POLITICA
Reforma laboral: el Gobierno apelará los fallos en favor de la caja sindical y la CGT apura la organización de los paros “a la francesa”

La batalla entre el Gobierno y la CGT se sigue intensificando: la administración libertaria apelará el fallo judicial que suspendió la aplicación de artículos de la reforma laboral que afectan la caja del Sindicato de Camioneros, mientras el martes próximo se reunirá por primera vez la comisión cegetista que organizará los paros “a la francesa” que se realizarían en agosto.
En la central obrera se vivió como un triunfo la sentencia del juez laboral Herman Mendel que ordenó la suspensión inmediata de los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral y de los artículos 5, 6 y 7 del Decreto 407 que reglamentó esa norma en el convenio colectivo 40/89 del Sindicato de Camioneros.
Los puntos suspendidos por Mendel tienen que ver con la “caja sindical”, es decir, aquellos incluidos en el convenio colectivo firmado por Hugo Moyano que quedaron limitados por la reforma laboral: el seguro de sepelio, el subsidio mensual a favor de la viuda, la extensión de la cobertura de obra social, programas de capacitación profesional, actividades sociales y culturales, ayudas asistenciales y prestaciones extraordinarias acordadas en las negociaciones colectivas.

Mendel fue titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30 hasta el martes pasado, día en que firmó el fallo que favoreció al gremio de Hugo Moyano, y al día siguiente, 1° de julio, efectivizó su renuncia al cargo, como anticipó Infobae, que había sido aceptada por el Poder Ejecutivo el 22 de mayo último.
En la Casa Rosada volvió a estallar la bronca contra la justicia laboral luego del fallo de Mendel, el mismo magistrado que en marzo pasado frenó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, incluido en la Ley de Modernización Laboral, al hacer lugar a una demanda presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que encabeza Julio Piumato.
Pero Mendel no fue el único que en las últimas semanas dejó a salvo de la reforma laboral varios artículos del convenio colectivo de un gremio: el 17 de junio pasado, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 24, Leonardo Gabriel Bloise, hizo lugar a un pedido del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la República Argentina (SEIVARA), que lidera Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, y ordenó a las cámaras empresarias del sector que sigan cumpliendo con los aportes sociales y solidarios previstos en el convenio, pese a las restricciones contempladas en la Ley de Modernización Laboral.

El magistrado sostuvo que los pagos a obras sociales y fondos de capacitación “benefician indirectamente a la comunidad de trabajadores” y no pueden suspenderse de forma unilateral por parte de las empresas.
El eje de la disputa es la vigencia de las contribuciones solidarias y los fondos para capacitación fijados en los artículos 64 y 65 del convenio colectivo de trabajo 683/2014: el sindicato denunció que la Cámara Argentina de Fabricantes de Vidrio, la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas y la Cámara Argentina de Industrias Ópticas y Afines buscaban dejar de realizar esos aportes alegando que la Ley 27.802 había cambiado las reglas para los convenios vencidos.
Las entidades empresariales, según consta en el expediente, podrían considerar que esas cláusulas “han perdido vigencia como consecuencia del vencimiento del plazo previsto por el CCT 683/2014”, y que sólo subsisten las condiciones individuales de trabajo, como salarios y vacaciones, y el juez Bloise enfatizó que esa interpretación dejaría a los trabajadores sin los recursos para prestaciones sociales, ayuda escolar, becas y otros beneficios colectivos.

Tanto la presentación judicial de Camioneros como la de Empleados del Vidrio sintonizan con la estrategia de la CGT, anunciada la semana pasada, de que cada sindicato impugne en los tribunales las restricciones que prevé la Ley 27.802 sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta esa norma sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.
En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen cuando vence el convenio colectivo.
Los recientes fallos de la justicia laboral dejan a salvo justamente las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo que afectan la “caja sindical” y que, de manera obligatoria, implican un descuento en los salarios de los trabajadores, sean afiliados o no, que va de manera directa a las arcas de los gremios.
La limitación de las cuotas solidarias es una vieja obsesión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que calificó esos aportes como “peajes sindicales” y por eso defendió la incorporación en la reforma laboral de un artículo (idéntico al del DNU 70) que condicionaba el pago de esos montos al consentimiento explícito de los trabajadores, algo que rechazaba la CGT porque complicaba los fondos destinados al financiamiento de los sindicatos.
Por presión sindical, y para que la reforma laboral pudiera ser sancionada, el ala política del Gobierno (Martín y Lule Menem, más Santiago Caputo, con el apoyo del secretario de Trabajo, Julio Cordero) accedió finalmente a eliminar la obligación del “consentimiento explícito” y propuso dejar intactas las cuotas solidarias, aunque con una vigencia de 2 años y un tope del 2% de los salarios, que se incluyó en la versión aprobada por el Congreso.

Mientras celebra los últimos fallos de la justicia laboral, la CGT avanzará esta semana con la organización del esquema de paros “a la francesa” que fue aprobado para retomar el plan de lucha contra el Gobierno.
Este martes, en la sede de Azopardo 802, tendrá lugar la primera reunión de la comisión creada por la central obrera para definir cómo se desplegarán las medidas de fuerza sectoriales y rotativas en un período extenso, que concluiría con un nuevo paro general, el quinto que se realizará desde el 10 de diciembre de 2023.
La mesa organizativa estará integrada por uno o dos miembros de las confederaciones sindicales (industria, transporte, energía, alimentación y comunicaciones), más dirigentes de la CGT y de las dos CTA.

¿En qué consiste el “modelo francés” de protestas? Está inspirado en el que se aplicó en 2023 contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron: en lugar de detener todo el país durante semanas, los sindicatos coordinaban paros por sectores y en forma secuenciada.
Es decir, una semana se paralizaron los trenes, el sector de energía y las refinerías, por ejemplo; la siguiente, la recolección de residuos, la educación y el transporte urbano, y así se alternaron cada 7 días otras actividades en la paralización de tareas, complementadas con movilizaciones diarias, hasta llegar a una medida general que abarcó a todos los gremios.
Ese sistema es el que estrenará la CGT para seguir su ofensiva contra el Gobierno y para llevarlo adelante se buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación. De allí surgirán los detalles de las medidas y la fecha en que comenzarán, aunque será después del Mundial de Fútbol, que finaliza el 19 de julio, y todo apunta a que el mes clave será agosto.
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POLITICA
El Estado cambia la forma de auditarse: la SIGEN actualizó sus reglas tras casi 25 años

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó las reglas que rigen la auditoría interna en el Estado. Después de más de dos décadas de vigencia, las Normas de Auditoría Interna Gubernamental (NAIG) fueron reformuladas para incorporar los cambios producidos en la administración pública, los nuevos riesgos y los avances tecnológicos.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas aprobadas en 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la actividad de auditoría interna en el Sector Público Nacional y las Universidades Nacionales.
La actualización no supone un quiebre con el modelo anterior. Parte de la experiencia acumulada durante más de veinte años y suma nuevos criterios y prácticas profesionales para fortalecer el sistema de control interno.
Uno de los principales cambios es la concepción de la auditoría como una herramienta que no solo revisa lo ocurrido, sino que también identifica riesgos, anticipa problemas y aporta información para mejorar la toma de decisiones.

Del control que revisa al control que anticipa
Las nuevas Normas de Auditoría Interna Gubernamental fortalecen la independencia y objetividad de la auditoría interna y amplían su función como instancia de aseguramiento y asesoramiento estratégico.
El nuevo enfoque pone el acento en la gobernanza, la gestión de riesgos y el control, con una mirada orientada a generar recomendaciones y oportunidades concretas de mejora.
La idea es que la auditoría pueda aportar una visión prospectiva y basada en evidencia sobre el funcionamiento de las organizaciones públicas.
Tecnología y nuevos riesgos
La transformación tecnológica ocupa un lugar central en las nuevas normas.
Las Normas de Auditoría Interna Gubernamental incorporan el uso de herramientas tecnológicas para la recopilación, análisis y evaluación de información, además de contemplar la gestión de recursos tecnológicos y los riesgos asociados a su utilización.
También se profundizan las capacidades profesionales requeridas para los equipos de auditoría, entre ellas conocimientos actualizados, análisis de riesgos, herramientas de datos y capacidad para comunicar con claridad sus conclusiones.
En otras palabras, si cambió la forma de gestionar el Estado, también tenía que cambiar la forma de controlarlo.
Un control con mirada productiva
Otro de los ejes de la actualización es la incorporación de un enfoque productivo de la acción pública.
Las nuevas normas establecen que la auditoría debe prestar especial atención a los costos y gastos innecesarios, la calidad de los bienes y servicios, el impacto económico de los controles y los indicadores de desempeño.

Incluso las recomendaciones de nuevos controles deberán contemplar la relación entre costo y beneficio, y considerar tanto los riesgos que se busca reducir como los posibles efectos sobre los procesos de gestión.
“La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor”, señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.
Una agenda que también estuvo en el Congreso
La actualización de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental se conoce después del 2° Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”.
Durante tres jornadas, especialistas, funcionarios y referentes del control de distintos países debatieron sobre innovación, tecnología, gestión de riesgos, calidad y las transformaciones que enfrenta el Estado.
El encuentro reunió a más de 750 visitantes acreditados, 42 speakers y representantes de 11 países, y recibió más de 60 trabajos en el marco del concurso de ponencias sobre innovación y nuevos desafíos para el control gubernamental.

En ese contexto, las nuevas NAIG representan un paso concreto en una agenda que busca adaptar el control público a una gestión cada vez más compleja y tecnológica.
Cinco componentes y 13 principios
El nuevo marco organiza las normas en cinco componentes y 13 principios, que abarcan el propósito de la auditoría, las condiciones para su ejercicio, el gobierno de la función, su gestión y el desempeño de los servicios de auditoría.
El esquema incorpora, además, criterios de planificación basada en riesgos, gestión de recursos, tecnología, comunicación, calidad y mejora continua.
Las nuevas normas también contemplan requisitos mínimos para un Sistema de Gestión de la Calidad de las Unidades de Auditoría Interna.
Después de más de veinte años, la SIGEN actualiza así el marco que regula la auditoría interna gubernamental y consolida una visión del control como una herramienta para mejorar la gestión, cuidar los recursos públicos, prevenir riesgos y generar valor para el Estado.
POLITICA
La delgada línea entre el milagro y la catástrofe

Javier Milei y Axel Kicillof convivieron dos días bajo el cielo de Nueva York sin verse, pero como si se persiguieran con las palabras. Desplegaron un duelo de desmesuras ante inversores y políticos. Donde el presidente libertario ve un boom de crecimiento y consumo, una Argentina a la que “los dólares le salen por las orejas”, el gobernador peronista distingue “una catástrofe”, un desierto de empresas quebradas y desempleo masivo. Lo que dejaron fue una estela de desconfianza, acompañada por una suba del riesgo país hasta el nivel más alto desde abril.
La doble visita resultó una puesta en escena del carácter provisorio de la transformación que experimenta la Argentina. Milei ha optado por aferrarse a la polarización con el kirchnerismo, o sus herederos, y esa decisión lo expone delante de los actores económicos a los que seduce para que se lancen a invertir.
Su lógica de empujar reformas del 50%, sin buscar mínimos puntos de consenso con una oposición a la que baña de insultos a diario, cubre su programa de un manto de incertidumbre. Lejos de ser una brújula fiable, el famoso “rumbo” queda sometido a un examen permanente de opinión pública. Preso de los resultados de corto plazo. El apego al equilibrio fiscal, la nueva legislación laboral, la apertura comercial, el incentivo a las grandes inversiones del RIGI y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos se asumen como decisiones personales de Milei.
“Si aparecen pelotudos hablando por Nueva York, (el riesgo país) sube, obvio”, dijo Milei el miércoles, cuando la tasa ya superaba los 550 puntos. Aludía a Kicillof, por ahora el dirigente que lo sigue más de cerca en las encuestas de intención de voto presidencial, aunque todavía le quede un pedregoso camino para afianzarse como el candidato del peronismo. Lo llamó “enano soviético” y otras lindezas por el estilo ante auditorios que tienen un temor innato a los políticos de inclinación intervencionista.
Agitar el “riesgo kuka” es un cuchillo de dos filos. Agrupa a un sector del electorado al que le causa escalofríos el recuerdo de los gobiernos kirchneristas, pero vuelve conservadores a los que mueven el dinero. Lo sabe el ministro Luis Caputo, que por eso hace tiempo decidió declarar que, a su juicio, es imposible que en 2027 el peronismo vuelva a gobernar el país.
Pero la tentación de culpar al enemigo es más fuerte cuando la economía no llega al lugar que el Gobierno espera. A estas alturas del año, Milei y Caputo proyectaban que la inflación habría caído por debajo del 1 por ciento mensual y que el crecimiento sería perceptible para la mayoría de la población. Tienen, en cambio, la actividad en retroceso, el empleo planchado, niveles de mora crediticia récord y movimientos de precios que aún impiden un despegue de los salarios.
Como consecuencia de este presente de estabilidad escuálida, el liderazgo de Milei en la carrera presidencial se ha vuelto difuso.
El ministro de Economía, que llegó a imaginar las elecciones del año que viene como “un paseo por el parque” para los libertarios, se desvive por garantizar un blindaje de reservas que le permita pulsear con el mercado en la temporada de votación. El objetivo número 1 de su gestión es evitar una corrida cambiaria ante el miedo a un vuelco radical en las reglas de la economía. La estabilidad se mantiene como el mayor tesoro a cuidar. La tasa de inflación de agosto, de 1,7% y la más baja en 14 meses, lo invita a perseverar en esa dirección.
Milei ajusta las promesas al andar. Los “mejores 18 meses” de la historia que según Caputo iban a empezar en abril se mudaron a un futuro hipotético. “Si somos reelectos, el 2028 va a ser el mejor año de la Argentina”, pontificó el Presidente el jueves. Un arquero que no para de correr el arco. Fue otra invitación a que los grandes jugadores del mercado profundicen su inclinación al “esperar y ver”.
El dilema peronista
Kicillof buscó aguarle la fiesta. En sus charlas con financistas y políticos refutó la orientación liberal y desreguladora de Milei. Se presentó como defensor de un rol fuerte del Estado en la economía, habló de una “tragedia educativa” y descalificó la doctrina trumpista de intervención en la región. A su propuesta le falta aún una definición nítida sobre cuál es la receta que lleva al crecimiento. En las últimas semanas mencionó al pasar la necesidad de “orden económico”, sin que surja aún de esas palabras un mensaje explícito contra el prejuicio muy extendido de que un triunfo del peronismo implicaría el regreso de la inflación desbocada.
Ni él ni ninguno de los integrantes del disuelto Frente de Todos ha ofrecido una explicación concreta sobre por qué fracasó el gobierno de Alberto Fernández y qué se hizo mal para que al entregar el mando la inflación interanual fuera del 211%. Sergio Massa, el ministro de Economía que perdió contra Milei, no volvió a hablar en público sobre su gestión. Cristina Kirchner mantiene la centralidad a pesar de estar en prisión domiciliaria y se limita a recordar que ella señaló en su momento las disidencias con Fernández. Una verdad a medias, porque nunca abandonó en aquellos años la jefatura del oficialismo y el poder sobre áreas centrales de la administración.
La carencia de una autopsia del último gobierno peronista opera como un freno de mano en la renovación opositora. Contrasta con lo que hizo Mauricio Macri después de su derrota en 2019. Él se tomó un tiempo para explicar por qué no había logrado sus objetivos económicos y concluyó que, si tuviera la posibilidad, “haría lo mismo, pero más rápido”. Esa autocrítica desdibujó a Juntos por el Cambio y anticipó a Milei.
Un peronismo sin el vigor de otras épocas, desprovisto de un liderazgo claro y sometido a batallas internas destructivas, le da a Milei oxígeno para pensar cómo salir del laberinto del estancamiento económico. La imagen positiva que perdió el Presidente no engorda a sus rivales. Pero el descontento social y las expectativas menos optimistas respecto del futuro producen efectos inmediatos en el plano político.
Sin esas condiciones, sería impensable el libertarianismo crítico que ensaya Patricia Bullrich o la candidatura en gestación del economista Hernán Lacunza desde el Pro, a pesar de que, en paralelo, Macri y la hermana del Presidente abrieron la negociación de una alianza de alcance nacional. “Tengo mucha confianza en que los argentinos van a quedarse con la versión del cambio de primera mano, no con la segunda marca o la tercera”, dijo Milei el jueves, en lo que pareció un mensaje a quienes lo desafían desde su andarivel ideológico.
Los retrocesos de Milei
Esa rigidez narrativa contrasta a menudo con la dinámica real de su gobierno. Milei no pacta de antemano, pero suele retroceder después. Empuja reformas sin acuerdos previos y frena cuando la realidad le pone un límite. Solo lo disimula con una pose dogmática y palabras incendiarias.
Se volvió el primer malvinero después de la oalista que se impuso a raíz del partido del Mundial entre Argentina e Inglaterra. Tardó en entenderlo y lo asumió cuando debió resignar las modificaciones a la ley de tierras que impulsaba como parte esencial de su revolución. Esta semana, ante la Asamblea General de la ONU, se presentó como el único presidente argentino dispuesto a pasar a la acción para recuperar la soberanía, pese a que su mayor gesto hasta ahora ha sido proponer una versión más dura de una ley vigente desde 2011 para sancionar a las empresas que extraen recursos en las islas y el mar circundante.
Otro giro sin sutilezas se dio en la discusión por el financiamiento para el área de discapacidad, al renunciar a los recortes que había impulsado la semana pasada en el texto del presupuesto 2027. La reacción política y social desató un clamor de los propios. El clima ya no está para presumir de crueldad con los más débiles, como solían hacer algunos de los libertarios más conspicuos. Aquellos que desafiaban en redes sociales a un chico autista o usaban como insulto el término “mogólico”.
Los aliados parlamentarios están menos propensos a convalidar nuevos ajustes impopulares. “Hay campo fértil para que nos toreen con leyes que amenazan el superávit fiscal. Ya pasó el año pasado antes de las legislativas”, dice uno de los integrantes de la conducción legislativa de La Libertad Avanza. Milei llama a no ceder, salvo en los casos que lo expongan a una crisis.
El termómetro del humor social aconsejó también pasar a pérdida a Manuel Adorni, que el lunes explicó ante los tribunales que había hecho su patrimonio gracias a ganancias extraordinarias con criptomonedas que ocultó al fisco durante años. Contó que guardó en su casa casi 600.000 dólares en 2017 y vivió con disimulo, austeramente, hasta que fue designado en el Gobierno, a finales de 2023. Milei no volvió a clamar la inocencia de su amigo. En las redes sociales no hubo ni un “fuerza, Manu”. El vocero Adrián Ravier se limitó a decir que será la Justicia la encargada de determinar si la explicación del exjefe de Gabinete es cierta o no. El último hilo de cortesía con Adorni consiste en mantenerle la custodia y el auto oficial.
La nueva tierra prometida
El foco del Presidente estaba puesto en la visita a Manhattan. En desplegar otra vez su oferta de una nación abierta a la inversión, destinada a convertirse en un proveedor privilegiado de minerales críticos, energía y espacio físico para el desarrollo de la Inteligencia Artificial. “Argentina es la nueva tierra prometida”, anunció en Nueva York. Explicó que su problema hoy consiste en que no se aprecie más el peso ante el auge de las exportaciones. Ahí encajó su metáfora de los dólares que nos salen por las orejas. Incluso se permitió fantasear con pasiones personales, como cuando dijo que soñaba con tener un Tesla Cybertruck negro con un león dorado para pasearse por Buenos Aires.
Pudo celebrar un acuerdo con Estados Unidos sobre proyectos de infraestructura estratégica por 7000 millones de dólares. Es otro triunfo en espera, sujeto a que el péndulo argentino no se active otra vez.
Antes de volverse, Milei describió los éxitos de lo que llama “el milagro libertario”. Refutó a los que, en línea con Kicillof, denuncian una crisis de ingresos. Dijo: “Con la baja de la inflación les devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares; una inyección de dinero que se siente en el bolsillo”. Las últimas estadísticas oficiales del Indec hablan de caídas del consumo, la inversión y el empleo, y un repunte de la pobreza. Será que prendió el ejemplo de Adorni y todos decidieron guardar el dinero y vivir deliberadamente como si no lo tuvieran.
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POLITICA
Video: el baile de Mauricio Macri en el acto del PRO en Jujuy donde alternó apoyos y críticas al Gobierno de Milei

En su viaje a Jujuy, el expresidente Mauricio Macri dejó algo más que definiciones políticas del PRO y alguna crítica leve al gobierno de Javier Milei. Segundos antes de iniciar su discurso, ensayó unos pasos de baile con un colaborador.
No es la primera vez que lo hace, de hecho fue una suerte de marca registrada durante su gobierno, y en campaña. Ahora, desde hace unos meses volvió a reeditar los bailes, en una maniobra para mostrarse cercano a la gente.
Macri también aumentó su exposición pública, con entrevistas en redes sociales y canales de streaming; en este nuevo rol como presidente del PRO se lo ve más activo en el mundo virtual.
El exjefe de Estado volvió este viernes al centro de la escena política con una postal que el PRO construye desde hace meses: un acto propio, rodeado de dirigentes propios y en un marco federal, con el foco puesto en el armado rumbo a las elecciones del año que viene. La reaparición llega después de una semana en la que el partido fundado por el expresidente volvió a diferenciarse del Gobierno por el Presupuesto 2027 y el capítulo vinculado a discapacidad.
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