En el Gobierno creen que Javier Milei no firmará la designación de María Verónica Michelli, la candidata a jueza del Tribunal Oral Federal 3 de La Plata que recibió acuerdo del Senado pese al rechazo de la Casa Rosada. Cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del asesor Santiago Caputo dan por hecho que el Presidente mantendrá frenado el decreto de nombramiento y no completará el último paso del trámite.

La lectura que hacen en Balcarce 50 es que el acuerdo del Senado no obliga políticamente a Milei a firmar de inmediato la designación. El procedimiento constitucional para cubrir una vacante judicial requiere propuesta del Poder Ejecutivo, acuerdo de la Cámara Alta y posterior decreto presidencial de nombramiento. Ese último acto quedó ahora en manos del Presidente, que había pedido retirar el pliego de Michelli antes de que la oposición forzara su tratamiento y aprobación.

En despachos oficiales ponen como antecedente el caso de Juan Manuel Yalj, ocurrido durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2011, el Senado había aprobado su pliego para asumir como camarista federal en San Martín, pero el decreto de designación nunca fue firmado después del malestar que generó su actuación en la causa contra el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Yalj terminó renunciando a su postulación ante el Poder Ejecutivo.

Ese antecedente aparece ahora como referencia interna para explicar la estrategia oficial. En el Gobierno creen que, si Milei demora la firma y mantiene abierta la situación, Michelli podría terminar dando un paso al costado para evitar que su postulación quede atrapada en una disputa política prolongada. En Balcarce 50 también apuntan a un dato administrativo: el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata fue creado por ley, pero todavía no está plenamente integrado ni en funcionamiento ordinario. Su puesta en marcha requiere cubrir vocalías, habilitación operativa, estructura de personal, equipamiento y definición de recursos por parte del Poder Judicial.

El pliego de Michelli fue aprobado este jueves por 44 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones. La mayoría del oficialismo votó en contra, mientras que Patricia Bullrich se abstuvo tras haber anticipado que no acompañaría la decisión del Ejecutivo de retirar la candidatura. La votación dejó expuesta la tensión interna en La Libertad Avanza y también el límite que encontró la Casa Rosada para ordenar a sus aliados en el Senado.

El caso se convirtió en un revés político para el Gobierno porque la postulación había sido enviada originalmente por el propio oficialismo. La objeción posterior surgió cuando en Balcarce 50 repararon en el parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon. El Ejecutivo intentó retirar el pliego, pero la oposición y bloques dialoguistas empujaron su tratamiento sobre tablas y consiguieron los dos tercios necesarios para aprobarlo.

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En la Casa Rosada aseguran que Milei siguió de cerca todo el tratamiento de los pliegos judiciales. Según fuentes oficiales, fue el propio Presidente quien dio la orden de incluir la totalidad de los pliegos que estaban en condiciones de ser tratados, después de que inicialmente se había trabajado sobre una lista de 50. Esa instrucción derivó en la incorporación de 23 pliegos adicionales y, por pedido de la oposición, también terminó abriendo la puerta al tratamiento de Michelli.

La explicación que dan en Balcarce 50 es que la primera selección de 50 candidatos no respondía a un criterio institucional claro. “La elección había sido sin un criterio particular”, sostienen en el Ejecutivo. Por eso, cuando el oficialismo revisó el listado, avanzó con la idea de sumar al resto de los postulantes con dictamen y evitar una diferenciación entre candidatos que estaban en condiciones similares.

La maniobra, sin embargo, desordenó la sesión. El cambio de criterio en la cantidad de pliegos provocó la reacción del kirchnerismo y de sectores dialoguistas, que denunciaron incumplimientos respecto de lo conversado en Labor Parlamentaria. El oficialismo debió pedir un cuarto intermedio y, al regreso, aceptó votar los 73 pliegos con dictamen más el de Michelli, que había sido retenido hasta último momento en la Comisión de Acuerdos.

El resultado fue una sesión de doble lectura para la Casa Rosada. Por un lado, el Gobierno celebró la aprobación de pliegos judiciales y la presentó como un avance en la cobertura de vacantes del Poder Judicial. Por otro, quedó obligado a convivir con el acuerdo otorgado a una candidata que el propio Milei había decidido frenar. Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, evitaron mencionar a Michelli en los mensajes públicos posteriores a la votación.

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La Casa Rosada buscará ahora recuperar la iniciativa con el envío de una nueva tanda de pliegos judiciales. En el Ejecutivo anticipan que la semana que viene remitirán al Senado otros 30 expedientes, vinculados principalmente a cargos civiles, comerciales y de familia, en línea con los envíos anteriores. El objetivo oficial es sostener el ritmo de cobertura de vacantes y reforzar el mensaje de que la política judicial sigue activa pese al conflicto.

En el Gobierno, por ahora, dan por descontado que el decreto no saldrá y apuestan a que la definición quede demorada. En Balcarce 50 creen que las trabas administrativas para que el tribunal funcione le dan margen a Milei para no firmar de inmediato la designación, aun después del acuerdo del Senado.

Gobierno, Senado

El Senado aprobó, con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones, el pliego de María Verónica Michelli. El legislador de LLA por Formosa, Francisco Paoltroni dialogó con Infobae Al Amanecer y justificó su voto a favor del pliego de una jueza. En este sentido afirmó que, aunque suele acompañar al gobierno de Javier Milei, en temas relacionados con la Justicia mantiene una posición propia. Cabe destacar que el presidente y la secretaria general de la Presidencia de la Nación, Karina Milei querían vetar la candidatura de Michelli porque es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El senador nacional por Formosa afirmó que actuó en línea con posiciones que ya había expresado en debates anteriores sobre designaciones judiciales. Además, destacó la aprobación de 74 pliegos de jueces y ratificó su apoyo al gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, el funcionario recordó que también se había opuesto a la postulación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Según explicó, esa decisión derivó en su salida del bloque oficialista, aunque continuó acompañando las iniciativas del Gobierno.

“Me opuse a la postulación del juez Lijo y me valió que me echaran del bloque”, señaló. Y agregó: “Seguí votando y acompañando todo con el Gobierno por convicción y porque entiendo que las ideas de la libertad son las ideas correctas”.

El senador sostuvo que las diferencias en materia institucional no implican un alejamiento político del oficialismo. “Cuando hay estas situaciones, yo ya he planteado mi reparo en las cuestiones institucionales”, indicó.

Consultado sobre la abstención de una integrante del bloque vinculado a Patricia Bullrich, consideró que cada senador debe asumir personalmente la responsabilidad de su voto. “Son decisiones personales que uno las tiene que asumir con toda la responsabilidad que merece el cargo de senador nacional”, expresó.

En relación con el caso de la jueza Michelli, explicó que no compartió la posición de su bloque. “No puedo nunca compartir la postura de mi bloque en esta postulación de la jueza Michelli, que pasó todo el proceso, que tenía el orden de mérito y me parece que no corresponde la negativa para ese caso”, afirmó.

Cuestionamientos al proceso y defensa de la división de poderes

Al mismo tiempo, el funcionario se refirió a las críticas sobre el tratamiento del pliego y consideró que existieron errores durante el proceso. “Hay una impericia, sin dudas”, sostuvo.

Según explicó, la magistrada figuraba en el puesto 18 del orden de mérito y señaló que desconoce cómo llegó a convertirse en la candidata propuesta. Sin embargo, remarcó que una vez que el expediente ingresó al Senado y obtuvo dictamen de comisión, la definición correspondía exclusivamente a los legisladores.

“La decisión es de los senadores”, afirmó. Luego agregó que “no se puede avasallar un poder a otro”. Para el senador formoseño, cualquier intervención que altere ese esquema afecta la calidad institucional. “Es una clara falta de calidad institucional”, sostuvo durante la entrevista.

Paoltroni vinculó nuevamente ese planteo con la situación de Formosa y señaló que su experiencia política en la provincia influye en la manera en que analiza este tipo de debates.

La aprobación de 74 jueces y las vacantes en la Justicia

Más allá de la discusión sobre algunos nombres puntuales, el senador destacó el resultado general de la sesión. En particular, valoró la aprobación de 74 pliegos judiciales. “Hemos dado un gran salto con la aprobación de 74 jueces”, afirmó. También señaló que el país arrastra desde hace años un problema de vacantes en distintos tribunales.

Según explicó, cerca del 30% de los cargos judiciales permanecen vacantes. A su entender, esa situación afecta el funcionamiento de la Justicia y demora la resolución de causas. “Es imposible tener una justicia que funcione en tiempo y forma”, sostuvo. Luego añadió una definición sobre el impacto de esas demoras: “La justicia lenta no es justicia”.

Paoltroni consideró que la cobertura de cargos representa un avance institucional. “Estamos hablando de 300 pliegos en todo el país y se pudo avanzar con 74”, señaló.

Además, sostuvo que durante más de una década las vacantes aumentaron sin que existieran avances significativos para resolver el problema. “No podemos pretender calidad de justicia cuando tenés una gran cantidad de piezas que faltan”, afirmó.

Respaldo al Gobierno y preocupación por Formosa

Además, Paoltroni se refirió a las diferencias internas dentro del oficialismo y minimizó las tensiones públicas entre distintos dirigentes. “Esto es normal. En todos los gobiernos y en todos los procesos siempre puede haber alguna pequeña diferencia”, señaló. Y aseguró que no observa cuestionamientos al compromiso político de Patricia Bullrich con la gestión nacional.

El senador ratificó además su respaldo al proyecto político encabezado por Javier Milei. “Todos trabajamos para la reelección del presidente Milei”, afirmó.

Consultado sobre su continuidad dentro del espacio oficialista pese a algunas diferencias puntuales, respondió: “Lo voy a seguir haciendo. Porque es por convicción y por estar adherido a las ideas”.

Por último, volvió a plantear su preocupación por la situación de Formosa y pidió que el Congreso avance con el tratamiento de una intervención federal para la provincia. “Es la única salida, es el último remedio que prevé la Constitución Nacional”, sostuvo.

El legislador advirtió sobre el impacto que podrían tener futuras modificaciones en el esquema tributario nacional sobre una provincia que, según indicó, depende en gran medida de los recursos de coparticipación. En ese marco, insistió en la necesidad de abordar la situación institucional de Formosa dentro del Congreso.

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El Consejo de la Magistratura de la Nación enviará en los próximos días 32 nuevos pliegos de candidatos al Poder Ejecutivo para cubrir cargos vacantes en Comodoro Py.

La medida incluye principalmente postulantes para los Tribunales Orales Federales y la Cámara Federal porteña, organismos claves para causas sensibles.

Durante mayo, el organismo remitió 17 ternas al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Durante junio se prevé el envío de otras 15 ternas, que contemplan candidatos para la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, tribunal que revisa las decisiones de primera instancia en causas de instrucción. En total, se sumarán 32 ternas a las que ya retiene el Ejecutivo.

En los ocho Tribunales Orales Federales de Comodoro Py existen 24 cargos titulares, de los cuales siete se encuentran vacantes. Solo los TOF 1, 3, 7 y 8 se encuentran completos, con sus tres jueces. El caso más crítico es el del TOF 6, que no tiene ningún cargo cubierto y opera exclusivamente con magistrados subrogantes. El TOF 2 tiene una vacante, el TOF 4 cuenta con dos y el TOF 5 con una.

El proceso de cobertura comienza cuando el Consejo de la Magistratura llama a concurso, designa jurados, evalúa exámenes y entrevistas, y elabora las ternas que remite al Poder Ejecutivo. El Presidente elige uno de los tres candidatos y envía el pliego al Senado para su tratamiento.

Hasta el momento, Mahiques remitió 150 pliegos a la Cámara Alta y tiene en revisión otras 115 ternas. Aún permanecen en poder del Ejecutivo 105 ternas sin enviar al Senado, equivalentes al 28% de las vacantes totales.

En paralelo, el Consejo tiene en trámite 151 concursos que representan el 41% de las vacantes existentes. De ellos, 15 se encuentran a consideración del plenario, 10 en etapa de evaluación de entrevistas y 34 listos para la realización de entrevistas personales. El total de vacantes en la justicia nacional y federal asciende a 371 cargos.

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La aceleración se produce en medio de tensiones políticas vinculadas a designaciones judiciales, como el caso de la candidata María Verónica Michelli, cuyo pliego fue aprobado por el Senado este jueves, a pesar de la negativa del gobierno.

Comodoro Py concentra gran parte de los juicios por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico de alcance federal.

Las vacantes en el Poder Judicial, una de las prioridades del Gobierno

El Gobierno se propone cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial, una urgencia que priorizó por encima de otros cargos sensibles como la Procuración General de la Nación o las sillas vacías en la Corte Suprema de Justicia.

El Ejecutivo busca empezar a reducir el alto nivel de vacantes en el sistema judicial. Actualmente, el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte advierten que podría llegar al 42% en los próximos meses si no se acelera el proceso.

La situación es aún más crítica en el Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los cargos están vacantes. Sin embargo, en este primer envío solo se incluyó un puesto para ese organismo.

En el Gobierno sostienen que la cobertura de cargos judiciales es una prioridad y una de las principales urgencias de la gestión, en un contexto de fuerte atraso en las designaciones y creciente presión institucional por el funcionamiento del sistema.

Consejo de la Magistratura, pliegos, Poder Ejecutivo