El fuerte aumento de los índices de morosidad bancaria y no bancaria que se observa desde diciembre pasado en la mayoría de los créditos otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Esto responde, en gran parte, a la fuerte suba de las tasas de interés del año pasado, muy por encima de la inflación, en un contexto de salarios con una indexación cercana a esa inflación.

En la actualidad, tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición, con tasas de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales y tarjetas en niveles récord. En marzo, estos alcanzaron los registros más altos desde la crisis de 2001.

El aumento de la morosidad genera una gran preocupación en el Gobierno, en los bancos públicos, privados y provinciales, y en las empresas dueñas de billeteras digitales.

El índice de morosidad aumentó en los primeros meses de 2026. De acuerdo con informes del sector y cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en la financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras rondan el 25%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados.

Esto genera intereses moratorios y punitorios, junto con reportes negativos en centrales de riesgo y posibles acciones legales, como embargos. En marzo, la morosidad bancaria alcanzó el 11,2%, según datos extraoficiales, con un impacto del 9,1% en las familias.

Uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad en entidades no bancarias —mutuales, cooperativas y financieras del interior—, producto del aumento de la mora en préstamos otorgados principalmente a trabajadores del sector público mediante sistemas de código de descuento. En algunos casos, estos niveles superan el 30% y resultan difíciles de refinanciar.

Cómo funciona el plan santafesino que otros gobiernos estudian replicar

En este contexto se inscribe el reciente programa lanzado por la provincia de Santa Fe, que también analizan implementar otros gobernadores e intendentes afectados por la misma problemática.

El denominado «Plan de Protección de los Ingresos», lanzado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla una batería de medidas orientadas a reducir la morosidad en préstamos otorgados a empleados estatales, trabajadores privados, autónomos y jubilados cuyos ingresos se ven afectados por estos descuentos asociados a créditos.

El objetivo es, por un lado, aliviar el ingreso disponible de las familias en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que se convirtió en un factor relevante de conflictividad salarial, como se observó en febrero.

Según fuentes cercanas al gobierno provincial, el plan busca aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no superen el 25% del salario, en línea con criterios similares a los utilizados en créditos hipotecarios.

El programa también incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado.

Al analizar la iniciativa, se observa que combina herramientas de alivio inmediato con instancias de educación financiera y asesoramiento institucional. Además, apunta a recuperar el ingreso disponible de las familias, afectado por cuotas e intereses que se descuentan mensualmente del salario o la jubilación.

Según datos de la provincia, un 35% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este universo se suman:

• Unos 7.000 jubilados afectados por descuentos excesivos
• Cerca de 60.000 trabajadores autónomos y del sector privado con compromisos financieros

El plan busca reducir los altos niveles de deuda no bancaria y frenar prácticas de financieras, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento y aplican intereses punitorios y costos adicionales que, en algunos casos, representan casi la mitad de un ingreso bruto promedio de $800.000.

Una de las causas que impulsó el diseño de este mecanismo fue el malestar salarial expresado por policías y docentes en las protestas de febrero, donde muchos trabajadores señalaban que, aunque sus salarios superaban el millón de pesos, percibían montos significativamente menores debido a descuentos por créditos.

El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. En casos extremos, hay empleados con compromisos equivalentes a hasta cinco salarios.

El cambio clave que obliga a reordenar todo el sistema financiero

El plan establece un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema vigente.

En ese sentido, la provincia avanzará con un reempadronamiento de entidades —cooperativas, mutuales y financieras— que operan con códigos de descuento. Entre ellas figura el Nuevo Banco de Santa Fe, aunque representa solo el 10% de la cartera crediticia de empleados estatales. El mayor problema se concentra en cooperativas, mutuales y financieras, a las que se les pedirá refinanciar deudas bajo nuevas condiciones.

Si estas entidades no aceptan adecuarse al nuevo límite, el gobierno provincial podría restringirles el acceso a nuevos clientes dentro del sistema. En paralelo, se reserva la posibilidad de intervenir en casos sin acuerdo y ofrecer asistencia financiera a tasa cero.

Las mutuales sindicales, que operan con códigos de descuento, suelen prestar a tasas más bajas, pero el mayor problema de endeudamiento se concentra en otras entidades, como una mutual de alcance nacional denominada Red Mutual.

El código de descuento es un mecanismo por el cual mutuales, cooperativas o sindicatos debitan automáticamente cuotas o préstamos del salario o haber previsional, funcionando como una retención directa.

El aumento de la morosidad afecta hoy a una gran cantidad de familias —y en menor medida a empresas—, generando preocupación en asociaciones bancarias como ADEBA, ABA y ABE, así como en fintech y billeteras virtuales, donde el endeudamiento no bancario es particularmente elevado.

La mora crece porque, con una inflación más baja, las cuotas ya no se licúan y la deuda pesa más sobre los ingresos, mientras que las tasas reales positivas encarecen la refinanciación.

En la Expo EFI, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó que «el aumento de la mora bancaria se está saneando» y relativizó el salto reciente. Señaló que los bancos ya habrían visto el pico de morosidad y que hay indicios de mejora en los datos de marzo y abril.

También destacó que los bancos debieron reconstruir sus sistemas de evaluación crediticia y que hubo una primera ola de créditos otorgados con menor información, lo que contribuyó al aumento de la mora.

Además, remarcó que, con menor inflación, desaparece el efecto de licuación de las deudas, lo que incrementa el peso de las cuotas sobre los ingresos.

Para dimensionar la situación, antes de la pandemia la morosidad promedio del sistema era del 7% en diciembre de 2019, tras haber sido del 3,2% en 2016. Durante la pandemia, la flexibilización regulatoria redujo artificialmente los niveles de mora.

A diferencia de ese período, la situación actual responde a un contexto en el que muchos se endeudaron desde 2024 esperando una recuperación económica más fuerte, con salarios creciendo por encima de la inflación y una baja más pronunciada de tasas.

La mora en tarjetas de crédito bancarias subió del 2% en enero de 2025 al 11% en enero de 2026. En hogares alcanza el 9,3%, en fintech supera el 25% y en entidades no bancarias supera el 30%.

Este escenario afecta principalmente a familias y genera creciente preocupación tanto en el sistema financiero como en el universo de crédito no bancario.

La pregunta no deja de repetirse entre analistas y empresarios, con mayor insistencia si se considera que el Banco Central ya compró USD 7.000 millones en lo que va del año. Si la oferta de dólares es muy fuerte y promete serlo aún más, con un tipo de cambio está planchado, ¿por qué el Gobierno no aprovecha para quitar el remanente del cepo cambiario que todavía rige para las empresas? La respuesta no tiene que ver con la oportunidad, sino con algo más conceptual: el Banco Central no ve necesidad de hacer cambios.

En su discurso de esta semana en ExpoEFI, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, dijo que la compra de dólares le permitirá al Central “avanzar en el desarme de las restricciones cambiarias”, al tiempo que destacó que este año las empresas extranjeras ya distribuyeron dividendos por más de USD 1.300 millones. También recordó que ya se relajaron algunas trabas del cepo para las empresas, pero que a la vez se mantendrá “un sesgo prudencial buscando evitar los movimientos de capital de corto plazo”.

Más allá del discurso público, la visión del Central apunta a hacer “cambios quirúrgicos”, a quitar alguna capa del cepo aún vigente que ponga en riesgo alguna operación puntual. De allí que cada vez se vuelve menos esperable que el BCRA habilite la compra de dólares para las personas jurídicas del mismo modo en que se lo hizo para las personas físicas en abril de 2025. O dicho de otra forma: que la apertura del cepo cambiario de Javier Milei se parezca a la desregulación total que aplicó en el comienzo de su gestión Mauricio Macri.

En el Central no hay ningún apuro para una desregulación cambiaria total. En la entidad reina la idea de que se levantarán más restricciones únicamente si afecta algún aspecto del funcionamiento de la economía. Si hay exportaciones récord e importaciones fluidas (al punto que hay críticas porque se importa demasiado), ¿para qué modificar el esquema actual?

Esa idea se llevó un ejecutivo del sector financiero que, según relató a Infobae, hizo la consabida pregunta, cuánto se permitirá comprar libremente dólares a las empresas, a una alta autoridad del BCRA. La respuesta lo sorprendió: “¿Para qué? Las empresas no necesitan comprar dólares para atesorar. Acá se cree que es un derecho. En Brasil, en México o en Colombia, las empresas ni siquiera tienen cuentas en dólares“. La entrelínea de la respuesta indica que todo puede quedar casi como está hoy.

Al haber una brecha cambiaria reducida, entienden en el Central, las empresas pueden manejarse sin problemas con los dólares alternativos, aún en sectores que demandan divisas en forma intensa, como el turismo. Que las empresas puedan comprar dólares en el mercado oficial para “hacer caja”, no es una prioridad.

De esa forma, la postura oficial es que en materia de cepo a las empresas no hay cuestiones pendientes, aún cuando sí hay disposición a analizar cambios puntuales, tales como los que se implementaron hace dos semanas. Esa posición aleja la posibilidad de que las personas jurídicas accedan a dólares oficiales como cobertura y le quita la ilusión a muchas multinacionales que acumularon años sin poder girar dividendos a sus casas matrices de poder normalizar esa situación. Esa anomalía se corrige hacia el futuro, no hacia el pasado.

La normativa del BCRA todavía mantiene para las personas jurídicas diversas regulaciones y restricciones cambiarias en vigencia, no solamente en lo que hace a la compra de dólares para atesorar, sino también en cuanto a plazos para liquidar exportaciones, restricciones cruzadas entre el dólar oficial y el financiero, el “parking” para la compra de títulos, las deudas “intercompany” y el ya mencionado giro de dividendos, entre otras.

En este escenario, el BCRA puede decidir que por el momento el esquema cambiario para las empresas quede, a grandes rasgos, con su diseño actual, siempre que no existan dificultades para el comercio exterior, en apoyo al criterio general de abrir la economía al mundo.

Otras voces ven contradicciones entre esa narrativa de apertura y desregulación que pregona el Gobierno y la permanencia de los controles. Algunos incluso ven un impacto negativo del cepo sobre la llegada de inversiones extranjeras y sobre el punto en que el gobierno de Javier Milei pone todas sus fichas: la pelea contra la inflación.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo publicó en su blog un artículo cuyo título resume esa idea: “La remoción total de los controles de cambio alentaría la inversión eficiente y aumentaría la productividad de la economía”. Allí aseguró que sin una reforma monetaria hay riesgos de que “el proceso de desinflación tienda a ralentizarse o empantanarse”.

Para Cavallo, quitar el cepo pendiente “es, probablemente, la política de liberalización y desregulación económica con mayor potencial, porque, al impulsar la caída del riesgo país, ayudaría a reactivar la economía en el corto plazo e impulsar el crecimiento genuino”.

Cavallo destacó además que la persistencia de los controles cambiarios y de capitales le pone un freno a los cambios promovidos por Federico Sturzenegger: “La liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al facilitar la reasignación de recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores con potencial de expansión”.

En concreto, el ministro de Economía de Carlos Menem propone “suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las empresas” y disponer que quienes exportan o quienes consiguen financiamiento en dólares en el exterior no estén obligados a vender esas divisas al BCRA.

En su opinión, el fuerte superávit comercial reduce considerablemente el riesgo de que levantar el cepo por completo provoque “un salto devaluatorio pronunciado”. A la vez, Cavallo dejó una advertencia: si continúan los controles y el superávit comercial se reduce, “el cambio hacia la libertad cambiaria puede resultar traumático”.

Hay una guerra en curso entre bancos y fintech, las empresas que mezclan finanzas y tecnología. Lo nuevo y lo viejo, lo regulado y lo no tanto. Incumbentes contra startups, gigantes que suelen moverse como tales que buscan competir con estructuras con reflejos y cintura.

Unos aseguran que la cancha está desnivelada en su contra y exigen que las nuevas empresas que saltaron a ofrecer servicios financieros tengan los mismos controles férreos a las que los somete el Banco Central. Otros exigen que se les deje ofrecer más servicios para simplificar la vida de los clientes y ampliar derechos. En medio de esa tensión, los bancos ganaron la última gran batalla que disputó el sector: las billeteras virtuales se quedaron con las ganas de pagar sueldos en sus plataformas digitales por culpa de un cambio a último momento en el Congreso en la etapa final del debate por la ley de Reforma Laboral. Quedó claro, al menos por el momento, que a la hora del lobby legislativo y la rosca política, pesó más la experiencia.

En el medio, la mora. Los problemas de las familias y empresas argentinas para pagar sus deudas es una cuestión que miran con mucha atención en el gobierno de Javier Milei. No es para menos: se trata del bolsillo de la gente. Las trabas para invertir, comprar y hasta subsistir en un país que mejoró muchas de sus variables, pero que tiene un cartel de ‘deuda’ en otras. Quizás junto con el empleo –y por momentos la seguridad–, sean los factores que más mueven el termómetro del humor social. Eso, extrapolado rápidamente, es igual a votos a favor… o en contra.

La morosidad en el sistema crediticio argentino alcanzó niveles que no se veían en más de dos décadas. Pero lo que el número agregado no muestra –y es lo que aumenta la tensión en despachos de bancos, consultoras y algunos legisladores– es la brecha que se abrió entre lo que le pasa a la banca tradicional y lo que ocurre en el ecosistema no bancario: fintechs, billeteras virtuales, financieras y proveedoras de crédito al consumo.

La diferencia no es menor. Es estructural. Y hay quienes señalan que es el capítulo más revelador de toda la discusión sobre la inclusión financiera en Argentina. Un contexto en el que también resaltan los niveles de crédito, las siempre polémicas tasas y un debate nuevo sobre si las familias están o no sobreendeudadas que llegó al Congreso.

Esta semana, desde la gestión de Milei intentaron bajar un poco la temperatura del tema. El presidente del Banco Central, Federico Bausili, aseguró que el pico de mora ya se alcanzó –algo con lo que coinciden las empresas, aunque prima la cautela– y se tomó un tiempo para pegarles un palito a sus regulados. “Los bancos tuvieron que reconstruir sus sistemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”, dijo en ExpoEfi.

También repitió un mantra oficial para explicar los incumplimientos: “si no hay crédito, no hay mora; cuando volvió el crédito, apareció la mora”. “Algo así como dolores de crecimiento”.

¿Alcanzará? Ejemplos cercanos muestran un grado de involucramiento oficial mucho mayor. En las últimas horas, en Brasil, Lula da Silva acaba de anunciar un paquete de medidas para aliviar las deudas de las familias brasileñas. El programa “Novo Desenrola Brasil”, cuyos detalles se conocieron el Día de los Trabajadores, establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas.

Según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026 la proporción de créditos en situación irregular para el segmento de familias llegó al 11,2 por ciento. Un año antes era del 2,94%. Casi se cuadruplicó en doce meses.

En el mundo no bancario, el escenario es otro. Según estimaciones privadas relevadas por la consultora Empiria y el departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia, la mora en fintechs, billeteras virtuales y financieras de consumo supera el 25% en promedio y, en algunos casos, supera el 30 por ciento.

“En las fintech el escenario es un poco más complejo, y supera al 25% de la cartera total: hace un año no llegaba al 10%”, señaló el informe del Banco Provincia.

Entre ambos canales, el 14,3% de los préstamos a hogares ya está en situación irregular, con un crecimiento de diez puntos porcentuales en un año.

En ese contexto se destaca lo que pasa en Mercado Pago, la pata fintech de Mercado Libre, la empresa que fundó Marcos Galperin, el empresario más rico del país, la misma que vale según su market cap en Wall Street unos USD 94.000 millones. La fintech más grande del país registró un salto considerable en su ratio de irregularidad, que subió del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, según datos públicos de la Central de Deudores (Cendeu) que confirmó la compañía.

La diferencia entre bancos y fintechs, que hace doce meses era de casi el doble, pasó a ser casi el triple. Las planillas del BCRA son claras. El ratio promedio de irregularidad total para el sector privado fue en febrero de 6,7 por ciento. En el mencionado rubro “familias”, cuando se miran los créditos personales la cifra marca 13,8% y en tarjetas de crédito es 12,6%, según datos de febrero. Los préstamos personales UVA tienen una irregularidad del 11,5 por ciento. Son todos números que, mes a mes, no pararon de crecer en el último año. ¿Aflojará en marzo? Los bancos confían que sí, al menos para las familias.

Hay un apartado revelador: el consumo. Según un informe muy reciente del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la morosidad en el crédito al consumo se incrementó 9,6 puntos porcentuales, pasando del 2,5% a 12,1%, es decir, cerca de 5 veces. “Actualmente, los niveles de morosidad de los hogares se ubican por encima de los registrados desde 2009, incluyendo el período de pandemia”, destacó el trabajo.

Hoy, “se observa que cerca del 42% del ingreso se orienta ahora al pago de servicios, lo que implica un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del inicio de la gestión [de Milei]. Esto sugiere que, aun cuando los salarios reales se incrementaron, una mayor proporción de ese aumento se destinó al consumo de servicios”. En ese contexto, el informe remarcó datos del Indec que indican que el uso de tarjetas de crédito para financiar el consumo en supermercados “incrementó su participación en las compras pasando de manera significativa del 39% al 43% de las compras totales”.

Antes de hablar de mora, conviene hablar de tasas. Porque ahí está la causa de fondo. Un mismo monto de crédito, con el mismo plazo, cuesta el doble en una fintech que en un banco. La comparación, que circula en el sector con datos propios y con información pública del BCRA, es contundente: para un préstamo de $1 millón a 12 cuotas, la cuota mensual en una entidad no bancaria de las más conocidas puede ser hasta un 80% más alta que en un banco tradicional.

No es un caso aislado. En algunos proveedores no financieros de crédito la Tasa Nominal Anual (TNA) supera el 820 por ciento. Se ve en las calculadoras virtuales de las propias empresas.

La lógica es directa: tasas desproporcionadas generan problemas para pagar (mora) y exceso de deuda (sobreendeudamiento). “La morosidad está vinculada con el nivel de las tasas de interés de los créditos, que son más altas en el caso de los préstamos a familias y especialmente altas en el caso de las entidades no financieras”, sostienen fuentes del sector financiero.

Históricamente, los bancos son quienes ofrecen las mejores tasas. Lo que cambió en el último año es que más gente llegó a las fintechs porque las entidades tradicionales fueron endureciendo sus criterios de otorgamiento. Es decir, los que no calificaron en el sistema formal terminaron pagando tasas leoninas en la vereda de enfrente. Y eso, con salarios que no acompañaron, derivó en mora.

“El problema de las fintech es la tasa que tienen para sus préstamos. En definitiva es como pagar el mínimo de la tarjeta, donde se termina sin saber cuánto se paga. En parte es un tema de educación financiera de la gente, pero no tienen la culpa. Hay necesidad y nos se les explica bien. Al final, se resiente todo: cuando la gente no puede pagar, no le paga a nadie. Están en mora con los dos sistemas”, dicen los bancos.

El señalamiento es directo: “la fintech dan créditos haciendo un par de clicks en una app, cobran mucho sin aclarar tanto y la mora que se genera impacta en todo el sector financiero”.

“No hay sobreendeudamiento, solo casos de gente que la está pasando mal en un mundo de poco crédito. Y está el tema de la cuota, más que del crédito sobre el ingreso. La cuota, con esas tasas, quedan altísimas. Las fintech van a sectores que son mucho más difíciles de cobrar. Trasladan la mora a los que sí pagan y en un momento se hace imposible. La cuenta no da. Los bancos terminan prestando un poco a pérdida, prestan menos –algunos aumentan el scoring–, cosas que las fintech no pueden hacer”, agregaron desde un banco.

Con respecto a los dichos de Bausili, en los bancos juran que no revolearon créditos “a ciegas”, aunque reconocen que pudo haber barreras de entrada más laxas en medio del boom que pasó. Sí concuerdan, en general, con que el pico de la mora frenó, al menos en las deudas que tienen que ver con las familias. No en las pymes.

“La situación general desmejora y la gente va a otros sistemas. Muchos se quedaron sin trabajo y los ingresos no alcanzan. Hubo un año y medio de créditos volando y seguro se otorgaron malos y buenos. La mora aparece cuando la cosa se frena, pero esta vez apareció antes de que el crédito deje de subir”, aclaran desde uno de los bancos privados grandes.

“Lo que hacen muchas fintech es casi usura. Nosotros ayudamos a las pymes a que salgan, no a que se hundan”, resumieron desde otra entidad.

Lo que los banqueros no dicen en público, pero sí en off, es que “la presión de la mora ya alteró los planes de rentabilidad para 2026. Va a ser un año de transición. De rentabilidades en un dígito alto, no de dos, por los niveles de mora y la demanda de crédito en cero en términos reales”, como reconoció un alto ejecutivo de una de las principales entidades privadas del país.

Del otro lado del mostrador, Infobae habló con Juan Salviolo, de Wainymóvil, y con Ezequiel Weisstaub, de Credicuotas, ambos también miembros de la Cámara Fintech.

“Los bancos tienen mucho menos apetito de riesgo que nosotros. El tema es que los públicos tienen más flujos porque pagan sueldos y pueden debitar cuotas sin problemas. Y en la mayoría de los grandes privados pasó lo mismo”, aseguró Weisstaub.

“Hay una idea de que las fintech endeudan a la gente. No es real. Pasa que el salario no acompaña. Los cambios que estaban propuestos en la reforma laboral hubieran arbitrado todo de manera distinta, más equitativa. Pero en ese punto no quieren competencia, no quieren que paguemos sueldos». Hablan de nivelar la cancha pero no nos dan fondeo, no podemos tomar salarios”, agregó Salviolo.

En la Cámara Fintech trabajan en un informe que saldrá en los próximos días. Datos preliminares destacan que 8,1 millones de personas tiene un crédito fintech vigente: el doble que dos años atrás y el 40% de los tomadores de crédito del país (20,5 millones). De ese total de 8,1 millones, 5,8 millones también tienen vigente un crédito con una entidad financiera, mientras que 2,3 millones son deudores exclusivos.

La Cámara hace foco en que en los últimos dos años, 2 millones de personas tomaron su primer crédito en el sistema financiero con una fintech y remarca:

• Argentina necesita más crédito, no menos. A pesar de haber crecido con fuerza durante 2024/205, el país guarda unos de los niveles de deuda/PBI más bajos del mundo, muy por debajo de países de la misma región.
• Las Fintech no solo prestan, sino que crean mercado donde antes había informalidad. El uso de la tecnología permitió dar acceso a perfiles (trabajadores independientes, monotributistas o personas vinculadas a la economía informal) que muchas veces no eran atendidos por los bancos.
• El crédito no bancario se desarrolla en un entorno altamente competitivo, con 542 proveedores no financieros de crédito registrados ante el BCRA, incluyendo fintechs, mutuales, tarjetas no bancarias y otras entidades. En este contexto, las fintechs no son empresas formadoras de precio.
• La carga impositiva puede representar hasta el 50% del costo del crédito.

Además, remarcan: “No hay sobreendeudamiento, hay una suba circunstancial de la mora en un sistema financiero todavía chico, que ya se está revirtiendo”.

Nadie en el sector quiere hablar mal del “jefe”, el Banco Central, pero no pocos creen que hay una tensión no resuelta y mal arbitrada entre fintech y bancos. Las fintech, claro, dicen que el regulador suele tomar más partido por los bancos que por la innovación. “Es raro, pero es así. No entiendo al regulador. Los bancos nunca tuvieron apetito de riesgo. llegamos, invertimos en tecnología, innovamos y esto debería ser un win-win. No pasa. Tomamos riesgo y generamos historial crediticio. Cuando hay mora siempre aparecen los chivos expiatorios, pero los bancos saben que hacemos el trabajo sucio y tenemos gimnasia para dar créditos 7/24. Ahí van a buscar clientes nuevos los bancos”, aseguraron desde una fintech grande y, claro, pidieron estricto off the record.

El jueves pasado, en Central emitió una norma que busca regular a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), el nombre técnico de las billeteras virtuales. En resumen, les exigen mayor información y transparencia en el registro, establece reglas específicas para la apertura de cuentas a través de terceros y suma herramientas más robustas para la supervisión y gestión del registro.

Las voces del sector financiero que se mueven cerca del debate legislativo tienen una posición más matizada que los titulares. Los datos, dicen, muestran que el sobreendeudamiento no es todavía un fenómeno estructural. El crédito a las familias es aún muy reducido: 12% del PBI frente a ratios que en países vecinos al menos se triplican.

“El problema central no es la existencia del crédito. Es la fragmentación de la información y las fallas en la evaluación del riesgo”, señaló una fuente del sector financiero, que dijo que lo urgente es que todos los actores del sistema reporten en tiempo real las obligaciones de sus clientes, para evitar la superposición de créditos y reducir el riesgo de sobreapalancamiento.

Banco Provincia puso en perspectiva el impacto humano: “el 18,1% de la población adulta argentina, es decir, unos 6,3 millones de personas, sufre atrasos en el pago de sus préstamos”. De los 20,5 millones de argentinos con un crédito abierto, casi uno de cada tres tiene dificultades para pagarlo.

El mapa de la mora llegó al Congreso. Y eso suma otra capa al conflicto bancos-fintech. Hay al menos 29 proyectos de ley en tratamiento que, en mayor o menor medida, abordan el problema del endeudamiento de los hogares, pero la mayoría parte de los síntomas, no de las causas, creen los bancos. Eso genera una alarma específica entre los especialistas del sector: si avanzan esas iniciativas, el resultado más probable es una restricción de la oferta de crédito formal.

“Los proyectos que buscan resolver problemas individuales con reglas generales podrían generar una afectación del crédito futuro y debilitarían los incentivos a pagar, lo que a la larga redunda en mayores costos para los cumplidores”, advirtieron fuentes.

El argumento de fondo es que legislar sobre consecuencias sin tocar las causas es contraproducente. Si se limitan las tasas sin mejorar los sistemas de información crediticia, los bancos y las fintechs van a prestar menos y a segmentos más selectivos. Los más vulnerables quedarán fuera del circuito formal y terminarán pagando tasas aún más altas en canales informales o grises.

La brecha entre bancos y fintechs en materia de mora tiene también una lectura regulatoria que trasciende a la coyuntura. Si el sector no bancario opera con tasas tres o cuatro veces más altas que el sistema formal, y si eso explica una parte significativa de la irregularidad, la discusión de fondo no es solo quién gana la guerra del crédito digital. Es si el Estado va a dejar que esa guerra se siga librando con reglas asimétricas. Y si los que pierden, como casi siempre, van a ser los mismos.