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POLITICA

Ampliaron la imputación contra el dueño de la financiera ligada a la AFA: la Justicia también lo acusa de administración fraudulenta

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El juez federal Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, amplió la imputación contra Maximiliano Ariel Vallejo por el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario, tal como solicitó la fiscal Cecilia Incardona. El cargo se suma a los que ya pesaban sobre el dueño del holding Sur Finanzas —amigo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia—: lavado de activos agravado y asociación ilícita. El empresario será indagado el próximo 26 de mayo, junto a su madre Graciela Beatriz Vallejo.

En sus fundamentos, Incardona sostuvo que el aporte de Vallejo al vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue periférico. Según el dictamen al que accedió Infobae, el empresario proveyó la estructura corporativa, las empresas pantalla —Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A.— y el flujo de capital no registrado que permitió consumar el fraude ejecutado por los directivos del club. Por ese aporte extraneus al delito —desde afuera de la relación de deber que vincula a los directivos con el patrimonio institucional—, la fiscal consideró que Vallejo debía responder como partícipe necesario de la defraudación (artículos 45 y 173 inciso 7° del Código Penal).

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Sur Finanzas, la AFA y clubes de fútbol fueron allanados a pedido de la justicia Fotografía: RSFotos

La distinción penal y su alcance

La administración fraudulenta implica acreditar que Vallejo no solo lavó fondos provenientes del esquema, sino que fue una pieza indispensable para que el andamiaje delictivo funcionara.

Con la ampliación admitida por Armella, al momento de la indagatoria el empresario quedará expuesto a una acusación que combina tres figuras penales en concurso real: asociación ilícita, lavado de activos agravado por habitualidad y administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario.

En la resolución del 4 de mayo, en la que el juez dispuso llamar a indagatoria a los ex directivos del club y dejó expresamente “presente” los fundamentos de la fiscal federal.

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El origen de la causa y el esquema investigado

La causa FLP 29107/2025, caratulada «Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303“, se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al Club Atlético Banfield un préstamo de dos millones de euros que, según la denuncia, nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la investigación de Incardona fue desentrañando un esquema de mayor alcance que, según la acusación, operó de forma ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025.

El núcleo de la investigación es el holding Sur Finanzas, que habría montado una estructura para captar fondos de clubes de fútbol con dificultades de liquidez, otorgarles préstamos bajo condiciones que la fiscalía califica de usurarias y luego reciclar las ganancias a través de un entramado de sociedades.

Las maniobras detectadas incluyen el descuento de cheques con tasas abusivas, contratos de mutuo con intereses leoninos, la obligación de utilizar sistemas de pago propios de la firma y contratos de sponsorización simulados —sin contraprestación real— que servían para justificar transferencias de dinero y darles apariencia lícita. El monto involucrado en las operaciones de lavado de activos supera, según la acusación, los 108 millones de dólares. A eso se suma una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos denunciada por ARCA, estimada en 3.327 millones de pesos, y un volumen total de operaciones sospechosas de 818.000 millones de pesos.

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Una ilustración detalla la nueva acusación judicial por fraude contra Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en un esquema que involucra al Club Banfield con más de 108 millones de dólares investigados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso Banfield como eje del fraude

La fiscal Incardona sostuvo que la cúpula directiva —integrada por Eduardo Juan Spinosa como presidente, Federico José Spinosa como secretario, Oscar Fabián Tucker como vicepresidente e Ignacio Javier Uzquiza como tesorero— no cometió una defraudación aislada, sino que diseñó una estructura orientada a la comisión sistemática de ilícitos.

El mecanismo central fue doble. Por un lado, la firma de dos contratos con Sur Finanzas Group S.A. en 2023: el primero, por USD 500.000 a una tasa del 3% mensual; el segundo, apenas tres meses después, por otros USD 500.000 con una tasa del 4% mensual. En menos de seis meses, el club quedó obligado a devolver USD 1.150.000, de los cuales USD 150.000 correspondían a intereses. Ambos contratos consignaron que el dinero fue entregado “en dinero efectivo”, lo que impidió cualquier trazabilidad bancaria.

Por otro lado, los ingresos genuinos del club —cuotas sociales cobradas a través de la plataforma PagoTic y pagos de contratos de sponsoreo— fueron desviados sistemáticamente hacia las cuentas del Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, en lugar de las arcas formales de la institución.

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Esta operatoria habría estado vigente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023. Los cheques de pago diferido secuestrados en el domicilio de la tesorera de Sur Finanzas, con endosos manuscritos para ser depositados en la cuenta del fideicomiso, constituyeron, según la fiscal, la prueba material del desvío.

El vínculo con la AFA y Tapia

Según lo reconstruido por Infobae, fue Tapia quien facilitó el ingreso del financista al circuito de los clubes y le permitió posicionarse como proveedor de fondos para entidades con necesidades de liquidez. La Liga Profesional de Fútbol llegó a depositar fondos de derechos televisivos en cuentas de la financiera.

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Sur Finanzas aparece en el expediente como fuente de préstamos para al menos 17 clubes. Tapia no está imputado en la causa de Armella.

En los más de 40 allanamientos ordenados por el magistrado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación contable, dinero en efectivo en varias monedas y biblioratos con contratos de 16 clubes, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central. Los chats extraídos de los teléfonos incautados revelaron órdenes para eliminar información, retirar computadoras y coordinar movimientos de personal y vehículos tras los operativos.

Luis Armella, juez federal subrogante de Lomas de Zamora, investiga una presunta defraudación millonaria a clubes de fútbol, con eje en Banfield

La estrategia de la defensa y sus costos

El juez no solo no hizo lugar al planteo: lo calificó como un uso “manifiestamente obstructivo del sistema procesal” y declaró inadmisible el recurso de apelación presentado.

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En la resolución del incidente FLP 29107/2025/56/1, el magistrado impuso costas a la parte vencida por considerar que “no tuvo una razón plausible para litigar”, una sanción que recae directamente sobre la defensa.

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ya avaló la postura del juzgado. El tribunal superior también ordenó que el juez Federico Villena envíe su propia investigación contra Vallejo al juzgado de Armella, lo que concentra en una sola sede todos los frentes judiciales abiertos en Lomas de Zamora.

Paralelamente, la jueza federal María Servini investiga a Sur Finanzas por una vía distinta: su causa apunta a un circuito de compraventa de divisas de más de 1.400 millones de dólares durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una operatoria conocida como “rulo cambiario”.

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La audiencia del 26 de mayo será la primera oportunidad para que Vallejo tome posición frente a una imputación que el juzgado ha ido ampliando resolución tras resolución desde el 31 de marzo pasado. Su madre, Graciela Beatriz Vallejo, también fue citada bajo idéntico apercibimiento de detención en caso de no presentarse.

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El Gobierno ratificó sus diferencias ideológicas con Lula da Silva, pero negó que la tensión escale al plano diplomático

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El canciller Pablo Quirno ratificó hoy las diferencias políticas e ideológicas entre el Gobierno argentino y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pero descartó que esa tensión derive en una ruptura diplomática. En una extensa entrevista radial, también negó que exista una crisis con el Reino Unido por la bandera sobre las Islas Malvinas exhibida por los jugadores de la selección argentina en el Mundial y anticipó que negocia una visita oficial a China junto a Karina Milei y Luis Caputo.

Sobre el vínculo con Brasil, Quirno trazó una distinción entre el plano político y el institucional. “No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, afirmó el canciller, quien reconoció que el embajador brasileño fue llamado a consultas en Brasilia, pero subrayó que Argentina no replicó esa medida. “Dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco. No la trasladamos al plano institucional”, sostuvo. En ese sentido, recordó que las diferencias entre ambos gobiernos no impidieron que entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado 1 de mayo, después de veinticinco años de negociaciones.

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Sobre el comercio bilateral, Quirno rechazó que las fricciones políticas vayan a afectar el intercambio entre ambos países. Atribuyó esas advertencias a “la politización interna de una diferencia ideológica” por parte de la oposición kirchnerista y señaló que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina.

En cuanto a la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas desplegada por los jugadores de la selección durante el partido frente a Inglaterra en el Mundial, el canciller fue categórico: “No hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”. Desmintió además que un subsecretario de la Cancillería se haya reunido con el embajador británico para presentar excusas por el episodio. “Absolutamente, completamente y mil por ciento falso”, respondió ante esa versión.

El canciller Pablo Quirno

Quirno aprovechó para revelar que, en la semana previa al partido, Argentina convocó al embajador del Reino Unido a la Cancillería para entregarle una nota de protesta por el paso de un buque británico por el estrecho de Magallanes sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Madrid. El barco transitó entre el 4 y el 8 de julio, ida y vuelta, sin notificar en ninguna de las dos oportunidades. “Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio», ironizó el canciller, quien aclaró que la campaña antártica argentina se inicia a fines de octubre. La nota de protesta fue entregada el lunes 13, primer día hábil posterior al incidente, y el comunicado oficial se difundió una vez concluido el partido.

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Sobre el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, Quirno reafirmó que el Gobierno argentino no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que ya sancionó a las empresas involucradas, entre ellas una israelí y una británica. “Vamos a defender los derechos de Argentina no solo en los tribunales argentinos, sino en los internacionales», advirtió.

Respecto a la campaña anti-argentina que circuló en redes sociales durante el Mundial, el canciller reconoció su existencia y señaló que los posteos provenían mayoritariamente de cuentas brasileñas y mexicanas, aunque aclaró que no tiene pruebas de financiamiento externo. “Hay mucha plata corriendo en redes. Está claro que hay gente que gana mucho con el algoritmo y se sube a los temas”, afirmó.

Sobre la visita de Georgieva al país, Quirno rechazó la caracterización de que la directora gerente del FMI diseña o administra el programa económico argentino. Recordó que el Gobierno llegó al poder con un plan propio, más ambicioso que cualquier exigencia del organismo, y que los resultados obtenidos —entre ellos la eliminación del déficit fiscal en un mes y del déficit cuasifiscal en seis meses— validaron esa apuesta. “En noviembre del 23, el escepticismo era mucho mayor. Hicimos cosas que nunca se hicieron en el mundo”, sostuvo.

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Sobre la carta pública de Cristina Kirchner al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en la que impugna su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos, Quirno restó trascendencia a la presentación. “Hará todas las presentaciones que quiera realizar. Ha sido juzgada y condenada en Argentina“, respondió, y vinculó la maniobra con una estrategia del kirchnerismo para volver al poder y eventualmente indultar a la expresidenta.

En materia de política exterior, el canciller anticipó que Argentina prepara una visita oficial a China con Karina Milei, Caputo y él mismo, a la espera de resolver negociaciones comerciales y financieras pendientes. Anunció además la llegada del presidente de Corea del Sur al país para profundizar la relación bilateral, y destacó que la Unión Europea reabrió el mercado de carne aviar argentina a partir del 17 de agosto, mientras que Estados Unidos quintuplicó la cuota de exportación de carne y amplió en 93 posiciones los productos con arancel cero para Argentina.

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La carta abierta que publicó Cristina Kirchner en la que habló sobre su condena por Vialidad

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Este miércoles, la expresidenta Cristina Kirchner publicó una carta abierta en la que cuestionó nuevamente su condena en la causa Vialidad, sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por el “machismo estructural” y anunció que presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la sentencia.

“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino», consideró en la misiva que publicó en sus redes sociales.

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Cristina Kirchner, en el balcón de San José 1111Hernán Zenteno –

En la misma línea, siguió: “Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”.

“Como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria“, subrayó y aseguró: ”Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas».

La carta abierta completa

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“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre.

He dedicado mi vida al servicio de la Argentina. Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario.

Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino.

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Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino.

Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos.

Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?

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Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana.

Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara: todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas.

La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina. Por eso cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino.

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Y debo decir también que todo esto no es un fenómeno exclusivamente argentino.

Lamentablemente, en todos los continentes asistimos a la utilización creciente del sistema de justicia como un instrumento para neutralizar dirigentes políticos que cuentan con respaldo popular. Cambian los países, cambian los nombres, cambian las circunstancias, pero el método es el mismo: convertir al Derecho y al Sistema de Justicia en un arma política para eliminar adversarios que no pudieron ser derrotados por el voto.

Ese fenómeno representa una de las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias constitucionales. Porque una democracia deja de ser plenamente democrática, cuando los jueces sustituyen la voluntad popular y cuando los procesos judiciales dejan de buscar la verdad para convertirse en instrumentos de persecución y proscripción política.

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Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad.

Por el profundo sentido cívico y el respeto institucional que han guiado mi vida y mis acciones… y por la indignación que me producen las ilegalidades de las que soy víctima, anuncio hoy que he presentado una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Lo hago con la convicción de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder.

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En 2022, luego de sufrir el atentado, un grupo de reconocidos juristas Internacionales, integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltazar Garzón Real (España), Juárez Tavares (Brasil), Francesco Shiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere (Italia), formularon una primera denuncia frente a la feroz persecución de la que estaba siendo víctima, y detallando las irregularidades y múltiples violaciones a mis derechos fundamentales. Luego vino la condena y proscripción en la causa “Vialidad”.

Y para llevar adelante esta nueva etapa de mi defensa, he decidido convocar a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim. Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece.

Ante ese Comité, todos los jueces argentinos que participaron en mi juzgamiento serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales.

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Compatriotas:

Jamás me doblegaré ante quienes creen que pueden vencer mediante la persecución y el miedo. Nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina.

Lucharé hasta el último día por el reconocimiento de mi inocencia.

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Lucharé porque sé que la verdad termina siempre abriéndose camino.

Lucharé porque creo profundamente en la justicia cuando actúa con independencia y con respeto al Derecho.

Y lucharé, sobre todo, por ustedes, por el pueblo argentino, que merece vivir en una República donde nadie sea perseguido por sus ideas políticas, donde ninguna mujer sea discriminada por ejercer el liderazgo y donde los derechos humanos sean una realidad para todos y no un privilegio para algunos.

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Quiero terminar dirigiéndome directamente a quienes hoy sienten angustia, incertidumbre o tristeza.

No bajen los brazos.

No permitan que les roben la esperanza.

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La historia de nuestro pueblo demuestra que ninguna injusticia ha sido eterna y que ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular.

Tengo una fe inmensa en la conciencia democrática del pueblo argentino.

Y por eso les digo, con la misma convicción con la que siempre enfrenté las horas más difíciles de nuestra historia y las de mi propia vida: muy pronto volveremos a encontrarnos. Volveremos a caminar juntos.

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Volveremos a construir una Argentina donde la solidaridad vuelva a ser un valor, donde la equidad vuelva a orientar el destino de la Nación y donde la dignidad del pueblo esté siempre por encima de cualquier privilegio.

Porque los pueblos pueden ser perseguidos. Pueden ser difamados. Pueden ser atacados.

Pero jamás podrán ser derrotados cuando permanezcan unidos en defensa de la democracia, de la memoria, de la justicia y de la verdad.

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Muchas gracias.

Y que Dios y la Virgen protejan siempre al Pueblo argentino».




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Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad

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La expresidenta Cristina Kirchner anunció que contrató a Rafael Valim para presentar un reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su condena en la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Se trata de uno de los abogados que defendió en la causa Lava Jato al actual mandatario de Brasil Lula da Silva.

La expresidenta cumple en prisión domiciliaria en su departamento de Constitución una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

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La exmandataria hizo el anuncio en una columna que publicó en medios internacionales, entre ellos El País de España, con el título: “Yo Cristina, en defensa de los derechos fundamentales y de la democracia”.

Cristina Kirchner redobló las críticas contra la Justicia: “La democracia no se agota en la celebración periódica de elecciones. Depende, ante todo, de la existencia de instituciones capaces de garantizar que la voluntad popular pueda expresarse libremente. Entre esas instituciones, ninguna desempeña un papel más decisivo que el poder judicial. Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido”.

La expresidenta dijo que es “víctima de violaciones de derechos humanos”, que consideró que “revelan un problema institucional que debe ser enfrentado”. “A lo largo de los últimos años, he sido sometida a un proceso marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal y por un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino».

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Además mencionó el atentado del 1° de septiembre de 2022, frente a su departamento en Recoleta, mientras era vicepresidenta de Alberto Fernández, y definió al ataque como “un episodio de extrema gravedad” que puso en riesgo su vida y que “evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.

Con duras críticas a la Justicia, Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad

Cristina Kirchner volvió a hablar de “persecución y proscripción” por la condena por Vialidad: “No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la presidencia de la nación argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos. Cuando esto ocurre, la violación deja de afectar únicamente a quien ocupa el banquillo de los acusados. Alcanza el derecho político de cada elector a elegir libremente a sus representantes”.

La exmandataria habló de “proscripción perpetua de un dirigente político mediante el uso abusivo del sistema de justicia», que calificó como “una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”: “No hay tanques en las calles ni clausura del Congreso. Las instituciones permanecen formalmente en funcionamiento. Pero, poco a poco, el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política”.

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La expresidenta habló de una transformación del derecho “en un instrumento para eliminar adversarios políticos» que tiene como resultado “el debilitamiento de la confianza pública en las instituciones y el deterioro progresivo de las democracias constitucionales”.

Cristina Kirchner contrató al abogado de Lula da Silva para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad

Cristina Kirchner contrató al abogado del presidente de Brasil para presentar un reclamo ante la ONU por su condena en la causa Vialidad: “Para conducir esta etapa internacional de mi defensa, convoqué a dos juristas extranjeros de reconocida autoridad: Rafael Valim, prestigioso jurista brasileño con destacada actuación ante tribunales internacionales, y Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La participación de ambos expresa la convicción de que el debate jurídico debe ser elevado al plano de los estándares universales de protección de la dignidad humana”.

La exmandataria dijo que hizo “una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en rechazo a la condena por la causa Vialidad: “Se trata de someter al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina”.

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Cristina Kirchner volvió a declararse inocente: “Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política”.

La expresidenta dijo que no busca “privilegios ni excepciones”: “Exijo únicamente aquello que todo ciudadano tiene derecho a esperar: un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino. Defender las garantías fundamentales nunca es un acto individual. Es defender el derecho de toda una sociedad a permanecer verdaderamente libre”.

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