El Gobierno quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada por el Congreso en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron un proyecto para eliminar la norma, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva iniciativa para adecuar el sistema argentino a estándares del Mercosur.

La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El oficialismo busca reemplazarla por un nuevo esquema, aunque primero intentará derogar la normativa actual, orientada a promover una alimentación más saludable.

El objetivo es que la Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

El proyecto lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), aunque forma parte del paquete de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según sostienen los legisladores, la actual Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos. “A más de cuatro años de su implementación, ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”, señalaron.

También cuestionaron el perfil nutricional adoptado al sancionarse la norma. Explicaron que la ley utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento.

“A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley”, argumentaron.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”.

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

“La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, señalaron.

Y agregaron: “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza”.

Comparación con otros países

El oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Como ejemplo mencionan el caso de los edulcorantes: cualquier producto que los contenga y cumpla función endulzante debe llevar la advertencia “contiene edulcorantes”, independientemente de la cantidad presente. “Esto significa que un producto con 1 gramo recibe el mismo tratamiento que otro con 20 gramos”, sostienen.

Qué establece la actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares.

Etiquetado frontal, Ley, Diputados

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, adelantó días atrás que la Argentina avanza en el proceso para ingresar al Programa de Exención de Visa de Estados Unidos, lo que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar al país norteamericano por turismo o negocios durante hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa consular.

“Nuestra expectativa y el trabajo que venimos realizando con Estados Unidos es que a inicios, comienzos, en los primeros meses del 2027, esto ya esté en funcionamiento”, sostuvo la funcionaria en LN+, en conversación con el periodista Luis Majul.

El Programa de Exención de Visado permite a ciudadanos de 40 países viajar a Estados Unidos sin una visa convencional, pero solo si obtienen antes una autorización ESTA válida y cumplen requisitos de pasaporte y elegibilidad fijados por las autoridades estadounidenses, según el Departamento de Estado de USA y la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

La autorización obligatoria antes de embarcar

Según la Embajada de EEUU en el país, toda persona que viaje bajo el Programa de Exención de Visado debe recibir una autorización electrónica antes de abordar un avión o un crucero con destino a Estados Unidos. Ese permiso se tramita a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la evaluación suele resolverse de manera casi inmediata en muchos casos y sirve para determinar si el solicitante reúne los requisitos del programa y si el viaje presenta problemas para las autoridades o riesgos de seguridad. El DHS recomienda presentar la solicitud al comenzar a planificar el viaje y con una antelación no menor a 72 horas.

El programa está limitado a viajes cuyo propósito sea compatible con una visa de visitante tipo B. Eso incluye turismo, negocios, reuniones, ferias, visitas a familiares o amigos, tratamientos médicos y cursos recreativos breves.

Quedan excluidos los estudios académicos, el empleo, el trabajo en medios de comunicación y cualquier intento de establecer residencia permanente en Estados Unidos. El Departamento de Estado también aclara que quien prefiera contar con una visa estampada en el pasaporte puede solicitar una visa de visitante tipo B.

Requisitos del pasaporte

Además de la autorización previa, el viajero debe presentar un pasaporte electrónico vigente. Se trata de un documento con chip integrado, diseñado para cotejar la identidad del titular con la información del pasaporte y ajustado a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional.

La exigencia también alcanza a pasaportes temporales o de emergencia. En esos casos, el documento igualmente debe ser electrónico, incluso si la persona solo está en tránsito por Estados Unidos.

La vigencia del pasaporte debe extenderse al menos seis meses más allá de la fecha prevista de salida de Estados Unidos, salvo que el país del viajero tenga un acuerdo específico que lo exima de ese plazo. Y que cada integrante de una familia, incluidos bebés y niños, debe contar con su propio pasaporte.

Países habilitados y restricciones

Según el Departamento de Estado, los países y territorios cuyos ciudadanos o nacionales pueden utilizar el programa son: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Catar, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

En el caso británico, precisa que solo pueden viajar bajo este régimen los ciudadanos británicos con derecho irrestricto de residencia permanente en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, las Islas del Canal y la Isla de Man. En el caso de Taiwán, la inclusión se apoya en la Ley de Relaciones con Taiwán de 1979, según la misma fuente.

La restricción más relevante no está en la duración del viaje, sino en quién queda afuera del sistema. De acuerdo con el Departamento de Estado, no pueden usar este programa quienes hayan viajado o permanecido en Corea del Norte, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen desde el 1 de marzo de 2011, ni quienes hayan estado en Cuba desde el 12 de enero de 2021, salvo excepciones limitadas por viajes diplomáticos o militares al servicio de un país miembro.

¿Qué pasa si no obtengo la autorización ESTA?

Si una persona no obtiene este permiso, puede consultar al Centro de Información de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) o iniciar el procedimiento de una visa regular en una embajada o consulado de Estados Unidos.

La red consular puede adelantar entrevistas en casos urgentes e imprevistos, como una emergencia médica, un funeral o el inicio del ciclo escolar.

Además, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza recomienda verificar el estado de la ESTA antes de hacer reservas o viajar, a través de los canales oficiales del DHS y la CBP, según el Departamento de Estado.

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