El misionero Hugo Passalacqua recibió al correntino Juan Pablo Valdés. Entre los temas de conversación estuvo la eliminación de las PASO y las colectoras que baraja el Gobierno nacional. Hubo un nuevo reclamo por la hidrovía y el gas natural.

Con el 2027 a la vuelta de la esquina y las necesidades de la Casa Rosada de apurar la reforma electoral, la agenda política se cuela en todo cónclave de mandatarios provinciales.

En la reunión en Posadas “se habló de todo”, confesó a Infobae una fuente con acceso directo a uno de los gobernadores. “Sobre todo de la reforma política”, agregó.

Aunque los detalles de la charla que mantuvieron en privado no trascendieron, la cuestión de la eliminación de las PASO y la posibilidad de armar colectoras a la candidatura por la reelección de Javier Milei formó parte del peloteo.

Las negociaciones que encabeza el ahora Jefe de Gabinete Diego Santilli tienen estos dos componentes. En Misiones los legisladores nacionales no responden a Passalacqua, sino a su ahora rival Carlos Rovira. Santilli ya cuenta con esos votos. Valdés anticipó que “está a favor de la eliminación de las primarias”. La cuestión es qué obtendrán las provincias en la negociación.

“El problema es cómo cada provincia se asegura lo que espera”, apuntó la fuente consultada por este medio.

En la danza entran “la posibilidad de que la Casa Rosada no juegue sus mejores cartas para no complicar las reelecciones de gobernadores que tienen esa chance a la eventualidad de que los armados provinciales de listas al Congreso sean subsidiarias de la propuesta de Javier Milei.” En el medio, hay que contar la necesidad permanente de las provincias de mayores recursos para la diaria y su deteriorada infraestructura.

Passalacqua buscará otro mandato el año próximo. Valdés asumió en diciembre pasado. Es que su provincia, producto de las intervenciones federales en los ‘90, tiene el calendario corrido.

Cuál fue el contexto de la reunión

Los gobernadores de Corrientes y Misiones comparten los mismos problemas de caja por reducción de la recaudación y la caída de la coparticipación federal. Pero atraviesan el momento en distintos escenarios.

Passalacqua surfea una conflictiva situación en el frente político que lo llevó al poder. La crisis se desató luego de que el hombre fuerte del espacio, Carlos Rovira, quisiera obturar su chance de reelección.

En el entorno del mandatario de la tierra colorada dejaron trascender que la llegada del gobernador correntino fue un espaldarazo político ante esta puja.

Valdés, en cambio, navega aguas tranquilas tras suceder a su hermano Gustavo y haber dejado atrás fantasmas por el quiebre con Ricardo Colombi.

El origen radical y encabezar frentes políticos de naturaleza provincial son otros dos puntos en común. El misionero se sacó la boina blanca en 2002 para conformar con su correligionario Maurice Closs y Rovira el Frente Renovador misionero. Valdés es uno de los gobernadores que la UCR cuenta como propios. Su hermano y antecesor incluso sonó para presidir el comité nacional.

Agua y gas

Por otro lado, los gobernadores conversaron sobre prioridades como la “necesidad de avanzar en obras de infraestructura a fin de mejorar la competitividad de las economías regionales”. Entre ellas, destacaron el acceso al gas natural para el Norte Grande. En las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones viven casi 4 millones de argentinos que no tienen acceso a este servicio y deben utilizar garrafas.

Otros puntos fueron el fortalecimiento de la hidrovía y el desarrollo de la cuenca foresto industrial compartida. Por otro lado, conversaron sobre la consolidación de políticas conjuntas que potencien las capacidades productivas de Misiones y Corrientes.

“Nos unimos para trabajar juntos y reclamar a Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto”, expresó Passalacqua.

Valdés, por su parte, destacó la necesidad de “empezar a plantear políticas en conjunto en materia de apoyo para el desarrollo de la hidrovía; nosotros tenemos un puerto que está esperando ser habilitado. Misiones ya tiene el suyo. Necesita de la hidrovía para que tenga mucho más calado y que puedan llegar barcos más importantes y tener mejores líneas disponibles con mayor frecuencia“, agregó. Así “generará más fuentes de trabajo local”, concluyó.

El cierre de la jornada fue en el Liceo Naval «Almirante Storni». Passalacqua invitó a Valdés a la entrega de uniformes a los ingresantes. Para el correntino fue un momento de emoción porque fue allí donde cursó sus estudios secundarios.

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La Casa Rosada pone en duda un acuerdo macro con gobernadores para 2027 y planea competir con candidatos propios en varias provincias. En la Casa Rosada descartan por ahora una coalición general con los mandatarios aliados y advierten que las negociaciones electorales serán “mano a mano”, según el peso de cada distrito, los votos legislativos y la conveniencia política de La Libertad Avanza.

“No vamos a ceder el armado en general, se irá viendo provincia por provincia”, expresan en Nación. La definición apunta a marcar un límite frente a la expectativa de algunos gobernadores dialoguistas que buscan que el nuevo vínculo con Diego Santilli se traduzca también en acuerdos electorales más amplios para el año que viene.

En Balcarce 50 sí quieren dar señales de acuerdo general en materia de reformas, gobernabilidad y blindaje del programa económico. La Casa Rosada busca que los mandatarios acompañen la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y un paquete de iniciativas clave para sostener la agenda hasta marzo. Pero en el Ejecutivo aclaran que ese esquema no implica trasladar automáticamente los acuerdos legislativos a las listas provinciales.

La diferencia central pasa por el alcance del mecanismo de colectoras o listas compartidas. En el Gobierno explican que esa herramienta está pensada para la elección nacional, bajo la boleta presidencial de Milei y de La Libertad Avanza, y no para eximir al oficialismo de disputar elecciones provinciales o plantear diferencias con los mandatarios en sus distritos.

“La idea de las colectoras es darles algo a ellos, que no tienen candidato a presidente y quieren que sus candidatos vayan en la boleta de Milei”, agregan en Nación. La lógica oficial es que algunos gobernadores puedan colgar listas legislativas de la candidatura presidencial libertaria, sin que eso signifique entregarles el control del armado local ni resignar la competencia por gobernaciones.

En el Ejecutivo mencionan como acuerdos más probables a Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, además de otros distritos donde el entendimiento con aliados ya aparece más avanzado. Aun así, remarcan que no habrá un molde único y que cada negociación quedará atada al equilibrio entre votos en el Congreso, fortaleza territorial y estrategia presidencial.

Córdoba aparece como uno de los ejemplos de esa tensión. En la Casa Rosada aseguran que La Libertad Avanza planea competir con Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en Diputados, aunque el vínculo con el peronismo cordobés pueda ser necesario para aprobar reformas. El mensaje interno es que la gobernabilidad no necesariamente implicará retirar candidatos.

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En Santa Fe, en cambio, el escenario que describen en Balcarce 50 es distinto. En el Gobierno sostienen que lo más probable es que La Libertad Avanza no dispute la gobernación y que Romina Diez encabece la lista de senadores. La definición todavía no está cerrada, pero muestra el criterio que pretende imponer la mesa política: acuerdos selectivos, no una coalición nacional con formato uniforme.

El Gobierno mantiene además la idea de los “acuerdos de competitividad”. Ese concepto puede incluir distintas variables: candidatos menos competitivos en determinados distritos, menor despliegue de campaña, baja intensidad territorial o coordinación legislativa con gobernadores. No implica necesariamente una alianza formal ni listas comunes en todas las categorías.

En Nación, también atan cualquier definición a la reforma política. Aseguran que no cerrarán acuerdos electorales antes de que avance ese proyecto, que no esperan que sea aprobado antes de agosto. “Todo dependerá de la reforma política”, repiten en despachos oficiales. La eliminación o suspensión de las PASO sigue siendo la prioridad de la mesa política y condiciona toda la estrategia de alianzas.

La discusión es sensible porque el esquema electoral que negocia el oficialismo busca resolver dos problemas a la vez: conseguir votos de gobernadores para modificar las reglas de juego y, al mismo tiempo, ordenar el armado nacional de Milei sin depender de una coalición tradicional. En Balcarce 50 creen que la candidatura presidencial libertaria será el principal activo para atraer aliados.

Santilli y Eduardo “Lule” Menem quedaron al frente de esa negociación con los mandatarios. El nuevo jefe de Gabinete debe recomponer el vínculo con las provincias y sumar apoyos para las reformas, mientras el armador de Karina Milei busca preservar el control del sello libertario y evitar que los acuerdos territoriales licúen la conducción nacional de La Libertad Avanza.

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En la Casa Rosada reconocen que la tensión entre gobernabilidad y armado electoral será permanente. Necesitan a los gobernadores para aprobar leyes, pero no quieren que ese vínculo termine en una cesión general de candidaturas. El antecedente que miran es 2025: competir con sello propio en la mayoría de las provincias y reservar los acuerdos para los distritos donde haya beneficio concreto.

La estrategia también busca preservar margen para confrontar. En el oficialismo sostienen que Milei puede dar señales de moderación mientras negocia reformas, pero que la campaña volverá a apoyarse en la polarización con el kirchnerismo y el “modelo anterior”. En ese marco, no descartan competir contra mandatarios con los que, al mismo tiempo, intentan cerrar acuerdos legislativos.

La definición final quedará para después de la reforma electoral. Hasta entonces, el Gobierno intentará sostener un equilibrio inestable: mostrar una foto de diálogo con gobernadores, blindar el programa económico en el Congreso y evitar que ese acercamiento se convierta en una coalición que le quite a La Libertad Avanza el control de su propio armado.

Casa Rosada, Gobernadores, candidatos

El juzgado federal de Lomas de Zamora avanza en una nueva etapa de la causa Sur Finanzas, que vincula al financista Maximiliano Ariel Vallejo —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia— con una presunta red de lavado de activos en el fútbol argentino. El juez federal Luis Armella tomó declaración indagatoria al ex presidente del Club Atlético Banfield, Eduardo Juan Spinosa, a su hermano Federico José Spinosa —quien fue secretario del club— y al ex vicepresidente 1° Oscar Fabián Tucker, y recibió los escritos de descargo de los tres imputados, quienes rechazaron de manera categórica todas las acusaciones en la causa N° FLP 29.107/2025.

Días antes declaró Vallejo quien también negó las acusaciones que pesan sobre él, entre ellos liderar una asociación ilícita, usura y lavado de activos.

La investigación tiene como eje central la relación entre el holding Sur Finanzas Group SA y varios clubes afiliados a la AFA. La fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona sostiene que el grupo financiero ligado a la AFA diseñó una estrategia de penetración en el deporte mediante la cual, se habría aprovechado del estado de necesidad de los clubes, se instaló como proveedor de fondos para integrar capitales de origen presuntamente espurio bajo la apariencia de asistencia financiera legítima.

La causa también incluyó indagatorias a los responsables de Centro de Inversiones Concordia SRL y una segunda declaración de Vallejo como imputado.

La defensa de Eduardo y Federico Spinosa

Eduardo Spinosa presidió el Club Atlético Banfield en tres períodos: 2012-2015, 2015-2018 y 2021 hasta octubre de 2024, cuando la lista encabezada por Matías Mariotto ganó las elecciones. La fiscalía lo ubica en el centro de la maniobra: sostiene que permitió que el club fuera convertido en un eslabón de integración de capitales ilícitos mediante contratos de sponsoreo y mutuos con empresas del holding de Vallejo, con pagos canalizados a través del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, señalado como “vehículo de opacidad”.

En el escrito, presentado junto a sus abogados Diego María Olmedo y Hernán Guaita, Spinosa opuso un argumento central: la acusación no describe ningún acto personal de engaño, ocultamiento o desvío patrimonial ejecutado por él, sino que proyecta sobre su figura una sospecha derivada de la posición institucional que ocupaba. Allí se sostiene que la acusación fiscal no consiguió mostrar que Eduardo Juan Spinosa haya actuado por fuera de los órganos de decisión del Club, al margen de la documentación respaldatoria, ni en contradicción con los mecanismos institucionales.

El escrito que concluye con un pedido expreso de sobreseimiento en los términos del art. 336 del Código Procesal Penal de la Nación (C.P.P.N.).

Sobre el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, la defensa aportó documentación que acredita su constitución el 18 de diciembre de 2012 —años antes de los hechos investigados—, su aprobación por la Asamblea Extraordinaria de socios del 10 de mayo de 2013 y sus sucesivas prórrogas en 2015/2016, 2018 y 2021.

El descargo judicial –Federico Spinosa incorporó en su defensa uno similar- sostiene que fue presentado públicamente como un mecanismo de salvataje institucional para ordenar los recursos del club en un contexto económico complejo, y no como una estructura para canalizar fondos de manera opaca. Entre los derechos cedidos al patrimonio fiduciario figuraban expresamente los ingresos por cuotas sociales, publicidad, esponsoreo, venta de entradas, televisación y transferencias de jugadores.

Respecto de los dos contratos de mutuo firmados con Sur Finanzas Group SA —por USD 500.000 cada uno, el 17 de julio y el 9 de octubre de 2023, con intereses del 3% y 4% mensual respectivamente—, la defensa señala que ambos contaron con aprobación previa de la Comisión Directiva —Actas N° 5819 y N° 5826—, fueron instrumentados formalmente y ejecutados con transferencias bancarias efectivas. Un dato que la defensa considera decisivo: la nueva conducción del club renegoció la deuda con Sur Finanzas, lo que, a su juicio, resulta incompatible con la idea de una maniobra defraudatoria. Lo mismo aplica al patrocinio: la gestión de Mariotto firmó un nuevo contrato con Sur Finanzas. Para la defensa esto desacreditaría la hipótesis de que se trató de una cobertura ficticia diseñada por la gestión anterior.

La defensa de Tucker

Tucker está vinculado a la institución deportiva hace 27 años. Según le relató a la Justicia, se involucró en la vida del club “colaborando desde la oposición a la gestión de Carlos Portell, ocupando el cargo de revisor de cuentas». “Luego fui Intendente de la sede y el Microestadio y responsable del área de Relaciones Públicas del Club (siempre desde la oposición). Todas las funciones que cumplí en el club fueron ad honorem. En el año 2012, la lista que integraba ganó las elecciones, resultando presidente Eduardo Spinosa. Allí ocupé el cargo de vicepresidente 2°, finalizando mi mandato a los dos años y medio de haber asumido por haber renunciado al mismo (año 2014). Renuncié también a la agrupación que integraba. No fui dirigente ni participé de la vida política del club desde el año 2014 hasta el año 2018. Con la conducción de Lucía Barbuto, a fines de 2018, ocupé el cargo de vicepresidente 1° como socio independiente. Finalizado el mandato de Lucía Barbuto, (los mandatos son por tres años), asume Eduardo Spinosa como presidente en el año 2021 y yo asumo como vicepresidente 1°, finalizando el mandato en octubre del 2024, cuando gana las elecciones el actual presidente del club, Matías Mariotto“, relató.

La fiscalía sostiene que, desde ese cargo, “garantizó la continuidad política y legal necesaria para que los contratos perjudiciales no fueran denunciados ni auditados internamente”.

Tucker rechazó la fuerte acusación en su propio escrito -al que accedió Infobae– y precisó que sus atribuciones estatutarias se limitaban a reemplazar al presidente en caso de ausencia y a participar con voz y voto en la Comisión Directiva. “Nunca manejé dinero del club ni puse dinero propio en el club”, afirmó, y aclaró que en sus dos mandatos dentro del fideicomiso y de Banfileños SA fue únicamente “director suplente”, función sin injerencia en la administración de esas entidades.

Sus abogados, Miguel Ángel Arce Aggeo y Marcos Tosato, señalaron ante el juez Armella una inconsistencia en la teoría fiscal: Tucker es acusado de integrar una asociación ilícita y de lavado de activos, pero no de las maniobras de fraude que se le atribuyen al resto de los imputados. “Es cuanto menos tremendamente extraño que, tratándose de una asociación para cometer delitos en un ámbito determinado, Oscar Tucker haya participado en esa asociación para cometer delitos, también en el lavado de activo, pero no en las maniobras de fraude que se le atribuyen a los restantes imputados”, afirma el escrito.

Sobre su relación con Ariel Vallejo, Tucker fue categórico: lo conoce por ser el dueño de Sur Finanzas y sponsor del club, pero nunca tuvo su contacto ni intercambió llamadas con él.

La defensa solicitó al tribunal que se analicen los teléfonos secuestrados para verificar la ausencia de comunicaciones entre ambos. Tucker trabaja en el Banco Supervielle desde hace más de 35 años, sus vehículos son de gama media y no posee cuentas en el exterior ni bienes suntuarios.

La acusación fiscal: una red que usó al fútbol para reciclar capitales

La fiscalía reconstruyó la operatoria con una cronología precisa. Los vínculos entre el holding de Vallejo y el Club Atlético Banfield se remontan a diciembre de 2021, con un contrato de esponsoreo con Sur Finanzas Group SA por $4.583.333 más IVA mensuales, al que siguió otro con Roma Inversiones SA por $12.000.000 más IVA en febrero de 2022. En ambos casos, los pagos debían acreditarse en las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña.

La empresa “PagoTic”, encargada del cobro de cuotas sociales, informó que en febrero de 2019 Federico Spinosa, como secretario, y Barbuto, como presidenta, solicitaron que esas recaudaciones se acreditaran también en las cuentas del fideicomiso. Ese desvío de ingresos ordinarios se mantuvo activo hasta el 15 de agosto de 2023. La acusación señala además que la maniobra culminó con la concesión del estadio a través de Minella Stadium SA, vinculada al entorno de los Spinosa.

Para la fiscalía, el Club Atlético Banfield constituyó el ejemplo paradigmático de un modus operandi más amplio: el holding diseñó una estrategia de penetración en el fútbol profesional que aprovechaba el estado de necesidad financiera de los clubes para instalarlos como vehículos de reciclaje de activos. El caso fue caratulado “Tucker, Óscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”, en referencia al artículo del Código Penal que tipifica el lavado de activos.

Una misma línea argumental

Los tres escritos de descargo comparten un eje argumental común. Tanto los Spinosa como Tucker sostienen que la acusación convirtió en materia penal operaciones que fueron reales, formalmente instrumentadas, aprobadas por los órganos institucionales del club y exteriorizadas en los balances. La defensa de los Spinosa recordó que el derecho penal no está llamado a sancionar desaciertos comerciales, decisiones financieras onerosas, contratos complejos ni estructuras institucionales discutibles desde otros planos normativos o económicos.

Las defensas solicitaron extensas baterías de prueba. Spinosa acompañó al escrito más de 25 anexos documentales —contratos, actas de Comisión Directiva, actas de asambleas, certificaciones notariales y estados contables— y pidió una pericia contable integral.

Tucker solicitó informes al club, al Banco Supervielle y a los registros de la propiedad inmueble, automotor, aeronaves y embarcaciones. La causa queda ahora en manos del juez Luis Armella, quien deberá resolver si dispone el procesamiento de los imputados o hace lugar a los pedidos de sobreseimiento.

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