La visita del Papa León XIV a la Argentina coincidirá con una fecha límite para uno de los proyectos que la Iglesia reclama al Congreso: la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, perderá estado parlamentario si el Senado no avanza con su tratamiento.

El proyecto restringe la publicidad de las casas de apuestas, prohíbe los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos, endurece los controles para impedir el acceso de menores y establece límites para los operadores. También busca cortar los vínculos entre empresas de apuestas y dirigentes de entidades deportivas.

León XIV se pronunció en distintas oportunidades sobre el crecimiento de las apuestas y los juegos de azar, una problemática que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe anual de Cáritas y advirtió que se trata de “un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. También vinculó el fenómeno con distintas formas de “soledad” y reclamó respuestas de los Estados.

El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Si bien la agenda definitiva se conocerá en los próximos días, está prevista una misa masiva para la juventud donde podría abordar esta problemática. “Nadie sabe lo que va a decir”, repiten referentes eclesiásticos locales.

La iniciativa fue aprobada por Diputados a fines de 2024 y tuvo como una de sus principales impulsoras a Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), entonces presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. La acompañaron Unión por la Patria (UP), la izquierda (FIT), sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.

Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias de lobby formuladas públicamente por los impulsores de la iniciativa, el proyecto consiguió la media sanción. Desde entonces quedó frenado en el Senado.

En términos formales, la media sanción recién caducará el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre funciona como el límite político para su tratamiento ordinario. Es que, para que el Senado pueda abordarla durante las sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirla en el temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.

El Gobierno no solo rechazó la iniciativa en Diputados. Más tarde presentó un proyecto alternativo que propone endurecer las penas contra los operadores clandestinos, pero evita tocar el corazón del negocio del juego: la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones utilizadas para captar nuevos usuarios.

La Iglesia intervino directamente en el debate. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que el Senado avanzara con la sanción.

“A costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”, advirtieron los obispos. Y pusieron especialmente el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas: “Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.

Ante la proximidad de la visita papal y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, Frade decidió llevar el reclamo hasta el Vaticano. En junio, la diputada envió una carta dirigida a León XIV a través de la Nunciatura Apostólica.

En la misiva, Frade describió el avance de la problemática en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le solicitó al Papa que contribuya a “visibilizar la importancia de esta causa” y a evitar que quede inconcluso el trabajo realizado durante los últimos años.

“Su palabra y su autoridad moral pueden constituir un valioso llamado a la responsabilidad común frente a una problemática que afecta a miles de familias y que requiere respuestas urgentes y comprometidas por parte de toda la sociedad”, dijo a León XIV.

Los ejes de la media sanción

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento de Constitución donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.

La medida fue dispuesta por los jueces de la Sala IV del tribunal Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

El fallo fue dictado en el tramo donde la Justicia pugna por ejecutar los bienes de la expresidenta para cumplir con el decomiso de 650 millones de dólares dispuesto por el tribunal que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Esa condena quedó firme el 10 de junio de 2025. El Tribunal Oral Federal N° 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso de hasta $684.990.350.139,86, según el monto actualizado por los jueces.

El TOF 2 había ordenado el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo.

Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 en el que vive Cristina Kirchner, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades Hotesur y Los Sauces tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no son producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser embargados para ser decomisados.

También la defensa dijo que Cristina Kirchner podía recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena.

Argumentó que además uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside. Según el planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso a quedarse sin el departamento donde vive, por lo que el recurso debía ser equiparable a una sentencia definitiva.

La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión era únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre el lugar donde vive Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.

Añadió que, aun si se admitiera hipotéticamente que la medida fuera equiparable a una definitiva, la defensa tampoco demostró la existencia de una cuestión federal suficiente que habilite el pronunciamiento de la Cámara. Por esas razones, concluyó que el recurso de Casación había sido correctamente denegado y no hizo lugar a la queja.

En paralelo, la Cámara de Casación tramita el recurso de casación presentado por Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos sobre los bienes de Hotesur y Los Sauces. Ambos comparecieron como únicos accionistas de las sociedades y formularon sus propios cuestionamientos respecto de la afectación de esos activos. Resta que se resuelva este último asunto.