CÓRDOBA.- Las finanzas provinciales caminan por el borde del precipicio. El interés de la Casa Rosada de sacar la reforma política, que incluye la derogación de las elecciones PASO y la ficha limpia, abrió una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores que, incluso, comenzó días antes de que Javier Milei enviara el proyecto al Congreso. El menú de los reclamos provinciales no varía: envío de recursos para que puedan cubrir demandas que reciben por el corte de programas nacionales e infraestructura. La manta corta de sus recursos implica, en la mayoría de los distritos, menos obras y desaceleración del ritmo de ejecución.

La rigidez del gasto provincial es importante: sueldos, transferencias a municipios y seguridad social (en el caso de las 13 jurisdicciones que no transfirieron sus cajas de jubilaciones) comprometen alrededor del 80% de sus recursos. La colocación de deuda -tanto en dólares como en pesos- registró un impulso a fin del año pasado, pero está lejos de alcanzar la “revolución” en el arreglo de rutas que, en noviembre pasado, proyectó el entrerriano Rogelio Frigerio al plantear que la baja del riesgo país permitiría a las provincias conseguir asistencia financiera, con el aval de la Nación. Coincidió esa frase con la flexibilización de la firma de garantías por parte del Ministerio de Economía.

Desde entonces salieron al mercado internacional Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y, en los últimos días, Chubut; en dólares los vencimientos de todas suman unos US$2300 millones este año. En pesos, en lo que va del 2026, colocaron Chaco, Buenos Aires y Mendoza (en el 2025 además de esas mismas fueron Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Córdoba).

Hace unos días la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que las provincias deben afrontar un “perfil de vencimientos de deuda internacional exigente, que requerirá del acceso a diversas fuentes de financiamiento”. Remarcó el empeoramiento del frente fiscal de los distritos. Aunque ningún gobernador lo acepta, economistas que siguen las finanzas provinciales encienden alarmas de que se use financiamiento para gastos corrientes y no solo para repago de deuda u obras.

Hasta abril solo 17 jurisdicciones presentaron la ejecución presupuestaria completa del 2025 y solo cuatro sostuvieron el superávit financiero. El consolidado marca un rojo de 2%, según datos de Politikon Chaco. Falta Buenos Aires, por ejemplo, con lo que el resultado general claramente no mejorará.

Es en ese contexto en el que algunos gobernadores recibieron llamadas de funcionarios nacionales y líderes libertarios en el Congreso para “tantearlos” respecto a su posición para la reforma política. Al ser una ley electoral, el oficialismo necesita la mitad más uno de los votos con lo que las alianzas son ineludibles. “La Casa Rosada ya usó parte del crédito que tenía desde las legislativas con la reforma laboral. Hay promesas que, de nuevo, no se cumplieron”, ironizó ante un mandatario norteño.

Un colega de la región centro sostuvo que ya no es cuestión de que apelen a la “voluntad” de los gobernadores, que el problema es directamente de recursos. La mayoría no comparte, por el momento, el optimismo nacional de que los próximos meses serán los mejores en décadas.

El habitual interlocutor con los gobernadores, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió la semana pasada con el chaqueño Leandro Zdero. Lo acompañaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem.

También esos funcionarios se encontraron hace unos días con otros aliados electorales, como Frigerio y Alfredo Cornejo. La estrategia de cara al próximo año electoral estuvo presente.

Entre esas promesas que mencionan está el mantenimiento de rutas. Hace unos días, Nación estableció por decreto un nuevo marco para la gestión de vías nacionales: nueve provincias (a las que se pueden incorporar otras) tienen la posibilidad de operar, mantener y concesionar tramos mediante peajes. Es una redefinición del papel del Estado central la infraestructura vial; no traspasa el dominio sino que a través de convenios con Vialidad Nacional -aprobados por Economía- pueden licitar.

“Todo dependerá de la capacidad de cada distrito -dijeron a desde la Cámara Argentina de la Construcción-. Hoy son pocas las que están ejecutando obras y la mayoría con ritmo más lento que antes. Buenos Aires, que tiene el plan más importante, está parada; las del norte, con pocos fondos disponibles, hacen casi nada. Están las que se quejan porque llevan un año de tratativas con Nación para traspasos, y no hay avances”.

Un análisis de Marcelo Capello, economista y vicepresidente de Ieral de la Fundación Mediterránea, da cuenta de que en 2023 la inversión del consolidado provincial alcanzó 1,8% del PIB, del que 1,4% fue Inversión Real Directa (IRD) y el resto transferencias de capital a municipios. En el 2024 cayó 34% real interanual y quedó en 1,2% del Producto, cifra que se mantuvo hasta el tercer trimestre del año pasado.

Con los datos publicados por 17 provincias (sin contar Buenos Aires), la inversión pública cayó 33% en 2024, en valores constantes, y subió un 17% el año pasado que fue electoral. Las mayores alzas reales en 2025 se dieron en Río Negro (96%), San Juan (81%), Neuquén (81%) y Entre Ríos (72%), mientras que las mayores caídas ocurrieron en Chubut (-41%), Corrientes (-17%) y Catamarca (-12%).

Tomando esas 17 jurisdicciones, respecto a 2023 sólo se expandió la inversión pública en Neuquén (37%), Santa Fe (22%), Río Negro (14%), Santa Fe y CABA (6%), bajando en mayor medida en Chaco (-73%), La Rioja (-72%) y Santa Cruz (-71%).

“Seguramente este año, con la caída que se observa en las transferencias automáticas de Nación, habrá un ajuste de la inversión pública del que, quizá, sólo queden excluidas algunas de las provincias que emitieron deuda”, añadió Capello.

Al solicitarle al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a indagatoria al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP), Andrés Vázquez, y amplíe la investigación sobre su patrimonio, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detalló una serie de maniobras que podrían configurar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos provenientes del cobro de dádivas y evasión tributaria.

La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore.

Según Rodriguez, el actual titular de ARCA desplegó para eso dos capas superpuestas de sociedades en la Argentina y Estados Unidos que se conectan entre sí.

* La capa local: Vázquez manejó el patrimonio en la Argentina a través de Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados, que lo tiene a él como principal accionista, que opera desde un inmueble del propio Vázquez (y le paga un alquiler por eso), le prestó dinero para comprar departamentos y le compró los autos que él y su familia usan. Así, para la PIA escondió su operatoria local detrás de una sociedad pantalla. “Una pregunta se impone aquí”, se interrogó el fiscal Rodríguez en su dictamen. “¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?”.

* La capa offshore: Vázquez manejó el patrimonio en Miami a través de dos sociedades panameñas (Alcorta Corp y Pompeya Group Corp) que controló a través de otra sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (Galanthus Capital Limited), con sus hijas como autoridades formales, aunque él se encargó de pagar los impuestos. Para los investigadores, esa superposición de estructuras es típica de esquemas diseñados para dificultar la identificación del beneficiario final, demostrando un “plus intencional” o malicia que supera el error administrativo. Y un dato simbólico que no pasó inadvertido para los investigadores: los nombres de las sociedades panameñas remiten al Club Atlético Huracán, del que Vázquez sería simpatizante y aportante. “Alcorta” alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio del club; “Pompeya”, al barrio que lo rodea.

Con esas dos capas societarias en funcionamiento, la PIA reconstruyó que Vázquez administró bienes en la Argentina y en Estados Unidos.

* En la Argentina, capítulo 1: Vázquez compró en octubre 2010 el 50% de un departamento en Julieta Lanteri al 1300, dentro de la torre Chateau Puerto Madero Residence; la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus dos hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. Lo escrituraron en 335.000 dólares, aunque para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. ¿Cómo lo financió? A través de un autopréstamo –“loan-back”– de Consultora San Andrés, la sociedad de Vázquez que le facturaba a Casino de Buenos Aires y le prestó dinero al propio Vázquez. No sólo eso: el funcionario también usó esa sociedad para comprar cinco autos entre 2010 y 2015: dos VW Vento 2.0, un BMW X6 3.0 SI blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium, configurando un uso instrumental de la sociedad para disimular incrementos patrimoniales no justificados.

* En Estados Unidos: Vázquez compró tres propiedades: el 9 de enero de 2013: con la sociedad panameña Alcorta Corp, la unidad 3504 del Icon Brickell, en la avenida Brickell 495, por 710.000 dólares; el 10 de enero de 2013: también con Alcorta Corp, la unidad 2811 de la avenida Brickell 1060 por 400.000 dólares; y el 20 de julio de 2015: con la también panameña Pompeya Group Corp, la suite 904 del Chateau Beach Residences, en la avenida Collins 17.475 de Sunny Isles, por 980.000 dólares. Pero más allá de la titularidad formal de esas sociedades, la PIA detectó que Vázquez y su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles e incluso recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que evidencia el “animus domini”, es decir, el ejercicio efectivo de la propiedad sobre esos bienes.

No sólo eso, el fiscal Rodríguez analizó las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la entonces AFIP correspondientes a 2012 y 2013 y detectó que mientras declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, el funcionario concretó inversiones por 1,1 millones de dólares, evidenciando una manifiesta falta de capacidad económica para justificar el origen de los fondos.

Poco menos de tres años después, en tanto, la sociedad panameña Alcorta Corp vendió el segundo de los inmuebles, el de la avenida Brickell 1060, por 350.000 dólares. Fue el 22 de marzo de 2018, y según los investigadores de la PIA, esa operación permitiría entender otros movimientos patrimoniales en la Argentina.

* En la Argentina, capítulo 2: el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building del emporio Faena, a un valor escriturado de 225.906 dólares. Es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado, lo que para la PIA fue una operación subvaluada. De hecho, la sociedad que le vendió a Vázquez el triplex, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por 461.712 dólares (cotización blue) o 777.518 dólares (cotización oficial). Es decir que, de ser real la operación, Acontec SRL perdió al venderlo entre 235.806 y 551.611 dólares. ¿Valor real de ese triplex? Cerca de 2,1 millones de dólares.

Los investigadores detectaron, incluso, un dato adicional que conecta las operaciones en Estados Unidos y la Argentina. ¿Cuál? El mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas, lo que reforzaría la existencia de un esquema integrado de colocación y estratificación de activos. Fue el Chateau Group. Y ambas compras se concretaron próximas a la finalización de las construcciones, “cuestión que ameritaría profundizar sobre la posible coincidencia”, remarcó el fiscal.

Apoyado en estos y otros datos, Rodríguez le pidió al juez Martínez De Giorgi que cite a indagatoria a Vázquez porque “sin duda alguna” omitió declarar su patrimonio ante ARCA y la Oficina Anticorrupción (OA). Y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la pesquisa a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión y lavado de activos derivados de actos de corrupción.

“En conjunto”, planteó Rodríguez, “los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario”.