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Revés judicial para Cristina Kirchner por los embargos al departamento donde cumple condena y a bienes de Hotesur y Los Sauces

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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento de Constitución donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.

La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala IV del tribunal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

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El fallo fue dictado en el tramo donde la Justicia pugna por ejecutar los bienes de la expresidenta para cumplir con el decomiso de 650 millones de dólares dispuesto por el tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. El Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso de hasta $684.990.350.139,86, según el monto actualizado por los jueces.

Uno de los edificios de la empresa Hotesur, en El CalafateArchivo

El TOF 2 había ordenado el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.

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Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 en el que vive Cristina Kirchner, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no son producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser embargados para ser decomisados.

También la defensa dijo que Cristina Kirchner podía recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena.

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Argumentó que además uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside. Según el planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso a quedarse sin el departamento donde vive, por lo que el recurso debía ser equiparable a una sentencia definitiva.

Florencia y Máximo KirchnerArchivo

La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre el lugar donde vive Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.

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Añadió que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a una definitiva, la defensa tampoco demostró la existencia de una cuestión federal suficiente que habilite el pronunciamiento de la Cámara. Por esas razones, concluyó que el recurso de Casación había sido correctamente denegado y no hizo lugar a la queja.

En paralelo, la Cámara de Casación tramita el recurso de casación presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos sobre los bienes de Hotesur y Los Sauces. Ambos comparecieron como únicos accionistas de las sociedades y formularon sus propios cuestionamientos respecto de la afectación de esos activos. Resta que se resuelva este último asunto.




Hernán Cappiello,Corrupción,Conforme a

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Café en el ACA, chapa diplomática y un McDonald’s: las misteriosas horas de Santiago Caputo en Misiones durante el operativo Bolsonaro

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El plan era rápido y sin testigos. Santiago Caputo, el asesor más influyente del presidente Javier Milei, llegaría a Puerto Iguazú el lunes a la noche. El operativo para sacar del país a la familia Bolsonaro se haría a las 2 de la mañana del martes y, antes del amanecer, todo habría terminado. Pero no salió así.

El operativo se demoró casi un día y Caputo tuvo que quedarse en Misiones, donde lo vieron tomando café, cruzándose con viejos conocidos y, hasta disfrutó de una hamburguesa de McDonald’s de Posadas.

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En principio, Caputo llegó a Puerto Iguazú el lunes a la noche. Lo que no está claro es cómo. Ese día, a las 20, despegó del aeropuerto de San Fernando un avión privado de la empresa Sundown Jet SA, matrícula LV-JZQ, que aterrizó en el aeropuerto internacional de Iguazú a las 21.25.

Algunas fuentes dicen que el asesor viajaba en ese vuelo. Otras dicen que llegó en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas. El martes, el LV-JZQ despegó de Iguazú a las 10.58 y aterrizó en San Fernando a las 12.33. Todo indica que volvió sin Caputo.

La hoja de vuelo con el detalle de los pasajeros y el destino del avión que trasladó a Bolsonaro

Pero hay una tercera versión. En Posadas se habla de que en la noche del lunes hubo otro misterioso vuelo. Se trata de un avión privado que aterrizó en Encarnación, en el flamante Agua Vista Airport, una lujosa estación ejecutiva que se inauguró hace poco tiempo. En esas instalaciones lo habrían esperado las camionetas del Ente Binacional Yacyretá (EBY).

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El asesor se alojó en el hotel Meliá de Puerto Iguazú, a pocos metros de las Cataratas. Había tres habitaciones reservadas a nombre de Orlando Ignacio “Nacho” Palacios, asesor de la Secretaría General de la EBY. No se sabe quiénes ocuparon las otras dos habitaciones. El nombre de Palacios volvería a aparecer horas después, en un acta policial.

Esa noche llegó a Puerto Iguazú un avión Gulfstream G400 matrícula LV-JQW que había salido de Buenos Aires con una misión: trasladar a una “familia brasileña” desde ese lugar hasta un aeropuerto de la Florida, en los Estados Unidos. Iba a partir unas pocas horas después, en la madrugada del miércoles.

El avión que trasladó a Bolsonaro, ya en Estados UnidosRICARDO ARDUENGO – AFP

Como el operativo de la madrugada nunca se concretó, el martes Caputo tuvo tiempo libre en Iguazú. Lo vieron en el café del ACA de la ciudad. No solo se bajó de la camioneta: también saludó y charló un rato con un exfuncionario de Yacyretá que trabajó en la entidad durante el gobierno de Alberto Fernández.

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Esa misma tarde, una de las camionetas de Yacyretá que usó Caputo fue vista en Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil. No se sabe si el asesor iba a bordo ni qué fue a buscar la camioneta. Tampoco si tuvo algo que ver con los Bolsonaro o con algún equipaje. Lo cierto es que circuló el martes por una de las zonas más permeables del país.

Frontera seca

Bernardo de Irigoyen es el extremo oriental de la Argentina continental y uno de los pocos lugares de esa zona del país donde el límite no lo marca un río. Entre San Antonio y Pepirí Guazú se extiende la llamada frontera seca, de unos 30 kilómetros, según el Instituto Geográfico Nacional.

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En el pueblo, la vereda par es argentina y la impar, brasileña: del otro lado de la avenida ya es Dionísio Cerqueira. Para cambiar de país alcanza con bajar el cordón. Los vecinos hablan portuñol, tienen familia de los dos lados y cruzan sin dejar registro. A pocos kilómetros, del lado brasileño, pasa una ruta que comunica con las principales ciudades del sur de Brasil.

El martes a la noche, Flavio Bolsonaro, el candidato presidencial brasileño que el domingo perdió el balotaje frente a Lula da Silva y que tiene prohibido salir de su país por orden de la Justicia brasileña, junto a su familia, entró a la Argentina por el puente Tancredo Neves, que une Foz do Iguazú con Puerto Iguazú.

Hace un año, recorrió ese puente y comprobó que del lado brasileño no había controles: los únicos están del lado argentino.

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El puente internacional Tancredo Neves, inaugurado por Alfonsín y Sarney hace casi 38 años

Desde el puente hasta el avión no se conoce cómo y en qué circuló el político brasileño en suelo argentino. Pese a que la idea era irse en pocas horas, en la noche del martes, un día después de arribado, Caputo seguía en la zona cuando la familia subió al vuelo de Baires Fly, aunque no está confirmado que haya estado en el aeropuerto.

En ese momento, y por disposición de las autoridades argentinas, la guardia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se había reducido al mínimo. Sin embargo, hubo tiempo para un reclamo a un testigo que sacó una foto del momento. De inmediato, los agentes argentinos del operativo lo increparon para que la borre. Así lo hizo.

Control a las 2.50

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Terminado el operativo, Caputo salió de Iguazú hacia Posadas por la ruta nacional 12. Viajaba en una Ford Ranger blanca de Yacyretá con patente diplomática, manejada por Jorge Omar Waisman, jefe de Seguridad de la entidad, que llegó al cargo propuesto por Caputo y que tiene pasado en la DEA de Estados Unidos.

A la Policía le llamó la atención que la camioneta venía en tándem con otra, una Toyota Hiace blanca, conducida por Palacios. Ese vehículo fue comprado hace un tiempo por Ignacio Barrios Arrechea, un exdirector de la empresa durante la gestión de Alberto Fernández que no quería viajar a Buenos Aires en avión. Según trascendió, uno de los ocupantes se presentó como agente de la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos. Y aunque no hay documentación que lo confirme, pues habría sido Waisman.

Jefe de Seguridad e Informaciones de Yacyretá, Jorge Omar WaismanYacyretá

En la ruta, la policía paró al convoy dos veces. El primer control fue a las 2.50 del miércoles, en Capioví. Según el acta, Caputo se bajó e hizo gala de todas las credenciales políticas. Además, les dijo a los policías que se trataba de un operativo de la SIDE. En el segundo control, los dejaron pasar sin problemas. Consultado por , Caputo negó haber sido identificado en el control. Ante más preguntas sobre el operativo, respondió con una sola palabra: “Misterio”.

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En esas horas de vorágine, la comitiva paró en uno de los dos McDonald’s de la ciudad. Hubo muchos testigos, y en Posadas, donde se ubica el local de comidas, dicen que en algún celular está la foto de Caputo esa noche.

En Buenos Aires, en las oficinas cercanas a Caputo, circula un memo del gobierno de Misiones. Dice que, en los puntos de la ruta donde los pararon, las camionetas las manejaban Waisman y Palacios. Nada explica sobre si iban solos o no y tampoco menciona a otros pasajeros. Esa omisión no aclara si Caputo iba en alguna de las dos camionetas.

Cómo volvió a Buenos Aires es la última incógnita. Algunos dicen que regresó por tierra, en la camioneta. Otros, que tomó un vuelo de Aerolíneas Argentinas. ¿Acaso es posible volar en Aerolíneas Argentinas con un nombre de fantasía? Preguntas que dejan las horas de vorágine en la frontera misionera.

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Mientras tanto, en el Gobierno intentan que se hable lo menos posible del asesor presidencial.



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La Corte se declaró competente para analizar la demanda bonaerense por subsidios al transporte

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La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

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La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.

Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.

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El fondo eliminado y el reclamo por las tarifas

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

El presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.

La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.

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La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.

La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.

La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación.

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La Rioja y La Pampa, bajo el mismo criterio procesal

La Rioja también obtuvo el reconocimiento de la competencia originaria de la Corte en su demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte. Sin embargo, deberá presentar un nuevo escrito inicial en 10 días para que el conflicto continúe por la vía de un juicio ordinario.

Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La provincia había promovido una medida autosatisfactiva, un mecanismo de urgencia que procura resolver un conflicto de manera inmediata y sin un juicio posterior. El tribunal consideró que el caso requiere más etapas de discusión entre las partes.

La resolución adoptó tres decisiones: asumió la competencia originaria, fijó el plazo para reformular la presentación y ordenó notificar a la Procuración del Tesoro de la Nación.

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La Corte no desarrolló fundamentos propios para el caso riojano y remitió a lo resuelto en el expediente de Buenos Aires. Consideró que ambas controversias eran “sustancialmente análogas”, una fórmula que permite aplicar un criterio jurídico definido recientemente sin reiterar toda la argumentación.

La provincia de La Rioja está representada por el fiscal de Estado Segundo Rodríguez, con el patrocinio de las abogadas Vilma Ghiano y Leticia Juárez Manfredini. El Estado Nacional tampoco se había presentado en ese expediente al momento de la decisión.

La demanda de La Pampa seguirá el mismo recorrido procesal que la causa bonaerense. El tribunal asumió la competencia originaria y dispuso que el expediente tramite como juicio ordinario, con plazos y posibilidades de prueba más amplios que los de un amparo.

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La provincia está representada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y el procurador de Rentas Araldo Arriola. El patrocinio letrado quedó a cargo de Raúl Reyes, Carlos Caasetta, Gerardo Amadeo y Esteban Conte Grand.

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Hicieron una estafa virtual en un municipio de La Pampa y no se pudieron pagar los sueldos

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El municipio pampeano de Santa Isabel, a 300 kilómetros de Santa Rosa, fue objeto de una millonaria estafa virtual que vació las arcas del municipio e impidió que pudieran pagarse los salarios, según admitió la propia intendenta, María Elizabet Cabral.

El hecho fue descubierto el lunes último, cuando el personal de Tesorería municipal ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital, del Banco de La Pampa, y descubrió que se habían hecho dos transferencias bancarias no autorizadas desde una cuenta destinada específicamente al pago de salarios de los empleados municipales.

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La intendenta Cabral y la tesorera se dirigieron entonces a la sucursal local del Banco de La Pampa, donde constataron que efectivamente se habían hecho dos transferencias hacia cuentas de terceros, por lo que se procedió al bloqueo de esas cuentas y se presentó la denuncia correspondiente, consignó el diario local La Arena.

Ante la imposibilidad de hacer frente al pago del personal municipal, el gobierno provincial salió al auxilio del municipio, por lo que los empleados no percibirán el cobro de sus haberes el viernes 30 de octubre, como estaba previsto, sino la semana próxima.

Noticia en desarrollo

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