ECONOMIA
El Gobierno confirmó que el Fondo de Asistencia Laboral de la nueva ley no entrará en vigencia a partir de junio
La implementación de uno de los cambios centrales incluidos en la reforma laboral sufrió una nueva postergación. El Gobierno confirmó a Infobae que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) no entrará en vigencia en junio, como estaba previsto originalmente, y dejó sin definición una nueva fecha para su puesta en marcha.
En las últimas semanas, distintos sectores empresarios y estudios especializados habían advertido sobre las demoras en la reglamentación de algunos artículos de la reforma laboral aprobada el año pasado. Entre ellos aparecía el FAL, un mecanismo diseñado para reemplazar parte de las contribuciones patronales que actualmente realizan las empresas y que tenía como objetivo reducir costos asociados a nuevas contrataciones.
Aunque desde el Ejecutivo no dieron precisiones sobre una nueva fecha de puesta en marcha, la confirmación de que el esquema no comenzará a regir en junio implica que todavía restan definiciones técnicas y normativas para su implementación.
La situación se produce en un contexto en el que parte de la reforma laboral ya fue reglamentada y comenzó a aplicarse, mientras otros capítulos continúan pendientes.
La reforma laboral planteó modificaciones sobre distintos aspectos del mercado de trabajo. Sin embargo, varios de esos cambios requieren decretos reglamentarios y resoluciones complementarias para poder entrar efectivamente en vigencia.
Durante mayo crecieron las consultas en torno al estado de situación del FAL porque distintos artículos de la ley fijaban junio como fecha de inicio para el nuevo régimen. La falta de definiciones oficiales había despertado dudas sobre si el Gobierno lograría cumplir con ese cronograma.
Fuentes oficiales confirmaron ahora a Infobae que el esquema no comenzará a funcionar el próximo mes. La decisión implica, en los hechos, una postergación del sistema que estaba pensado como uno de los instrumentos centrales para incentivar la registración laboral y, en simultáneo, estimular el mercado de capitales.
En paralelo, todavía quedan pendientes otros aspectos vinculados con la reglamentación integral de la reforma. Estudios contables, abogados laboralistas y empresas siguen de cerca las definiciones regulatorias necesarias para conocer el funcionamiento concreto del nuevo esquema.
La demora también se explica por la complejidad operativa del mecanismo. El FAL no sólo implica modificaciones sobre las cargas patronales, sino que además requiere definir el funcionamiento administrativo del fondo, los organismos intervinientes y la forma en que se distribuirían los recursos.
Hasta el momento, el Gobierno avanzó con reglamentaciones parciales de la reforma laboral, pero todavía no publicó la normativa necesaria para activar este instrumento específico.
El FAL fue diseñado como un sistema alternativo para financiar parte de las obligaciones vinculadas a las relaciones laborales formales. La intención oficial es que funcione como un mecanismo de cobertura frente a contingencias derivadas del vínculo laboral, al tiempo que reduzca el peso de determinadas contribuciones patronales.
La propuesta contempla que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico administrado bajo un esquema aún no definido completamente. Ese mecanismo busca reemplazar, total o parcialmente, otros costos asociados al sistema laboral tradicional.
Según lo previsto en la normativa aprobada el año pasado, el nuevo régimen apunta principalmente a incentivar la contratación formal de trabajadores. En especial, está orientado a micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores donde la informalidad laboral tiene mayor incidencia.
El esquema también aparece vinculado con otros cambios incluidos en la reforma laboral, como la regularización de trabajadores no registrados y la flexibilización de ciertos procedimientos administrativos para empleadores.
Uno de los puntos centrales es la posibilidad de sustituir algunos componentes vinculados a indemnizaciones o contingencias laborales mediante aportes periódicos al fondo, aunque todos esos cambios exigen de una reglamentación que por el momento no fue publicad.
Desde la aprobación de la Ley Bases, el Gobierno avanzó de manera gradual con la puesta en marcha de distintos capítulos vinculados al mercado de trabajo. Algunas medidas ya fueron reglamentadas y comenzaron a aplicarse, mientras otras siguen a la espera de definiciones.
Entre los cambios ya implementados aparecen aspectos relacionados con modalidades de contratación, regularización laboral y simplificación de ciertos trámites administrativos. Sin embargo, el FAL permanece como uno de los puntos más relevantes todavía pendientes.
La demora adquiere importancia porque el fondo forma parte del paquete de medidas orientadas a reducir el costo de formalización laboral y promover nuevas contrataciones registradas.
Por el momento, el Ejecutivo no difundió el nuevo cronograma previsto para avanzar con la implementación, aunque se daría en el segundo semestre. Con la confirmación oficial de que no comenzará a regir en junio, el FAL suma un nuevo capítulo de incertidumbre dentro del proceso de aplicación de la reforma laboral.
Brasil llega a las elecciones presidenciales con una incipiente crisis fiscal que promete ser uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Después de casi cuatro años de gestión de Lula, el déficit consolidado de las finanzas públicas se aproxima al 10% del PBI, según los datos del Banco Central de Brasil.
El deterioro es evidente frente al déficit de 4% que dejó Bolsonaro en 2022, aún después de la pandemia.
Parte del deterioro de los últimos años se explica por el resultado primario. Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión, lo revirtió y este año apunta a un déficit de 0,7% del PBI.
Pero el principal factor de presión sobre las cuentas públicas está en los intereses de la deuda.
Brasil enfrenta una combinación de elevado endeudamiento con altas tasas de interés en moneda local, catapultando la carga de intereses de la deuda pública.
La tasa de interés sobre la deuda local supera actualmente el 14% anual, un nivel similar al observado durante los últimos meses del gobierno de Dilma Rousseff, antes de su impeachment. Pero esta vez, con una inflación cercana al 4%, la tasa de interés real se ubica alrededor del 10 por ciento.
Esta combinación tiene un impacto directo sobre la dinámica fiscal.
El pago de intereses alcanza actualmente casi 9% del PBI y constituye una de las principales fuentes del déficit.
Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, los intereses de la deuda se convirtieron en el segundo mayor componente del gasto público brasileño, por encima del gasto destinado a educación, salud, seguridad y defensa.
La deuda pública
El persistente déficit fiscal también se refleja en la evolución del endeudamiento público.
En 2013, la deuda pública era equivalente a 60% del PBI, hoy llega al 100% del PBI.
La casi totalidad de la deuda pública de Brasil es en moneda local (96,3 por ciento).
Medida en dólares, la deuda ronda los USD 1,8 billones (1,8 billones). De ese total, aproximadamente una quinta parte vence durante los próximos doce meses.
Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión lo revirtió
El próximo presidente asumirá con unos USD 360.000 millones de deuda que deberán ser refinanciados durante su primer año de gestión.
A este cuadro se suma un problema adicional: la deuda pública ya empieza a ser una carga para la economía y se refleja en la desaceleración del crecimiento económico. Pese al buen desempeño de las materias primas agrícolas y de los precios de la energía, el crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años.
El crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años
Esto agrega presión a una dinámica de deuda/PBI ya deteriorada. El desafío del próximo gobierno, por lo tanto, será doble: corregir el resultado fiscal y, al mismo tiempo, relanzar la tasa de crecimiento.
El real en juego
El equilibrio cambiario luce cada vez más frágil y pone al real en zona de riesgo. La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención: garantiza el apetito por los títulos en moneda local y ancla transitoriamente la cotización de la divisa.
Pero a estos niveles la tasa Selic del Banco Central sirve más para sostener el carry y retener los capitales que para frenar la inflación. El costo lo paga el Tesoro.
La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención
Cerca de la mitad de la deuda pública interna está indexada a la Selic, y el resto se renueva en plazos cortos, de modo que la tasa que fija el Banco Central termina siendo, en los hechos, la tasa de la deuda.
Pero el costo es creciente, la carga de intereses ya es 10% del PBI y acelera la dinámica explosiva de la deuda pública, ya en el 100% del PBI. Es una trampa clásica de tasa: el Banco Central sube la tasa para estabilizar el mercado cambiario, pero la mayor carga de intereses aumenta el déficit fiscal, reiniciando el ciclo que pide más tasa.
El Gobierno puede insistir, pero todo carry tiene un límite y lo decide el mercado.
Los amortiguadores
Hasta ahora la economía pudo contar con dos grandes colchones para mantener bajo el riesgo país:
- Las reservas internacionales que se mantienen estables en torno a los USD 360.000 millones. Sus oscilaciones de los últimos años respondieron sobre todo a efectos de valuación: más de un cuarto de las reservas está invertido en otras monedas o en oro, de modo que el precio del metal y los movimientos del dólar mueven el stock sin que entre ni salga un solo dólar.
- En 2022 la caída del precio de los Tesoros.
La única venta significativa de reservas fue a fines de 2024, cuando el Banco Central volcó miles de millones de dólares al mercado para frenar una crisis de confianza en el real.
Segundo, el saldo comercial que apunta a cerrar el año cerca de los USD 87.000 millones, el segundo más alto de la serie después del récord de 2023. Lo explican sobre todo los mayores precios internacionales de las materias primas.
El desafío para el próximo ciclo presidencial
El margen de maniobra para la próxima administración no es elevado. A pesar de las cuantiosas reservas y del saldo comercial, pretender aliviar la carga de intereses recortando la tasa de referencia sin implementar antes un ajuste fiscal desataría una salida inmediata del carry trade local.
Sin ancla fiscal ni premio por tasa, la demanda de deuda soberana caería en picada y trasladaría toda la presión sobre el tipo de cambio, materializando una devaluación del real que reavivaría el frente inflacionario.
Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria
Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria.
Con un déficit fiscal de 10% del PBI, un stock de deuda llegando a 100% del PBI y una economía que se estanca ante elevadas tasas de interés, la dinámica de las cuentas del Estado será el principal desafío que enfrentará quien gane las elecciones. La salud de la moneda estará en juego.
Los autores son máster en Economía de la Universidad de Tilburg, en Holanda, y en Management de la Universidad Luiss, Italia, y director de la consultora Econométrica, respectivamente
Si no hubiéramos tenido que enfrentar el intento de siete golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato (Milei)
Noviembre y diciembre son dos meses que suelen ser un poco más complicados en términos de precios por la propia dinámica estacional que traen el comienzo de las vacaciones y las fiestas (Bisang)
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La tasa de empleo pasó de 44,6% a 45% de la población
El segmento administración pública, la defensa y la seguridad social registró una pérdida de representatividad de 8,6% a 7,1% del total
El total de no asalariados aumentó en 633.000 personas (11,9%) y ganó dos puntos porcentuales de representatividad
- Las mujeres de 65 años y más registraron el mayor incremento porcentual, con 138.000 puestos adicionales (41,3%), lo que elevó su peso en el total ocupado de 1,6% a 2,2 por ciento.
- Los varones del mismo tramo etario sumaron 74.000 empleos (15,1%) y pasaron de 2,4% a 2,7% de representatividad. Las mujeres de 30 a 64 años sumaron 460.000 ocupadas (6,9%) y ampliaron su participación de 32,6% a 33,6 por ciento.
El empleo creció más entre las mujeres mayores y bajó entre las jóvenes
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