El fuerte aumento de los índices de morosidad bancaria y no bancaria que se observa desde diciembre pasado en la mayoría de los créditos otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Esto responde, en gran parte, a la fuerte suba de las tasas de interés del año pasado, muy por encima de la inflación, en un contexto de salarios con una indexación cercana a esa inflación.

En la actualidad, tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición, con tasas de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales y tarjetas en niveles récord. En marzo, estos alcanzaron los registros más altos desde la crisis de 2001.

El aumento de la morosidad genera una gran preocupación en el Gobierno, en los bancos públicos, privados y provinciales, y en las empresas dueñas de billeteras digitales.

El índice de morosidad aumentó en los primeros meses de 2026. De acuerdo con informes del sector y cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en la financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras rondan el 25%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados.

Esto genera intereses moratorios y punitorios, junto con reportes negativos en centrales de riesgo y posibles acciones legales, como embargos. En marzo, la morosidad bancaria alcanzó el 11,2%, según datos extraoficiales, con un impacto del 9,1% en las familias.

Uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad en entidades no bancarias —mutuales, cooperativas y financieras del interior—, producto del aumento de la mora en préstamos otorgados principalmente a trabajadores del sector público mediante sistemas de código de descuento. En algunos casos, estos niveles superan el 30% y resultan difíciles de refinanciar.

Cómo funciona el plan santafesino que otros gobiernos estudian replicar

En este contexto se inscribe el reciente programa lanzado por la provincia de Santa Fe, que también analizan implementar otros gobernadores e intendentes afectados por la misma problemática.

El denominado «Plan de Protección de los Ingresos», lanzado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla una batería de medidas orientadas a reducir la morosidad en préstamos otorgados a empleados estatales, trabajadores privados, autónomos y jubilados cuyos ingresos se ven afectados por estos descuentos asociados a créditos.

El objetivo es, por un lado, aliviar el ingreso disponible de las familias en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que se convirtió en un factor relevante de conflictividad salarial, como se observó en febrero.

Según fuentes cercanas al gobierno provincial, el plan busca aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no superen el 25% del salario, en línea con criterios similares a los utilizados en créditos hipotecarios.

El programa también incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado.

Al analizar la iniciativa, se observa que combina herramientas de alivio inmediato con instancias de educación financiera y asesoramiento institucional. Además, apunta a recuperar el ingreso disponible de las familias, afectado por cuotas e intereses que se descuentan mensualmente del salario o la jubilación.

Según datos de la provincia, un 35% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este universo se suman:

• Unos 7.000 jubilados afectados por descuentos excesivos
• Cerca de 60.000 trabajadores autónomos y del sector privado con compromisos financieros

El plan busca reducir los altos niveles de deuda no bancaria y frenar prácticas de financieras, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento y aplican intereses punitorios y costos adicionales que, en algunos casos, representan casi la mitad de un ingreso bruto promedio de $800.000.

Una de las causas que impulsó el diseño de este mecanismo fue el malestar salarial expresado por policías y docentes en las protestas de febrero, donde muchos trabajadores señalaban que, aunque sus salarios superaban el millón de pesos, percibían montos significativamente menores debido a descuentos por créditos.

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. En casos extremos, hay empleados con compromisos equivalentes a hasta cinco salarios.

El cambio clave que obliga a reordenar todo el sistema financiero

El plan establece un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema vigente.

En ese sentido, la provincia avanzará con un reempadronamiento de entidades —cooperativas, mutuales y financieras— que operan con códigos de descuento. Entre ellas figura el Nuevo Banco de Santa Fe, aunque representa solo el 10% de la cartera crediticia de empleados estatales. El mayor problema se concentra en cooperativas, mutuales y financieras, a las que se les pedirá refinanciar deudas bajo nuevas condiciones.

Si estas entidades no aceptan adecuarse al nuevo límite, el gobierno provincial podría restringirles el acceso a nuevos clientes dentro del sistema. En paralelo, se reserva la posibilidad de intervenir en casos sin acuerdo y ofrecer asistencia financiera a tasa cero.

Las mutuales sindicales, que operan con códigos de descuento, suelen prestar a tasas más bajas, pero el mayor problema de endeudamiento se concentra en otras entidades, como una mutual de alcance nacional denominada Red Mutual.

El código de descuento es un mecanismo por el cual mutuales, cooperativas o sindicatos debitan automáticamente cuotas o préstamos del salario o haber previsional, funcionando como una retención directa.

El aumento de la morosidad afecta hoy a una gran cantidad de familias —y en menor medida a empresas—, generando preocupación en asociaciones bancarias como ADEBA, ABA y ABE, así como en fintech y billeteras virtuales, donde el endeudamiento no bancario es particularmente elevado.

La mora crece porque, con una inflación más baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre los ingresos, mientras que las tasas reales positivas encarecen la refinanciación.

En la Expo EFI, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que «el aumento de la mora bancaria se está saneando» y relativizó el salto reciente. Señaló que los bancos ya habrían visto el pico de morosidad y que hay indicios de mejora en los datos de marzo y abril.

También destacó que los bancos debieron reconstruir sus sistemas de evaluación crediticia y que hubo una primera ola de créditos otorgados con menor información, lo que contribuyó al aumento de la mora.

Además, remarcó que, con menor inflación, desaparece el efecto de licuación de las deudas, lo que incrementa el peso de las cuotas sobre los ingresos.

Para dimensionar la situación, antes de la pandemia la morosidad promedio del sistema era del 7% en diciembre de 2019, tras haber sido del 3,2% en 2016. Durante la pandemia, la flexibilización regulatoria redujo artificialmente los niveles de mora.

A diferencia de ese período, la situación actual responde a un contexto en el que muchos se endeudaron desde 2024 esperando una recuperación económica más fuerte, con salarios creciendo por encima de la inflación y una baja más pronunciada de tasas.

La mora en tarjetas de crédito bancarias subió del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En hogares alcanza el 9,3%, en fintech supera el 25% y en entidades no bancarias supera el 30%.

Este escenario afecta principalmente a familias y genera creciente preocupación tanto en el sistema financiero como en el universo de crédito no bancario.