Luego de ingresar en concurso preventivo tras un fuerte deterioro de su negocio, el mayorista de productos de limpieza Caromar, empezó a delinear un cambio de estrategia para intentar sostener su operación. La Justicia autorizó a la compañía a modificar su objeto social y sumar la comercialización de alimentos, en lo que aparece como un primer paso de reconversión en medio de la crisis.

La decisión fue adoptada en el marco del expediente que tramita en el Juzgado Comercial N°1 y habilita a la empresa a incorporar una nueva línea de negocios, con foco inicial en su sucursal de Rosario. La medida no es menor: implica que la firma, históricamente orientada a limpieza, perfumería y consumo masivo no alimenticio, busca ampliar su oferta para recuperar volumen de ventas.

Según surge de la resolución judicial, la modificación fue avalada tras el análisis de la sindicatura, que consideró que la iniciativa «no afecta los derechos de los acreedores» y que se enmarca en una «reestructuración de las actividades comerciales» de la empresa.

Además, el informe señala que la incorporación de alimentos podría «potenciar sus ventas sin mayores costos de implementación«, aprovechando la infraestructura comercial ya existente.

La autorización quedó formalizada a través de un oficio librado a la Municipalidad de Rosario para su correspondiente habilitación.

De supermercado mayorista tradicional a esquema más flexible

El movimiento refleja un intento de adaptación en un contexto que viene golpeando con fuerza al canal mayorista. Caromar, controlada por la familia Manassero, construyó durante décadas un modelo basado en volumen, rotación y una amplia red de sucursales orientadas a abastecer comercios de cercanía.

Ese esquema, sin embargo, empezó a mostrar fisuras a partir de 2024. La propia empresa detalló en su presentación concursal que la caída del consumo impactó directamente en su actividad, en línea con un mercado donde las ventas de supermercados y mayoristas no logran consolidar una recuperación sostenida.

Los números que aportó en el expediente muestran la magnitud del ajuste: las ventas de mercaderías se redujeron un 41,75% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, en un contexto de menor demanda y mayor presión competitiva.

A ese escenario se sumó un cambio en la dinámica del sector. Según describió la compañía, los competidores comenzaron a bajar precios de forma agresiva, incluso por debajo de sus costos, para sostener participación en un mercado más chico.

El impacto fue directo sobre su estructura. En paralelo al deterioro de ventas, la empresa cerró cuatro sucursales, en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo, y avanzó con más de 100 despidos, en un proceso de ajuste que también incluyó la salida del negocio industrial.

En el primer semestre de 2024, Caromar decidió cerrar su fábrica de jabón en polvo, una unidad en la que había invertido durante años. Según explicó en su presentación, la operación dejó de ser viable frente a precios de mercado que no cubrían los costos, lo que obligó a desarmar esa parte del negocio.

Concurso de acreedores en marcha

El deterioro no fue sólo comercial. En su presentación ante la Justicia, la empresa también atribuyó parte de la crisis a factores internos y operativos, incluyendo conflictos sindicales y litigios laborales.

En ese sentido, mencionó una «alta conflictividad» con el gremio de Comercio, con asambleas y medidas que, según su versión, afectaron la operatoria diaria. A eso se sumaron dos juicios laborales por montos cercanos a $1.000 millones, que impactaron en su situación financiera.

El quiebre definitivo llegó hacia fines del año pasado, cuando la compañía comenzó a perder capital de trabajo. Según explicó, los proveedores pasaron a exigir pagos anticipados, lo que generó faltantes de mercadería y una nueva caída en las ventas.

Ese circuito, menos stock, menor facturación y mayor presión financiero, terminó por llevar a la empresa a un punto donde no pudo sostener el pago de salarios y obligaciones corrientes, lo que derivó en la presentación en concurso preventivo.

En paralelo, la firma acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones, reflejando el nivel de tensión en su cadena de pagos, mientras que su deuda bancaria asciende a alrededor de $53 millones, de los cuales más de $44 millones, tomados con el Banco Credicoop, se encuentran con incumplimientos.

Reconversión en marcha y apuesta a sostener la operación

En ese contexto, la ampliación hacia alimentos aparece como una de las primeras señales de cómo la empresa intenta redefinir su modelo de negocio mientras transita el proceso concursal.

La lógica detrás del movimiento es clara: sumar categorías de alta rotación que le permitan aumentar el tráfico en sus sucursales y mejorar la utilización de su estructura, sin necesidad de grandes inversiones adicionales.

Desde la sindicatura, de hecho, remarcaron que la iniciativa resulta «razonable» en función del perfil de la compañía y su red comercial, y que puede contribuir a mejorar su desempeño sin afectar a los acreedores.

El proceso concursal, mientras tanto, sigue su curso. El expediente fijó como fecha límite el 28 de mayo próximo para la verificación de créditos, etapa en la que ya comenzaron a presentarse acreedores, incluidos ex empleados que reclaman el pago de indemnizaciones tras los despidos.

Luego se abrirán las instancias de revisión e informes de la sindicatura, en un cronograma que se extenderá hasta 2027, cuando se definirá si el supermercado mayorista logra alcanzar un acuerdo con sus acreedores.