La pregunta no deja de repetirse entre analistas y empresarios, con mayor insistencia si se considera que el Banco Central ya compró USD 7.000 millones en lo que va del año. Si la oferta de dólares es muy fuerte y promete serlo aún más, con un tipo de cambio está planchado, ¿por qué el Gobierno no aprovecha para quitar el remanente del cepo cambiario que todavía rige para las empresas? La respuesta no tiene que ver con la oportunidad, sino con algo más conceptual: el Banco Central no ve necesidad de hacer cambios.

En su discurso de esta semana en ExpoEFI, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo que la compra de dólares le permitirá al Central “avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias”, al tiempo que destacó que este año las empresas extranjeras ya distribuyeron dividendos por más de USD 1.300 millones. También recordó que ya se relajaron algunas trabas del cepo para las empresas, pero que a la vez se mantendrá “un sesgo prudencial buscando evitar los movimientos de capital de corto plazo”.

Más allá del discurso público, la visión del Central apunta a hacer “cambios quirúrgicos”, a quitar alguna capa del cepo aún vigente que ponga en riesgo alguna operación puntual. De allí que cada vez se vuelve menos esperable que el BCRA habilite la compra de dólares para las personas jurídicas del mismo modo en que se lo hizo para las personas físicas en abril de 2025. O dicho de otra forma: que la apertura del cepo cambiario de Javier Milei se parezca a la desregulación total que aplicó en el comienzo de su gestión Mauricio Macri.

En el Central no hay ningún apuro para una desregulación cambiaria total. En la entidad reina la idea de que se levantarán más restricciones únicamente si afecta algún aspecto del funcionamiento de la economía. Si hay exportaciones récord e importaciones fluidas (al punto que hay críticas porque se importa demasiado), ¿para qué modificar el esquema actual?

Esa idea se llevó un ejecutivo del sector financiero que, según relató a Infobae, hizo la consabida pregunta, cuánto se permitirá comprar libremente dólares a las empresas, a una alta autoridad del BCRA. La respuesta lo sorprendió: “¿Para qué? Las empresas no necesitan comprar dólares para atesorar. Acá se cree que es un derecho. En Brasil, en México o en Colombia, las empresas ni siquiera tienen cuentas en dólares“. La entrelínea de la respuesta indica que todo puede quedar casi como está hoy.

Al haber una brecha cambiaria reducida, entienden en el Central, las empresas pueden manejarse sin problemas con los dólares alternativos, aún en sectores que demandan divisas en forma intensa, como el turismo. Que las empresas puedan comprar dólares en el mercado oficial para “hacer caja”, no es una prioridad.

De esa forma, la postura oficial es que en materia de cepo a las empresas no hay cuestiones pendientes, aún cuando sí hay disposición a analizar cambios puntuales, tales como los que se implementaron hace dos semanas. Esa posición aleja la posibilidad de que las personas jurídicas accedan a dólares oficiales como cobertura y le quita la ilusión a muchas multinacionales que acumularon años sin poder girar dividendos a sus casas matrices de poder normalizar esa situación. Esa anomalía se corrige hacia el futuro, no hacia el pasado.

La normativa del BCRA todavía mantiene para las personas jurídicas diversas regulaciones y restricciones cambiarias en vigencia, no solamente en lo que hace a la compra de dólares para atesorar, sino también en cuanto a plazos para liquidar exportaciones, restricciones cruzadas entre el dólar oficial y el financiero, el “parking” para la compra de títulos, las deudas “intercompany” y el ya mencionado giro de dividendos, entre otras.

En este escenario, el BCRA puede decidir que por el momento el esquema cambiario para las empresas quede, a grandes rasgos, con su diseño actual, siempre que no existan dificultades para el comercio exterior, en apoyo al criterio general de abrir la economía al mundo.

Otras voces ven contradicciones entre esa narrativa de apertura y desregulación que pregona el Gobierno y la permanencia de los controles. Algunos incluso ven un impacto negativo del cepo sobre la llegada de inversiones extranjeras y sobre el punto en que el gobierno de Javier Milei pone todas sus fichas: la pelea contra la inflación.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó en su blog un artículo cuyo título resume esa idea: “La remoción total de los controles de cambio alentaría la inversión eficiente y aumentaría la productividad de la economía”. Allí aseguró que sin una reforma monetaria hay riesgos de que “el proceso de desinflación tienda a ralentizarse o empantanarse”.

Para Cavallo, quitar el cepo pendiente “es, probablemente, la política de liberalización y desregulación económica con mayor potencial, porque, al impulsar la caída del riesgo país, ayudaría a reactivar la economía en el corto plazo e impulsar el crecimiento genuino”.

Cavallo destacó además que la persistencia de los controles cambiarios y de capitales le pone un freno a los cambios promovidos por Federico Sturzenegger: “La liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al facilitar la reasignación de recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores con potencial de expansión”.

En concreto, el ministro de Economía de Carlos Menem propone “suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las empresas” y disponer que quienes exportan o quienes consiguen financiamiento en dólares en el exterior no estén obligados a vender esas divisas al BCRA.

En su opinión, el fuerte superávit comercial reduce considerablemente el riesgo de que levantar el cepo por completo provoque “un salto devaluatorio pronunciado”. A la vez, Cavallo dejó una advertencia: si continúan los controles y el superávit comercial se reduce, “el cambio hacia la libertad cambiaria puede resultar traumático”.