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Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta

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El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

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Sur Finanzas, la AFA y clubes de fútbol fueron allanados a pedido de la justicia Fotografía: RSFotos

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

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El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

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Una ilustración detalla la nueva acusación judicial por fraude contra Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en un esquema que involucra al Club Banfield con más de 108 millones de dólares investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

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Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

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Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga una presunta defraudación millonaria a clubes de fútbol, con eje en Banfield

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

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En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

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La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.

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Un funcionario cercano a Caputo cuestionó a García Cuerva antes de la visita del Papa

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El director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, criticó este viernes en la red social X al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, tras sus dichos sobre la situación que atraviesa el país, días antes de la llegada del Papa a la Argentina.

El posteo de Felipe Núnez sobre García Cuerva

“Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y mas predicar la palabra de Dios, Cuerva”, escribió en redes el titular de la entidad, que dependen del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo.

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El cruce ocurrió luego de que García Cuerva advirtiera que el papa León XIV se encontrará con una nación atravesada por distintas dificultades sociales. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó el monseñor durante una entrevista periodística.

Garcia Cuerva sostuvo que el papa se encontrará una Argentina divididaSoledad Aznarez

El arzobispo se refirió también a la situación económica: “Se va a encontrar con una Argentina donde duele un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años, una Argentina que está en crisis hace muchos años”

La postura coincide, además, con las críticas que ya dio durante el Tedeum del pasado 25 de mayo ante distintos representantes del gobierno nacional. En aquella ceremonia, el religioso cuestionó la fragmentación social y apuntó contra las posturas individualistas.

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“Basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo”, manifestó en la Catedral Metropolitana, donde además advirtió: “El ‘sálvese quien pueda’ no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad”.

García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires pidió el dialogo en la política

Su polémica previa

Tal como contó , Felipe Núñez ya estuvo en el centro de la opinión pública al afrontar cuestionamientos públicos por una serie de préstamos que emitió el Banco Nación.

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El integrante del BICE quedó involucrado en ese episodio tras conocerse que se le otorgó un crédito hipotecario por un monto de $ 373.000.000. Esa cifra representó, de acuerdo con la cotización de ese entonces, alrededor de US$315.000 —fue en febrero de 2025—.

En ese entonces, y ante la difusión del caso, Núñez justificó el financiamiento durante un programa en el canal Carajo: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito, a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo que es apto”.

Por su parte, el directorio de la entidad financiera oficial respaldó las operaciones y afirmó que las auditorías internas confirmaron la transparencia de los trámites. En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió despedir a Leandro Massaccesi, funcionario de su cartera y quien figuraba en la lista de beneficiarios.

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Massot y Pichetto presentaron una cautelar para frenar la venta ilimitada de tierras a extranjeros

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Los diputados nacionales Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto presentaron una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional para suspender la derogación de la Ley de Tierras Rurales, establecida por el artículo 154 del DNU 70/2023. El escrito también pide una medida interina urgente, antes de que el Gobierno presente su informe, y habilitación de días y horas inhábiles.

La presentación apunta a frenar los efectos de la norma que eliminó los límites a la adquisición de campos por personas extranjeras. Los legisladores sostienen que las operaciones realizadas mientras se tramita el expediente podrían quedar amparadas por derechos adquiridos, incluso si el Congreso rechaza luego el decreto o la Justicia invalida el artículo cuestionado.

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Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot promovieron el pedido ante la Justicia en su carácter de ciudadanos y habitantes, no como diputados. Solicitaron una cautelar previa a la presentación de la demanda principal contra el Poder Ejecutivo, que buscará la declaración de invalidez del artículo 154 del DNU.

La medida principal requiere que se suspenda la derogación de la Ley 26.737 hasta que haya una sentencia en el proceso de fondo. En forma subsidiaria, los demandantes propusieron medidas de conservación de información y de advertencia a potenciales compradores.

Entre esas alternativas, pidieron que el Ministerio de Justicia mantenga en funcionamiento el Registro Nacional de Tierras Rurales, preserve su base de datos y remita mensualmente al tribunal información sobre las adquisiciones de dominio o posesión de tierras rurales por extranjeros que lleguen a su conocimiento desde el 29 de septiembre.

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También reclamaron la publicación de un aviso en el Boletín Oficial sobre la existencia del expediente y sobre el hecho de que la validez del artículo 154 se encuentra bajo revisión judicial. Según el escrito, esa comunicación impediría que futuros adquirentes aleguen desconocimiento de la controversia.

El pedido llegó después del fallo de la Corte Suprema

La nueva acción se produjo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de septiembre de 2026 en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM).

En ese expediente, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo 154. Sin embargo, la Corte revocó ese fallo y rechazó la demanda al considerar que el CECIM no tenía legitimación para accionar.

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El máximo tribunal aclaró que su pronunciamiento se limitaba a esa cuestión procesal y que no implicaba una definición sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras Rurales. A partir de esa decisión, la eliminación del régimen volvió a producir efectos plenos desde el 29 de septiembre.

Massot y Pichetto argumentaron que su planteo se diferencia del caso anterior porque invoca la protección colectiva de la tierra rural y los cuerpos de agua como recursos naturales, además del derecho de los ciudadanos a exigir que el régimen sea definido por el Congreso y no mediante un decreto de necesidad y urgencia.

La ley fijaba topes por nacionalidad, superficie y ubicación

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un régimen de orden público para la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. El texto fijaba un máximo de 15 % de titularidad extranjera sobre el total de tierras rurales del país, de cada provincia y de cada municipio o entidad equivalente.

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Asimismo, impedía que personas de una misma nacionalidad extranjera concentraran más del 30 % de ese cupo. La norma también limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o una superficie equivalente según la ubicación— las tierras que podía reunir un mismo titular extranjero.

La ley prohibía, además, que personas extranjeras fueran titulares o poseedoras de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura y permanentes, o ribereños de ellos. Para controlar el cumplimiento de esos requisitos, había creado el Registro Nacional de Tierras Rurales y exigía certificados de habilitación.

El artículo 154 del DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, derogó por completo esa regulación. El escrito presentado por los diputados cuestiona que se haya eliminado por decreto una ley que regulaba recursos naturales y que, según los actores, no existían circunstancias excepcionales que hicieran imposible el trámite legislativo ordinario.

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Los diputados advierten sobre operaciones que podrían quedar firmes

Uno de los ejes de la cautelar es el peligro de que se perfeccionen adquisiciones de tierras bajo el régimen vigente y que una decisión posterior no pueda alcanzarlas. La presentación cita el artículo 24 de la Ley 26.122, que preserva los derechos adquiridos durante la vigencia de un DNU aun cuando ambas cámaras del Congreso lo rechacen.

“Lo que se pierda en el ínterin no podrá recuperarse”, sostienen los legisladores en el escrito. También señalan que las posteriores transferencias a terceros de buena fe podrían dificultar una eventual reversión y que la derogación de la ley quitó una previsión que excluía a estas compras de la protección de los tratados bilaterales de inversión.

El pedido incluye una medida interina, con vigencia hasta que el Estado Nacional presente el informe previsto por la Ley 26.854 o venza el plazo para hacerlo. Los actores plantearon que ese resguardo es necesario porque cada operación concretada durante esos días podría consolidarse como un derecho adquirido.

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La Cámara de Diputados tiene una sesión solicitada para el 15 de octubre

La acción fue presentada en paralelo a una solicitud de sesión especial en la Cámara de Diputados de la Nación para el 15 de octubre de 2026. El temario propuesto incluye el tratamiento del DNU 70/2023.

El Senado rechazó el decreto el 14 de marzo de 2024, pero Diputados aún no se pronunció. De acuerdo con la Ley 26.122, el rechazo de una sola cámara no basta para dejar sin vigencia un decreto de necesidad y urgencia.

El escrito también recuerda que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso, seis días después de publicar el DNU, un proyecto de Ley de Bases que incluía su ratificación. Esa ratificación no fue aprobada. Para Massot y Pichetto, ese antecedente demuestra que el Congreso estaba en condiciones de debatir la cuestión.

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La Justicia deberá resolver primero la medida interina solicitada y requerir al Estado el informe sobre el interés público comprometido. Luego definirá si corresponde suspender los efectos del artículo 154 mientras se desarrolla el proceso principal o si adopta las medidas conservatorias solicitadas.

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Quién es Rocío Gómez, la ladera de los Menem que Karina Milei ungió como referente de la juventud de LLA

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Rocío Gómez camina por los pasillos del patio Malvinas de la Casa Rosada acompañada por jóvenes que superan por poco los 20 años, como ella. Algunos se pusieron traje. Ingresa a su despacho y el grupo la escolta. Sucede a menudo.

Nombrada a fines del año pasado coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la subsecretaría que conduce Eduardo “Lule” Menem, esta joven de 23 años oriunda de Lomas de Zamora fue ungida como referente de la juventud y las universidades de La Libertad Avanza (LLA), en el selecto universo de dirigentes que tiene aval político directo de la secretaria general, Karina Milei.

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A esa vertiente del Gobierno, Gómez llegó de la mano de Sharif Menem. Ella ya estaba involucrada en la militancia universitaria liberal (en la agrupación Somos Libres) y salía en televisión. Con el Menem más joven del clan oficialista se cruzaba en los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Él, en 2024, le escribió para que se sumara a crear la juventud oficial del partido y la pata universitaria que también respondiera a la estructura formal.

“Con Sharif se conocían y charlaban, pero se dio una maduración en 2024. Ella le respondió y le dijo: ‘Estoy para ayudar’”, refieren los que saben. El trabajo junto a los Menem comenzó en noviembre, diciembre, de ese año. En tándem, los jóvenes que respondían a las terminales del estratega Santiago Caputo -con fuerte peso en redes desde antes de que Javier Milei fuera presidente- hacían pie en las universidades con el nacimiento de Universitarios Por La Libertad (ULLA).

Por su parte, Gómez fue encargada por Karina Milei de amalgamar a aquellos veinte y treintañeros que se identificaban con el Presidente pero que estaban desperdigados en el país o reunidos en pequeñas tribus bajo distintos nombres. “Rocío no la conocía a Karina. Primero conoció a Sharif, después a Lule, después a Martín y por último a Karina, que le ordenó organizar la juventud y encontrar cuadros. Cuando eso ya estuvo listo, le encomendó armar en las universidades”, enumera una fuente al tanto.

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Así, en 2025 terminó de consolidar la Juventud Nacional de La Libertad Avanza y, este año, Universitarios Por La Libertad. Ambas estructuras responden al partido. “Ahora sí, Karina. Listo, ya estamos”, le habría dicho Gómez a la secretaria general cuando concluyó ambos frentes.

Karina Milei y Rocío Gómez durante la presentación de Universitarios por La LibertadInstagram

Antítesis en álgidas discusiones públicas de Luca Bonfante, de los dirigentes jóvenes más conocidos de la izquierda, Gómez escaló casilleros en el entorno de Karina Milei. “Con su laburo se ganó la confianza de la hermana del Presidente”, aseguran fuentes al tanto. “Los chicos la respetan. Tiene ideas muy fuertes y cumple un doble rol: de vocera -porque hace medios- y de armadora”, acotan.

A un año y medio para terminar la carrera de Economía, en la diaria de la Casa Rosada Gómez trabaja a la par de Lule Menem, con quien consulta sus pasos, en la subsecretaría que depende de la Secretaría General. Con fluida oratoria y una cuota de pragmatismo que remeda a aquellos que hace rato transitan la política, no reniega de tener un cargo en el Estado pese a integrar un espacio que denosta a los empleados públicos. Un coordinador, según averiguó , cobra en bruto $3.600.000 (unos $2.970.000 en mano).

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“No tenemos cuadros técnicos jóvenes. A ella le gustó la idea cuando le dijeron que ingresara a la Casa Rosada. Se la juzgó por su edad, pero es contradictorio porque la izquierda siempre pide que haya mujeres en la toma de decisiones”, refiere una persona cercana, que repite así el argumento que la propia Gómez supo esgrimir luego de que su nombre quedara estampado en el Boletín Oficial, firmado por Karina Milei, el pasado 22 de diciembre.

Según fuentes al tanto, Gómez en su función dialoga con la secretaria general solo “para cosas puntuales”; el resto lo articula con Lule Menem.

Nacida en el conurbano, tiene una abuela kirchnerista que bancó la gestión del exintendente Martín Insaurralde y otra antiperonista. Su papá -que trabaja en Correo Argentino- y sus tíos paternos son todos K. “Intenté convencerlo, pero mi papá no me votó”, se lamentó ante los propios el año pasado, cuando integró la lista violeta por la tercera sección electoral.

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No se define anarcocapitalista, sino una liberal clásica. Dicen fuentes al tanto que su primer acercamiento a esa corriente fue durante el debate por la ley de aborto legal. “En aquella discusión, que se dio cuando ella tenía quince años, se sintió identificada con la libertad individual, con que cada uno pueda tomar sus propias decisiones”, afirman quienes la conocen. En 2021, de acuerdo a voces consultadas, ahondó en ese pensamiento al notar los efectos de la inflación en la diaria del negocio que montaron junto a su hermana, en plena gestión de Alberto Fernández.

Rocío Gómez con militantes libertarios de Tucumán en el Patio de las Palmeras de la Casa RosadaInstagram

Su primer referente liberal fue José Luis Espert y en 2023 fiscalizó para Milei con su hermana y su cuñado. “Los amigos escuchaban a Milei y ella dijo ‘es por acá’”, aseguran en su entorno.

Sin embargo, sus díscolos en el frente interno le achacan haber militado junto a Ricardo López Murphy y haber criticado a Milei por esas épocas. La acusan, incluso, de borrar en redes las publicaciones de aquel entonces para no tener problemas ahora. Ella lo niega y suele decir a los propios que usaron esos argumentos para “desprestigiarla” cuando ascendía casilleros en LLA.

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Más allá de que los suyos aseguran que Gómez articula el armado juvenil incluso con aquellos cercanos al caputismo, su vida política está ligada a los Menem y dista de las terminales donde orbitan referentes como Daniel Parisini (el Gordo Dan), Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Mariano Pérez y su gente.

En la oficina de Gómez suele vérselo a Iñaki Gutiérrez, que le maneja la cuenta de TikTok a Milei, y en los eventos en las provincias también se suma Eugenia Rolón, militante libertaria y novia de Iñaki.

Por estos días, Gómez trabaja con Sharif Menem en un encuentro de la juventud del partido y las universidades junto al Presidente. Hay voces que dicen que Karina Milei pidió que fuera en Rosario. Algunos barajan que se haga en noviembre, pero no está confirmado. “Massa metió mil jóvenes en la Facultad de Derecho. Nosotros tenemos que llegar a unos 6000 o 7000″, la escucharon arengar a la funcionaria.

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