ECONOMIA
Clima de Negocios: las deudas crecientes de las familias argentinas, un drama que se metió en la guerra entre bancos y fintech

Hay una guerra en curso entre bancos y fintech, las empresas que mezclan finanzas y tecnología. Lo nuevo y lo viejo, lo regulado y lo no tanto. Incumbentes contra startups, gigantes que suelen moverse como tales que buscan competir con estructuras con reflejos y cintura.
Unos aseguran que la cancha está desnivelada en su contra y exigen que las nuevas empresas que saltaron a ofrecer servicios financieros tengan los mismos controles férreos a las que los somete el Banco Central. Otros exigen que se les deje ofrecer más servicios para simplificar la vida de los clientes y ampliar derechos. En medio de esa tensión, los bancos ganaron la última gran batalla que disputó el sector: las billeteras virtuales se quedaron con las ganas de pagar sueldos en sus plataformas digitales por culpa de un cambio a último momento en el Congreso en la etapa final del debate por la ley de Reforma Laboral. Quedó claro, al menos por el momento, que a la hora del lobby legislativo y la rosca política, pesó más la experiencia.
En el medio, la mora. Los problemas de las familias y empresas argentinas para pagar sus deudas es una cuestión que miran con mucha atención en el gobierno de Javier Milei. No es para menos: se trata del bolsillo de la gente. Las trabas para invertir, comprar y hasta subsistir en un país que mejoró muchas de sus variables, pero que tiene un cartel de ‘deuda’ en otras. Quizás junto con el empleo –y por momentos la seguridad–, sean los factores que más mueven el termómetro del humor social. Eso, extrapolado rápidamente, es igual a votos a favor… o en contra.

La morosidad en el sistema crediticio argentino alcanzó niveles que no se veían en más de dos décadas. Pero lo que el número agregado no muestra –y es lo que aumenta la tensión en despachos de bancos, consultoras y algunos legisladores– es la brecha que se abrió entre lo que le pasa a la banca tradicional y lo que ocurre en el ecosistema no bancario: fintechs, billeteras virtuales, financieras y proveedoras de crédito al consumo.
La diferencia no es menor. Es estructural. Y hay quienes señalan que es el capítulo más revelador de toda la discusión sobre la inclusión financiera en Argentina. Un contexto en el que también resaltan los niveles de crédito, las siempre polémicas tasas y un debate nuevo sobre si las familias están o no sobreendeudadas que llegó al Congreso.
Esta semana, desde la gestión de Milei intentaron bajar un poco la temperatura del tema. El presidente del Banco Central, Federico Bausili, aseguró que el pico de mora ya se alcanzó –algo con lo que coinciden las empresas, aunque prima la cautela– y se tomó un tiempo para pegarles un palito a sus regulados. “Los bancos tuvieron que reconstruir sus sistemas de scoring y hubo una primera ola de créditos que se otorgó a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando el dinero”, dijo en ExpoEfi.
También repitió un mantra oficial para explicar los incumplimientos: “si no hay crédito, no hay mora; cuando volvió el crédito, apareció la mora”. “Algo así como dolores de crecimiento”.
¿Alcanzará? Ejemplos cercanos muestran un grado de involucramiento oficial mucho mayor. En las últimas horas, en Brasil, Lula da Silva acaba de anunciar un paquete de medidas para aliviar las deudas de las familias brasileñas. El programa “Novo Desenrola Brasil”, cuyos detalles se conocieron el Día de los Trabajadores, establece límites de tasa de interés del 1,99%, descuentos de entre el 30 y el 90%, y autoriza el uso de hasta el 20% del Fondo de Indemnización por Despido para el pago de deudas.
Según el Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en febrero de 2026 la proporción de créditos en situación irregular para el segmento de familias llegó al 11,2 por ciento. Un año antes era del 2,94%. Casi se cuadruplicó en doce meses.
En el mundo no bancario, el escenario es otro. Según estimaciones privadas relevadas por la consultora Empiria y el departamento de Estudios Económicos del Banco Provincia, la mora en fintechs, billeteras virtuales y financieras de consumo supera el 25% en promedio y, en algunos casos, supera el 30 por ciento.
“En las fintech el escenario es un poco más complejo, y supera al 25% de la cartera total: hace un año no llegaba al 10%”, señaló el informe del Banco Provincia.
Entre ambos canales, el 14,3% de los préstamos a hogares ya está en situación irregular, con un crecimiento de diez puntos porcentuales en un año.
En ese contexto se destaca lo que pasa en Mercado Pago, la pata fintech de Mercado Libre, la empresa que fundó Marcos Galperin, el empresario más rico del país, la misma que vale según su market cap en Wall Street unos USD 94.000 millones. La fintech más grande del país registró un salto considerable en su ratio de irregularidad, que subió del 5,5% en enero de 2025 al 14,7% en enero de 2026, según datos públicos de la Central de Deudores (Cendeu) que confirmó la compañía.
La diferencia entre bancos y fintechs, que hace doce meses era de casi el doble, pasó a ser casi el triple. Las planillas del BCRA son claras. El ratio promedio de irregularidad total para el sector privado fue en febrero de 6,7 por ciento. En el mencionado rubro “familias”, cuando se miran los créditos personales la cifra marca 13,8% y en tarjetas de crédito es 12,6%, según datos de febrero. Los préstamos personales UVA tienen una irregularidad del 11,5 por ciento. Son todos números que, mes a mes, no pararon de crecer en el último año. ¿Aflojará en marzo? Los bancos confían que sí, al menos para las familias.
Hay un apartado revelador: el consumo. Según un informe muy reciente del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la morosidad en el crédito al consumo se incrementó 9,6 puntos porcentuales, pasando del 2,5% a 12,1%, es decir, cerca de 5 veces. “Actualmente, los niveles de morosidad de los hogares se ubican por encima de los registrados desde 2009, incluyendo el período de pandemia”, destacó el trabajo.
Hoy, “se observa que cerca del 42% del ingreso se orienta ahora al pago de servicios, lo que implica un aumento de 4 puntos porcentuales respecto del inicio de la gestión [de Milei]. Esto sugiere que, aun cuando los salarios reales se incrementaron, una mayor proporción de ese aumento se destinó al consumo de servicios”. En ese contexto, el informe remarcó datos del Indec que indican que el uso de tarjetas de crédito para financiar el consumo en supermercados “incrementó su participación en las compras pasando de manera significativa del 39% al 43% de las compras totales”.
Antes de hablar de mora, conviene hablar de tasas. Porque ahí está la causa de fondo. Un mismo monto de crédito, con el mismo plazo, cuesta el doble en una fintech que en un banco. La comparación, que circula en el sector con datos propios y con información pública del BCRA, es contundente: para un préstamo de $1 millón a 12 cuotas, la cuota mensual en una entidad no bancaria de las más conocidas puede ser hasta un 80% más alta que en un banco tradicional.

No es un caso aislado. En algunos proveedores no financieros de crédito la Tasa Nominal Anual (TNA) supera el 820 por ciento. Se ve en las calculadoras virtuales de las propias empresas.
La lógica es directa: tasas desproporcionadas generan problemas para pagar (mora) y exceso de deuda (sobreendeudamiento). “La morosidad está vinculada con el nivel de las tasas de interés de los créditos, que son más altas en el caso de los préstamos a familias y especialmente altas en el caso de las entidades no financieras”, sostienen fuentes del sector financiero.
Históricamente, los bancos son quienes ofrecen las mejores tasas. Lo que cambió en el último año es que más gente llegó a las fintechs porque las entidades tradicionales fueron endureciendo sus criterios de otorgamiento. Es decir, los que no calificaron en el sistema formal terminaron pagando tasas leoninas en la vereda de enfrente. Y eso, con salarios que no acompañaron, derivó en mora.

“El problema de las fintech es la tasa que tienen para sus préstamos. En definitiva es como pagar el mínimo de la tarjeta, donde se termina sin saber cuánto se paga. En parte es un tema de educación financiera de la gente, pero no tienen la culpa. Hay necesidad y nos se les explica bien. Al final, se resiente todo: cuando la gente no puede pagar, no le paga a nadie. Están en mora con los dos sistemas”, dicen los bancos.
El señalamiento es directo: “la fintech dan créditos haciendo un par de clicks en una app, cobran mucho sin aclarar tanto y la mora que se genera impacta en todo el sector financiero”.
“No hay sobreendeudamiento, solo casos de gente que la está pasando mal en un mundo de poco crédito. Y está el tema de la cuota, más que del crédito sobre el ingreso. La cuota, con esas tasas, quedan altísimas. Las fintech van a sectores que son mucho más difíciles de cobrar. Trasladan la mora a los que sí pagan y en un momento se hace imposible. La cuenta no da. Los bancos terminan prestando un poco a pérdida, prestan menos –algunos aumentan el scoring–, cosas que las fintech no pueden hacer”, agregaron desde un banco.
Con respecto a los dichos de Bausili, en los bancos juran que no revolearon créditos “a ciegas”, aunque reconocen que pudo haber barreras de entrada más laxas en medio del boom que pasó. Sí concuerdan, en general, con que el pico de la mora frenó, al menos en las deudas que tienen que ver con las familias. No en las pymes.
“La situación general desmejora y la gente va a otros sistemas. Muchos se quedaron sin trabajo y los ingresos no alcanzan. Hubo un año y medio de créditos volando y seguro se otorgaron malos y buenos. La mora aparece cuando la cosa se frena, pero esta vez apareció antes de que el crédito deje de subir”, aclaran desde uno de los bancos privados grandes.

“Lo que hacen muchas fintech es casi usura. Nosotros ayudamos a las pymes a que salgan, no a que se hundan”, resumieron desde otra entidad.
Lo que los banqueros no dicen en público, pero sí en off, es que “la presión de la mora ya alteró los planes de rentabilidad para 2026. Va a ser un año de transición. De rentabilidades en un dígito alto, no de dos, por los niveles de mora y la demanda de crédito en cero en términos reales”, como reconoció un alto ejecutivo de una de las principales entidades privadas del país.
Del otro lado del mostrador, Infobae habló con Juan Salviolo, de Wainymóvil, y con Ezequiel Weisstaub, de Credicuotas, ambos también miembros de la Cámara Fintech.
“Los bancos tienen mucho menos apetito de riesgo que nosotros. El tema es que los públicos tienen más flujos porque pagan sueldos y pueden debitar cuotas sin problemas. Y en la mayoría de los grandes privados pasó lo mismo”, aseguró Weisstaub.
“Hay una idea de que las fintech endeudan a la gente. No es real. Pasa que el salario no acompaña. Los cambios que estaban propuestos en la reforma laboral hubieran arbitrado todo de manera distinta, más equitativa. Pero en ese punto no quieren competencia, no quieren que paguemos sueldos». Hablan de nivelar la cancha pero no nos dan fondeo, no podemos tomar salarios”, agregó Salviolo.
Lo que cambió en el último año es que más gente llegó a las fintechs porque las entidades tradicionales fueron endureciendo sus criterios de otorgamiento
En la Cámara Fintech trabajan en un informe que saldrá en los próximos días. Datos preliminares destacan que 8,1 millones de personas tiene un crédito fintech vigente: el doble que dos años atrás y el 40% de los tomadores de crédito del país (20,5 millones). De ese total de 8,1 millones, 5,8 millones también tienen vigente un crédito con una entidad financiera, mientras que 2,3 millones son deudores exclusivos.
La Cámara hace foco en que en los últimos dos años, 2 millones de personas tomaron su primer crédito en el sistema financiero con una fintech y remarca:
- Argentina necesita más crédito, no menos. A pesar de haber crecido con fuerza durante 2024/205, el país guarda unos de los niveles de deuda/PBI más bajos del mundo, muy por debajo de países de la misma región.
- Las Fintech no solo prestan, sino que crean mercado donde antes había informalidad. El uso de la tecnología permitió dar acceso a perfiles (trabajadores independientes, monotributistas o personas vinculadas a la economía informal) que muchas veces no eran atendidos por los bancos.
- El crédito no bancario se desarrolla en un entorno altamente competitivo, con 542 proveedores no financieros de crédito registrados ante el BCRA, incluyendo fintechs, mutuales, tarjetas no bancarias y otras entidades. En este contexto, las fintechs no son empresas formadoras de precio.
- La carga impositiva puede representar hasta el 50% del costo del crédito.
Además, remarcan: “No hay sobreendeudamiento, hay una suba circunstancial de la mora en un sistema financiero todavía chico, que ya se está revirtiendo”.
“Los cambios de la reforma laboral hubieran arbitrado todo de manera más equitativa. Pero en ese punto no quieren competencia, no quieren que paguemos sueldos” (Salviolo)
Nadie en el sector quiere hablar mal del “jefe”, el Banco Central, pero no pocos creen que hay una tensión no resuelta y mal arbitrada entre fintech y bancos. Las fintech, claro, dicen que el regulador suele tomar más partido por los bancos que por la innovación. “Es raro, pero es así. No entiendo al regulador. Los bancos nunca tuvieron apetito de riesgo. llegamos, invertimos en tecnología, innovamos y esto debería ser un win-win. No pasa. Tomamos riesgo y generamos historial crediticio. Cuando hay mora siempre aparecen los chivos expiatorios, pero los bancos saben que hacemos el trabajo sucio y tenemos gimnasia para dar créditos 7/24. Ahí van a buscar clientes nuevos los bancos”, aseguraron desde una fintech grande y, claro, pidieron estricto off the record.
El jueves pasado, en Central emitió una norma que busca regular a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), el nombre técnico de las billeteras virtuales. En resumen, les exigen mayor información y transparencia en el registro, establece reglas específicas para la apertura de cuentas a través de terceros y suma herramientas más robustas para la supervisión y gestión del registro.
Las voces del sector financiero que se mueven cerca del debate legislativo tienen una posición más matizada que los titulares. Los datos, dicen, muestran que el sobreendeudamiento no es todavía un fenómeno estructural. El crédito a las familias es aún muy reducido: 12% del PBI frente a ratios que en países vecinos al menos se triplican.
“El problema central no es la existencia del crédito. Es la fragmentación de la información y las fallas en la evaluación del riesgo”, señaló una fuente del sector financiero, que dijo que lo urgente es que todos los actores del sistema reporten en tiempo real las obligaciones de sus clientes, para evitar la superposición de créditos y reducir el riesgo de sobreapalancamiento.
En febrero de 2026 la proporción de créditos en situación irregular para el segmento de familias llegó al 11,2 por ciento
Banco Provincia puso en perspectiva el impacto humano: “el 18,1% de la población adulta argentina, es decir, unos 6,3 millones de personas, sufre atrasos en el pago de sus préstamos”. De los 20,5 millones de argentinos con un crédito abierto, casi uno de cada tres tiene dificultades para pagarlo.
El mapa de la mora llegó al Congreso. Y eso suma otra capa al conflicto bancos-fintech. Hay al menos 29 proyectos de ley en tratamiento que, en mayor o menor medida, abordan el problema del endeudamiento de los hogares, pero la mayoría parte de los síntomas, no de las causas, creen los bancos. Eso genera una alarma específica entre los especialistas del sector: si avanzan esas iniciativas, el resultado más probable es una restricción de la oferta de crédito formal.
“Los proyectos que buscan resolver problemas individuales con reglas generales podrían generar una afectación del crédito futuro y debilitarían los incentivos a pagar, lo que a la larga redunda en mayores costos para los cumplidores”, advirtieron fuentes.
El argumento de fondo es que legislar sobre consecuencias sin tocar las causas es contraproducente. Si se limitan las tasas sin mejorar los sistemas de información crediticia, los bancos y las fintechs van a prestar menos y a segmentos más selectivos. Los más vulnerables quedarán fuera del circuito formal y terminarán pagando tasas aún más altas en canales informales o grises.
La brecha entre bancos y fintechs en materia de mora tiene también una lectura regulatoria que trasciende a la coyuntura. Si el sector no bancario opera con tasas tres o cuatro veces más altas que el sistema formal, y si eso explica una parte significativa de la irregularidad, la discusión de fondo no es solo quién gana la guerra del crédito digital. Es si el Estado va a dejar que esa guerra se siga librando con reglas asimétricas. Y si los que pierden, como casi siempre, van a ser los mismos.
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ECONOMIA
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: las claves del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso

El Gobierno puso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como una de sus prioridades para su agenda parlamentaria, revitalizada tras dejar atrás el affaire Adorni. El proyecto ya está cerrado y se prepara su envío al Congreso para su tratamiento.
A futuro, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA puede ser sustancial tanto en términos económicos, por sus efectos en la contención de la inflación, como políticos, ya que desactiva una de las herramientas centrales que utilizó el kircherismo para consolidar su poder a fuerza combinar lealtades partidarias con la distribución de fondos públicos.
“La Carta Orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero”, dijo en una entrevista en FM Now el presidente Javier Milei, quien esta semana terminó de analizar el texto con el titular del Central, Santiago Bausili, y con dos ex presidentes de la entidad y actuales ministros: Federico Sturzenegger y Luis Caputo.
Desactiva una de las herramientas centrales que utilizó el kircherismo para consolidar su poder a fuerza combinar lealtades partidarias con la distribución de fondos público
El mandatario confirmó los ejes del proyecto en el que se destaca el principio de eliminar la emisión monetaria sin respaldo. A tal punto se seguirá ese precepto que Milei planea incluir, en paralelo a la reforma, penas de prisión para funcionarios que avalen la emisión, lo que incluye tanto a directores del Central, miembros del Ejecutivo o legisladores.
El punto más relevante en términos económicos es la “prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto” del Banco Central hacia el Tesoro, lo que en buen romance significa el fin de la maquinita. Los adelantos transitorios, que se vuelven permanentes, son la herramienta crucial utilizada históricamente para que el Banco Central cubra con emisión monetaria el déficit fiscal de los distintos gobiernos.
Los cambios que impuso el kirchnerismo ampliaron esa posibilidad. De hecho, fue el gran motivador de la reforma de 2012: más allá de la señal política de modificar la finalidad del Central, incrementar los adelantos le permitió tener mayor disponibilidad para gastar.

Hasta 2012, los adelantos transitorios al Tesoro se otorgaban por un plazo de 12 meses y no podían superar el 12% de la base monetaria, a lo que podía sumarse un 10% de la recaudación impositiva obtenida por el Gobierno nacional en el último año, según el artículo 21 de entonces. El kirchnerismo elevó esos topes para la emisión: a lo que ya se giraba, añadió otro 10% de la recaudación del último año con “carácter excepcional” y a devolver en un plazo mayor de 18 meses. También eliminó la asignación específica para el pago a organismos multilaterales, permitiendo al Poder Ejecutivo utilizar esos fondos para cualquier destino.
De ese modo, siguiendo el principio impulsado por Mercedes Marco del Pont de que el BCRA debía financiar al Tesoro como una de sus funciones primordiales, en 2012 se inició un proceso de llevar al límite los fondos que el Central le giraba al Gobierno. Como contrapartida, el Banco Central debía emitir sus propios títulos para esterilizar esos fondos y atenuar el impacto inflacionario. Así comenzó el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, que derivaron en consecuencias posteriores.
Según explicó el propio Santiago Bausili en su última conferencia de prensa, el diseño de los adelantos transitorios en la Carta Orgánica actual le permitiría emitir y girar al Tesoro $31 billones (más de USD 20.000 millones). Desde luego, no lo hace, en el marco de la premisa de bajar la inflación.
El diseño de los adelantos transitorios en la Carta Orgánica actual le permitiría emitir y girar al Tesoro $31 billones (más de USD 20.000 millones). Desde luego, no lo hace
Ahora, Milei explicó que se propone “la prohibición total y absoluta del financiamiento al fisco”, con lo que apunta no solo a eliminar el artículo 21 que ideó el kirchnerismo sino quitar los adelantos que ya estaban regulados desde los años ‘90. Por lo que dio a entender, ni siquiera se contemplarán situaciones de excepción.
En la pandemia, por ejemplo, muchos bancos centrales a lo largo del mundo decidieron financiar a los gobiernos con emisión para enfrentar la caída de la actividad económica. Una vez normalizada la situación, la regla volvió a ser que no se financie al Estado.
Otro punto clave de la reforma, ligado al anterior, es eliminar la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Tesoro, otra de las vías de financiamiento. Como el balance del BCRA es en pesos pero tiene activos en dólares, la devaluación genera ganancias contables que el Central habitualmente le transfiere a su accionista, el Estado Nacional. Todos los gobiernos, incluyendo el actual, usaron ese mecanismo.
En la nueva Carta Orgánica, esa distribución de dividendos estará prohibida. “Cuando se generen esos resultados, vamos a generar una reserva técnica que no permita distribuirlos”, dijo Milei.
Otro punto clave de la reforma, ligado al anterior, es eliminar la transferencia de utilidades del Banco Central hacia el Tesoro, otra de las vías de financiamiento
La única excepción a esa regla, explicó el Presidente con optimismo, será que “si hay deflación en la Argentina, se empieza a poder utilizar los dividendos como respaldo”.
El mandato del Banco Central
También se propone modificar la función del Banco Central, establecida en el artículo 3. El Gobierno quiere que el BCRA tenga un único objetivo: “preservar el valor de la moneda”, es decir, evitar la inflación. Ese fue históricamente su objetivo, que a la vez coincide con un precepto incluido en la Constitución.
En 2012, el kirchnerismo lo modificó por un mandato múltiple que incluyó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, según el texto actual. Quería que el Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones de fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que se lea el nuevo.
Ese cambio, según Milei, fue “una declaración de ignorancia: si el Banco Central tiene un instrumento, que es la política monetaria, no se le pueden pedir cinco objetivos”. Por eso se vuelve a la fórmula original.

De todas formas, el tiempo demostró que el cambio en el artículo 3 fue casi simbólico. Por caso, desde la última reforma Mercedes Marcó del Pont, Federico Sturzenegger, Miguel Pesce y Santiago Bausili, entre otros, presidieron el Central con la misma Carta Orgánica con objetivos y resultados muy diferentes.
Por último, otros dos cambios fueron incluidos en la reforma que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso. Una de ellas es la supresión de las Letras Intransferibles, el instrumento que el Tesoro le entregó al BCRA a cambio de sus reservas. Al ser una Letra que no puede venderse en el mercado, es casi un recibo, un documento sin ningún valor de mercado.
Otro cambio es la supresión de las Letras Intransferibles, el instrumento que el Tesoro le entregó al BCRA a cambio de sus reservas
La primera Letra Intransferible que recibió el Central fue en 2006, con carácter excepcional, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner usó las reservas del BCRA para cancelar la deuda con el FMI. En el gobierno de Cristina Kirchner su uso se generalizó para que el Gobierno pudiera usar las reservas para enfrentar los vencimientos de la deuda en dólares.
Sin que aún hayan trascendido detalles, en el proyecto del Gobierno también se prevén cambios en los mecanismos de remoción del presidente y los directores del BCRA, a los efectos de incrementar su independencia del Poder Ejecutivo. De esa forma, quien conduzca el Banco Central dejará de estar “a tiro de decreto” presidencial, como cuando ocurre cada vez que los integrantes del Directorio no cuentan con el acuerdo del Senado, algo habitual en los últimos años.
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ECONOMIA
Tras el cierre de Express Beer, Quilmes pagó sueldos y aguinaldo de los 220 trabajadores

En los últimos meses el cierre de empresas se ha convertido en un dato habitual y contundente de la administración libertaria. Más allá de la discusión de si se trata de una reconversión económica-laboral de estos tiempos, lo cierto es que los despidos le agregan un ingrediente por demás picante a la difícil situación que atraviesan varios sectores de la sociedad.
En esa ola de conflictos hay algunos que encuentran una solución que, con el tiempo, veremos si es total o parcial. En este caso hablamos de la empresa de logística Express Beer, que anunció el cese de sus actividades, cesanteando a unos 220 trabajadores y trabajadoras. Después del anuncio, el Sindicato de Choferes de Camiones declaró el estado de alerta y movilización, advirtiendo que podrían disponer la paralización en la actividad de Aguas y Gaseosas.
Estado de alerta y amenaza de medidas de fuerza
Express Beer prestaba servicios para Cervecería y Maltería Quilmes. Esto motivó el reclamo del secretario Adjunto del gremio, Pablo Moyano, quien ratificó el compromiso de «defender cada uno de los puestos de trabajo y acompañar a las familias afectadas», resaltando que los despedidos «cuentan con una antigüedad promedio de 26 años de servicio«. Moyano además solicitó la intervención de los directivos de Quilmes para encontrar una salida frente a los despidos.
En un comunicado, el sindicato de Camioneros planteó que «durante décadas, el personal desempeñó sus tareas con responsabilidad y compromiso, prestando servicios para Cervecería y Maltería Quilmes», señalando que «sin embargo, el propietario de la firma, Juan Aguilar, decidió el cierre de la empresa sin brindar respuestas acordes a la gravedad de la situación, dejando a cientos de familias en la incertidumbre».
Asimismo, exigió «el cumplimiento de todas las obligaciones laborales», detallando que las comisiones internas de las siguientes empresas -que también prestan servicios para Cervecería y Maltería Quilmes- expresaron su solidaridad:
Todas acompañan «la lucha de los compañeros de Express Beer», respaldando el reclamo «en defensa de los puestos de trabajo y reafirmando la unidad de la familia camionera frente a este difícil momento ante la falta de pago de sueldos y aguinaldo que golpea a los trabajadores».
Pagan los salarios hasta la llegada de una nueva empresa
En medio de los reclamos y advertencias de medidas de fuerza, la dirigencia gremial mantuvo reuniones con los empresarios hasta que llegó el acuerdo. Moyano anunció que «Quilmes abonó los sueldos y el aguinaldo», y detalló que la totalidad del personal de Express Beer continuará cobrando sus salarios hasta que una nueva empresa garantice la continuidad laboral.
El dirigente sostuvo que «sin lugar a dudas es un avance importante ya que después del cierre de la empresa no teníamos nada» y agregó: «Los trabajadores están confiados en el gremio que nunca los dejó tirados y mucho menos en esta situación tan crítica que vive el país».
Se estima que a partir del lunes comenzarán las gestiones entre las partes, en tanto que fuentes gremiales indicaron a iProfesional que estarán atentos a una posible venta de Express Beer, al tiempo que solicitaron la intervención de la secretaría de Trabajo. «Más allá del compromiso de Quilmes, hay que darle una seguridad jurídica a los 220 empleados que vivieron semanas de incertidumbre», apuntaron.
A fines de junio, el Sindicato de Camioneros y las empresas Coca-Cola y Quilmes llegaron a un acuerdo que beneficia a unos 2.500 empleados nucleados en la rama Aguas y Gaseosas. La mejora consiste en un adicional por presentismo que no solo llega a los choferes, sino también a sus respectivos ayudantes de distribución, cubriendo tanto al personal contratado de manera directa por las firmas matrices como a las tripulaciones que prestan servicios bajo el paraguas de las empresas concesionarias y distribuidoras tercerizadas.
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ECONOMIA
Blanco sobre negro para el programa financiero del Ministerio de Economía

Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.
Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.
Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.
El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.
Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación
La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.
Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.
El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.
Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.
- Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
- Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
- Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.
La relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital
En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.
El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.

La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:
- Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
- Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
- Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
- Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.
Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.
¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.
El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política
Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.
El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)
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