ECONOMIA
Exjefe de la Asesoría Jurídica de Globalia niega «trato de favor» en el préstamo de SEPI Por EFE
Madrid, 23 abr (.).- El exdirector de la Asesoría Jurídica de Globalia -al que pertenece Air Europa- Ramiro Campos ha negado este jueves «trato de favor» alguno durante el préstamo otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la empresa y ha asegurado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no participó «absolutamente en nada».
Campos, que ha comparecido en la Comisión de investigación de la SEPI en el Senado, ha señalado que Air Europa fue la primera compañía en recibir este tipo de préstamos, pero ha subrayado que para ello tuvieron que cesar al consejero delegado, Javier Hidalgo, y, por el camino, han pagado 130 millones de euros en intereses.
«No creo que ninguna otra tuviera que poner a un consejero delegado impuesto para que gestionara la compañía, mientras pensábamos: ’¿Cómo va a devolverlo (el dinero) cuando el nuevo CEO no conoce al equipo?’. De hecho, propusimos bastantes nombres, y no de la familia Hidalgo», ha señalado.
Air Europa recibió en noviembre de 2020 -cuando Campos era director de la Asesoría Jurídica- un préstamo de 475 millones de euros a cargo del Fondo de Solvencia que gestionaba la SEPI para ayudar a empresas estratégicas a hacer frente a la fuerte caída de la actividad derivada de la pandemia.
El exjefe de ese área ha revelado que ese préstamo era «el último recurso», pero ha incidido en que si no hubieran accedido al fondo de solvencia (de la SEPI), hubieran quebrado. «A 31 de octubre de 2020, no teníamos más de 3,5 millones de euros en la cuenta corriente», ha afirmado.
El que fuera director de la Asesoría Jurídica durante el préstamo ha incidido en que llevan dos años «machacados por todo», en relación a las informaciones que se publican en prensa, y ha recalcado las «condiciones abusivas y de control absoluto» del préstamo.
La relación con el Ministerio era «constante, antes y después»
Ha reconocido que la relación con el ministro de Transportes de la época, José Luis Ábalos, era «constante antes y después, como con ministros previos del PP o del PSOE».
«Con el ministro que estuviese nos reuníamos. Quien fuera», ha destacado Campos, además de agregar para corroborar esa visión que cuando firmaron la venta de Air Europa a tanto Javier Hidalgo (CEO entonces de Globalia) como el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, llamaron «a las 6 de la madrugada a Ábalos para comunicárselo».
Campos ha mostrado un certificado que muestra que, a 3 de julio de 2020, ninguna empresa de Globalia contaba con «deudas tributarias», aunque el senador popular José Manuel Hernando ha defendido que eso no prueba que a 31 de diciembre de 2019 no las tuviera, fecha en la que no debían existir pasivos para poder ser seleccionables al préstamo.
Hernando ha afirmado que «por supuesto que tenía que ser rescatada Air Europa», pero «lo que le ha matado (a Globalia) es la soberbia de pensar que tenían que conseguir antes que nadie lo que estaba previsto para todos».
Campos le ha reprochado comparar ese préstamo con el recibido por Plus Ultra: «Con todo el respeto, nosotros teníamos 70 aviones, facturamos 4.000 millones de euros y hemos devuelto el préstamo… no teníamos nada que ver», ha señalado.
«Mantengo que existen enormes irregularidades», ha incidido Hernando, mientras la senadora socialista, Consol Cantenys, ha denunciado que la comisión «solo tiene un objetivo: desacreditar a (la exministra de Hacienda) María Jesús Montero en las elecciones andaluzas.
Este mismo jueves, Javier Hidalgo, exconsejero delegado, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la misma Comisión.
(foto) (vídeo)
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Si se va a reformar la CO, debería darse un paso más y reformar la estructura del BCRA, de modo que el poder de política monetaria quede disperso y sea difícil de capturar
- Eliminar los cinco objetivos de política monetaria y concentrarlos en uno solo: “preservar el valor de la moneda”;
- Prohibir la financiación del Tesoro;
- Blindar al presidente y al Directorio elevando el requerimiento a la aprobación de dos tercios de ambas cámaras legislativas (Diputados y Senadores);
- Restringir el giro de utilidades al Tesoro; y
- Eliminar las Letras Intransferibles.
Si para Argentina una dolarización es un second-best, una reforma de la estructura del BCRA es un third-best
- la banca previa a 1935,
- el BCRA estatizado del gobierno de Juan Domingo Perón,
- la Convertibilidad del 1 a 1 de los noventa; y
- el régimen post-2002.
El Gobierno debería tomarse las formas en serio: en 2025, intentó nombrar dos jueces de la Corte Suprema por decreto
- Un directorio que ningún presidente puede dominar. En lugar de un directorio chico y afín, o de un gobernador único, la política monetaria queda en manos de un cuerpo numeroso (siete miembros con dedicación exclusiva) con mandatos largos (catorce años), no renovables y escalonados de modo que no venza más de uno al año. El resultado aritmético es directo: un presidente que ejerza dos mandatos consecutivos de cuatro años puede nombrar, como mucho, tres o cuatro de los siete cargos dentro del período en que esas designaciones todavía importan.
- Un comité de política monetaria que ningún partido puede dominar por sí solo. La decisión de tasas y tipo de cambio no queda en manos del Directorio, sino de un comité más amplio de trece miembros: los siete del Directorio más seis adicionales (académicos, economistas independientes, consultores), designados no por el Ejecutivo, sino repartidos entre los tres partidos con más bancas en Diputados (dos cargos cada uno), con mandatos de seis años no renovables. Ningún partido, por sí solo, puede cubrir la mayoría de esos seis cargos.
- La cláusula que bloquea la mayoría por diseño. Si el partido del presidente en ejercicio también tiene la bancada más numerosa en Diputados (un escenario realista), los cargos que le corresponderían según ese cálculo se reasignan automáticamente al cuarto partido en tamaño, en función del número de miembros que le permitiría una mayoría. Esta cláusula se activa automáticamente cuando un partido alcanza la mayoría en el BCRA; en ese caso, el siguiente partido elige los puestos “en exceso”.
- Remoción pública, no un decreto. La causal de remoción queda acotada a incapacidad, mala conducta comprobada o condena penal; no puede ser por desacuerdo con una decisión de política, y el procedimiento pasa por una comisión bicameral y multipartidaria del Congreso, con dictamen escrito y obligatorio que debe incluir toda disidencia. Esto es sustancialmente distinto de simplemente exigir dos tercios: no basta con un umbral más alto en el mismo cuerpo si el mecanismo de adjudicación sigue siendo el mismo. Una destitución arbitraria ya no puede resolverse mediante un decreto de verano. Puede seguir ocurriendo, pero deja de ser gratis: se vuelve un acto público, atribuible y políticamente más costoso.
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