POLITICA
Reforma laboral: la CGT pidió la nulidad del fallo que dejó vigente la ley y recusó a los dos camaristas
La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una serie de impugnaciones contra la decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional y frenó la medida cautelar contra la reforma laboral.
A través del abogado Pablo Topet, la central obrera reclamó, además, la recusación de los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, lo firmantes de la sentencia que revirtió la medida cautelar del juez Horacio Ojeda, que había frenado 81 artículos de la denominada ley de modernización laboral.
La CGT impugna a Pesino con el argumento de “falta de imparcialidad” tras conocerse que el Poder Ejecutivo inició el trámite para extender su mandato por 5 años (cumple 75 años en junio) apenas un día después de su fallo a favor del Gobierno. Se alega en la presentación judicial que recibió un “beneficio de importancia” del Estado Nacional.
A González, en tanto, se la acusa de prejuzgamiento, al haber adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar que los trabajadores no son “sectores socialmente vulnerables” y que sus derechos no son de “naturaleza alimentaria”, según la presentación judicial que hizo la CGT.
La CGT sostiene que la Sala VIII carecía de competencia para intervenir con el argumento de que “ya había intervenido previamente en causas conexas (como el amparo de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica), por lo que debía concentrar todos los recursos del caso para asegurar la coherencia judicial”. Además, el asesor legal de los gremios señaló que la sala “dictó su resolución con una “insólita premura”, sin dar traslado a la CGT y sin esperar a que se consintiera su radicación».
La CGT alega que suspender la cautelar permite la vigencia de normas que cercenan derechos constitucionales (como la huelga y la libertad sindical) antes de que se dicte una sentencia definitiva, y pide la intervención de la Sala I para que resuelva sobre la nulidad y la validez de lo actuado.
La medida cautelar de Ojeda había frenado por tres semanas la implementación del Fondo de Asistencia Laboral(FAL), las limitaciones al derecho a huelga por sectores de actividad, el cálculo de las indemnizaciones sin contemplar los aguinaldos y otros pagos, la creación del banco de horas, la fragmentación de las vacaciones, el pago en cuotas de las indemnizaciones, el traspaso de la Justicia nacional laboral a la ciudad de Buenos Aires y la derogación de la Ley de Teletrabajo, entre otros puntos de la iniciativa denominada de “modernización laboral”.
Pero Pesino y González dejaron en suspenso esa decisión, por lo que ley volvió a estar en vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que podría ser con la intervención de la Corte Suprema de Justicia.
Según surge de la resolución de Cámara, el Estado había apelado esa decisión y el recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a esta situación, el Estado se presentó en queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo.
La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales vinculados a la tutela de derechos especialmente protegidos.
Para los camaristas González y Pesino, “la medida cautelar [de Ojeda] suspendió la vigencia de una gran cantidad de artículos de una ley del Congreso y esta circunstancia torna aplicable la norma antes aludida”.
Un día después de haber fallado a favor de la ley de modernización laboral, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activó el trámite para prorrogar la magistratura de Pesino, quien en junio debería dejar la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por haber cumplido 75 años.
La decisión del Gobierno de impulsar a Pesino apenas unas horas después de haber votado a favor de la reforma laboral motivó reacciones en la oposición. “Otra vez la sospecha de corrupción descarada para conseguir y sostener las leyes de Milei y el poder económico. En este caso, la ‘devolución de favores’ es para el Juez Víctor Pesino de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En el día de ayer, este juez hizo uso de una maniobra legal para otorgar vigencia a la reforma laboral y suspendió la medida cautelar que la había frenado. ¿Qué recibió Pesino a cambio? Solo un día después, el Poder Ejecutivo dio curso a la solicitud de Pesino para seguir en su cargo luego de los 75 años», escribió la diputada nacional Myriam Bregman en su cuenta de la red social X.
El senador nacional Mariano Recalde (PJ) también expresó su rechazo por la decisión de Mahiques. “Un intercambio obsceno, a la vista de todos. La casta protegida y los trabajadores con menos derechos”, dijo Recalde.
“Hace un rato acabamos de recusar a los jueces, tanto a Pesino como a González, por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, publicando en la boletina oficial la extensión de cinco años más para uno de los jueces. La verdad que genera un manto de duda y de sospecha y de duplicidad que… que nosotros vamos a dejar pasar, así que nuestro equipo jurídico acaba de recursar a los jueces. Al ya estar apelada. Pedimos y planteamos la nulidad de la sentencia”, dijo Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de mando de la CGT.
la decisión de la Sala VIII,apenas un día después,el Fondo de Asistencia Laboral,pic.twitter.com/PV1QjhihzG,April 24, 2026,Reforma laboral,Conforme a,,Contra la prensa. Sigue la prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada y Milei redobla la apuesta con un retuit,,Análisis. Alerta meteorológica sobre el clima social,,Solo en Off. Adorni versus Villarruel: la pelea por las sillas en la basílica de Luján que terminó mal,Reforma laboral,,Qué es el FAL. Cómo funcionará el fondo que reemplaza el pago directo de indemnizaciones,,La normativa vuelve a estar en vigencia. Cómo quedó la reforma laboral tras el aval de la Cámara del Trabajo,,Minuto a minuto. Adorni celebró el fallo que dejó sin efecto la cautelar contra la reforma laboral
POLITICA
Integridad Republicana cuestionó el retiro del pliego de Michelli y advirtió sobre una posible actitud persecutoria
La asociación Integridad Republicana expresó este martes su “profunda preocupación” por la decisión del Poder Ejecutivo de retirar del Senado el pliego de la doctora María Verónica Michelli, quien se encontraba postulada para ocupar un cargo de jueza federal.
La declaración se difundió en medio de la controversia generada por la decisión del presidente Javier Milei de retirar la candidatura de la magistrada, una medida que despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y jurídicos y que además derivó en gestos de respaldo institucional hacia Michelli.
En el comunicado, Integridad Republicana sostuvo que observa con inquietud el procedimiento adoptado por el Gobierno respecto de una postulación que ya se encontraba bajo análisis de la Cámara alta.
“Integridad Republicana expresa su profunda preocupación por el retiro por parte del Poder Ejecutivo del pliego de la doctora María Verónica Michelli como postulante a jueza federal que se halla a consideración del Senado para su acuerdo”, señaló la entidad.
La organización también hizo referencia a las versiones periodísticas que circularon en torno a los motivos de la decisión presidencial. En ese sentido, indicó: “Conforme a muy serias sospechas de las que dan cuenta las informaciones periodísticas, el motivo de ese inusual proceder sería el parentesco que une a la doctora Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación de larga trayectoria y reconocido prestigio por sus investigaciones independientes respecto de todos los gobiernos”.
El caso adquirió especial relevancia luego de que trascendiera que Michelli mantiene un vínculo familiar con el periodista, quien publicó investigaciones sobre distintos asuntos de interés público vinculados al Gobierno.
La declaración también aludió a los antecedentes existentes en materia de retiro de pliegos judiciales. Según señaló la entidad, existen casos previos asociados a cambios de administración, aunque remarcó diferencias respecto de la situación actual.
“Si bien el retiro de pliegos ya enviados al Senado tiene antecedentes en casos de cambios de gobierno, en esta oportunidad la falta de fundamentación de esa decisión del presidente torna verosímil el motivo de una actitud persecutoria”, afirmó Integridad Republicana.
La organización advirtió además sobre las implicancias institucionales que tendría una eventual confirmación de esas sospechas. “Si así fuera, se trataría de un hecho sumamente grave porque indicaría que el gobierno no prioriza en la selección de magistrados la probidad, el conocimiento, la imparcialidad y la independencia, sino otras condiciones poco compatibles con la defensa del sistema republicano”, expresó.
En el mismo párrafo, la entidad vinculó el episodio con la situación del periodismo y sostuvo que podría interpretarse como una nueva forma de presión sobre la actividad profesional de los comunicadores.
“Sería, asimismo, un nuevo ataque al periodismo, mediante una acción más directa que la cotidiana distribución de insultos y agravios”, indicó el documento.
Este miércoles se conoció que la vicepresidenta Victoria Villarruel recibiera a Michelli en el Senado y le transmitió el respaldo institucional frente al pedido del Ejecutivo de retirar su pliego. El encuentro sumó un nuevo capítulo a la controversia política generada por el caso.
En el tramo final del comunicado, Integridad Republicana sostuvo que decisiones de esta naturaleza tienen consecuencias sobre la calidad institucional del país y sobre la confianza en el sistema judicial.
“Actitudes de esta naturaleza no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país”, afirmó la organización.
La entidad agregó que “la República se asienta en último término en una justicia confiable y transparente, sin la cual no existe seguridad jurídica para garantizar los derechos de los ciudadanos y, entre otras cosas, favorecer las inversiones”.
El documento llevó las firmas de Carlos Negri, presidente de Integridad Republicana, y de Horacio Moavro, secretario de la entidad. También acompañaron la declaración Osvaldo Pérez Sammartino, Marta Oyhanarte, Graciela Fernández Meijide, José Octavio Bordón, Alejandro Drucaroff, Alberto Garay, Fabio Quetglas, Luis Katz y Marcela Campagnoli.
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POLITICA
Senado. El pliego de Michelli desató las peores sospechas y dejó a la conducción de Bullrich en su hora más crítica
Tras una semana de alto voltaje político, cargada de errores no forzados, el bloque libertario del Senado vive su hora más crítica. La sesión del último jueves volvió a exponer las feroces internas que atraviesan al gobierno de Javier Milei y dejó al descubierto el fuerte impacto que esas disputas pueden tener a futuro para el oficialismo en un Congreso que parecía haber vuelto a controlar tras el triunfo en las elecciones legislativas del año pasado.
“Hemos tocado fondo, más bajo no podemos caer, creo. Ahora sólo resta empezar a subir”, le dijo a , con un tenue dejo de optimismo, un senador oficialista que abandonaba, vencido, el Senado tras participar de la reunión de bloque convocada por la jefa de la bancada, Patricia Bullrich (Capital), después de terminada la sesión del jueves. Esta vez no hubo foto grupal en el recinto con la tropa sonriente por el deber cumplido.
En ese momento, la aprobación del pliego de María Verónica Michelli sobre tablas y a contramano de los deseos de Milei y de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, era una herida a flor de piel y una noticia que corría como reguero de pólvora mostrando un nuevo fracaso parlamentario del Gobierno.
Sin embargo, el encuentro post sesión, que duró apenas media hora, fue un juego de niños comparado con la que habían vivido los mismos protagonistas apenas 24 horas antes, cuando reproches y críticas contra Bullrich estuvieron a la orden del día. El sector ultra oficialista alineado con los mandatos de la jefa del partido tomó la iniciativa en sus quejas a la jefa de la bancada.
Las acusaciones de “personalista” y de estar jugando su propio partido y no el del proyecto del Presidente se repitieron en varias de las intervenciones que tuvo la reunión, en particular las de Nadia Márquez (Neuquén) y Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos).
Algunos testigos del encuentro dicen que el debate fue a los gritos, otros aseguran que no fue tan así, que las duras imputaciones a la exministra de Seguridad fueron realizadas con vehemencia, pero manteniendo las formas.
La causa de la disputa fue la decisión de Bullrich de anunciar, el lunes último, que iba a hacer uso de su “objeción de conciencia” para no cumplir con el mandato del jefe del Estado, que había ordenado vetar a Michelli por el “pecado” de ser la cuñada del periodista de Hugo Alconada Mon, quien publicó varias notas con detalles reveladores sobre la estafa conocida como caso $LIBRA.
El anuncio operó como una bomba política para todo el oficialismo, mucho más cuando se supo, al día siguiente, que en su conversación con Milei la jefa de la bancada había puesto su renuncia a disposición del jefe del Estado, tal como reveló .
Para el momento del desplante de Bullrich, el caso Michelli ya venía convertido en un compendio de errores no forzados. Primero, por la decisión del presidente de la Comisión de Acuerdos, el menemista y, por carácter transitivo, karinista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), de esconder el dictamen de la candidata, a pesar de que tenía las firmas necesarias, por pedido del Poder Ejecutivo.
La publicación en de la conducta de Pagotto y del malestar de los senadores que habían apoyado el pliego por el virtual secuestro de un documento público fue el detonante que puso al caso Michelli en la vidriera de la política nacional y abrió las puertas del infierno político para el oficialismo.
En algunos despachos libertarios apuntaron sus quejas a Bullrich por haber “armado mal” la Comisión de Acuerdos. Que la oposición dialoguista pudiera formar mayoría sin necesidad del oficialismo, como demostró el dictamen de Michelli, fue el ejemplo más palmario.
Otros, ubicaban el inicio del fiasco en la selección de los candidatos. “No necesitaban un aparato de inteligencia para esto, con buscar en Internet o preguntarle a Chat GPT podrían haberse enterado de quién era Michelli antes de enviar el diploma”, dijeron cerca de la conducción del bloque con la mira puesta en al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y en Karina Milei, que fue quien lo puso es ese sitial.
“Es fácil saber quién es el culpable. Después de cada quilombo hay que escuchar a la mañana siguiente cierto programa de radio: el que aparece ese día hablando en el estudio, ése es el ‘asesino’, el que necesita blanquearse. Después de la pelea por los tuits de la cuenta “periodista Rufus” apareció Martín Menem. Ahora, fue Mahiques el entrevistado. No falla”, comentó un senador oficialista, harto de la intoxicación provocada por la interna del Gobierno.
Si la semana empezó movida con la “objeción de conciencia” de Bullrich del lunes, las 24 horas previas a la sesión fueron a puro vértigo. Cuando parecía que todo se encarrilaba y que Michelli quedaba para otro momento, en Casa Rosada estallaron de odio cuando se enteraron que, según lo acordado por la jefa de la bancada ante sus pares del Senado, el tratamiento del pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, iba a quedar postergado para la próxima sesión.
La noticia activó las alarmas de la interna. En el “karinismo” comenzó a circular la peor sospecha: Bullrich y Caputo complotados en contra de los acuerdos sellados por Mahiques a pedido de la hermana presidencial.
La realidad, como siempre, es mucho más sencilla. Lo contó el peronista Fernando Salino (San Luis) durante la sesión y nadie lo desmintió.
Durante la reunión de labor parlamentaria del miércoles, Bullrich planteó que se traten todos los pliegos menos el de Michelli, cuyo dictamen el oficialismo aceptó presentar recién ese día. “No podemos dejarla sola a Michelli, va a quedar claro que la están dejando de lado”, planteó el misionero Martín Goerling, presidente del bloque Pro. “Bueno, tratemos 50 pliegos mañana y el resto con Michelli”, concedió la senadora libertaria.
Sin embargo, desde el peronismo exigieron saber la lista de los acuerdos que iban a entrar. Apremiada por la dinámica de la reunión, Bullrich dijo que tomaran la lista de órdenes del día, contaran cincuenta y ahí trazaran una línea; el resto pasaba para otro día. Así fue cómo el hijo de Rosatti había quedado afuera de la lista. El resto, las teorías conspirativas, fueron producto de la interna sin fin del oficialismo.
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POLITICA
Javier Milei viaja a Córdoba para observar ejercicios militares conjuntos con fuerzas de EE.UU.: los detalles de Daga Atlántica
Javier Milei viajará el miércoles a Córdoba para observar los ejercicios conjuntos que realizan las Fuerzas Armadas con tropas de operaciones especiales de Estados Unidos. En la Casa Rosada aseguran que se trata de una visita operativa a la etapa de ejecución de Daga Atlántica, el adiestramiento binacional autorizado por el DNU 264/2026.
El Presidente iría junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Defensa, Carlos Presti. También se espera la presencia del embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, y de otras autoridades estadounidenses vinculadas al despliegue militar.
En el Gobierno sostienen que el ejercicio pasó de la fase de planeamiento a una etapa de ejecución en terreno. En Nación aseguran que durante la actividad se utilizarán vehículos blindados Stryker, que forman parte de las capacidades militares que la Argentina viene negociando con Estados Unidos en el marco de la modernización de las Fuerzas Armadas.
Daga Atlántica fue autorizado para realizarse entre el 21 de abril y el 12 de junio en territorio argentino. El decreto habilitó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar en actividades en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.
Según el anexo oficial, el ejercicio involucra operaciones especiales y adiestramiento conjunto combinado. Del lado argentino participan unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Del lado estadounidense, el documento prevé hasta 50 efectivos, aeronaves de transporte, equipos tácticos, comunicaciones, sistemas aéreos no tripulados, visión nocturna y equipamiento de combate.
En la Casa Rosada reconocen que hubo cambios en la preparación del ejercicio. Fuentes oficiales sostienen que el Pentágono redujo parte del presupuesto y la cantidad de personal que iba a enviar por la situación en Medio Oriente. En el Ejecutivo aseguran que esos ajustes no modifican el sentido de la actividad, que presentan como parte del entrenamiento bilateral y de la mejora de la interoperabilidad.
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La visita se inscribe en una agenda más amplia de acercamiento militar con Washington. En los últimos meses, el Gobierno autorizó el ejercicio Daga Atlántica, participó del PASSEX con el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, firmó cartas de intención con Estados Unidos en materia logística y tecnológica, y avanzó en programas para incorporar capacidades de patrullaje marítimo, drones y sistemas antidrones.
El decreto que habilitó Daga Atlántica también autorizó el PASSEX, realizado entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina. En esa actividad participaron medios de la Armada Argentina y unidades estadounidenses, en un esquema de adiestramiento naval orientado a comunicaciones, evoluciones tácticas, defensa aérea y operaciones combinadas.
Presti también visitó el Pentágono en marzo para profundizar la cooperación militar con Estados Unidos. En esa agenda se conversó sobre la incorporación de helicópteros Black Hawk, el aumento de vehículos Stryker, la evolución del proyecto F-16, el rol de los P-3 Orion y la necesidad de consolidar capacidades navales para el control de recursos en el Atlántico Sur.
El vínculo se completa con la participación argentina en iniciativas de seguridad hemisférica impulsadas por Washington. Milei asistió en marzo a la cumbre Escudo de las Américas, organizada por Donald Trump en Miami, y el Gobierno evalúa qué aspectos de esa adhesión requieren tratamiento legislativo. En Balcarce 50 presentan ese movimiento como parte de una estrategia de alineamiento con socios occidentales y de ampliación de la cooperación en defensa.
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La actividad en Córdoba se dará en un contexto político sensible. La provincia sigue atravesada por la conmoción del caso Agostina Vega, que reactivó en la Casa Rosada la discusión por la reforma del Código Penal. En el Ejecutivo aseguran que el viaje de Milei tiene carácter operativo y está vinculado a la agenda de Defensa, pero admiten que el escenario local estará marcado por ese caso.
El viaje también coincidirá con la previa de la presentación de la declaración jurada de Adorni. En el Gobierno esperaban que el jefe de Gabinete la presentara esta semana, pero en su entorno ahora deslizan que podría dilatarse para la próxima. La Casa Rosada busca que esa documentación permita despejar dudas sobre su situación patrimonial y cerrar un frente de desgaste interno.
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