La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene listo el calendario oficial de pagos para mayo 2026. Incluye todas las prestaciones: jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás beneficios sociales.

Los haberes se acreditarán con un aumento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo informada por el INDEC. Este porcentaje replica el esquema de movilidad mensual que rige desde el año pasado, donde los ajustes siguen automáticamente la variación del índice de precios al consumidor con dos meses de rezago.

Todos los beneficiarios cobrarán según la terminación de su DNI, siguiendo el cronograma habitual que ANSES utiliza para ordenar los pagos.

Cuándo cobran jubilados y pensionados con el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben hasta el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el lunes 11 de mayo. Las fechas se extienden hasta el jueves 21 de mayo.

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Fechas de pago para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes cobran por encima del mínimo garantizado reciben sus haberes en la segunda quincena. El cronograma arranca el viernes 22 de mayo y cierra el viernes 29.

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar: cuándo se pagan en mayo

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo se abonan del 11 al 22 de mayo, también según terminación de DNI. A diferencia de las jubilaciones, estas prestaciones no tienen distinción por monto.

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Pensiones No Contributivas: el calendario de la primera quincena

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y otras causales se pagan entre el 11 y el 15 de mayo. ANSES agrupa las terminaciones de DNI de a dos.

• DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación Universal por Embarazo: fechas y requisitos

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) sigue el mismo cronograma que la AUH, con pagos del 11 al 22 de mayo según DNI.

• DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
• DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
• DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
• DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
• DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
• DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
• DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
• DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Cuánto se cobra de jubilación mínima en mayo 2026

Con el incremento del 3,4%, la jubilación mínima pasa a $393.250,17 en mayo. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes perciben el haber más bajo.

El ingreso total de bolsillo para un jubilado con la mínima llega a $463.250,17 sumando haber y bono.

En el extremo opuesto, la jubilación máxima se ubica en $2.646.201,22. Esa cifra marca el tope mensual para quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral.

Nuevos montos de AUH y asignaciones familiares

El aumento del 3,4% también impacta en las asignaciones que cobra cada familia beneficiaria. Los valores actualizados rigen desde mayo 2026.

La Asignación Universal por Hijo queda en $141.312,64, aunque el pago mensual es del 80% de ese monto: $113.050. El 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta Sanitaria con los controles de salud al día y el certificado de escolaridad correspondiente, requisito obligatorio para cobrar el saldo retenido.

La AUH por Discapacidad asciende a $458.354 y se cobra el 100% del monto sin ninguna retención.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) mantiene el mismo valor que la AUH: $141.312,64, y replica el esquema de pago con retención del 20%.

Todos estos beneficios se actualizan automáticamente y se acreditan en la cuenta bancaria o billetera virtual que cada titular tiene declarada ante ANSES.

PUAM y pensiones no contributivas: los montos de mayo

Las pensiones también reflejan el ajuste por inflación de marzo. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $314.600,12.

Esta prestación está destinada a personas mayores de 65 años que no lograron reunir los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria, y funciona como una red de contención para quienes no tienen ingresos previsionales.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $275.275,12. Estas prestaciones apuntan a personas en situación de vulnerabilidad social que no cuentan con otros ingresos formales.

Todos estos montos se pagan según el calendario oficial y no requieren ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

El fuerte aumento de los índices de morosidad bancaria y no bancaria que se observa desde diciembre pasado en la mayoría de los créditos otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Esto responde, en gran parte, a la fuerte suba de las tasas de interés del año pasado, muy por encima de la inflación, en un contexto de salarios con una indexación cercana a esa inflación.

En la actualidad, tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición, con tasas de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales y tarjetas en niveles récord. En marzo, estos alcanzaron los registros más altos desde la crisis de 2001.

El aumento de la morosidad genera una gran preocupación en el Gobierno, en los bancos públicos, privados y provinciales, y en las empresas dueñas de billeteras digitales.

El índice de morosidad aumentó en los primeros meses de 2026. De acuerdo con informes del sector y cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en la financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras rondan el 25%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados.

Esto genera intereses moratorios y punitorios, junto con reportes negativos en centrales de riesgo y posibles acciones legales, como embargos. En marzo, la morosidad bancaria alcanzó el 11,2%, según datos extraoficiales, con un impacto del 9,1% en las familias.

Uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad en entidades no bancarias —mutuales, cooperativas y financieras del interior—, producto del aumento de la mora en préstamos otorgados principalmente a trabajadores del sector público mediante sistemas de código de descuento. En algunos casos, estos niveles superan el 30% y resultan difíciles de refinanciar.

Cómo funciona el plan santafesino que otros gobiernos estudian replicar

En este contexto se inscribe el reciente programa lanzado por la provincia de Santa Fe, que también analizan implementar otros gobernadores e intendentes afectados por la misma problemática.

El denominado «Plan de Protección de los Ingresos», lanzado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla una batería de medidas orientadas a reducir la morosidad en préstamos otorgados a empleados estatales, trabajadores privados, autónomos y jubilados cuyos ingresos se ven afectados por estos descuentos asociados a créditos.

El objetivo es, por un lado, aliviar el ingreso disponible de las familias en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que se convirtió en un factor relevante de conflictividad salarial, como se observó en febrero.

Según fuentes cercanas al gobierno provincial, el plan busca aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no superen el 25% del salario, en línea con criterios similares a los utilizados en créditos hipotecarios.

El programa también incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado.

Al analizar la iniciativa, se observa que combina herramientas de alivio inmediato con instancias de educación financiera y asesoramiento institucional. Además, apunta a recuperar el ingreso disponible de las familias, afectado por cuotas e intereses que se descuentan mensualmente del salario o la jubilación.

Según datos de la provincia, un 35% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este universo se suman:

• Unos 7.000 jubilados afectados por descuentos excesivos
• Cerca de 60.000 trabajadores autónomos y del sector privado con compromisos financieros

El plan busca reducir los altos niveles de deuda no bancaria y frenar prácticas de financieras, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento y aplican intereses punitorios y costos adicionales que, en algunos casos, representan casi la mitad de un ingreso bruto promedio de $800.000.

Una de las causas que impulsó el diseño de este mecanismo fue el malestar salarial expresado por policías y docentes en las protestas de febrero, donde muchos trabajadores señalaban que, aunque sus salarios superaban el millón de pesos, percibían montos significativamente menores debido a descuentos por créditos.

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. En casos extremos, hay empleados con compromisos equivalentes a hasta cinco salarios.

El cambio clave que obliga a reordenar todo el sistema financiero

El plan establece un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema vigente.

En ese sentido, la provincia avanzará con un reempadronamiento de entidades —cooperativas, mutuales y financieras— que operan con códigos de descuento. Entre ellas figura el Nuevo Banco de Santa Fe, aunque representa solo el 10% de la cartera crediticia de empleados estatales. El mayor problema se concentra en cooperativas, mutuales y financieras, a las que se les pedirá refinanciar deudas bajo nuevas condiciones.

Si estas entidades no aceptan adecuarse al nuevo límite, el gobierno provincial podría restringirles el acceso a nuevos clientes dentro del sistema. En paralelo, se reserva la posibilidad de intervenir en casos sin acuerdo y ofrecer asistencia financiera a tasa cero.

Las mutuales sindicales, que operan con códigos de descuento, suelen prestar a tasas más bajas, pero el mayor problema de endeudamiento se concentra en otras entidades, como una mutual de alcance nacional denominada Red Mutual.

El código de descuento es un mecanismo por el cual mutuales, cooperativas o sindicatos debitan automáticamente cuotas o préstamos del salario o haber previsional, funcionando como una retención directa.

El aumento de la morosidad afecta hoy a una gran cantidad de familias —y en menor medida a empresas—, generando preocupación en asociaciones bancarias como ADEBA, ABA y ABE, así como en fintech y billeteras virtuales, donde el endeudamiento no bancario es particularmente elevado.

La mora crece porque, con una inflación más baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre los ingresos, mientras que las tasas reales positivas encarecen la refinanciación.

En la Expo EFI, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que «el aumento de la mora bancaria se está saneando» y relativizó el salto reciente. Señaló que los bancos ya habrían visto el pico de morosidad y que hay indicios de mejora en los datos de marzo y abril.

También destacó que los bancos debieron reconstruir sus sistemas de evaluación crediticia y que hubo una primera ola de créditos otorgados con menor información, lo que contribuyó al aumento de la mora.

Además, remarcó que, con menor inflación, desaparece el efecto de licuación de las deudas, lo que incrementa el peso de las cuotas sobre los ingresos.

Para dimensionar la situación, antes de la pandemia la morosidad promedio del sistema era del 7% en diciembre de 2019, tras haber sido del 3,2% en 2016. Durante la pandemia, la flexibilización regulatoria redujo artificialmente los niveles de mora.

A diferencia de ese período, la situación actual responde a un contexto en el que muchos se endeudaron desde 2024 esperando una recuperación económica más fuerte, con salarios creciendo por encima de la inflación y una baja más pronunciada de tasas.

La mora en tarjetas de crédito bancarias subió del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En hogares alcanza el 9,3%, en fintech supera el 25% y en entidades no bancarias supera el 30%.

Este escenario afecta principalmente a familias y genera creciente preocupación tanto en el sistema financiero como en el universo de crédito no bancario.

La pregunta no deja de repetirse entre analistas y empresarios, con mayor insistencia si se considera que el Banco Central ya compró USD 7.000 millones en lo que va del año. Si la oferta de dólares es muy fuerte y promete serlo aún más, con un tipo de cambio está planchado, ¿por qué el Gobierno no aprovecha para quitar el remanente del cepo cambiario que todavía rige para las empresas? La respuesta no tiene que ver con la oportunidad, sino con algo más conceptual: el Banco Central no ve necesidad de hacer cambios.

En su discurso de esta semana en ExpoEFI, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo que la compra de dólares le permitirá al Central “avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias”, al tiempo que destacó que este año las empresas extranjeras ya distribuyeron dividendos por más de USD 1.300 millones. También recordó que ya se relajaron algunas trabas del cepo para las empresas, pero que a la vez se mantendrá “un sesgo prudencial buscando evitar los movimientos de capital de corto plazo”.

Más allá del discurso público, la visión del Central apunta a hacer “cambios quirúrgicos”, a quitar alguna capa del cepo aún vigente que ponga en riesgo alguna operación puntual. De allí que cada vez se vuelve menos esperable que el BCRA habilite la compra de dólares para las personas jurídicas del mismo modo en que se lo hizo para las personas físicas en abril de 2025. O dicho de otra forma: que la apertura del cepo cambiario de Javier Milei se parezca a la desregulación total que aplicó en el comienzo de su gestión Mauricio Macri.

En el Central no hay ningún apuro para una desregulación cambiaria total. En la entidad reina la idea de que se levantarán más restricciones únicamente si afecta algún aspecto del funcionamiento de la economía. Si hay exportaciones récord e importaciones fluidas (al punto que hay críticas porque se importa demasiado), ¿para qué modificar el esquema actual?

Esa idea se llevó un ejecutivo del sector financiero que, según relató a Infobae, hizo la consabida pregunta, cuánto se permitirá comprar libremente dólares a las empresas, a una alta autoridad del BCRA. La respuesta lo sorprendió: “¿Para qué? Las empresas no necesitan comprar dólares para atesorar. Acá se cree que es un derecho. En Brasil, en México o en Colombia, las empresas ni siquiera tienen cuentas en dólares“. La entrelínea de la respuesta indica que todo puede quedar casi como está hoy.

Al haber una brecha cambiaria reducida, entienden en el Central, las empresas pueden manejarse sin problemas con los dólares alternativos, aún en sectores que demandan divisas en forma intensa, como el turismo. Que las empresas puedan comprar dólares en el mercado oficial para “hacer caja”, no es una prioridad.

De esa forma, la postura oficial es que en materia de cepo a las empresas no hay cuestiones pendientes, aún cuando sí hay disposición a analizar cambios puntuales, tales como los que se implementaron hace dos semanas. Esa posición aleja la posibilidad de que las personas jurídicas accedan a dólares oficiales como cobertura y le quita la ilusión a muchas multinacionales que acumularon años sin poder girar dividendos a sus casas matrices de poder normalizar esa situación. Esa anomalía se corrige hacia el futuro, no hacia el pasado.

La normativa del BCRA todavía mantiene para las personas jurídicas diversas regulaciones y restricciones cambiarias en vigencia, no solamente en lo que hace a la compra de dólares para atesorar, sino también en cuanto a plazos para liquidar exportaciones, restricciones cruzadas entre el dólar oficial y el financiero, el “parking” para la compra de títulos, las deudas “intercompany” y el ya mencionado giro de dividendos, entre otras.

En este escenario, el BCRA puede decidir que por el momento el esquema cambiario para las empresas quede, a grandes rasgos, con su diseño actual, siempre que no existan dificultades para el comercio exterior, en apoyo al criterio general de abrir la economía al mundo.

Otras voces ven contradicciones entre esa narrativa de apertura y desregulación que pregona el Gobierno y la permanencia de los controles. Algunos incluso ven un impacto negativo del cepo sobre la llegada de inversiones extranjeras y sobre el punto en que el gobierno de Javier Milei pone todas sus fichas: la pelea contra la inflación.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó en su blog un artículo cuyo título resume esa idea: “La remoción total de los controles de cambio alentaría la inversión eficiente y aumentaría la productividad de la economía”. Allí aseguró que sin una reforma monetaria hay riesgos de que “el proceso de desinflación tienda a ralentizarse o empantanarse”.

Para Cavallo, quitar el cepo pendiente “es, probablemente, la política de liberalización y desregulación económica con mayor potencial, porque, al impulsar la caída del riesgo país, ayudaría a reactivar la economía en el corto plazo e impulsar el crecimiento genuino”.

Cavallo destacó además que la persistencia de los controles cambiarios y de capitales le pone un freno a los cambios promovidos por Federico Sturzenegger: “La liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al facilitar la reasignación de recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores con potencial de expansión”.

En concreto, el ministro de Economía de Carlos Menem propone “suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las empresas” y disponer que quienes exportan o quienes consiguen financiamiento en dólares en el exterior no estén obligados a vender esas divisas al BCRA.

En su opinión, el fuerte superávit comercial reduce considerablemente el riesgo de que levantar el cepo por completo provoque “un salto devaluatorio pronunciado”. A la vez, Cavallo dejó una advertencia: si continúan los controles y el superávit comercial se reduce, “el cambio hacia la libertad cambiaria puede resultar traumático”.