POLITICA
Río Negro: una comunidad mapuche se organiza para resistir dos órdenes de desalojo emitidas por la Justicia

Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.
La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.
La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.
Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.
Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.
El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.
También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.
A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.

En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.
La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.
Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.
POLITICA
Jorge Macri eliminó 359 puestos gerenciales y CABA tiene la planta administrativa más baja de los últimos 10 años

La Ciudad de Buenos Aires registra la planta administrativa más baja de la última década. El gobierno porteño anunció la eliminación de 359 cargos gerenciales, lo que representa más del 20% del total de esa estructura jerárquica. La medida se inscribe en un proceso de reforma del Estado que, desde que Jorge Macri asumió como jefe de Gobierno, acumula la supresión de 8.954 puestos, una reducción del 15% de la dotación total.
El recorte de la estructura gerencial responde, según el Ejecutivo porteño, a la digitalización y modernización de trámites que tornó necesario rediseñar la organización interna del Estado. La automatización de procesos que antes requerían supervisión presencial y capas de gestión intermedias dejó sin sustento funcional a buena parte de esos puestos. No se trató, entonces, de una reducción arbitraria, sino del resultado de un cambio en la forma en que el gobierno presta servicios a los vecinos.
«Eliminamos 359 cargos gerenciales. Ya dimos de baja 9 mil cargos y alcanzamos la planta administrativa más baja de los últimos 10 años. La eficiencia del Estado no solo es una cuestión técnica: es un deber moral con los porteños que lo sostienen con su trabajo. Esto también es orden“, afirmó Macri al anunciar la medida.
El impacto de esta política se refleja en el presupuesto. En 2023, el gasto en remuneraciones al personal representaba el 44% del total del presupuesto de la Ciudad; ese porcentaje bajó al 41% en la actualidad. La planta alcanzó así el mínimo histórico registrado en 2015, un nivel que no se había vuelto a tocar en los años siguientes.
Esta última reducción no llegó de forma aislada. La gestión de Macri aplicó una serie de medidas escalonadas que prepararon el terreno: congelamiento de ingresos, planes de retiro voluntario, optimización de dotaciones y una nueva evaluación de desempeño para el personal. Cada una de esas acciones contribuyó a la baja sostenida del número de empleados públicos en el distrito.

En paralelo, el gobierno porteño avanzó en la modernización del control de asistencia. Se instalaron relojes biométricos en más de 1.200 escuelas para registrar la presencia del personal docente a través de huella digital, un sistema que también se extendió a todos los establecimientos administrativos del Estado. Para los agentes que cumplen funciones en la vía pública, se puso en marcha la Hoja de Ruta Electrónica, una herramienta que permite registrar la asistencia desde el teléfono celular.
El control de las licencias médicas fue otra área de intervención. A principios de 2025, el gobierno implementó un nuevo procedimiento para todos los empleados de la administración pública porteña. El resultado fue una caída del 28% en la cantidad de días solicitados por este concepto respecto del año anterior, una variación que el Ejecutivo atribuye directamente al nuevo esquema de fiscalización.
La reforma también incluyó una apuesta por la formación del personal. Durante 2025 y los primeros meses de 2026, más de 15.000 agentes en calle —policías, agentes de tránsito, de prevención e inspectores— recibieron capacitación con herramientas orientadas a mejorar la atención al vecino en el espacio público. El objetivo declarado fue dotar a quienes tienen contacto directo con la ciudadanía de recursos concretos para resolver situaciones cotidianas.
Con un enfoque distinto pero complementario, el gobierno lanzó el Programa de Especialistas Profesionales (PEP), orientado a jerarquizar a los empleados públicos con formación técnica o universitaria. Al momento del anuncio, 1.326 agentes participaban del programa, que busca retener y potenciar perfiles profesionales dentro de la administración estatal.
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POLITICA
El Gobierno analiza dar asueto para recibir a la Selección, pero lo informará después del partido con España

El motivo de la demora en tomar una definición sobre el asueto o el operativo para el regreso de la Scaloneta no tiene tanto que ver con especulaciones sobre el nivel de convocatoria que tendrá, porque se descarta que el aluvión de fanaticos que irá a recibirlos o los acompañará en el recorrido a casa será masivo, pase lo que pase en el encuentro del domingo. El problema, admitieron en Balcarce 50, es que están decididos a no ofender a la Selección.
Esta semana, con el pulso del nivel de compromiso más alto, el Gobierno arrancó a diseñar con mayor dedicación el operativo para el regreso de los jugadores al país, y en la lista de posibilidades está la chance de declarar feriado o asueto el lunes o el martes. Pero en la Casa Rosada informarán ese detalle de alto nivel de importancia para aquellos que trabajan, estudian o tienen que viajar en transporte público, etcétera, después del partido contra España, el próximo domingo.
“Dejemos de mufar”, dijeron en la Casa Rosada. Según revelaron altas fuentes, el Seleccionado no quiere que el Gobierno hable del tema de su regreso, y están seguros de que les valdría fuertes críticas adelantarse en el operativo. Cosa que, por supuesto, deben hacer con antelación de cualquier forma, aunque sea por lo bajo, para evitar que el inescapable evento social se desborde.
“La selección no quiere saber nada con que hablemos del tema”, confesaron en Gobierno. Serán ellos quienes decidan en el vestuario, post partido, qué hacer. “Vamos a poner todo a disposición, pero depende de ellos”, sostuvo un funcionario.
La palabra del grupo de Lionel Scaloni es clave para que el Gobierno tome decisiones, y desde Estados Unidos ya les avisaron que no tienen intención de discutir “de nada antes de jugar”. En la Casa de Gobierno acatan con buena predisposición la determinación. “No mufemos”, dicen.
De todas formas, sin decir nada en voz alta -sobre todo después de las críticas que le valió la conferencia de prensa sobre los recaudos ante Argentina-Inglaterra – este mediodía, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó una reunión de coordinación en la sede de la cartera.
El encuentro contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron en Gobierno, en tono muy formal. El objetivo fue “comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”.
Noticia en desarrollo…
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POLITICA
Diego Santilli se reunió con los jefes de los bloques de Pro para discutir la reforma del Banco Central

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibió ayer a los titulares de los bloques legislativos de Pro, Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado), en la Casa Rosada para discutir la agenda que impulsa el Gobierno en el Congreso, donde el macrismo es uno de sus principales aliados. Al encuentro vespertino también se sumó el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, funcionario de máxima confianza de Karina Milei y responsable del armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en todo el país.
El eje del encuentro fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsa el oficialismo. “Los presentes destacaron la importancia del proyecto al considerarlo una herramienta clave para consolidar el proceso de ordenamiento macroeconómico”, reza el comunicado difundido por el equipo de Ritondo. El jefe del bloque Pro en Diputados aseguró a que la bancada apoyará el proyecto. Por su parte, desde el Senado indicaron que “se analizará” cuando ingrese al Congreso.
Se trata de una iniciativa que el Poder Ejecutivo anunció y defendió en las últimas semanas, pero que aún no fue presentada formalmente en el Congreso. La intención del Gobierno es que ingrese en agosto. Según detalló el vocero presidencial, Adrián Ravier, la reforma apunta a establecer como único mandato del Banco Central la preservación del valor de la moneda, fortalecer su independencia “del poder político de turno” y prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria.
“Se conversó únicamente sobre el tema Banco Central”, remarcaron cerca de Santilli respecto del encuentro de este jueves. Sobre la reforma electoral no se habló “ni una palabra”, aseguró Ritondo, en diálogo con . El proyecto está estancado en el Senado desde abril a raíz de las diferencias planteadas por los aliados del Gobierno, principalmente respecto de la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), una herramienta que opositores dialoguistas –incluso Pro– y puros consideran útil para dirimir sus internas y candidatos de cara a las elecciones de 2027.
El jefe del bloque Pro en Diputados ha reiterado en numerosas oportunidades que “las PASO tienen cosas positivas” y ha planteado la posibilidad de explorar la alternativa de las primarias no obligatorias (para los partidos ni los ciudadanos).
Durante el encuentro, Goerling también planteó temas relativos a Misiones, la provincia que representa en el Senado. El legislador abordó la cuestión de los pasos fronterizos con Brasil y Paraguay “para mejorar la burocratización y que fluya más el tránsito”, indicaron fuentes legislativas a .
¿Alianza bonaerense?
Los protagonistas de la escena remiten a la pregunta sobre la posibilidad de una alianza entre Pro y LLA en la provincia de Buenos Aires. Ritondo es el presidente de Pro bonaerense y uno de los principales impulsores de una coalición amplia para derrotar al peronismo en su bastión. Santilli hoy funciona como un nexo entre ambos espacios: aunque formalmente pertenece a Pro, responde a los hermanos Milei y está abocado a conseguir la reelección del Presidente. Es, además, uno de los posibles candidatos a gobernador de Buenos Aires. Y “Lule” es el armador electoral de Karina Milei.
Fuentes al tanto de la reunión negaron que en ella se haya discutido sobre estrategia electoral.
No obstante, Ritondo aseguró a que el asunto está puesto sobre la mesa: “Vengo reuniéndome con [Sebastián] Pareja [armador bonaerense de Karina Milei]. Estamos repasando los 135 distritos”. Y remarcó que con el diputado de LLA tienen “buena relación”.
Esto sería así a pesar de que el oficialismo, que le había prometido dejarle la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, finalmente le concedió la titularidad al armador karinista, quien ingresó a la Cámara baja tras las elecciones de 2025.
Una fuente cercana a Pareja confirmó a que mantienen un “diálogo fluido” y que “se trabaja especulando con la posibilidad de que haya una alianza como el año pasado”, aunque aclaró que la decisión final la tomarán Javier y Karina Milei.
Ritondo da por sentado que Pro y LLA conformarán una coalición electoral en la provincia de Buenos Aires al considerar que es la única forma para ganar unas elecciones en el territorio gobernado por el kirchnerismo. También asume que Santilli será el candidato a gobernador. Sin embargo, Pareja también aspira a ser el candidato para suceder a Axel Kicillof en La Plata.
Cerca de Santilli dijeron que no están aún en “modo campaña bonaerense, mucho menos después de asumir la Jefatura [de Gabinete]”. Aunque reconocieron que “quiere jugar a gobernador”. El ministro coordinador fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023.
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