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POLITICA

Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta

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El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

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Sur Finanzas, la AFA y clubes de fútbol fueron allanados a pedido de la justicia Fotografía: RSFotos

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

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El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

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Una ilustración detalla la nueva acusación judicial por fraude contra Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en un esquema que involucra al Club Banfield con más de 108 millones de dólares investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

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Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

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Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga una presunta defraudación millonaria a clubes de fútbol, con eje en Banfield

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

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En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

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La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.

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El Gobierno no puede frenar las tensiones por Adorni y la presión en el Congreso lo complica cada vez más

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A pesar de que tiene varios proyectos de ley presentados, viajes programados y temas de administración pendientes, el presidente Javier Milei no tiene previsto convocar en el corto plazo a ninguna reunión de Gabinete ni de la mesa política, luego de que los últimos encuentros, lejos de acercar posiciones, terminaran intensificando las tensiones por la situación judicial de Manuel Adorni.

Con el Mundial de Futbol ya iniciado, las autoridades nacionales bajaron la intensidad de las actividades oficiales y para esta semana no hay grandes eventos en puerta.

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“No hay nada en agenda“, reconoció un integrante del Gobierno ante la consulta de Infobae sobre los rumores de que se decidió pausar los mítines del mandatario con sus ministros y miembros de la cúpula libertaria.

De hecho, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es uno de los dirigentes que entran en esa segunda categoría, está de viaje en Israel.

El referente del oficialismo se quedará en Medio Oriente hasta el jueves, ya que tiene un intenso cronograma de actos que incluye una charla con su par de la Knéset (Legislatura local), Amir Ohana, y con el presidente del Estado hebreo, Isaac Herzog.

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Menem en Israel

También será recibido por representantes de los Grupos Parlamentarios de Amistad Israel–Argentina y visitará a las comunidades afectadas por los ataques del 7 de octubre.

Por esta razón, recién el lunes que viene podrá volver a sus tareas habituales en el Congreso, donde Adorni enfrenta un pedido de interpelación e intentos de moción de censura.

Por su parte, Milei no organizó ninguna reunión ni evento especial para el debut de la Selección en el Mundial, que será este martes por la noche.

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Según pudo saber este medio, el jefe de Estado verá el partido solo y en la Quinta de Olivos, deste donde trabajará durante el día.

El mandatario ya había anticipado que, aunque va a viajar a los Estados Unidos a comienzos de julio para participar de los festejos por los 250 años de la independencia de ese país, donde también se está llevando adelante la competencia deportiva, no irá a presenciar ningún encuentro del equipo liderado por Lionel Messi, en caso de que pase de ronda.

Milei verá el partido de Argentina solo y en la Quinta de Olivos (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

En cuanto a la mesa política, tampoco hay fecha para un nuevo encuentro, después del que el jueves pasado por primera vez la interna se metiera en el debate.

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Si bien no es habitual que en ese ámbito se discuta cuestiones personales, en aquella oportunidad Adorni sí le reclamó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre su declaración jurada.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó que el ministro coordinador haya ocultado 500 mil dólares -según él mismo reconoció- de ahorros que tenía “en negro”.

El cruce entre ambos escaló y, tal como reveló Infobae, fue Santiago Caputo quien buscó calma y analizar las opciones para sortear la crisis.

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Aunque por ahora no hay convocatoria, los integrantes de la mesa niegan que sea para evitar más enfrentamientos, pero no recibieron información respecto de cómo continuará la dinámica.

No nos dijeron nada, pero las reuniones de la mesa política se están haciendo cada 15 días, aproximadamente. Son todas suspicacias las versiones que trascendieron“, dijo uno de los miembros de ese selecto grupo.

Última reunión de la mesa política

El oficialismo quiere mostrar gestión para desmentir que el Gobierno esté paralizado y, para eso, uno de los objetivos es impulsar los proyectos que ya presentó el Poder Ejecutivo en el Congreso, como el Súper RIGI la reforma electoral, entre otros.

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Sin embargo, acá también encuentra algunas trabas de sectores que suelen ser aliados, como las empresas, que le vienen exigiendo a la Casa Rosada modificaciones sobre el tratado de patentes o la ley de lobby, por ejemplo.

De hecho, varias compañías norteamericanas expresaron su preocupación por el mecanismo que está previsto en el texto para el registro de lobbistas.

“Nosotros les planteamos que sea automático, que cualquiera que ingrese sus datos en el sistema para identificarse como representante de alguna firma sea aprobado inmediatamente y no que haya un funcionario decidiendo a quién acepta y a quién no, porque entonces sería arbitrario. Nos escucharon y tomaron nota, pero no sabemos si nos van a hacer caso”, explicó a este medio un director de comunicación de una de estas marcas extranjeras.

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El oficialismo tiene varios proyectos en carpeta (RSFotos)

Asimismo, otro de sus históricos aliados legislativos, que es el bloque del PRO, también se viene mostrando muy crítico, en su caso, sobre el tema Adorni.

El espacio es clave en la intención del Ejecutivo de que no prospere la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que si bien por el momento es una iniciativa de la oposición con pocas chances, podría complicar más de la cuenta a La Libertad Avanza.

El partido fundado por Mauricio Macri acordó tener una estrategia conjunta con la Unión Cívica Radical (UCR) tanto en Diputados como en el Senado, por lo que las dos bancadas votarían de la misma forma en ambas Cámaras.

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Estos bloques esperan no tener que llegar a ser decisivos para la votación porque saben que se verían en un dilema, por lo que todavía no tienen una posición tomada.

”Todo depende de lo que pase en el Senado, si haya votan a favor de la destitución de Adorni no nos va a quedar otra que hacer lo mismo nosotros, pero falta para eso. Veremos cómo se desenvuelve todo”, resumió un diputado uno de esos espacios.

Para este miércoles se convocó a Labor Parlamentaria en la Cámara Alta para analizar uno de los proyectos en contra del funcionario, por lo que ahí podría adelantarse la postura de los aliados del oficialismo.

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POLITICA

El Gobierno elude la reforma política en el Senado para no tratar Ficha Limpia y empuja la ley “Hojarasca”

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En paralelo a la evasión del debate de la reforma política para, de esa manera, no hablar de Ficha Limpia, el oficialismo senatorial, que lidera Patricia Bullrich, intentará desde mañana que las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General debatan la ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otro articulado de este funcionario podría incluso ir al recinto el jueves, si es que la Casa Rosada logra coincidir con la oposición dialoguista para más cambios en propiedad privada. En las últimas semanas, los aliados le despedazaron el proyecto a la porteña, que cedió bastante para un dictamen y, ahora, deberá soltar aún más en algo importante para Balcarce 50. Siempre y cuando no estalle la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en Diputados. Se discutirá ahora en un plenario de dos comisiones comandadas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

«Hojarasca» agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó durante el debate en comisiones de la Cámara baja que el proyecto apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos por articulados más modernos.

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Los libertarios y titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente (Prensa Senado)

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

El desinterés de Bullrich y la Casa Rosada para abrir el juego de la reforma política y así evitar que aliados intenten separar Ficha Limpia -y firmar un dictamen- queda ratificado no sólo por el temario del plenario para las 15: Asuntos Constitucionales -es decir, Coto- convocó una hora más tarde para tratar un proyecto de -la casi nada dialoguista- Natalia Gadano para avalar el convenio de creación del parque interjurisdiccional marino “Monte León” entre el Estado nacional y Santa Cruz. Es el nivel de prioridades que manejan la porteña y el Gobierno.

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Más allá de todo esto, lo trascendental de mañana ocurrirá a las 18, en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí, los líderes de las bancadas definirán la eventual sesión del jueves. El kirchnerismo presiona para dinamitar la suerte de Adorni esa jornada, mientras radicales y macristas avisaron que prefieren no poner las manos en el fuego por un mimado de los hermanos Milei.

El panorama es delicado y muchos se preguntan, a esta altura, por qué se insiste con ir al recinto en una semana “corta”, lo que eleva los dobles pensamientos y las desconfianzas en el corazón del mileísmo. De hecho, el escenario actual fue aprovechado a la perfección por Bullrich, que se le adelantó hasta la oposición más férrea. El inconveniente de la ex ministra de Seguridad es que lo hace como jefa libertaria y, días atrás, su propio espacio se partió en tres por un simple pliego judicial, lo que reventó la visión de control sobre la Cámara alta. Sí ganó un puñado de primeras planas, una de sus obsesiones desde ingresó al mundo “casta”, hace ya varias décadas.

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Fijaron la fecha en la que comenzará a regir el Código Procesal Penal Federal en La Plata

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A partir de las 00:00 horas del 21 de septiembre de 2026, la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata aplicará una transformación en su sistema judicial con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019). Esta medida marca un avance clave en la reforma del proceso penal federal, dirigida a modernizar el funcionamiento de la Justicia en una de las regiones más relevantes del país.

El fecha fue oficializada esta madrguada, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 275/2026 y tras un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia.

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El nuevo modelo, basado en el sistema acusatorio, pretende agilizar los procedimientos, fortalecer las garantías procesales y mejorar la eficiencia en la persecución penal. La decisión responde a la necesidad de adaptar la administración de Justicia a los desafíos actuales, con especial énfasis en la gestión de delitos complejos y la protección de derechos fundamentales.

La implementación en la jurisdicción de La Plata se inscribe en el marco de una política de Estado que busca consolidar un esquema federal de trabajo conjunto, articulando los esfuerzos de los distintos organismos del sistema de justicia nacional.

El artículo 2° de la Ley N° 27.150 establece que la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal debe realizarse conforme al cronograma progresivo definido por la cartera de Justicia. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 3° de la misma normativa, esta cartera ministerial ha venido dictando los actos y formulando propuestas para la implementación paulatina del sistema en los distritos federales y nacionales.

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El proceso de reforma ya ha alcanzado a nueve distritos federales, incluyendo provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, y regiones de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos.

El objetivo es extender progresivamente el modelo acusatorio al resto de las jurisdicciones, incluyendo Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos, Misiones, sectores de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de La Plata, la jurisdicción abarca diecisiete partidos del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, cinco partidos del noreste de la provincia y veintitrés partidos del noroeste. En este territorio se encuentran el Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini” (Ezeiza), y los puertos fluviales de La Plata y Dock Sud, infraestructuras estratégicas para el tránsito comercial y poblacional.

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La entrada en vigencia del sistema acusatorio en La Plata había sido inicialmente programada para el 18 de mayo de 2026, luego diferida al 30 de noviembre del mismo año para garantizar la finalización ordenada de las acciones preparatorias. Finalmente, el nuevo cronograma fija el inicio para el 21 de septiembre, respaldado por avances en infraestructura, tecnología y capacitación.

Esto se logró luego de un extenso proceso de evaluación, coordinación y adecuación institucional, impulsado por el Ministerio de Justicia liderado por Juan Bautista Mahiques (Maximiliano Luna)

Entre los recursos incorporados se destacan los Sistemas UFED y dispositivos asociados, que potencian las capacidades de tratamiento de evidencia digital, incrementando la eficiencia y la trazabilidad en la cadena de custodia. Estas herramientas permiten a la Procuración mejorar la persecución penal en delitos complejos, con mayores garantías de integridad probatoria.

De modo complementario, se han impulsado mejoras edilicias y tecnológicas en coordinación con el Consejo de la Magistratura. Este organismo informó la disponibilidad de espacios para la instalación de salas de audiencias adaptadas al sistema acusatorio, incluyendo equipamiento audiovisual, sistemas de conectividad y recursos informáticos para la gestión digital de las audiencias orales.

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El proceso de adecuación contempla no solo la infraestructura física, sino también la capacitación de los operadores judiciales. Se organizaron simulacros de audiencias y talleres de estandarización operativa dirigidos a magistrados, funcionarios y equipos técnicos, con el propósito de fortalecer sus capacidades ante los desafíos del nuevo modelo.

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