ECONOMIA
Seis de cada diez inquilinos usan ahorros, préstamos o créditos para afrontar el alquiler
El problema del acceso a la vivienda en Argentina se refleja en el crecimiento del número de inquilinos que requieren financiamiento externo para cubrir el alquiler mensual. Según el relevamiento nacional realizado por la Fundación Tejido Urbano, 6 de cada 10 personas que alquilan viviendas en el país necesitan pedir créditos, recurrir a familiares o utilizar ahorros para cumplir con este compromiso económico. La situación se agravó en los últimos tres años y mostró un salto notable entre 2022 y 2025.
El porcentaje de inquilinos que se endeudan o utilizan ahorros para pagar el alquiler ascendió del 46,2% en 2022 al 57,6% en 2025. En el Gran Buenos Aires, la cifra trepa al 63,2%. Estas cifras surgen del informe divulgado recientemente y marcan una tendencia preocupante, en la que incluso sectores tradicionalmente estables como la clase media deben apelar al endeudamiento.
El informe detalla que la exigencia principal para los inquilinos es sostener el pago del alquiler mensualmente. La incidencia del gasto en el presupuesto familiar es determinante.
De acuerdo con Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, “el alquiler se lleva entre el 52% y el 63% del ingreso total para el 41% de los inquilinos con ingresos más bajos”. Este grupo apenas logra cubrir otras necesidades básicas y enfrenta la posibilidad de recurrir a estrategias financieras ante la falta de alternativas.
Para cubrir los gastos, un 18,1% recurrió a créditos bancarios en 2025, cuando en 2022 la cifra era del 10,6%. Además, el informe señala un aumento de la morosidad y un creciente uso de préstamos personales, tanto formales como informales.
Araujo explicó en Inofbae en Vivo Al Mediodía que “el 40% tuvo una mecánica de desahorro y el otro 20% recurrió a préstamos familiares o bancarios. Las estrategias se van combinando. Muchos agotan primero los ahorros y luego acuden a algún crédito para cubrir el alquiler“. Esta opción, en muchos casos, implica el acceso a préstamos con tasas de interés elevadas, especialmente entre quienes recurren al mercado informal.
El estudio diferencia entre los sectores que pueden mantener el pago del alquiler sin cambios en su calidad de vida y quienes deben ajustar sus consumos. Un 42% de los inquilinos logra sostener el alquiler sin disminuir otros gastos familiares.
En contraste, el 10% pertenece al grupo de mayores ingresos y no experimenta inconvenientes, mientras que el 41% destina gran parte de su salario solo al pago del alquiler.
Ante la insuficiencia de ingresos, los hogares implementan distintas estrategias. “La mayoría de los inquilinos priorizan pagar la vivienda antes que cualquier otro gasto. Luego distribuyen el resto del ingreso en alimentación y servicios”, remarcó Araujo. Si no logran cubrir las necesidades, optan por morosidad en expensas y, finalmente, el endeudamiento.
El fenómeno de la sobreocupación también creció. «El 19% de los inquilinos vive en condiciones de sobreocupación, mayor al promedio general del 16%“, detalló Araujo. Esto indica que muchos deben compartir la vivienda o volver a residencias familiares para repartir los gastos.
En 2024, la dinámica del mercado de alquileres cambió tras la derogación de la última ley que regulaba el sector. Ahora, la negociación es directa entre inquilino y propietario, lo que genera condiciones muy variables en cada contrato.
El investigador señaló que “desde que se eliminó la ley, el mercado se estabilizó en cuanto a oferta y precio, pero la demanda no disminuyó. El problema es que los salarios no subieron al ritmo de la inflación y el costo de vida aumentó”.
El ajuste de los alquileres ocurre principalmente cada tres meses, salvo excepciones en contratos de seis meses o mes a mes, pero la mayoría se actualiza trimestralmente.
Los plazos de alquiler suelen establecerse en dos años, aunque persisten dudas sobre la capacidad de sostener estos contratos completos, especialmente entre jóvenes. Araujo resaltó: “Cuando aumenta la proporción del salario destinada al alquiler, crece el número de jóvenes que deben volver a la casa de sus padres”.
“La mayor herramienta siempre fue el desahorro, especialmente en la ciudad de Buenos Aires“, afirmó Araujo. Sin embargo, el informe advierte que en 2024 el desahorro tocó un límite: “La ciudad de Buenos Aires se detuvo en el desahorro y empezó a incrementar el crédito bancario”.
Otro aspecto a considerar es que algunos acceden a créditos a través de plataformas digitales, apps fintech y nuevas opciones de financiación para el sector informal, ampliando la oferta pero también exponiéndose a tasas de interés elevadas. Esto profundiza la desigualdad y empuja a más personas hacia situaciones de vulnerabilidad.
La crisis habitacional provocó cambios en la composición de los hogares. Creció el número de personas que deciden compartir vivienda o regresar a la casa familiar. Esta tendencia se observa sobre todo entre jóvenes y en grandes ciudades.
Matías Araujo destacó: “Vemos que cuando el alquiler insume más del salario, muchos jóvenes dejan de alquilar y vuelven a vivir con sus padres o comparten alquiler con otras personas”. Esta modalidad, que se observa en otras grandes capitales del mundo, se profundizó en la Argentina por la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos.
La cuestión de la confianza también incide en la dinámica habitacional. Según el investigador, la desconfianza en el mercado y entre particulares condiciona la posibilidad de firmar contratos y compartir vivienda, lo que agrava las dificultades para acceder a un alquiler.
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Si se va a reformar la CO, debería darse un paso más y reformar la estructura del BCRA, de modo que el poder de política monetaria quede disperso y sea difícil de capturar
- Eliminar los cinco objetivos de política monetaria y concentrarlos en uno solo: “preservar el valor de la moneda”;
- Prohibir la financiación del Tesoro;
- Blindar al presidente y al Directorio elevando el requerimiento a la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas (Diputados y Senadores);
- Restringir el giro de utilidades al Tesoro; y
- Eliminar las Letras Intransferibles.
Si para Argentina una dolarización es un second-best, una reforma de la estructura del BCRA es un third-best
- la banca previa a 1935,
- el BCRA estatizado del gobierno de Juan Domingo Perón,
- la Convertibilidad del 1 a 1 de los noventa; y
- el régimen post-2002.
El Gobierno debería tomarse las formas en serio: en 2025, intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto
- Un directorio que ningún presidente puede dominar. En lugar de un directorio chico y afín, o de un gobernador único, la política monetaria queda en manos de un cuerpo numeroso (siete miembros con dedicación exclusiva) con mandatos largos (catorce años), no renovables y escalonados de modo que no venza más de uno al año. El resultado aritmético es directo: un presidente que ejerza dos mandatos consecutivos de cuatro años puede nombrar, como mucho, tres o cuatro de los siete cargos dentro del período en que esas designaciones todavía importan.
- Un comité de política monetaria que ningún partido puede dominar por sí solo. La decisión de tasas y tipo de cambio no queda en manos del Directorio, sino de un comité más amplio de trece miembros: los siete del Directorio más seis adicionales (académicos, economistas independientes, consultores), designados no por el Ejecutivo, sino repartidos entre los tres partidos con más bancas en Diputados (dos cargos cada uno), con mandatos de seis años no renovables. Ningún partido, por sí solo, puede cubrir la mayoría de esos seis cargos.
- La cláusula que bloquea la mayoría por diseño. Si el partido del presidente en ejercicio también tiene la bancada más numerosa en Diputados (un escenario realista), los cargos que le corresponderían según ese cálculo se reasignan automáticamente al cuarto partido en tamaño, en función del número de miembros que le permitiría una mayoría. Esta cláusula se activa automáticamente cuando un partido alcanza la mayoría en el BCRA; en ese caso, el siguiente partido elige los puestos “en exceso”.
- Remoción pública, no un decreto. La causal de remoción queda acotada a incapacidad, mala conducta comprobada o condena penal; no puede ser por desacuerdo con una decisión de política, y el procedimiento pasa por una comisión bicameral y multipartidaria del Congreso, con dictamen escrito y obligatorio que debe incluir toda disidencia. Esto es sustancialmente distinto de simplemente exigir dos tercios: no basta con un umbral más alto en el mismo cuerpo si el mecanismo de adjudicación sigue siendo el mismo. Una destitución arbitraria ya no puede resolverse mediante un decreto de verano. Puede seguir ocurriendo, pero deja de ser gratis: se vuelve un acto público, atribuible y políticamente más costoso.
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