Una asistencia internacional transitoria brindaría el tiempo necesario para afianzar la generación genuina de divisas por exportaciones energéticas, reconfigurando la economía y dando lugar a una nueva etapa de crecimiento sostenido.

En 2025, el peso sufrió un fuerte ataque especulativo que buscó desestabilizar el modelo económico de Argentina. El puente financiero proporcionado por Estados Unidos resultó decisivo: permitió consolidar el salto exportador y evitó una nueva crisis cambiaria.

El año cerrará con exportaciones energéticas por USD 16.500 millones -con un barril a USD 64- tras inversiones para aumentar la producción de USD 11.000 a USD 17.000 millones. Estas cifras continuarán creciendo hasta alcanzar USD 50.000 millones en 2032, cuando las exportaciones de LNG estén totalmente operativas, evitando así futuras crisis de balanza de pagos.

El economista Ricardo Arriazu advierte que, desde 1980, Argentina acumuló 20 años de crecimiento negativo sobre 45 años, atribuibles principalmente a crisis de balanza de pagos, originadas en buena medida por la propia acción de los argentinos: ataques especulativos debido a la desconfianza en el peso.

En 2025, los clientes bancarios compraron para atesorar USD 42.000 millones, aun enfrentando alternativas financieras más rentables, un fenómeno que se constituyó en el principal riesgo para la estabilidad económica y la concreción de un desarrollo a futuro.

El puente financiero de Estados Unidos cubrió el faltante transitorio de divisas y ayudó a restaurar la confianza tras las elecciones de medio término y errores políticos del gobierno. La recuperación permitió avanzar en las obras de infraestructura necesarias para que la producción en Vaca Muerta se duplicara, sentando las bases para sostener el nuevo ciclo exportador.

Este año, las exportaciones energéticas sumarán USD 16.500 millones, y podrían llegar a USD 20.500 millones si el barril se sostiene en USD 100. Además, se proyecta alcanzar USD 20.000 millones cuando el oleoducto Vaca Muerta Sur funcione a pleno desde 2027, y continuar el crecimiento hasta los USD 50.000 millones en 2032 con la operación completa de los buques de gas natural licuado de YPF-ENI, XRG y Adnoc, la estatal de Emiratos Árabes.

A estas cifras deben sumarse USD 6.056 millones de exportaciones mineras de litio y cobre previstas para este año. Estas exportaciones se estiman en USD 22.000 millones para 2035, junto a USD 7.000 millones generados por el agro tras una cosecha récord. El agro puede elevar sus exportaciones en un 50% si se eliminan las retenciones actuales.

Estas fuentes aseguran dólares suficientes para el país, aunque en sectores que no son grandes generadores de empleo y cuyas áreas productivas se encuentran alejadas del conurbano bonaerense, la región más afectada por el desempleo y la insuficiencia salarial.

El comercio, la construcción y la industria sufren la crisis, a pesar de tratarse de los sectores que más mano de obra demandan. El economista Juan Carlos de Pablo recuerda que, en economías en transformación, el crecimiento es desigual entre sectores, dada la asincronía inherente al cambio estructural. Esto no debe sorprender: es un fenómeno propio de una economía en ajuste.

El sector industrial afronta una transformación estructural forzada por la apertura económica y la eliminación de subsidios. El tiempo insuficiente para adaptarse junto con condiciones lejos de ser ideales acentúan la caída del poder adquisitivo.

Este es un desafío serio para el gobierno: debe atender un sector que genera malestar social y cuyos cambios se ven reflejados en la forma “K” del ciclo económico actual, con energía, minería y agro creciendo, pero generando poco empleo, y sectores demandantes de mano de obra (comercio, construcción, industria) en baja.

La industria presenta una retracción prolongada, mientras el economista austríaco Joseph Schumpeter explicaba que el proceso destructivo suele adelantarse al proceso de creación de lo nuevo; una tendencia acentuada por la apertura de importaciones y la competencia internacional.

Existen beneficios cuantiosos -cosecha récord, superávit energético, apoyo financiero internacional (con Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional)-, pero estos ingresos no impactan en el salario ni el empleo. El modelo actual no traslada estos fondos al consumo y, por lo tanto, no reactiva la economía en los sectores más vulnerables.

Los sondeos de opinión revelan un cambio de humor social y respaldo al gobierno, pero persiste el desencanto por la desconexión entre los indicadores económicos positivos y la experiencia cotidiana de la población.

Las encuestas muestran que el 70% de la población debió recortar gastos básicos, evidenciando la fractura entre el crecimiento y el bienestar generalizado. Según Arriazu, esto ocurre por dos motivos: el crecimiento no “derrama” hacia los salarios ni el empleo en el conurbano, y el pico de consumo registrado beneficia en especial al 30% favorecido por los cambios, con alto consumo de automóviles, turismo y bienes de lujo.

A pesar de las señales alentadoras de los bancos internacionales, el escenario político es inestable y la economía dista de haber alcanzado el equilibrio. Es preciso sostener el rumbo y adoptar medidas concretas en lugar de esperar sólo por una mejora espontánea.

El tiempo resulta esencial: aunque la inflación parece ceder, los salarios recién empiezan a recuperarse y el crédito da señales de reactivación, la economía requiere un empuje adicional.

Frente a la proximidad de elecciones -donde el 70% del conurbano vota y es el más afectado-, se plantea la necesidad de tender un puente salarial a los desocupados de la construcción, el comercio y la industria, para acompañarlos hasta que sus empleos se regeneren.

Arriazu propone dos instrumentos: un programa de desempleo transitorio dirigido a quienes sufren el redimensionamiento del comercio y la industria del conurbano, hasta que la economía y el consumo se reactiven, y un programa de obras públicas transitorio, focalizado en esa misma zona para quienes perdieron su empleo en la construcción. Estos mecanismos funcionan como puente hasta que el crédito hipotecario y la construcción privada retomen su marcha.

Estos programas sociales impulsarán la economía al recomponer el empleo y la recaudación fiscal, fortaleciendo el superávit fiscal hoy debilitado por la caída de ingresos.

Restablecer el sustento a las familias de los sectores en transición permitirá la recuperación de la demanda, el consumo y la recaudación fiscal, y dará tiempo a los empresarios para completar la transformación estructural, mientras la economía encuentra su nuevo equilibrio. Estas medidas pueden financiarse a través de un préstamo puente del Programa de Reforma Estructural del Banco Mundial y el BID, conceptualmente equivalente al puente financiero que permitió superar la crisis de 2025.

Así, el país podrá encarar 2027 y 2028 en mejor posición, permitiendo el desarrollo de soluciones estructurales para los problemas industriales, con acceso a crédito, reducción del riesgo país y el apoyo de la calificación de la calificadora internacional Fitch Ratings, facilitando el cumplimiento de obligaciones externas sin usar reservas del Banco Central.

Por último, se plantea la inclusión de los jubilados que realizaron aportes en las mejoras, utilizando los fondos que acumuló el Fondo de Garantía de Seguridad del Anses: USD 36.000 millones de incremento hasta los USD 78.000 millones al 30 de abril de 2026, desde los USD 42.000 millones en diciembre de 2023.

Estos fondos pueden aplicarse normativamente, permitiendo diferenciar a quienes contribuyeron de quienes no lo hicieron, sin afectar ningún derecho ni comprometer el superávit fiscal o el presupuesto.

El autor es Director del Comité del Comité de Asuntos Energéticos del CARI