Con algo de impulso del exterior, las acciones y los bonos argentinos obtuvieron mayoría de ganancias este jueves, mientras que el riesgo país tocó otro mínimo desde el 28 de enero.

Los índices de las bolsas de Nueva York negociaron con alzas y el Dow Jones de Industriales ganó 1,7%, en un nuevo récord de 51.561 puntos. El panel tecnológico Nasdaq resignó un marginal 0,1% y el promedio S&P 500 sumó 0,4%, también en un nuevo máximo histórico de 7.584 unidades.

Firmes además continuaron los bonos soberanos en dólares de Argentina, que avanzaron 0,2% en promedio esta rueda para las emisiones Globales y Bonares, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, cayó siete unidades, a 486 puntos básicos.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street exhibieron cifras mixtas. Del lado ganador destacaron Satellogic (+3,8%) e IRSA (+3,1%).

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte cayó 2,6%, a USD 95,25 el barril con entrega en agosto, mientras que la variedad WTI (crudo intermedio de Texas) para julio bajó 3% a 93,03 dólares. Pese a esta tendencia del petróleo, YPF subió 0,4%, a USD 55,12, mientras que Vista Energy perdió 0,1 por ciento.

“Los activos domésticos buscan reanudar un mejor tono luego de la corrección ensayada en las últimas ruedas, toda vez que las positivas señales desde la ‘macro’ se extienden y se espera que puedan trasladarse más a la ‘micro’ y al consumo”, explicó el economista Gustavo Ber.

En una sesión volátil, las acciones estadounidenses finalizaron en sus precios más altos de la “a pesar de las nuevas dudas sobre la capacidad del presidente (de EEUU Donald) Trump para poner fin a la guerra con Irán y una posible conmoción en el floreciente sector de la inteligencia artificial”, resumió Yahoo Finance.

“Los inversores globales optaron por la cautela en una rueda marcada por los persistentes dilemas sobre el alcance de los desarrollos en inteligencia artificial y la fragilidad en las negociaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán”, coincidió Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Con un volumen de negocios de USD 597,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a $1.436,50, para interrumpir una racha de tres ruedas al alza en el inicio de junio.

Tras alcanzar un máximo intradiario en los $1.447, “la mayor oferta llevó la cotización hasta la zona de $1.435, aunque la demanda continuó firme y evitó una corrección más profunda”, resumió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los 1.767,17 pesos. El tipo de cambio oficial quedó ahora a 330,67 pesos o 23% de ese límite.

“Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó: la oferta neta en el Mercado Libre de Cambios por parte de petróleo, gas y minería fue en el primer cuatrimestre tan grande como la de cereales y oleaginosas: alrededor de USD 8.150 millones cada uno, en el caso de energía y minería con un aporte muy relevante de préstamos financieros, es decir, no solo de nuevas exportaciones”, describió la Consultora 1816.

El dólar al público bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.455 para la venta en el Banco Nación, a la vez que el blue ganó cinco pesos, a 1.435 pesos. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.458,02 para la venta y $1.406,33 para la compra.

Ante el inminente cobro del medio aguinaldo, Damián Di Pace, director de la Consultora Focus Market prevé que un segmento de inversores retail “optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor. El dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura”.

Por su parte, el Banco Central compró en el mercado USD 119 millones, el 19,9% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas cedieron en USD 45 millones, a 48.369 millones de dólares.

El Gobierno logró dar un paso clave en el Senado con la aprobación del proyecto que avala el acuerdo con los últimos holdouts o «fondos buitre» para el pago de u$s171 millones por los bonos en defult desde 2001, un tema con implicancias significativas para la estrategia económica del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

La iniciativa se aprobó con 40 votos a favor y 22 en contra. Fue un logro nada menor para La Libertad Avanza en el marco de una sesión que estuvo a punto de frustrarse por la polémica en torno a la designación de jueces y a la sorpresiva aprobación del pliego de María Verónica Michelli, que Milei quiso retirar sin éxito y que tensó la relación con Patricia Bullrich.

El proyecto pasó a la Cámara de Diputados, donde Martín Menem y la tropa libertaria tienen ahora el desafío de convertirlo en ley antes del 30 de junio porque, en caso contrario, el acuerdo podría caerse y Caputo no cosechará los beneficios que espera con este entendimiento, tales como levantar trabas en operaciones de deuda futuras.

¿De qué se trata el proyecto de pago a los holdouts que avanza en el Congreso?

La iniciativa avala el acuerdo firmado el 1 de abril pasado y notificado a la jueza de distrito de Nueva York, Loretta Preska, por el que Argentina se compromete a pagar a Bainbridge Ltd. un monto único de u$s67 millones y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP otros u$s104 millones.

En los argumentos del proyecto, el Gobierno destacó que el acuerdo implica «una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes» y permitirá «cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York».

Una vez realizado el pago, los fondos entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, que dispondrá la cancelación definitiva de dichos títulos. Es decir que primero se paga, se canjean los bonos y se cancela el litigio.

Parte de esos bonos fueron emitidos en la década de 1990 como parte de la reestructuración de deuda latinoamericana. Luego de la crisis política, social y económica que tumbó al gobierno de Fernando de la Rúa en 2001 y llevó a la declaración del default en enero de 2002, muchos de los tenedores aceptaron canjes posteriores.

Sin embargo, el grupo Attestor y Bainbridge Ltd. no ingresaron en esos acuerdos que promovieron Néstor Kirchner en 2005, Cristina Kirchner en 2010 y Mauricio Macri en 2016. En cambio prefirieron litigar y a la vez presentar demandas de embargo de activos clave del país. El Gobierno de Javier Milei busca colgarse la medalla de haber resuelto definitivamente el tema.

¿Por qué la ley es clave para Milei y Luis Caputo?

Si bien el acuerdo ya se firmó, el Gobierno quiere blindarlo mediante una ley, que siempre ofrece mayores garantías jurídicas que un decreto. Por eso los últimos «fondos buitre» están atentos hace varias semanas al avance del tema en el Congreso.

La negociación con estos dos fondos que abrió el gobierno de Milei permitió congelar todas las medidas de ejecución que seguían abiertas en Estados Unidos. Por caso, Bainbridge apuntaba a las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.

Esto quedó en pausa mientras se espera que el Congreso argentino apruebe el acuerdo, donde se establece que las partes suspenden los litigios sobre bonos emitidos antes del 1 de enero de 2002 y se comprometen a no iniciar nuevas acciones.

Además, los fondos aceptaron por escrito que no realizarán ninguna acción que dificulte, demore u obstaculice operaciones de obtención de capital, gestión de pasivos, ofertas de canje o refinanciaciones que lleve adelante la Argentina. Esto implica que no podrán trabar futuras operaciones de deuda argentina, importante para la estrategia de Caputo.

El tema lleva implícito, además, un valor político para Milei, que podrá colgarse la medalla de haber terminado con un conflicto que lleva 25 años y que, además, dará una señal favorable para la Argentina en el mercado financiero.

El plazo que pone presión sobre Diputados

El proyecto se había incluido en el temario de la sesión que se realizo el pasado 14 de mayo en el Senado, pero el oficialismo tuvo que devolverlo a comisión a pedido de los bloques aliados por un desacuerdo de último momento.

La complicación para el Gobierno es que en el acuerdo con los fondos tenía un plazo inicial para consegur el aval del Congreso que vencía el 30 de abril, que se prorrogó luego hasta el 31 de mayo. Tras la demora del Senado, se volvió a correr el «deadline» hasta el 30 de junio.

Si el Gobierno no consigue la aprobación del proyecto antes de esa fecha el acuerdo se caerá y Argentina tendrá que volver a enfrentar los litigios por el default en condiciones aún más desfavorables. Por eso ahora la presión está en la Cámara de Diputados.

Fuentes parlamentarias consultadas por iProfesional adelantaron que la idea de Menem es sesionar el 24 de junio para tratar los proyectos de Súper RIGI y Ley de lobby, por lo que el oficialismo aprovecharía para incluir también el acuerdo con los holdouts y cumplir así con el plazo acordado.

Los argumentos del oficialismo en el Senado sobre el acuerdo con los holdouts

El tema tuvo una breve discusión en el Senado, donde la principal defensora del proyecto fue la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien destacó que el Gobierno busca con esta iniciativa «cerrar una herida que tiene más de 25 años», cuando se produjo, según remaró, «el default más grande de la historia mundial».

Bullrich puso de relieve que la aprobación por ley de este acuerdo con Bainbridge Ltd y Attestor Value ayudará a «bajar el riesgo país», que es «una manera de tener más inversiones, más trabajo y mejores condiciones». Por ello, subrayó: «Es importante que se apruebe porque si no volveríamos al litigio».

A su turno, el también oficialista Agustín Monteverde, miembro informante del proyecto en el recinto, aseguró que se trata de un acuerdo «razonable, conveniente y legal» y afirmó: «Hemos logrado un descuento de más del 35%».

Con la aprobación en el Senado del proyecto que avala el pago a los últimos holdouts, el gobierno de Javier Milei logró un avance importante que lo ilusiona tanto a él como a Luis Caputo con la posibilidad de cumplir finalmente con el plazo acordado y salir a celebrar el cierre de un problema histórico para el acceso de Argentina al mercado de deuda.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras prevén una inflación de 2,3% para mayo y de 2,1% para junio. Además, estimaron que la dinámica anual se ubicará en 30,5% y que el dólar cerrará 2026 en 1.658 pesos.

Las firmas consideradas más precisas en sus proyecciones, conocidas como el Top 10, también proyectaron una suba de precios del 2,3% para el mes, aunque recortaron levemente su estimación respecto al relevamiento previo.

A partir de junio, las proyecciones de los encuestados anticipan una desaceleración gradual de la inflación mensual. Para junio, la mediana de las expectativas se ubica en 2,1%, mientras que en julio baja a 2,0 por ciento.

El descenso continúa en los meses siguientes, con estimaciones de 1,8% para agosto y octubre, valor que se eleva a 1,9% en septiembre. Para noviembre, la inflación mensual esperada se reduce a 1,7 por ciento.

En cuanto al Índice de Precios al Consumidor Núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 2,2% para mayo, apenas por debajo del valor anticipado en el informe anterior. El grupo de los diez mejores pronosticadores calculó una inflación núcleo del 2,3%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.

En cuanto al dólar, las estimaciones del REM sitúan el tipo de cambio nominal en $1.422 como promedio para junio de 2026, es decir, $15 menos por dólar respecto a la encuesta previa, y por debajo de la cotización actual del mayorista.

Hacia diciembre de 2026, los participantes proyectan un dólar a $1.658, lo que implica una suba interanual prevista del 14,5 por ciento, en línea con la dinámica inflacionaria. En el caso del Top 10 de pronosticadores, el promedio esperado para el último mes del año es de $1.596 por dólar.

Por otra parte, los analistas consultados calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y prevén una suba de 1,2% para el segundo trimestre, lo que representa ajustes al alza de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento se mantuvo en 0,9 por ciento.

En términos anuales, el promedio de las proyecciones indica que el PIB real sería 2,9% mayor que el promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual frente a la encuesta previa, mientras que el Top 10 de pronosticadores prevé un avance de 2,8% para 2026, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales.

Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación estimada para el primer trimestre de 2026 es de 7,7% de la población económicamente activa, sin cambios frente al relevamiento anterior. Para el último trimestre del año, se espera que la tasa baje a 7,4 por ciento. El Top 10 proyecta tasas de 7,8% y 7,4% para el primer y cuarto trimestre, respectivamente.

En lo relativo al comercio exterior de bienes, el REM anticipa que en 2026 las exportaciones (FOB) sumarán USD 98.547 millones, lo que implica un aumento de USD 2.491 millones respecto a la encuesta pasada. Las importaciones (CIF) se estiman en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en el relevamiento anterior. Así, el superávit comercial anual esperado asciende a USD 20.185 millones, es decir, USD 3.679 millones más que en el informe previo.

Por último, la estimación del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para 2026 arroja un superávit de $16 billones, $100 mil millones por encima del valor consignado en el relevamiento anterior. El promedio de los diez principales pronosticadores ubica el superávit en $15,7 billones y ninguna proyección considera un resultado inferior a $9 billones para el año.