En un guiño a sus aliados provinciales, que la semana pasada contribuyeron a frustrar la última sesión impulsada por la oposición, el oficialismo en Diputados acelerará el debate de un nuevo régimen de biocombustibles por 15 años.

La Comisión de Energía y Combustibles, presidida por el libertario Facundo Correa Llano, comenzará este martes a discutir el proyecto, que propone aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel y bioetanol que se mezcla con los combustibles fósiles. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado.

La propuesta despierta especial entusiasmo en Córdoba y Santa Fe, sus principales impulsoras, donde conviven grandes cerealeras con pequeñas y medianas empresas productoras de maíz y aceite de soja, los principales insumos para la producción de biocombustibles. También genera expectativas en Jujuy y Tucumán, productoras de caña de azúcar, elemento clave para la elaboración de bioetanol.

El cambio más significativo es el aumento de los cortes obligatorios. De convertirse en ley, el porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción de la norma.

En el Senado, el proyecto fue aprobado por 41 votos a favor y 25 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), casi toda la UCR, Pro, Convicción Federal y bloques provinciales. El tucumano Juan Manzur fue el único integrante de la bancada justicialista que acompañó la iniciativa, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad la rechazó por considerar que perjudica a las pequeñas y medianas empresas productoras de su provincia.

Es que uno de los puntos más controvertidos es la apertura gradual del mercado del biodiésel a las grandes aceiteras. Actualmente, el corte obligatorio del 7,5% está reservado a productores independientes con una escala reducida de hasta 50.000 toneladas al año.

La nueva iniciativa elevaría el corte al 10%, pero modificaría su distribución: hasta 2028, un 6,5% quedaría protegido para las empresas no integradas a los grandes grupos aceiteros y el 3,5% restante se abriría a la competencia de todos los productores. Esa participación reservada se reduciría progresivamente hasta el 4% en 2031. Es un esquema que despierta resistencias entre las pymes del sector.

Gestiones con gobernadores

El debate comenzará este martes a las 15, con una reunión de la Comisión de Energía en la que expondrán invitados. Los impulsores del proyecto esperan obtener un dictamen favorable la próxima semana, para luego avanzar en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, los otros dos giros de la iniciativa.

Los legisladores santafecinos y cordobeses confían en que el texto esté en condiciones de llegar al recinto el 18 de noviembre, en la sesión prevista para debatir el Presupuesto 2027. “Va a avanzar”, aseguró un legislador que participó de las conversaciones con el presidente de la Cámara, Martín Menem.

El impulso que ahora recibe la iniciativa llega apenas después de que diputados de Santa Fe, Tucumán, Jujuy y parte de Córdoba contribuyeran a dejar sin quórum la última sesión solicitada por la oposición para intentar voltear el DNU 70/2023.

Entre los ausentes estuvieron los santafecinos Gisela Scaglia y José Núñez; los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, y la cordobesa Alejandra Torres, todos integrantes de Provincias Unidas. Tampoco bajaron al recinto los tres tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo: Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera.

Las ausencias profundizaron las diferencias internas en Provincias Unidas, donde ocho de sus 18 integrantes decidieron no bajar al recinto, en sintonía con la estrategia del Gobierno. La cifra coincide con la cantidad de diputados que le faltaron a la oposición para alcanzar el quorum: reunió 121 de los 129 necesarios.

Dentro de la bancada se anticipa una discusión áspera que podría desembocar en una ruptura, aunque por ahora sus integrantes evitan hacer declaraciones públicas. “Nos debemos una conversación”, admitió uno de los legisladores más críticos, que distingue dos sectores: los diputados que responden a los gobernadores y los radicales y socialistas “sin tierra”, que mantienen una posición más confrontativa frente a Javier Milei.

Los pases de factura por las negociaciones con la Casa Rosada también se multiplicaron en el peronismo, que registró ausencias significativas. Una de ellas fue la del fueguino Agustín Tita, cercano al gobernador Gustavo Melella, cuya provincia atraviesa una delicada situación financiera y figura entre las jurisdicciones habilitadas para recibir anticipos de coparticipación. La gravedad de la crisis quedó expuesta la semana pasada, cuando policías retirados de Tierra del Fuego denunciaron ante la Comisión Bicameral de Seguridad Interior que llevan 16 meses sin cobrar sus haberes jubilatorios.

En una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con una agenda propia, los libertarios procuran devolver las gentilezas a sus aliados.

El avance de la ley de biocombustibles no es el único gesto: también incorporaron al temario de la sesión prevista para este miércoles un proyecto reclamado por el sector agropecuario que endurece las sanciones contra el vandalismo rural y otro que propone transferir gratuitamente a Chaco el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB), actualmente bajo la órbita nacional.

La Corte Suprema de Justicia definirá antes de fin de año la suerte del caso de Oil Combustibles, la empresa petrolera que era de Cristóbal López y Fabián de Sousa. En la causa se investiga la supuesta retención indebida de impuestos a los combustibles que fueron usados para capitalizar al grupo Indalo.

López y su socio De Sousa llegan a la Corte absueltos tras un juicio oral y público que tuvo como único condenado al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, que recibió una pena de cuatro años de prisión por permitir estos beneficios a la empresa petrolera.

Ahora la Corte mirará esas dos situaciones de manera unificada.

Echegaray llega con una condena y la Cámara de Casación Penal rechazó su recurso extraordinario, por lo que fue en queja a la Corte para intentar revertirla, apelando tanto la sentencia como el monto de la pena.

El otro recurso que tiene la Corte es del fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, contra la decisión que absolvió a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Que la Corte resuelva ambas cuestiones a la vez tiene una lógica que comparte la fiscalía. La Justicia consideró probado que Echegaray cometió un delito al conceder a Oil Combustibles planes de pago que perjudicaron al Estado, pero absolvió a los empresarios que pidieron esos planes y se beneficiaron con ellos, advierte el fiscal.

Una de las posibilidades es que la Corte termine reenviando el caso a la Cámara de Casación para que resuelva sobre los empresarios con un nuevo fallo y que rechace el recurso de Echegaray, confirmando la condena.

“O todos condenados o todos absueltos”, dijo un funcionario judicial a , simplificando el problema que, según el funcionario de Tribunales, se resolvería antes de fin de año. La causa ya giró por todas las vocalías en la Corte Suprema.

Pedido de prescripción

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene para resolver un planteo de prescripción del caso, presentado por la defensa de Fabián de Sousa, que pretende cerrar la causa sin condenas, solo por el paso del tiempo.

En este planteo paralelo, los acusados recusaron a los jueces de la Cámara de Casación que deben decidir. En este incidente, el último fallo es de la semana pasada. Los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky rechazaron la recusación de Gustavo Hornos planteada por el abogado Alberto Beraldi, de De Sousa.

La defensa de De Sousa y de López planteó la prescripción de la acción penal en el tribunal oral, que rechazó ese pedido. Ahora llevó el tema a la Cámara Federal de Casación. Aún no fue tratado porque los camaristas fueron recusados.

En primer lugar, Beraldi recusó a Petrone y Barroetaveña, ya que habían intervenido en el caso. Luego Hornos fue sorteado para intervenir para tratar las recusaciones de sus colegas, pero él también fue recusado.

Ahora que Hornos fue confirmado, él podrá resolver sobre las situaciones de Petrone y Barroetaveña. Cuando se defina la integración, los camaristas deberán determinar si el caso está prescripto o no, lo que puede tener impacto sobre lo que defina la Corte, que seguramente revisará este incidente en el futuro.

Diez años de causa

La causa empezó en 2016 con una denuncia de la AFIP, que la diputada Elisa Carrió amplió a partir de una revelación de . La acusación sostuvo que Oil Combustibles, la petrolera del Grupo Indalo, cobró a los consumidores el impuesto a los combustibles líquidos y no lo giró al fisco.

Así acumuló una deuda de unos $8000 millones. Según la fiscalía, ese dinero sirvió para financiar la expansión del holding de López y De Sousa, que llegó a reunir unas 170 empresas.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y del juez federal Julián Ercolini. En noviembre de 2017, López y De Sousa fueron detenidos con prisión preventiva y pasaron casi dos años presos. El juicio oral empezó el 13 de junio de 2019 ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF 3) y se extendió dos años y medio.

El 16 de diciembre de 2021, el TOF 3 condenó por unanimidad a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Por mayoría, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos absolvieron a López y De Sousa. A su criterio, no se probó que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario ni con intención de defraudar. El deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal, no en los contribuyentes que pedían los planes, dijeron los jueces de la mayoría.

El juez Andrés Basso votó en disidencia, por condenar a los tres.

El fiscal de juicio, Juan Patricio García Elorrio, había pedido cuatro años para Echegaray y cuatro años y cuatro meses para cada empresario. La AFIP, que había impulsado la causa, se retiró como querellante poco antes de los alegatos, después de que Oil adhiriera a un plan de pagos y se levantara su quiebra.

Echegaray sostuvo en su defensa que los planes otorgados a Oil fueron iguales a los otros 1648 concedidos durante su gestión.

El 23 de octubre de 2023, la Sala I de Casación, con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, confirmó las absoluciones.

Los jueces admitieron que la petrolera se había beneficiado de una autorización ilegítimamente otorgada por Echegaray que perjudicó al Estado. Pero aplicaron el beneficio de la duda en favor de los empresarios y confirmaron la responsabilidad penal de Echegaray, aunque ordenaron recalcular su pena.

Villar había sostenido ante Casación que hubo connivencia entre Echegaray y los empresarios. También reclamó una reparación de más de $5166 millones y vinculó los beneficios obtenidos por el Grupo Indalo con los fondos que López giró a la familia Kirchner por alquileres, un tramo que se ventila en la causa Hotesur y Los Sauces.

Casación le negó el recurso extraordinario y el fiscal fue en queja directo a la Corte.

El 28 de mayo de 2024, la Corte, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, anuló por unanimidad esa sentencia. Los jueces se remitieron al dictamen del procurador general interino, Eduardo Casal.

Concluyeron que Casación había dado un tratamiento solo aparente a los agravios del fiscal y que la absolución se apoyaba “en una valoración de la prueba dogmática y fragmentaria”.

Según el dictamen, los indicios habían sido analizados en forma aislada y sin la visión de conjunto que exigía el caso. La Corte ordenó que otros jueces dictaran un nuevo fallo.

El 19 de febrero de 2025, la Sala I, con otra integración, volvió a absolver a López y De Sousa. Alejandro Slokar propuso rechazar el recurso del fiscal por el beneficio de la duda, y Mariano Borinsky lo acompañó, pero dijo que en su opinión el caso estaba prescripto.

Según esta mayoría, no se probó que la AFIP hubiera dado un trato preferencial a Oil. El fallo también descartó usar prueba de otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

Las defensas destacaron que el mismo tipo de planes había beneficiado a otros contribuyentes, como YPF, la AFA y el propio Consejo de la Magistratura. También subrayaron que seis jueces de distintas instancias convalidaron las absoluciones.

Guillermo Yacobucci votó en disidencia. Sostuvo que López y De Sousa fueron beneficiarios directos de una maniobra que la Corte ya había considerado ilícita.

Villar volvió a recurrir ante la Corte y dijo que no había voto de mayoría porque Borinsky dijo una cosa (prescripción) y Slokar otra (absolución). Ese es uno de los dos planteos que ahora tendrán que resolver los jueces de la Corte.

El otro planteo es el de Echegaray. La Sala I de Casación rechazó su recurso de casación y sus nulidades. El 12 de mayo de este año declaró inadmisible su recurso extraordinario federal y la defensa fue en queja a la Corte.

Esa resolución permitió avanzar con la inhabilitación: en junio, ARCA exoneró a Echegaray del organismo. Si la Corte rechaza la queja, la condena a prisión quedará firme y deberá cumplirse en forma efectiva.