilegal en el país. Según las estimaciones del Archivo Provincial de la Memoria, por ese centro clandestino pasaron entre 2200 y 2500 personas. La mayoría continúa desaparecida.

El EAAF mantiene un pedido de colaboración dirigido a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 para que aporten muestras genéticas que permitan realizar nuevos cotejos. Esa participación de esas familias resulta central para que los perfiles obtenidos en los laboratorios puedan compararse con referencias genéticas y se concreten nuevas identificaciones.