POLITICA
Reforma de la Ley de Tierras: el Congreso debate el fin de las restricciones a la adquisición por parte de extranjeros

El Gobierno argentino presentó en el Congreso un proyecto de reforma para reemplazar la actual Ley de Tierras, con el objetivo de suprimir las restricciones a la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de extranjeros. El debate gira en torno al alcance de la modificación, los motivos detrás de la propuesta y sus posibles consecuencias sobre la tenencia de tierras, los recursos naturales y los derechos de comunidades.
Diego Morales, director de litigio del CELS, explicó en Infobae A las Nueve que “la Ley de Tierras, sancionada durante el kirchnerismo, tampoco fue verdaderamente eficaz”, ya que existía la posibilidad de crear entramados societarios con argentinos actuando como intermediarios para inversores extranjeros.
Entre los aspectos principales de la reforma figuran la eliminación del tope del 15% en la compra de tierras por extranjeros, la supresión del cupo máximo por nacionalidad, y la quita del límite de superficie por región que hasta ahora era de mil hectáreas en la zona pampeana. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, lo que hasta ahora estaba prohibido para compradores extranjeros.
El paquete legislativo incluye también la modificación de la Ley de Expropiaciones, lo que, según Morales, implicaría que el Estado deba pagar más por las tierras que eventualmente requiera expropiar para proyectos de infraestructura. Al mismo tiempo, amplía la capacidad de empresas y personas extranjeras para comprar tierras rurales, al eliminar los límites actuales.
Motivaciones, objeciones y debate en el Congreso
Morales sostuvo que no existe una demanda significativa de inversores extranjeros que justifique la reforma. “Nosotros entendemos que no, que no existen esas demandas y eventualmente el sistema argentino está preparado para eso”, afirmó. Y recordó que el registro creado por la Ley de Tierras nunca alcanzó el límite del 15% y que la norma establecía otros controles razonables.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, advirtió en el streaming de Infobae que la medida, “pone en riesgo, también, la biodiversidad, que está tan frágil y tan necesaria cuidarla”. Liebana planteó su preocupación por el acceso a fuentes de agua dulce y la posibilidad de que la reforma facilite proyectos extractivistas que no garanticen desarrollo local ni protección ambiental.
En tanto, Morales señaló que el Estado tiene “la necesidad de contar con tierras” para planificar proyectos económicos, pero advirtió que el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena está en la Constitución y que la Argentina carece de una ley específica que la regule. “Hay muchos temas asociados a vastos sectores de la población que no tienen una seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan y en las que producen”, subrayó.
Control, antecedentes y legalidad de las operaciones
La aplicación de la Ley de Tierras permitió, en los hechos, la existencia de mecanismos para eludir las restricciones a través de sociedades formadas por argentinos que actuaban como intermediarios.
Morales confirmó: “Lo importante tal vez de la ley es que tenía un registro y en ese registro estaban identificadas a qué empresa pertenece cada una de esas tierras”. Explicó que algunas compras de grandes extensiones, como las de Benetton o Lewis, se concretaron antes de la vigencia de la ley, mientras que otras fueron posteriores y recurrieron a entramados jurídicos.

El debate sobre la transparencia de las operaciones persiste. Morales remarcó que el Estado puede investigar la titularidad real de la tierra utilizando el registro existente, aunque admitió la dificultad de detectar testaferros o beneficiarios finales en ciertos casos.
En relación a la gestión ambiental y el control sobre los recursos naturales, Liebana advirtió sobre la falta de claridad en la normativa propuesta respecto a la protección de áreas sensibles como nacientes y cursos de agua. Consideró que “hay que desarrollar otras capacidades” de control ambiental, y subrayó la preocupación por la reducción de recursos estatales para fiscalización y control de incendios.
Posiciones sociales, parlamentarias y posibles impactos
El oficialismo busca asegurarse los votos necesarios para aprobar la reforma, tras retirar algunos artículos polémicos vinculados a desalojos inmediatos, en respuesta a los reclamos de organizaciones sociales y eclesiásticas. Morales confirmó que el Gobierno modificó el proyecto para limitar la habilitación del juicio sumarísimo de desalojo, dejándolo restringido a casos de falta de pago y no a comunidades con ocupación histórica.
La discusión parlamentaria se desarrolla en un contexto de tensiones entre sectores que priorizan la inversión extranjera y quienes sostienen la necesidad de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos. Morales resumió la cuestión central: “No es un tema con los extranjeros, sino un asunto acerca de qué quiere planificar el Estado con relación a un bien como la tierra”.
El debate continuará en el Congreso, con la expectativa puesta en la sesión convocada para la semana del 13 de julio. Organizaciones sociales, representantes de la Iglesia y referentes parlamentarios mantienen posiciones críticas y reclaman un análisis más profundo sobre el impacto social, ambiental y económico de una reforma que podría modificar de manera sustancial el régimen de tenencia de tierras en Argentina.
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POLITICA
Diputados: la oposición no consiguió quórum y se cayó la sesión en la que buscaba rechazar el DNU de Milei sobre desregulación económica

Finalmente, como anticipó TN, se cayó por falta de quórum la sesión en Diputados impulsada por la oposición dura, el kirchnerismo y aliados, en la que iban a tratar de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei, de desregulación de la economía, considerado estratégico para el Gobierno. No lograron sentar a los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.
Con negociaciones, los libertarios lograron blindar el DNU, al bloquear un debate en que la oposición además apuntaba a tratar dos temas muy incómodos para el Gobierno, como los dictámenes sobre discapacidad y endeudamiento familiar.
“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, celebró el titular de la cámara baja, Martín Menem, tras la caída de la sesión. El propio Javier Milei hizo eco de sus palabras y festejó en sus redes con las siglas “MAGA” y “VLLC!”, en alusión a “Hacer a la Argentina Grande Otra Vez” (en inglés) y “Viva La Libertad Carajo”.
Además de los 95 legisladores de La Libertad Avanza encabezados por Gabriel Bornoroni; no bajaron al recinto para bloquear la sesión los 12 del PRO de Cristian Ritondo; y los seis de la UCR de Pamela Verasay. Tampoco asistieron los dos del MID de Oscar Zago; los dos de Producción y Trabajo de San Juan, que responden al gobernador, Marcelo Orrego -que tiene esta tarde una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli-; Adelante Buenos Aires, de Karina Banfi; la Neuquinidad, de Karina Maureira (con terminal en el mandatario Rolando Figueroa); y José Luis Garrido de Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal.
Tras la caída de la sesión, el legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que habilitaran el sistema para ver quiénes son los diputados presentes en el recinto y quiénes decidieron acompañar al oficialismo.
La convocatoria había sido impulsada por el jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, además de sus pares Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Myriam Bregman (Frente de Izquierda), Jorge Fernández (Primero San Luis), Natalia de la Sota ( Defendamos Córdoba), Mónica Frade (Coalición Cívica), entre otros diputados de diferentes espacios políticos. No hubo firmas de los representantes del bloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta, Gustavo Sáenz.
En los días previos, Martín Menem ideó una estrategia para bloquear la sesión que incluyó el llamado a otra sesión para el próximo 21 de octubre a las 12, donde el oficialismo incluyó en el temario sus propias iniciativas en materia de discapacidad y endeudamiento familiar.
POLITICA
Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

Mientras en Buenos Aires el oficialismo lograba este jueves desactivar la sesión en el Congreso en la que la oposición buscaba derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, el presidente Javier Milei se encontraba en Washington exponiendo en eventos con dirigentes de derecha y ratificando su apoyo a Flávio Bolsonaro, de cara a las elecciones en Brasil. Esta semana, cuando en la Cámara de Diputados se realice lo que el propio Gobierno considera que va a ser “la sesión más larga de la historia de la Cámara de Diputados”, el líder libertario estará en España, justo en la antesala de los comicios adelantados en los que se definirá al próximo mandatario de ese país.
El jefe de Estado argentino estará poco menos de 96 horas en territorio nacional antes de volver a partir al exterior, en el marco de las giras que viene encabezado para posicionarse como uno de los referentes políticos de la región en medio de los cambios de signo político que se están registrando en todo el mundo.
Si bien la agenda todavía se estaba terminando, Milei tiene previsto despegar rumbo a Madrid el lunes por la noche, después de participar durante la mañana en la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia, en Neuquén, junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La Casa Rosada todavía no terminó de confirmar la agenda en la capital española, aunque en el Gobierno daban por muy probable un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes europeas con las que el jefe de Estado mantiene una relación más fluida.

También había expectativa por una posible reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, quien competirá por la Presidencia del gobierno español en las elecciones adelantadas del 29 de noviembre.
La visita del libertario a Madrid se da en un momento de máxima tensión para la administración de Pedro Sánchez, quien tuvo que llamar a comicios antes de tiempo tras una serie de protestas masivas.
Abascal encabezará el martes a las 19:00 un acto partidario en Ponferrada, en la plaza Mayor y frente al ayuntamiento de ese municipio del norte español, pero Milei no tenía previsto trasladarse para participar de esa actividad.
El dirigente de Vox continuará entre el miércoles y el jueves con una serie de conferencias de prensa, de las que tampoco estaba prevista la presencia del Presidente argentino.
La expectativa oficial estaba puesta, en cambio, en los contactos que Milei pueda mantener en Madrid con dirigentes y empresarios, luego de una nueva visita a los Estados Unidos que incluyó actividades políticas y reuniones con figuras vinculadas al Partido Republicano.
En Washington, el mandatario volvió a mostrarse en un evento junto a Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, en una señal más de respaldo a los espacios de derecha de América Latina.
“Vamos a sacar a patadas al dictador comunista”, exclamó en esa oportunidad el libertario, que se involucra cada vez de manera más directa en los procesos de la región, al referirse a Lula da Silva.
La Casa Rosada considera que esos apoyos, que en algunos casos derivaron posteriormente en victorias electorales, forman parte de una estrategia que fortalece la proyección internacional del libertario.
Milei ya expresó públicamente su acompañamiento a candidatos y dirigentes de ese sector en Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región. El vínculo con Abascal y con Ayuso se inscribe en esa misma línea, en momentos en que España se encamina hacia una campaña electoral anticipada.
El viaje del Presidente coincidirá con la sesión convocada en la Cámara de Diputados para el 21 de octubre, que en el oficialismo anticipan que podría ser una de las más extensas de la historia reciente del cuerpo, con una duración cercana a las 24 horas.
Después de conseguir que la oposición no lograra quórum para debatir este jueves la derogación del DNU 70/2023, La Libertad Avanza buscará ordenar su propia agenda legislativa con iniciativas que apuntan a responder a los reclamos de los bloques aliados.
Una vez más, si bien seguirá los acontecimientos desde Europa, el mandatario dejará las negociaciones políticas en manos de los integrantes de la cúpula libertaria que ya vienen conversando con los otros espacios.
“Una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento. El país ya eligió un rumbo y no va a retroceder para satisfacer a los que nos llevaron al fracaso”, escribió el titular de la Cámara baja, Martín Menem cuando se confirmó que la oposición no había alcanzado el quórum.
Entre los proyectos previstos para el miércoles, en tanto, figura la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina.
Además, el oficialismo pretende llevar al recinto el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios para restituir los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros como concesión para los aliados.
La medida, que fue autorizada por Menem luego de varias presiones, apunta a preservar el DNU 70, después de que la Corte Suprema reabriera la discusión sobre la Ley de Tierras.
La agenda también incluiría las propuestas oficiales sobre discapacidad y morosidad o endeudamiento familiar, que el Gobierno elaboró como alternativa a los proyectos impulsados por la oposición.
La intención del oficialismo al convocar esa sesión fue, entre otros puntos, ofrecerles a los aliados una vía para acompañar las restricciones a la adquisición de campos por parte de extranjeros sin tener que votar la derogación completa del mega decreto firmado por Milei al comienzo de su gestión.
Con Milei fuera del país, la negociación política quedará nuevamente en manos de Santilli, los Menem y el resto de la mesa política, que se reuniría el martes nuevamente.
El jefe de Gabinete recibió este jueves al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en el marco de una ronda de contactos con mandatarios provinciales que busca asegurar apoyos para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027.
Ambas iniciativas dependen de los mismos bloques dialoguistas que resultaron determinantes para impedir que la oposición reuniera el número necesario para abrir la sesión de este jueves.
En paralelo, el martes también se retomarán las conversaciones con los representantes del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con quienes el Gobierno no se reúne desde el 24 de septiembre.
El encuentro se da después de casi un mes de diferencias por la discusión sobre discapacidad, la falta de coordinación parlamentaria y las negociaciones electorales de cara a 2027.
A pesar de esas tensiones, el PRO decidió no participar de la sesión opositora de la semana pasada y fue uno de los factores que le permitió al oficialismo proteger el DNU 70.
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POLITICA
La Casa Rosada enviará la reforma del Código Penal al Congreso antes de fin de año y la convertirá en eje de campaña

La Casa Rosada planea enviar al Congreso antes de fin de año la reforma del Código Penal y busca convertir la agenda de seguridad en uno de los ejes de la campaña presidencial de 2027. El Ejecutivo retomó las negociaciones internas sobre el alcance del texto y sostiene que la iniciativa se presentará como una reforma conjunta, y no dividida en una serie de proyectos.
En Balcarce 50 aseguran que el proyecto presentado en Diputados por Virginia Gallardo para modificar penas y reglas de prescripción no altera esa hoja de ruta. Cerca de la conducción legislativa explican que la iniciativa buscó instalar algunos de los temas de la agenda penal, pero que no forma parte de una estrategia para reemplazar ni fragmentar la reforma que prepara el Ejecutivo.
El punto central sigue siendo cerrar las diferencias entre el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, y los equipos que intervienen en la revisión jurídica del proyecto. Entre ambas áreas circularon varios borradores durante los últimos meses y en el Gobierno reconocen que todavía existen discusiones sobre la extensión definitiva del articulado.
Una de las alternativas que gana terreno es recortar aproximadamente la mitad de la reforma original para alcanzar un texto intermedio. La primera versión superaba los 900 artículos y planteaba una modificación mucho más amplia del Código vigente, mientras que Justicia propuso después una intervención más acotada sobre su estructura actual.
En el Ejecutivo sostienen que las diferencias se redujeron y que todavía existe margen para un acuerdo antes de diciembre. La definición marcará también qué cambios ingresarán finalmente al Congreso y cuáles quedarán afuera de una iniciativa que atravesó distintas revisiones desde fines de 2025.
La decisión política es que no se envíen por separado los principales capítulos de la reforma. Esto marca una diferencia con la posibilidad que se había analizado de avanzar primero con un paquete puntual de endurecimiento de penas mientras continuaba la discusión sobre una modificación más amplia del Código Penal.
El borrador que circula dentro del Gobierno incluye un aumento de las penas para distintas modalidades de robo y hurto, entre ellas los delitos cometidos con vehículos, las entraderas y las salideras. El uso de un vehículo para facilitar el robo o la fuga aparece como agravante y puede llevar la pena hasta los 15 años.
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