POLITICA
CIPPEC reúne al “círculo rojo” en su cena anual, con la consigna “Crecer o crecer”
La cena anual de CIPPEC se realizará esta noche en la Ciudad de Buenos Aires y volverá a funcionar como uno de los principales puntos de encuentro de la dirigencia política, económica y social en un contexto atravesado por la discusión sobre el rumbo del país. Con más de mil invitados confirmados y una consigna que condensa el clima de época —“Crecer o crecer”—, el evento buscará instalar un diagnóstico compartido: la Argentina enfrenta una crisis estructural que exige acuerdos que excedan la lógica de la confrontación partidaria.
El encuentro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunirá a referentes de todo el arco político, gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios, sindicalistas, diplomáticos y académicos. Entre los asistentes confirmados estarán el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la ministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. La amplitud de la convocatoria, característica de este evento, adquiere en esta edición un peso particular por el momento político y económico.
La cena será encabezada por Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, y José Orlando, presidente del Consejo de Administración de la entidad, quienes serán los anfitriones del encuentro. Los discursos centrales están previstos para las 21, en un tramo que suele concentrar las definiciones políticas más relevantes de la jornada. Aunque se trata de un evento institucional, la cena de CIPPEC funciona cada año como una instancia de señalización política y de construcción de agenda.
CIPPEC llega a esta nueva edición con una trayectoria consolidada como uno de los think tanks más influyentes del país. En 26 años de trabajo, la organización participó en más de 1300 proyectos vinculados a la implementación de políticas públicas y produjo más de 1200 documentos técnicos, además de intervenir en iniciativas clave como el impulso del debate presidencial obligatorio, la promoción de la Boleta Única de Papel —finalmente sancionada a nivel nacional en 2024— y el desarrollo de políticas de transparencia y acceso a la información pública . Ese recorrido le permitió construir una posición singular en el sistema político: una institución con capacidad de diálogo transversal y con incidencia concreta en decisiones de gobierno.
En esta oportunidad, la agenda implícita del encuentro estará atravesada por las denominadas “cuatro avenidas para el desarrollo” que promueve la organización: transformación del Estado, finanzas públicas sostenibles con foco en la productividad, inclusión social y educación vinculada al mundo del trabajo . Se trata de un esquema que dialoga de manera directa con los dilemas actuales de la gestión de Javier Milei, en particular con el equilibrio entre el ajuste fiscal, la necesidad de crecimiento y la contención social.
La presencia de gobernadores de distintos signos políticos y de referentes del oficialismo nacional anticipa una escena donde el diálogo —aunque sea en términos informales— aparece como un insumo relevante. En un contexto donde el Gobierno avanza con reformas estructurales y enfrenta tensiones en el Congreso y en las provincias, la posibilidad de construir consensos mínimos se vuelve un tema central, incluso en ámbitos que no están diseñados formalmente para la negociación política.
Laspina, que asumió recientemente la conducción ejecutiva de CIPPEC tras años de protagonismo en el Congreso como uno de los referentes económicos del PRO, llega a esta cena con la intención de reposicionar a la entidad como un espacio de articulación entre conocimiento técnico y toma de decisiones. Desde ese lugar, intenta correrse de la lógica estrictamente partidaria sin abandonar el núcleo del debate económico.
En la antesala del evento, el economista planteó que la consigna de este año no debe leerse como un eslogan, sino como un diagnóstico. “Crecer o crecer”, definió, es un “rezo laico” que sintetiza el problema estructural de la Argentina: la incapacidad de generar empleo, reducir la pobreza y sostener un sendero de desarrollo en el tiempo. La frase, que funciona como eje conceptual de la cena, busca interpelar tanto al oficialismo como a la oposición.
A partir de ese diagnóstico, Laspina propone desplazar el eje del debate político tradicional. Antes de discutir modelos económicos —más Estado o más mercado—, sostiene que el país necesita construir acuerdos básicos que eviten la repetición de crisis cíclicas. Los define como consensos “preideológicos” y los ordena en tres pilares: respeto por los contratos, equilibrio fiscal y una política monetaria que no utilice al Banco Central como herramienta de financiamiento del Tesoro.
Ese enfoque, que apunta a establecer condiciones mínimas de estabilidad, dialoga con las discusiones que atraviesan hoy al sistema político. La tensión entre el ajuste fiscal y la reactivación, el impacto social de las reformas y la dificultad para consolidar mayorías legislativas configuran un escenario donde la construcción de acuerdos aparece como un desafío persistente.
En ese marco, la cena de CIPPEC no se limita a su carácter institucional. Funciona como un espacio donde se cruzan diagnósticos, se testean posibles puntos de convergencia y se construyen vínculos entre actores que, en otros ámbitos, operan en lógica de confrontación. La diversidad de los invitados —que incluye desde gobernadores hasta referentes sindicales y empresarios— refuerza esa dinámica.
Con ese telón de fondo, el encuentro de esta noche se proyecta como algo más que una reunión protocolar. Será, en los hechos, una fotografía del poder en movimiento y un termómetro del momento político. En un país atravesado por la urgencia económica y la fragilidad institucional, la pregunta por el crecimiento deja de ser una consigna para convertirse en una condición de posibilidad para cualquier estrategia de gobierno.
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POLITICA
Gerardo Martínez propuso en la OIT un nuevo contrato social para el trabajo: “La inteligencia artificial no es neutral”
En la clausura de la 114ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizada en Ginebra, Suiza, el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, en su carácter de vicepresidente del encuentro por el sector trabajador, reclamó a los gobiernos, empleadores y sindicatos del mundo consolidar un nuevo contrato social centrado en la persona y la justicia social. Al mismo tiempo, subrayó la necesidad de renovar el protagonismo de la OIT como garante multilateral de los derechos laborales ante la convergencia de crisis económicas, sociales, tecnológicas y geopolíticas.
Martínez situó el ambiente político de la conferencia bajo el impacto de la llamada “policrisis del hoy y ahora”, y reivindicó el diálogo tripartito como “llave” imprescindible para resistir las tensiones globales. Destacó que el pluralismo, el respeto entre el capital y el trabajo, y el diálogo social constituyen la única base realista para “la paz social que nutre a las sociedades”.
Un punto que calificó de trascendente fue el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la OIT, avalado “por una amplia mayoría”. Este gesto lo presentó como un reflejo del multilateralismo y la vocación inclusiva del organismo.
Uno de los ejes centrales del discurso fue el foco en la agenda de género. Martínez subrayó el nuevo “programa para avanzar en el tratamiento urgente de las condiciones de vida y de trabajo de la mujer en todos los ámbitos”, que adoptó la conferencia. Celebró que, por primera vez, la perspectiva de género quedó consagrada como principio transversal y sostuvo que para “frenar la desigualdad” se deben “mejorar los sistemas de cuidados y las políticas de desarrollo de competencias, incentivando el diálogo social y el tripartismo”.
El líder de la UOCRA también reivindicó el centenario de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT como una “columna vertebral” del sistema internacional para velar por el cumplimiento de los compromisos firmados por los Estados integrantes. Remarcó que, lejos de tratarse de simples procedimientos, estos mecanismos son esenciales para que los acuerdos se traduzcan en políticas que incidan sobre la vida de los trabajadores.
En un tramo destacado, Martínez valoró la aprobación de en la OIIT de un nuevo convenio sobre derechos para trabajadores de plataformas digitales, lo que consideró fundamental en los países donde aún no se reconocen derechos laborales en el sector. “No puede haber trabajadores sin derechos, y los trabajadores de la economía de plataformas no son la excepción”, remarcó.
Al abordar el impacto de la transformación tecnológica, señaló que tanto la memoria del director general de la OIT, Gilbert Houngbo, como la encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV, coinciden al advertir sobre “la necesidad de custodiar a la persona frente al avance de la máquina y preservar los valores humanos frente a la exclusión y la concentración de poder”.
“La inteligencia artificial no es neutral. Puede orientarse hacia la ampliación de derechos y oportunidades o hacia la concentración de riqueza, el poder y el conocimiento en pocos actores”, afirmó. Martínez enfatizó que el destino colectivo no está fijado “por los algoritmos”: “Son las instituciones, la normativa y el diálogo social los factores que definirán si la IA contribuye al bienestar común o profundiza las desigualdades”, puntualizó.
Modelos económicos, desigualdad y justicia social
En otro segmento del discurso, Martínez alertó sobre la desconexión entre el crecimiento económico y la distribución social: “Las últimas décadas demuestran que el crecimiento de la productividad puede coexistir con estancamiento salarial y caída de la participación del trabajo en el ingreso”. Sin mecanismos de regulación, advirtió, “las ganancias serán para quienes controlan el capital, los datos y las plataformas”.
Recordó que “ninguna revolución tecnológica por sí sola edificó sociedades más justas” y enumeró como conquistas políticas la jornada laboral, la seguridad social y la negociación colectiva. Para enfrentar la “profundización de la desigualdad y la exclusión social”, propuso una agenda integral asentada en “un nuevo contrato social sostenido en trabajo decente y digno, distribución equitativa de la riqueza, protección social universal, acceso democrático al conocimiento, formación continua, igualdad de oportunidades, soberanía tecnológica y diálogo social”.
“El respeto a la persona es la idea central que aparece tanto en la Encíclica como en la memoria del director general (de la OIT)”, dijo, y añadió que “sin ese mandato moral estamos condenados a sociedades donde el trabajo es disvalioso, el vulnerable es un fracasado y el éxito de la opulencia es el que marca el mandato social”.
Martínez mencionó que es “impostergable achicar las profundas brechas que dividen a nuestras sociedades, mejorar en forma urgente los ingresos de las mayorías y garantizar pisos de protección social universal”. Para el sindicalista, “necesitamos más que nunca fortalecer el multilateralismo. Es la llave para resolver las controversias geopolíticas a través del diálogo”.
“El crecimiento económico y el bienestar humano no pueden correr por carriles separados”, reclamó ante los delegados presentes, e instó a que la OIT asuma un papel determinante en la construcción de una transición justa.
El último mensaje fue directo: “Sólo con una OIT fortalecida, con instituciones sólidas y con voluntad política inquebrantable, seremos capaces de asegurar que el futuro deje de ser el privilegio de pocos y se convierta en un futuro real para todos”.
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Tras las explicaciones del jefe de gabinete sobre su patrimonio, legisladores de la oposición buscan avanzar con una moción de censura contra Manuel Adorni. Senadores kirchneristas y diputados de distintos espacios opositores activaron, en paralelo, el proceso que podría terminar con la remoción del ministro coordinador de su cargo.
La moción de censura es una herramienta institucional al alcance del Congreso para exigir rendición de cuentas y responsabilidad política al Poder Ejecutivo. El mecanismo está contemplado en el artículo 101 de la Constitución Nacional y aplica únicamente al jefe de gabinete. Ni el presidente ni los demás funcionarios nacionales están alcanzados por este instrumento.
La moción apunta a remover al ministro coordinador de su cargo, cuyo reemplazo deberá ser definido luego por el Presidente. Es decir, a diferencia del jefe de Estado, el Congreso no tiene poder de designación.
La moción de censura consta de dos etapas. La primera es el pedido de interpelación: el jefe de gabinete debe comparecer en una sesión especial ante la cámara que haya suscrito el proyecto con su citación y someterse a las preguntas de sus miembros. Tanto Diputados como el Senado están habilitados a pedir una interpelación y basta con que una de las cámaras apruebe la convocatoria para que se active el proceso.
A diferencia de lo que sucede durante los informes de gestión, en caso de interpelación, el funcionario no recibe de antemano las preguntas de los legisladores. Según explicaron fuentes parlamentarias a , la convocatoria abre una instancia de preguntas “libre” que, de todos modos, deben atenerse al temario o los motivos del llamado detallados en la solicitud.
Tras la rendición de cuentas del jefe de gabinete, la cámara que activó la citación debe votar su remoción del cargo. Para avanzar en esta dirección, se requiere de la mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros).
En caso de que la remoción saliera favorable, la moción de censura deberá ser ratificada en la otra cámara para que se ponga en práctica. Es decir, aunque una cámara en soledad puede activar el proceso, la remoción final exige un acuerdo tanto de diputados como de senadores.
Aunque similar, una moción de censura no es equiparable a un juicio político. Sucede que, ante este último escenario, se requiere que esté demostrada la comisión de un delito o un mal desempeño de sus funciones. En el caso de la moción de censura, esta condición no es necesaria.
Cómo sigue el caso Adorni en el Congreso
Ayer, 31 diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT), entre otros, convocaron a una sesión especial para el 23 de junio, a las 14. Ese día, esperan tratar distintos proyectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de gabinete: desde pedidos de informes al Poder Ejecutivo hasta pedidos de interpelación para iniciar una moción de censura contra Adorni.
Para abrir el recinto, se debe contar con la presencia de 129 diputados. En caso de reunir ese número, como ninguno de los proyectos presentados cuenta con dictamen de comisión, se debería aprobar su tratamiento sobre tablas. Para ello, se requiere de una mayoría especial de dos tercios. En caso de no conseguir esos votos, se deberá proceder al emplazamiento de las comisiones correspondientes para activar su discusión.
Si se reuniesen los dos tercios necesarios para su tratamiento sobre tablas, recién entonces los diputados podrán someter a votación la iniciativa. Los pedidos de interpelación con motivo de una eventual moción de censura se aprueban por mayoría absoluta (la mitad más uno de sus miembros, es decir, 129 diputados). Si se obtiene un resultado favorable, se procederá a fijar una fecha para la citación que dará inicio al proceso para intentar remover a Adorni del cargo.
En paralelo a los proyectos que deberá discutir la Cámara baja el 23 de junio, diez senadores kirchneristas presentaron hoy un proyecto propio para avanzar con una moción de censura. En este caso, si se quiere tratar el proyecto sobre tablas, se deberá replicar el mismo proceso ya descrito, pero en la Cámara alta, donde la mayoría absoluta se consigue con 37 legisladores.
Ambos procesos se moverán de manera independiente en el Senado y Diputados, pese a que, en última instancia, la moción de censura que prospere (si alguna lo hace) deberá contar con el aval de la otra cámara para efectivizar la remoción.
En simultáneo, la Justicia deberá avanzar con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni. Ayer, el fiscal Gerardo Pollicita pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que le envíe de “forma urgente” la nueva declaración jurada del jefe de gabinete y su esposa Bettina Angeletti.
Como contó , en la Justicia esperan que el funcionario acredite cómo se obtuvieron los primeros 200.000 dólares que habría utilizado para invertir en criptomonedas y se transformaron en el medio millón de dólares que omitió declarar.
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POLITICA
Francisco Hauque, uno de los investigados en el caso de las SIRA y de las casas de cambio: «Alberto Fernández estaba al tanto de todo»
El señalado como exsocio de Elías Picirillo, Francisco Hauque, negó tener ningún tipo de relación comercial con él. “Solo le presté dinero”, afirmó en el programa ¿La Ves? de TN, luego de informar que la suma que le dio fue de cerca de US$3.000.000.
“Alberto Fernández lo sabía”, denunció sobre las maniobras por las que se lo investiga a Picirillo. “También sabía (Matías) Tombolini”, indicó el financista en referencia al exsecretario de Comercio.
No obstante, evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía Sergio Massa y los funcionarios relacionados a su gestión en el gobierno de Fernández.
“Estar en tu programa es una póliza de seguro de vida”, manifestó Hauque, a la vez que aseguró que se demostró que “Piccirillo junto a otros sectores oscuros del poder” le “metieron la droga”. “Estoy amenazado y tengo custodia policial”, sumó.
En cuanto fue consultado sobre el trasfondo de la investigación actual, el denunciante de Piccirillo sostuvo que ambos “son perejiles”. “En varias ocasiones estuve sentado en mesas donde compartí mucho con Elías, y en esas reuniones pude presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción”, señaló.
En su testimonio, Hauque dijo que fue Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central que ahora está imputada en la causa SIRA, quien le acercó el “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa entre 2019 y 2021. Este expediente investiga una supuesta red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y acceso a dólares oficiales.
“Biondi se lo lleva a Miguel Ángel Pesce, que estaba al tanto de todo”, sostuvo sobre el expresidente del Banco Central. Además, también apuntó contra el exmandatario Alberto Fernández: “Él participaba como en todos los negocios”.
Hauque se desligó de las acusaciones sobre que él participaba de las maniobras ilícitas a través de casas de cambio, aunque reconoció que tuvo una agencia en 2019, que tiempo después cerró. “Yo de la operatoria en sí no tengo los conocimientos de cómo funcionaba esa trama”, se defendió.
Noticia que está siendo actualizada.-
Elías Piccirillo, Corrupción, investigacion
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