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Reforma laboral: tras el acuerdo Gobierno-CGT, se destrabó la renegociación de unos 800 convenios colectivos de trabajo

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El decreto 612, que corrigió los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, está provocando el resultado que quería el Gobierno cuando aceptó negociar con la CGT esa norma aclaratoria que puso a salvo la caja sindical: se destrabó la renegociación de alrededor de 800 convenios colectivos de trabajo.

Es que la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral restringió aún más las cuotas solidarias y las contribuciones patronales que financian a los sindicatos y comenzó a frenar la rediscusión de los convenios, uno de los objetivos de la administración libertaria que amagaba con naufragar.

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Las negociaciones reservadas entre el Gobierno y la CGT se intensificaron a partir del 1° de junio, cuando la publicación en el Boletín Oficial del decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, en el que sorpresivamente, según los sindicalistas, aparecieron dos puntos que jaqueaban el financiamiento de los gremios.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

Por un lado, aquella norma cambió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo: mientras la ley decía que “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, la reglamentación afirmaba que estaría constituida por el “salario básico convencional”, una fórmula distinta a la original que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos acordados entre empresarios y dirigentes gremiales.

Por otro lado, la reglamentación de la reforma laboral establecía un tope del 2% que fija la Ley 27.802 para los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, algo que la norma original sólo fijaba para las cuotas solidarias, que proviene de los salarios de los trabajadores, sean o no afiliados, y va en forma directa a los sindicatos.

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Esas “alteraciones” incluidas en el decreto reglamentario de la reforma laboral rompieron lo pactado originalmente entre el Gobierno y la CGT cuando se sancionó la ley y, según los dirigentes gremiales, tuvieron el sello del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el más firme detractor de las cuotas solidarias, a las que califica como “peajes sindicales”.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, un enemigo de las cuotas solidarias (Foto: Reuters/Elizabeth Frantz)

El efecto de la reglamentación “alterada” de la Ley de Modernización Laboral fue una oleada de presentaciones judiciales de sindicatos que interpretaron que ese decreto iba más allá que lo previsto en la propia norma. Pero, a la vez, lo que produjo fue la renuencia de empresarios y gremialistas a renegociar los convenios colectivos a la luz de esas inesperadas limitaciones.

Por eso no hubo respuesta positiva a las intimaciones enviadas a principios de junio por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que se renegocien los convenios colectivos de trabajo que están vencidos y que, según la Ley de Modernización Laboral, deberán actualizarse en las cláusulas sobre las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias o aportes pactados entre las partes.

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Ese escenario preocupante aceleró lo que venían conversando reservadamente el Gobierno y la CGT, y que se concretó tras la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: un decreto que aclarara y corrigiera la polémica reglamentación de la reforma laboral.

Una de las marchas de la CGT ante el Congreso en rechazo de la reforma laboral

Así, el decreto 612 fijó que la base de cálculo para el límite del 2% de las cuotas solidarias no es sólo el salario básico: también incluye todas las sumas remunerativas normales y habituales que se cobran todos los meses y que tienen origen en el convenio colectivo. Es decir, si el trabajador cobra otros ítems fijos además del básico también cuentan para calcular el aporte sindical.

En otras palabras, la nueva norma amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y los aportes empresariales, haciendo que los sindicatos puedan recibir más fondos que con la reglamentación anterior, pero manteniendo el límite del 2% sobre los conceptos habituales y mensuales del salario.

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A la vez, en el decreto 612 se excluyeron del tope del 2% que fija la Ley 27.802 los aportes y contribuciones de los empleadores dentro de los convenios colectivos que son destinados a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, que también son cruciales para el financiamiento actual de los sindicatos.

El líder de la UOCRA, Gerardo Martínez

Así se explica la tendencia actual que alivia y entusiasma al Gobierno: se destrabaron todas las discusiones para renovar los convenios colectivos y actualmente “todos los sectores están negociando, tanto los que tienen convenio de empresa como los de convenio de actividad”, según resaltaron a Infobae en despachos oficiales.

Todavía no se presentó ningún convenio actualizado ante la Secretaría de Trabajo, pero la misma fuente aseguró que representantes de varias actividades “comenzaron a consultar y manifestaron la intención de avanzar” en línea con la nueva legislación y las charlas bilaterales se mantienen en la órbita privada. Aun así, los cambios pueden demandar meses de negociaciones porque se trata de “acuerdos pensados para durar años”.

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En ese sentido, en la Casa Rosada afirmaron que el sector del petróleo ya trabaja en posibles modificaciones en los convenios vinculados con la actividad y lo mismo está sucediendo en Comercio, donde el sindicato que dirige Armando Cavalieri y las cámaras iniciaron conversaciones extraoficiales para renegociar el convenio, aunque las tratativas están empantanadas por diferencias con el sector de supermercados.

El secretario general de SMATA, Ricardo Pignanelli

Aun con cierta resistencia, los sindicatos comenzaron a aceptar la baja de las cuotas solidarias para adecuarse al tope del 2% que marca la ley. Uno de los que tenía uno de los descuentos más altos era el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), dirigido por Ricardo Pignanelli, que equivalía al 4% de la remuneración bruta. Ahora se analizaría respetar ese límite del 2% para los no afiliados y establecer el 4% de descuento salarial como cuota de afiliación.

El Sindicato de Camioneros, que lidera Hugo Moyano, también está negociando en forma reservada una reducción de aportes, aunque en este rubro el pionero fue la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que encabeza Gerardo Martínez, que antes del decreto 612 ya se había alineado con el tope del 2% para las cuotas solidarias y el mismo porcentaje para la cuota extraordinaria empresarial, que se destina a servicios sociales, culturales y asistenciales.

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Mientras, en el Gobierno en el Gobierno hicieron hincapié en una innovación que trajo aparejada la reforma laboral: las nuevas empresas exploran la firma de convenios colectivos propios con los sindicatos de actividad y se perfila una tendencia favorable hacia los convenios por empresa, sobre todo en compañías más recientes.

Aún es una incógnita si el avance en la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo permitirá que se extiendan distintas herramientas incluidas en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que se incorporaron en las últimas semanas en algunas actividades: una es el llamado “salario dinámico”, incluido en el acuerdo que rige para el personal doméstico, y otra es el banco de horas, que se pactó en la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, con el aval de SMATA.

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Las incongruencias que muestra el Gobierno y una estrategia electoral que no termina de tomar forma

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“Voy a ser reelecto. No tengan duda de que vamos a ganar en primera vuelta”, prometió Javier Milei el martes en el Palacio Libertad ante un auditorio colmado de jóvenes. La muestra de seguridad no se condice con la dinámica de su Gobierno, que trabaja a contrarreloj para sancionar la reforma electoral, en particular para suspender las PASO de cara a la próxima elección presidencial. Si sobran las garantías para un triunfo libertario en 2027, ¿por qué tanto apremio por cambiar las reglas del juego electoral sobre el cierre del año?

“¿Y si lo dice porque sabe que se suspenden?”, se preguntó ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial. La duda es válida, pero pierde fuerza frente a los movimientos que desplegó el oficialismo en las últimas horas. El libertario vaticinó su reelección el martes por la tarde, cuando el proyecto todavía contemplaba las colectoras y no reunía las firmas necesarias para obtener dictamen. Horas más tarde, casi de manera exprés, tanto ese mecanismo como varios artículos del texto original pasaban a la historia.

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La última semana, en la que el oficialismo se acercó a su propósito, pero también protagonizó algunos traspiés, ofició de muestra concentrada del desorden interno que vive la Casa Rosada y que impacta en el terreno legislativo. Desnudó, también, la urgencia por desactivar la herramienta que le permitirían a la oposición ordenarse para los próximos comicios. “Parte de ganar en primera vuelta es eliminar las PASO”, admitió un funcionario.

Con la suspensión de las primarias como principal objetivo, el Poder Ejecutivo pasó de incorporar a eliminar las adhesiones en menos de 48 horas. También debió ceder ante los pedidos de los aliados para obtener el tan ansiado dictamen que le permitiera habilitar el tratamiento en el Senado. De esa forma, el proyecto original, que contenía 79 artículos, también fue víctima de la motosierra y quedó reducido a 25.

Discurso del presidente Javier Milei en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA

El conformismo es amigo de la necesidad. La presión que ejerce el calendario reavivó viejos problemas que parecían haber quedado relegados con la creación de la mesa política: la multiplicidad de actores en la negociación.

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Si bien el resultado fue favorable, el proceso estuvo viciado de desprolijidades. La búsqueda de apoyos dejó en evidencia la intervención de distintos sectores del reducido círculo de poder: la senadora Patricia Bullrich y el ala que responde a Karina Milei, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, como principales interlocutores.

En ese esquema, algunos le atribuyen a la propia Karina Milei los primeros acercamientos con mandatarios provinciales y el contacto con el titular del PRO, Mauricio Macri, que, pese a sus antecedentes de resistencia a ese mecanismo, terminó respaldando las colectoras.

Un claro ejemplo de las idas y vueltas que tiñeron la jornada quedó expuesto el mismo miércoles, cuando un integrante de la mesa política desconocía la decisión de eliminar las colectoras del proyecto minutos antes de que la senadora lo anunciara en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.

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“Uno de los grandes problemas de este Gobierno es la abundancia de cuentapropistas que se la dan de orgánicos. Es contraproducente”, facturó un legislador violeta.

La última foto de la mesa política reunida en Casa Rosada

En la misma línea, se expidió el alfil bullrichista Gerardo Milman, el primero en oponer resistencia a las colectoras: “A veces hay quienes se creen más de lo que pueden. Algo de eso pasó ayer. Muchas manos en un plato hacen mucho garabato”, sintetizó en X.

La descoordinación no se limitó a las conversaciones por los votos, sino que quedó expuesta en la disputa por el protagonismo de una negociación que, pese a las concesiones, terminó con un resultado favorable para el oficialismo. “Avanzamos con la estrategia, a los ponchazos, pero se cumplió”, destacó un alfil libertario.

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Con la idea de habilitar el debate en el Senado el próximo jueves, en varios despachos de Balcarce 50 confían en la posibilidad de insistir en el recinto con algunos puntos que quedaron afuera del articulado. “Eran cuatro, ahora nos quedan tres finales: una la ganamos y falta la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación”, sintetizó un integrante de la mesa política.

El oficialismo estudia la posibilidad de volver a incluir el sistema de avales para la oficialización de las listas, pero sujeto a verificación biométrica, con la idea de reducir la presentación de partidos. El listado podría ampliarse luego de cotejar los actuales puntos con la Cámara Nacional Electoral, que deberá instrumentar cada modificación.

En síntesis, el miércoles dejó un saldo agridulce para La Libertad Avanza en el Congreso. La jornada había comenzado con la caída de la sesión en Diputados, donde se iban a tratar la Ley de Malvinas y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero terminó con el apoyo -hasta ahora- parcial para avanzar con la reforma.

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Los que se peinan para la foto y los “vicios macristas”

En la previa de la firma “en disidencia” de Fama, Vigo y “Camau” Espínola, el oficialismo se daba por triunfador, pese a que había pasado varias horas intentando dar con el paradero del primero. Una vez estampadas las tres rúbricas, Bullrich y Santilli salieron a intentar capitalizar los laurales tras haber obtenido el dictamen de la tan ansiada reforma desde sus cuentas de X.

El dictamen que consiguió el oficialismo para avanzar en el tratamiento de la reforma electoral

“Gran día en el Congreso”, celebró a las 20.08 la senadora, que durante la mañana del viernes sacó un nuevo video en el que se la ve peinándose para la foto, musicalizada por Nathy Peluso. “Habemus dictamen”, publicó el ministro coordinador 49 minutos más tarde. Ninguno hizo mención al trabajo conjunto.

“Vicios macristas”, resumió un libertario. La puja se retrotrae a la previa de la reunión de comisión, cuando la exministra alertó que no contaban con los votos necesarios para impulsar la reforma, mientras que el jefe de Gabinete defendió su posición con el número de adhesiones que había contabilizado hasta el momento en la reunión de mesa política.

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La disputa por la reforma no es el único foco de conflictividad en las filas libertarias. Producto de las reiteradas diferenciaciones de la senadora, en particular tras los constantes reclamos por “mejoras que se sientan en el día a día”, los hermanos Milei hicieron trascender cierto malestar. Pero las necesidades legislativas, una vez más, obligaron a la plana de poder a intentar postergar las internas y amenguar el enojo.

En Casa Rosada saben que necesitan tener alineados a todos los protagonistas, por lo que resolvieron desescalar la tensión de los últimos días. “Patricia es necesaria. Post reforma veremos”, expresaron desde el entorno del mandatario.

Javier Milei y Patricia Bullrich

Encerrados en los vaivenes quedaron algunos actores como la senadora Emilia Orozco, quien acusó a Bullrich de “poner en riesgo la reelección del Presidente”, horas antes de que el propio Milei negara la existencia de una interna y la definiera como su “socia política”. “Emilia es incontrolable”, le facturan desde el oficialismo.

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El paso a paso y una estrategia vacante

Las diferencias que el Gobierno intenta administrar anticipan una discusión mucho más profunda sobre la proyección electoral de 2027. Tras la partida de León XIV, el Gobierno fijó una serie de objetivos y ordenó a la plana de poder en torno a ellos.

Por estos días, en Balcarce 50 prometen que, una vez sancionada la reforma política, se sentarán a delimitar la estrategia electoral y comenzarán a cerrar los acuerdos rumbo a los próximos comicios. La determinación del armado es clara: “Iremos acordando a medida que vayan fijando fechas, pero hay buena predisposición”.

Una vez concluido el período de sesiones extraordinarias, que se extenderá durante diciembre para culminar el debate de las iniciativas legislativas que aún están pendiente, en el ala política admiten que están obligados a diagramar los próximos pasos, que ya empiezan a estar condicionados por los intereses electorales.

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“Con el nuevo panorama, habrá una nueva conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich y también el de Santiago Caputo, clave para el diseño de la estrategia. Además, definiremos hacia dónde vamos con los gobernadores aliados”, adelantaron por los pasillos de Casa Rosada.

El armador nacional, Eduardo

El escenario se presenta complejo. El asesor presidencial planteó, en más de una oportunidad, que la ingeniería electoral no es ajena a la definición de alianzas, la construcción de las listas, el manejo de la prensa y la dinámica de gestión, ámbitos de los que se mantiene alejado desde hace varios meses. Restará ver cómo resuelve el intrincado desafío en caso de que La Libertad Avanza logre la suspensión de las PASO.

Con el perfil anticasta desgastado y con la sociedad demandando mejoras económicas, la creatividad del consultor será llevada a su máximo nivel. Pese a que el peronismo no definió su candidato, en el Poder Ejecutivo vaticinan una continuidad de la estrategia de 2025, basada en la contraposición de modelos. Más polarización, todo lo que el argentino necesita.

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Los tiempos apremian. Los libertarios, que todavía discuten si deben avanzar en un acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, deberán alcanzar una definición antes de que culmine el año. El neuquino desdobló las elecciones provinciales y las fijó para el 14 de febrero, un calendario que anticipa el inicio de la campaña para los primeros meses del año. “Es todo un romántico”, ironizó una fuente de Casa Rosada, que le factura haberlo anunciado durante el viaje de León XIV.

En medio de esa indefinición, la senadora Nadia Márquez se sumó a la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia, detrás de Guillermo Francos, que también sugirió esa posibilidad esta semana, y Patricia Bullrich, que suena -desde hace tiempo- en varios despachos junto con Martín Menem.

La certeza que exhibe el propio Milei y que comparten varios de sus funcionarios sobre la reelección contrasta con las incógnitas que persisten dentro del oficialismo. Mientras acelera los cambios en las reglas electorales, el Gobierno deberá resolver quiénes serán los encargados de construir esa candidatura, con qué aliados y bajo qué estrategia. La primera vuelta todavía queda lejos; el desafío de ordenar la propia tropa, no tanto.

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Vialidad: piden apartar al perito de Cristina Kirchner por su vínculo con Lázaro Báez

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Los fiscales del juicio Vialidad, Diego Luciani y Sergio Mola, pidieron formalmente el apartamiento de uno de los peritos tasadores designados por la expresidenta Cristina Kirchner para intervenir en el proceso del decomiso de bienes, tras detectar que el profesional mantenía vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.

Se trata de Sergio Felipe Pejkovic, titular de una inmobiliaria de Río Gallegos. Su nombre surgió en una escucha telefónica realizada en el marco de otra causa judicial, en la que se investiga si Báez continúa administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Según los elementos reunidos en esa investigación, Pejkovic -el perito designado por la expresidenta- habría administrado propiedades del empresario y mantiene contacto con uno de sus principales hombres de confianza.

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Luciani y Mola solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 -a cargo de la ejecución de Vialidad y del decomiso- que el profesional declare qué tipo de vínculo tiene con Báez, con su familia, con sus empresas y su entorno. Pidieron que, mientras tanto, sea excluido de las inspecciones y tasaciones de los bienes vinculados al empresario.

“La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar”, argumentaron los fiscales.

“No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho”, agregaron.

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Lázaro Báez está preso en el penal de Ezeiza por las condenas de la Ruta del Dinero K y VialidadAgustín Marcarian – Reuters

El nexo surgió en el marco de la investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate. Fue a partir de un intercambio de información entre ambas fiscalías que Luciani y Mola advirtieron los vínculos del tasador con el entorno de Báez.

Ya en su presentación del 10 de noviembre, los fiscales habían advertido sobre la existencia de un “posible conflicto de intereses” que podía comprometer la objetividad del perito, dado que el valor que se les asigne a las propiedades incidirá directamente sobre el alcance de la ejecución del decomiso que deben afrontar Báez y la expresidenta.

Además del apartamiento del perito, Luciani y Mola solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe sobre el grado de avance de las tasaciones, ordenadas hace un año por el tribunal y de cuya conclusión depende la ejecución del decomiso, cuyo monto actualizado es de casi $685.000 millones.

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Córdoba: Luis Juez y Gabriel Bornoroni chicanearon a Rodrigo de Loredo y crece la tensión por el armado opositor para 2027

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La carrera hacia las elecciones de 2027 empezó a dejar al descubierto las diferencias entre los principales referentes de la oposición en Córdoba. Esta vez, el motivo fue un video de Luis Juez y Gabriel Bornoroni, en el que se burlaron de Rodrigo de Loredo con una puesta en escena que no cayó bien en las filas del radicalismo.

Los dirigentes aparecieron juntos a bordo de un Fiat 600, en una referencia irónica a la campaña que lleva adelante el diputado de la UCR con un DeLorean, el automóvil popularizado por la película “Volver al futuro”. En el video, además, le reservaron a De Loredo un lugar en la parte trasera del vehículo, un gesto que sumó tensión a la humorada.

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La reacción en el radicalismo fue de malestar. Más allá de la chicana personal, distintos sectores interpretaron la escena como un mensaje sobre el papel que Juez y Bornoroni pretenden asignarle a la UCR en una eventual alianza opositora. La imagen del dirigente radical como acompañante reavivó las diferencias sobre quién debería encabezar un proyecto electoral común.

Rodrigo de Loredo, diputado UCR. Foto Cámara de Diputados.

El episodio se produjo en medio de los movimientos de los distintos espacios para posicionarse de cara a 2027, cuando la oposición buscará disputar el poder al peronismo cordobés, que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas.

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