El Gobierno envió este jueves al Congreso de la Nación el proyecto para realizar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. La medida busca brindar reaseguros a los ahorristas para incentivar a que usen los llamados dólares del colchón.

“El objetivo es que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin penalidad de ningún tipo”, había planteado el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles en conferencia de prensa. Y agregó: “Queremos que haya más inversión, y la contracara de la inversión es el ahorro, que hoy están debajo del colchón”.

En ese contexto, el proyecto firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y Luis Caputo propone cambios sobre dos ejes centrales: la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y el régimen de prescripción tributaria.

Así, el Gobierno busca dar mayor seguridad jurídica al régimen simplificado, “equilibrando las garantías de los contribuyentes con las facultades de fiscalización del Estado”; y actualizar y racionalizar el esquema de infracciones en el ámbito del trabajo agrario, “garantizando su eficacia disuasoria sin perder de vista la razonabilidad y la proporcionalidad”.

Por un lado, la medida elimina los límites de ingresos o de patrimonio establecidos que restringían el acceso al régimen simplificado para quienes tenían ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Así, el Gobierno busca que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esta modalidad.

A su vez, los cambios redefinen el concepto de la “discrepancia significativa” que le permite a ARCA romper la presunción de exactitud del contribuyente. En el nuevo texto, se considera una discrepancia cuando la impugnación implique un aumento de impuesto o reducción de quebrantos no inferior al 15% de lo declarado; la diferencia supere el monto fijado en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430); o se detecte uso de facturas apócrifas o cómputo indebido de ingresos directos.

Además, se incorpora un piso mínimo equivalente al 5% del monto del Régimen Penal Tributario ($5 millones), por debajo del cual no se configura discrepancia significativa aunque se supere el 15%, para evitar —según el texto— que ajustes menores activen impugnaciones “desproporcionadas” contra contribuyentes de buena fe.

Por otro lado, las modificaciones incorporan la posibilidad de que el contribuyente rectifique su declaración y pague el ajuste dentro de los 15 días de notificado, sin perder por eso los beneficios del régimen.

A su vez, se agrega un mecanismo de reintegro acelerado, que obliga a ARCA a devolver lo pagado con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles si una impugnación termina siendo revocada.

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A la hora de prevenir el lavado de activos, el proyecto prevé que los contribuyentes que adhieran a la modalidad simplificada deberán canalizar sus operaciones utilizando los medios autorizados por el Banco Central y/o la Comisión Nacional de Valores.

“En conclusión, el proyecto de ley representa un avance sustancial en la consolidación de un sistema tributario más lógico y protector de los derechos de los medianos y pequeños contribuyentes, así como en la revalorización de las herramientas de fiscalización y sanción en el ámbito del trabajo rural, asegurando que las multas cumplan efectivamente su finalidad”, afirmó el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Dólares, Congreso, Javier Milei, Colchon

26 de junio de 202017:571‘minuto de lectura

El de esta tarde fue el octavo anuncio del presidente Alberto Fernández para detallar cómo será la siguiente fase de la cuarentena en el país. Se dio justo cuando se cumplen 100 días desde aquel 19 de marzo, en el que anunció que desde la medianoche regiría el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país.

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En ese momento, aún no se tenía mucho detalle de cómo evolucionaría la pandemia del coronavirus Covid-19 en el país, ni la importancia del distanciamiento social.

Con cada nuevo anuncio, la separación entre las personas que acompañaron al Presidente durante la conferencia se fue agrandando. Incluso, de cinco personas en el estrado se pasó a tres.

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LA NACION,Política

Claudio Balazic, ex secretario Administrativo del Sindicato de Camioneros y ex hombre de confianza de Hugo Moyano, fue echado este jueves del gremio por una asamblea extraordinaria, aunque ya está imputado en una causa judicial por fraude de unos 10 millones de dólares en el hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata.

La convocatoria al congreso sindical para expulsar al dirigente se adoptó de manera urgente, hace 24 horas, ante la inminencia de un agravamiento de la situación de Balazic ante la Justicia, según fuentes de Camioneros.

El expediente, radicado en la Unidad Funcional N° 10 de Delitos Económicos a cargo del fiscal Carlos David Bruna, investiga supuestos sobreprecios en servicios y alimentos del hotel del sindicato, ubicado en Santa Fe 2373, en pleno centro marplatense, a 4 cuadras del Casino y a 2 cuadras de la playa Bristol.

En realidad, la causa se inició a partir de una denuncia judicial presentada el 12 de septiembre de 2025 por Héctor “Yoyo” Maldonado, secretario de Prensa, Cultura y Turismo de Camioneros y estrecho allegado a Hugo Moyano, luego de lo cual, en octubre pasado, el líder del sindicato apartó de sus cargos a Balazic y a Paulo Villegas, secretario Tesorero de Camioneros.

La tensión en Camioneros por la denuncia judicial y el desplazamiento de los dos dirigentes del secretariado fue creciendo porque hubo indicios de que respondía a la dura interna del sindicato: a la semana del apartamiento de Balazic y Villegas, se arrojaron volantes con la leyenda “Marcelo Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” frente a la sede del gremio.

Aparicio, conocido como “Feúcho”, es secretario Gremial de Camioneros y cercano a Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, que mantuvo una prolongada pelea con su padre, Hugo, por fuertes diferencias acerca de la crítica situación financiera de la obra social.

Aunque padre y hijo dieron muestras de haberse reconciliado hace tres meses, en la asamblea donde se echó a Balazic, sugestivamente, Pablo Moyano y Aparicio no estuvieron sentados junto al líder de Camioneros sino en las últimas filas del salón del hotel Intersur, en el barrio de San Telmo, donde se hizo el encuentro.

Durante la asamblea, a la que no concurrió Balazic para defenderse, se dieron detalles acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el acusado. Por ejemplo, según uno de los congresales presentes, el ex dirigente de Camioneros habría cerrado 6 habitaciones del hotel para unirlas, las alquilaba para eventos o fiestas y las cobraba con facturas emitidas a su nombre.

Además, de acuerdo con la misma fuente, se habría verificado que el acusado llegó a encargar a proveedores unos 53 mil kilos de pescado por año, como constaría en pedidos facturas que están en poder de la Justicia, y que no habrían tenido que ver con servicios del hotel.

Según se informó en la asamblea, como consecuencia de las presuntas irregularidades detectadas, el sindicato presentaría también una denuncia judicial contra algunos proveedores de mercadería del hotel.

Además de Balazic y Villegas, en la causa están imputados un contador y varios ex empleados del hotel, y bajo análisis de la Justicia figurarían cheques firmados por algunos de los directivos desplazados.

“La causa está en pleno trámite, se recolectaron pruebas, en especial documentación y testimonios del personal del hotel, y siguen están trabajando los peritos contables e informáticos”, dijo una fuente judicial.

El escándalo del fraude en el hotel marplatense sacudió al Sindicato de Camioneros porque coincide con las innumerables quejas de los afiliados por el corte de prestaciones médicas por la crisis de la obra social, los acuerdos salariales a la baja y las protestas que hubo en la rama de recolección de residuos por no haber recibido indemnizaciones por la llamada “Ley Moyano”.