Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas, una financiera allegada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido por lavado de dinero, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien entendió que mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses.

Vallejo es conocido como un financista cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Sur Finanzas llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield, y participó de campañas comerciales junto a la entidad deportiva.

Fuentes judiciales dijeron a que se amplió la imputación, pues fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas, la madre del propio Vallejo.

Lo acusan de usar monotributistas y personas que cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mover dinero como testaferros. Vallejo no respondió a las preguntas del juez y quedó detenido en una dependencia de la Policía Federal en La Plata.

Rodríguez Ponte resolvió la detención de Vallejo porque detectó “riesgos procesales concretos”. El juez revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad. Está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.

El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.

Cuando lo dejó en libertad, el juez le impuso a Vallejo tres condiciones: presentarse los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que se le habían entregado como depositario judicial. Según el juez, no cumplió ninguna.

No se presentó mensualmente, no entregó todos los rodados secuestrados y otros los devolvió fuera de término.

Cuando el personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí.

Vallejo se presentó luego ante la policía y dijo que vivía en Saltalamachia 820, en Banfield, algo que confirmó su madre. Sin embargo, en consultas posteriores no fue hallado en esa dirección.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales”, escribió el juez, que concluyó que hoy el juzgado no sabe con certeza dónde vive el imputado.

Sumó además otros argumentos: los nuevos hechos lo señalan como jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos, la pena que puede recibir no admite condena en suspenso y tiene vínculos con sociedades y bienes registrados a nombre de terceros.

También destacó que, aun cuando la causa ya estaba en marcha, se vendió una Ferrari registrada a nombre de una de sus empresas.

Vallejo deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome la ampliación de la indagatoria.

Se le imputa asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y evasión tributaria.

Entre los hechos nuevos, Vallejo compró, junto con otra persona, una casa en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, de Canning, por US$500.000 pagados en efectivo.

La operación se escrituró el 6 de julio de 2023 y Vallejo la declaró ante el fisco por apenas 50 millones de pesos.

El juez Rodríguez Ponte también le atribuye préstamos con garantía hipotecaria entregados en efectivo por 100.000 dólares en septiembre de 2022, 65.000 dólares en junio de 2023 y otro por 13,8 millones de pesos en marzo de 2022.

Al cierre de 2023, Vallejo tenía 1010 millones de pesos en efectivo, que justificó en su declaración jurada como “compensación de saldos”.

El 28 de diciembre de ese año constituyó un plazo fijo de 100 millones de pesos en la Mutual del Agro, la Industria y el Comercio de Santa Fe, que no declaró. En 2022, además, había declarado una deuda de 99 millones de pesos con su madre que, según el juzgado, no existía.

Gran parte de su patrimonio quedó a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ventas significativas. El 90% de esa firma pertenece a Graciela Vallejo y la preside Bárbara Denise Sena Argis.

Compras que suman sospechas

A través de esa empresa se compraron seis departamentos en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por 600.000 dólares en efectivo.

La sociedad también compró un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, cuyo saldo de 370.000 dólares pagó en efectivo en diez cuotas mensuales hasta levantar la hipoteca, en agosto de 2025.

Compró una camioneta Mercedes-AMG GLE 53 por 79 millones de pesos en enero de 2024 y la vendió nueve meses después por 180 millones de pesos.

También compró una Ferrari California, cuyo pago se justificó con una carta oferta de Graciela Vallejo por 260 millones de pesos y una certificación contable de origen de fondos.

El juzgado describe además cómo se fabricaban los papeles que respaldaban esos movimientos: mutuos de redacción idéntica, contratos sin firma del acreedor, deudas inexistentes, cartas oferta entre partes vinculadas y certificaciones contables.

Así, Sur Finanzas registró 336,5 millones de pesos a nombre de Graciela Vallejo y que, según el juez, no era dinero aportado por ella, sino la suma de importes de otras sociedades.

Para el juzgado, el dinero salió de la agencia Centro de Inversiones Concordia, cuyas cuotas fueron cedidas el 31 de agosto de 2020 a Graciela Vallejo, Silvia Torrado y el propio Vallejo.

Según la resolución, la agencia compraba y vendía dólares con otras casas de cambio por fuera de las normas, a nombre propio, de las sociedades del grupo o de clientes que no intervenían realmente, y los derivaba al mercado paralelo. Esa actividad la continuó luego Ars Cambios.

El mecanismo, según la resolución, funcionaba como una rueda de traspasos de dinero de mano en mano.

El dinero entraba por transferencias fraccionadas de diversas personas y por depósitos de efectivo que hacían empleados. También llegaba efectivo de agencias de cambio, que se registraba como “ingreso efectivo por gestión billetera”.

Luego se acreditaba en cuentas de personas sin capacidad económica, de empleados o de usuarios creados con correos electrónicos en serie, y desde allí se transfería o se retiraba en efectivo sin registro de quién lo hacía.

Cuando un banco cerraba una cuenta, la operatoria seguía en otra. Seis usuarios no inscriptos o monotributistas movieron cada uno más de 7000 millones de pesos, y uno de ellos superó los 39.000 millones de pesos. Eran testaferros.

Entre los nuevos imputados está Jonathan Leonardo Ledesma, empleado del grupo, monotributista de la categoría más baja y beneficiario de la AUH, por cuya cuenta en la billetera circularon 7285 millones de pesos.