POLITICA
Ricardo Gil Lavedra busca retener el Colegio de la Abogacía y dos expresidentes quieren regresar al poder
El martes y miércoles de esta semana, la abogacía de la Ciudad de Buenos Aires volverá a las urnas para definir a las nuevas autoridades del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
En una votación que renueva los mandatos del Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la Asamblea de Delegados, el oficialismo actualmente en manos de Ricardo Gil Lavedra buscará la continuidad frente a una oposición que se presenta fuertemente fragmentada.
Las elecciones se desarrollarán de 8 a 18 horas en Av. Corrientes 1441 y hay más de 86.500 profesionales empadronados que podrán emitir su voto presentando su credencial o DNI. Hace dos años, la participación alcanzó los 13.660 votantes.
Estas elecciones son de autoridades del Colegio, pero preanuncian las que se realizarán a fin de año para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la magistratura, poderoso órgano político que es el que tiene la misión de elegir y remover a los jueces.
Los candidatos que se proponen ahora se postulan en cinco listas diferentes, atravesadas por la política. En dos de ellas, dos expresidentes del Colegio buscan regresar al poder. Son Jorge Rizzo, histórico líder de Gente de Derecho, y Eduardo Awad, que se escindió de su lista.
El oficialismo va con la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, que propone la continuidad de la actual gestión de Ricardo Gil Lavedra. Lleva como candidata a presidenta a Alejandra García.
De ganar, García (con más de 30 años de ejercicio y actual Coordinadora Legal y Técnica del Colegio) se convertiría en la primera mujer en presidir la institución en más de cuatro décadas de historia.
La acompañan el propio Gil Lavedra encabezando la Asamblea y José María Figuerero para el Tribunal de Disciplina.
Es una amplia coalición que retiene el poder hace cuatro años. Está integrada por radicales, miembros del PRO, socialistas y sectores afines al actual gobierno nacional, además de contar con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de la calle Montevideo y la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires.
Daniel Angelici ex presidente de Boca e influyente operador judicial y político, tiene sus fichas puestas en esta elección pues en la lista figuran hombres de su riñón como Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI y hombre muy cercano a Angelici) y Daniel Presti.
La de Angelici -explican fuentes del oficialismo- es una de las 12 agrupaciones que integran la lista y que participa en el frente electoral desde la primera vez que se presentó. “No es una representación mayoritaria”, dijeron en el Colegio.
Por “Gente de Derecho”, que intenta regresar al control del Colegio de la Abogacía, se propone para la presidencia Jorge Rizzo, quien busca recuperar ejercer su quinto mandato.
Lo secundan Gregorio Corach como candidato al Tribunal de Disciplina y Patricia Trotta a la Asamblea. En su armado también resalta el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Si bien en el pasado cerró acuerdos electorales tanto con el peronismo porteño como con el macrismo, hoy se presenta como la principal fuerza opositora tradicional, aunque sufrió fugas internas recientes.
Una escisión de su agrupación es Eduardo Awad, que fue presidente del Colegio y ahora se postula por la lista “Los que vemos el Colegio”. Awad, que es ciego y por eso el nombre de su lista, decidió romper filas con Gente de Derecho para presentar batalla con una lista propia por primera vez.
Lo acompañan Carlos Codoro (al Tribunal) y Nelly Díaz (a la Asamblea). Representa a un sector de la abogacía independiente que se desencantó de las estructuras de Gente de Derecho. Rizzo amenazó con impugnar su candidatura durante el cierre de listas.
La pata kirchnerista de esta elección “Por Más Abogacía” que encabeza Eduardo Javier Lema Castillo como postulante a presidente, acompañado por Casiano Highton para el Tribunal y Valeria Carreras en la Asamblea. Está conformada por una alianza entre las agrupaciones La Cámpora y Abogados del Fuero.
En tanto, la lista “Espacio Abierto de la Abogacía”, propone a Rubén Ramos para la presidencia; Cristian Dellepiane buscará un lugar en el Tribunal de Disciplina y Sebastián Saez en la Asamblea.
Ramos es el secretario general de la Asociación Gremial de la Abogacía del Estado (AGAE). Su lista tiene una fuerte base transversal y nuclea abogados que ejercen en el sector público, pero también otros independientes, en defensa de las condiciones de trabajo y honorarios. Plantean una “alternativa plural y diferente” con un proyecto concreto de modernización del colegio.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales
El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
El Concejo Deliberante de Morón aprobó este jueves la interpelación del intendente Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP), por los casos de inseguridad en el distrito, según pudo confirmar de fuentes municipales.
Los concejales le solicitaron al jefe comunal que se presente en el recinto para que “brinde un informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos y las políticas tomadas y que tomará en materia de seguridad”.
El proyecto, impulsado por los bloques de La Libertad Avanza (LLA), PRO y la UCR, establece que, según el artículo 108 inciso 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, Ghi o quien el jefe comunal “corresponda” deberá brindar al Concejo Deliberante un “informe detallado sobre la creciente inseguridad que sufren los vecinos de Morón, y las políticas tomadas y/o que tomará en materia de seguridad”.
Además fija que, una vez sancionado el proyecto, “el intendente o quien él disponga deberá presentarse en forma pública en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante dentro de un plazo de cinco días hábiles”.
Qué pasó
Este jueves un hombre resultó herido de tres disparos frente a un colegio de El Palomar cuando tres delincuentes intentaron asaltar a padres y madres que llevaban a sus hijos al establecimiento.
Los delincuentes habían llegado al lugar a bordo de un camioneta Volkswagen Amarok, descendieron armados y comenzaron a amenazar a los padres que acompañaban a sus hijos, con la intención de aprovechar la concentración de personas a la hora de ingreso escolar.
Entre quienes se encontraban en la zona había un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, que a bordo de su Peugeot 208 lleva a su hija de 10 años al colegio. Al advertir lo que sucedía, el hombre se identificó ante los delincuentes. Fue entonces cuando los sospechosos comenzaron a efectuar disparos.
La secuencia se produjo en medio del ingreso de los alumnos y generó momentos de extrema tensión entre las familias que se encontraban frente al colegio. Por la tarde hubo protestas de vecinos en el distrito.
Los fundamentos
En el proyecto, que fue aprobado en el recinto sobre tablas, los bloques de la oposición plantearon que “es de público conocimiento la situación que sufren los vecinos del distrito con respecto a la inseguridad”.
“Desde los distintos bloques políticos de la oposición hemos presentado en forma reiterada proyectos, pedidos y memorandos vinculados con la prevención y la seguridad en el distrito, solicitando medidas concretas como la instalación y reparación de alarmas, mayor iluminación, incorporación y mantenimiento de cámaras de videovigilancia, incremento del patrullaje y una mayor presencia territorial tanto del personal policial como de los agentes de la guardia urbana”.
Según aclararon, “estas iniciativas tuvieron como objetivo aportar herramientas concretas de prevención, ante una problemática que constituye una de las principales preocupaciones de los vecinos de Morón”.
También señalaron que “persisten interrogantes respecto de la denominada ‘Policía Municipal de Morón’”, dado, que advirtieron, “la propia normativa recientemente difundida establece que la estructura creada por el Departamento Ejecutivo constituye un programa municipal de carácter civil y administrativo y que carece de estado policial”.
“Es decir, más allá de la denominación elegida públicamente, no se trata jurídicamente de una fuerza policial en sentido estricto. Llamamos a trabajar en conjunto desde todos los bloques políticos para no tener que lamentar más pérdidas humanas y que los delitos en el municipio disminuyan”.
Ley Orgánica de Municipalidades
El inciso 7 del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el jefe comunal deberá “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario o secretarios de la intendencia, a las Sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por Decreto del Cuerpo, con una antelación de cinco (5) días para suministrar informes”.
Y agrega que “el Intendente podrá tomar parte en los debates, pero no votar. La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto, o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada por dicho Cuerpo, será considerada falta grave”.
Qué hace falta para la destitución de un intendente
El capítulo X de esa ley, titulado Sanciones y Procedimientos, establece que en su artículo 247 que el intendente “cuando incurra en transgresiones será destituido y reemplazado en la forma prevista en el artículo 15”.
“Imputándose al intendente la comisión de un delito doloso, procederá su destitución de pleno derecho, cuando recaiga sentencia condenatoria firme”, dice el artículo 248.
Y agrega que, en ese caso, se “procederá a la suspensión preventiva de pleno derecho cuando hallándose detenido, se dictare en su contra auto de prisión preventiva firme, sin perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 249”.
“El sobreseimiento provisorio o definitivo, o la absolución, restituirán automáticamente al Intendente al pleno ejercicio de su cargo. No procederá la destitución o la suspensión preventiva cuando se tratare de un delito de acción privada”, aclara la ley.
El artículo 249, a su vez, define que “corresponderá” al Concejo Deliberante juzgar al intendente en los siguientes casos:
Para eso designará una Comisión Investigadora “integrada por concejales con la aprobación de las dos terceras partes del total de sus miembros”.
Esa comisión “deberá constituirse con no menos de una cuarta parte de los mismos y representación de todos los bloques reconocidos; y “tendrá como objeto reunir los antecedentes y elementos de prueba necesarios para la valoración de los hechos, que deberán ser precisamente definidos. Para ello tendrá un plazo de treinta (30) días”.
Quién es
Con origen en el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, Ghi había ocupado el municipio de manera interina en 2009 y hasta 2011 completó el mandato de su referente y antecesor.
En 2011 ganó las elecciones y llevó adelante su primera gestión hasta 2015. En 2019 volvió a tomar las riendas del municipio al imponerse en los comicios y obtuvo la reelección en 2023. Hoy milita en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), referenciado en el gobernador Axel Kicillof.
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POLITICA
Descubrieron una carta inédita de 1833 que contó cómo fue la ocupación ilegal de los británicos en las Islas Malvinas
Una carta inédita escrita en el año 1833 se conoció por primera vez en las últimas horas y relata cómo fue la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido. El documento fue escrito por el gobernador de la provincia de Buenos Aires para su par de Tucumán, que en ese momento ocupaba un rol central en la naciente Argentina.
El escrito está firmado el 21 de enero de 1833 por parte del entonces mandatario bonaerense Juan Ramón Balcarce para su par Agustín Heredia, que estaba al frente del territorio tucumano. Allí habla de un “disgusto” por la noticia “de la violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas, ejecutado por un buque de guerra de S. M. B. (Su Majestad Británica)”.
Cabe remarcar que la ocupación ilegal del archipiélago por parte de las fuerzas inglesas ocurrió el 3 de enero de 1833, por lo que lo expresado en el documento es un fiel reflejo de lo que se vivió en Buenos Aires en aquellos tiempos. En ese sentido, la invasión fue encabezada por el comandante británico John Onslow, al mando de la corbeta HMS Clio, quien ordenó arriar y retirar la bandera argentina del territorio.
Justamente, la carta es para comunicar cómo fueron los hechos que transcurrieron en las islas en la fecha mencionada y el trabajo que realizó el comandante José María Pinedo, quien estaba al mando de la goleta de guerra Sarandí en aquel momento.
El oficio tiene como base el parte oficial que Pinedo elevó al gobierno bonaerense tras su regreso. La Sarandí dio fondo en las balizas exteriores de Buenos Aires el 18 de enero de 1833, y tres días después Balcarce formalizó la denuncia por escrito. El gobierno bonaerense definió la acción británica como una agresión cometida mediante el uso de la fuerza contra un Estado con el que el Reino Unido mantenía tratados de amistad y comercio vigentes.
Otro detalle que marca un antecedente inmediato de la situación, que ya era delicada, fue lo que ocurrió en diciembre de 1831, cuando la fragata estadounidense USS Lexington había atacado Puerto Soledad, lo que llevó a las autoridades bonaerenses a intentar reconstruir la colonia. En ese marco, Francisco Mestivier fue designado comandante civil y militar del establecimiento, y la Sarandí partió en septiembre de 1832 hacia el archipiélago. Al llegar, Pinedo instaló a Mestivier en el cargo y continuó navegando para cumplir tareas de patrullaje. Sin embargo, una violenta sublevación en Puerto Soledad terminó con la vida del propio Mestivier. Cuando Pinedo regresó el 31 de diciembre, restableció el orden en la colonia. Dos días después llegaron las fuerzas británicas.
Según el relato que Pinedo transmitió a Balcarce, el 2 de enero de 1833 la corbeta británica HMS Clio se presentó en la isla Soledad. Pinedo envió dos oficiales a bordo del buque con “ofrecimientos de atención y amistad”. Más tarde, cerca de las tres de la tarde, Onslow subió a la Sarandí acompañado por dos oficiales propios. Allí informó que venía “a tomar posesión de las Islas Malvinas” en nombre de Su Majestad Británica y exigió que el pabellón argentino fuera arriado en un plazo de 24 horas.
La carta subraya que Pinedo respondió con protestas formales. El comandante argentino señaló que su deber no le permitía consentir en tan injusta medida sin recibir órdenes expresas de su gobierno, y apeló a las relaciones de amistad entre Buenos Aires y Londres. Cerca de las ocho de la noche del mismo día, Pinedo recibió por escrito la intimación británica. Evaluó resistir, pero encontró dificultades que consideró insuperables. Entonces envió una comisión para reiterar la protesta y comunicarle a Onslow que, si avanzaba con la fuerza, se vería precisado a resistirle, y que por eso esperaba que se postergara la medida hasta recibir instrucciones del gobierno. La comisión regresó a la Sarandí pasadas las diez de la noche sin haber podido hablar con el comandante británico.
A las seis de la mañana del 3 de enero, Pinedo fue personalmente a bordo de la Clio para protestar por última vez. Onslow mantuvo su postura: afirmó que contaba con fuerzas suficientes y que esperaba refuerzos. La carta recoge que Pinedo responsabilizó a Gran Bretaña por el “insulto y de la violación de los respetos debidos a la República”, y dejó en claro que no sería él quien arriara la bandera que flameaba en tierra. Antes de partir, prohibió por escrito que se arriara el pabellón argentino y dejó a cargo del establecimiento a Juan Simón, capataz del lugar, junto con otros hombres.
Para las nueve de la mañana, tropas británicas desembarcaron desde tres botes de la corbeta. Izaron el pabellón británico en una casa ubicada a unas cuatro cuadras de la comandancia y luego arriaron el argentino. La Sarandí permaneció en las islas durante los días siguientes. El 5 de enero, Pinedo se hizo a la vela. Su presencia en la zona, con fuerzas claramente inferiores —la Clio contaba con 18 cañones y aguardaba el apoyo de la corbeta Tyne, de 28—, no ofrecía margen militar real para revertir la situación.
La carta cierra con una declaración de postura oficial. Balcarce anticipa que el gobierno bonaerense sostendría “los derechos de la República Argentina” y promovería las gestiones necesarias “para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio”.
El hallazgo de las cuatro hojas de la carta fue realizado en el Archivo Histórico de la provincia de Tucumán, durante trabajos en la recuperación y conservación del patrimonio documental. El organismo señaló que el descubrimiento fue posible gracias a una tarea cotidiana que busca preservar documentos relevantes para la historia provincial y nacional.
Asimismo, el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de Tucumán, Raúl Albarracín, destacó la importancia de esta política y remarcó que el propósito es generar una memoria activa: “El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión”.
Se espera que este jueves el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al resto de los funcionarios y al director del Archivo Histórico, Javier Critto, hagan la entrega del documento histórico.
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