POLITICA
Río Negro: una comunidad mapuche se organiza para resistir dos órdenes de desalojo emitidas por la Justicia
Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.
La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.
La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.
Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.
Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.
Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.
El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.
También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.
A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.
“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.
En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.
La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.
La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.
Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.
POLITICA
La Corte aplicó la nueva ley laboral y unificó criterios para calcular la actualización de los juicios
La Corte Suprema dejó sin efecto una serie de fallos de la Cámara Laboral que habían ordenado actualizar las deudas con trabajadores aplicando el índice de inflación más un 3% anual. El tribunal resolvió que esos créditos deben calcularse, en cambio, según la nueva ley de Modernización Laboral.
La Sala II había declarado inconstitucional la prohibición de indexar deudas que rige desde la convertibilidad. Con ese argumento, había aplicado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés del 3% anual. Pero las empresas demandadas apelaron ante la Corte.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal no se pronunció sobre la validez de esa prohibición. Recordó que sus sentencias deben atender a las normas vigentes al momento de decidir. En el caso, esa norma es la ley 27.802, vigente desde el 6 de marzo de 2026.
El artículo 55 de esa ley establece cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios que no tienen sentencia definitiva. Fija como regla la tasa pasiva del Banco Central, con un techo y un piso. El resultado no puede superar lo que daría el IPC más un 3% anual, ni ser inferior al 67% de ese monto. La norma es de orden público y los jueces deben aplicarla de oficio.
Para la Corte, ese artículo resuelve directamente cómo actualizar los créditos. Por eso consideró innecesario analizar la constitucionalidad planteada. Anuló las sentencias y ordenó dictar otras nuevas la ley 27.802. La Corte recordó que según su jurisprudencia, sus sentencias “deben ceñirse a las circunstancias existentes al momento de la decisión”.
Aun cuando esas circunstancias “sean sobrevinientes a la interposición del remedio federal y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, el pronunciamiento deberá atender también a las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuren situaciones de las que no es posible prescindir”.
Es decir que, por más que el caso sea anterior, se deben aplicar las previsiones de la nueva ley de reforma laboral. Por eso la Corte señaló que corresponde considerar la aplicación a estas actuaciones según la nueva ley 28.802
La Corte entendió que, en virtud de la operatividad de esta norma, en tanto establece taxativamente los criterios en materia de ajuste de créditos aplicables a las causas laborales sin sentencia definitiva firme, resulta innecesario su pronunciamiento sobre las cuestiones que dieron lugar a las apelaciones federales y a su concesión por parte de la Cámara Laboral.
Sin perjuicio de ello, agregó que corresponde dejar sin efecto las decisiones recurridas y ordenar el dictado de nuevos fallos de conformidad con la ley 27.802.
A quiénes beneficia el fallo
Para las empresas, el fallo es favorable pues se elimina la posibilidad de que los jueces actualicen por inflación sin límite y el costo de los juicios queda acotado.
Para los trabajadores, el piso del 67% evita lo que pasaba antes con tasas que quedaban muy atrás de la inflación, pero en general van a cobrar menos de lo que habían conseguido con el fallo de la Sala II de la Cámara Laboral.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La Iglesia insiste al Senado para que apruebe la ley contra la ludopatía antes de que pierda estado parlamentario
El Senado enfrenta nuevos reclamos para avanzar con el proyecto de prevención de la ludopatía infantil y juvenil, que establece restricciones a la publicidad de apuestas online y controles para impedir el acceso de menores a las plataformas. A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la Iglesia católica y un grupo de especialistas exigieron que los legisladores traten la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, pero desde entonces permanece sin tratamiento en el Senado. Aunque la semana pasada se aprobó una moción de preferencia para acelerar su debate, todavía no hay una fecha definida para llevarlo al recinto.
Especialistas respaldaron el reclamo de la Iglesia y advirtieron sobre las apuestas online
Este jueves, profesionales del ámbito académico, científico y clínico enviaron una carta al Senado para respaldar el pedido de la Conferencia Episcopal Argentina y reclamar una regulación más estricta de las plataformas de apuestas.
Entre los firmantes se encuentran Lucía Fainboim, Victoria O’Donnell, Federico Pavlovsky, Pablo Boczkowski y Matías Dalla Fontana.
“Nos encontramos frente a una auténtica tormenta perfecta donde convergen la hiperconectividad temprana, la naturalización del dinero abstracto en billeteras virtuales y una campaña de publicidad y patrocinios agresiva que ha creado las condiciones de oportunidad para que exista un casino en el bolsillo de cada adolescente. Esto acontece en un contexto de deterioro de la salud comunitaria donde sedentarismo, soledad y aceleración signan la pérdida de integralidad de la vida familiar”, expresaron los especialistas.
En el documento también alertaron sobre el impacto de las apuestas en la salud mental de niños y adolescentes, la pérdida de percepción del riesgo y las dificultades de las familias para acompañar el uso de las nuevas tecnologías.
“Hemos remarcado desde nuestras voces en el campo clínico y social a lo largo del país sobre el potencial impacto inédito de la ludopatía infanto-juvenil, la pérdida de registro del riesgo y la urgencia de alfabetización en la crianza digital, la soledad institucional y el desmembramiento comunitario: en suma, una pérdida de autonomía psicológica exacerbada por el debilitamiento de las infraestructuras de cuidado”, señalaron.
Los profesionales plantearon además la necesidad de desarrollar abordajes interdisciplinarios para enfrentar las consecuencias de las apuestas digitales.
“Como profesionales debemos contribuir a desarrollar miradas interdisciplinarias que ayuden a construir modos de abordaje eficaz de nuevas realidades del sufrimiento para las cuales la formación y los métodos actuales no consiguen dar cuenta. La inacción, la dilación o regulación a medias contribuiría a acrecentar el impacto negativo intergeneracional. Por ello, respaldamos de manera unánime el reclamo de la Iglesia y la Pastoral Social: es imperativo prohibir de raíz la publicidad de apuestas y proteger sin concesiones a nuestras infancias y juventudes”.
La Iglesia pidió a los senadores que no dejen caer el proyecto
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reiteró este jueves el reclamo durante una conferencia de prensa en la sede de la entidad.
A pocas horas de la llegada de León XIV al país, el religioso advirtió sobre los plazos legislativos y pidió que el Senado avance con la media sanción de Diputados.
“Quedan pocas semanas, pocos días para que caiga ese proyecto, esa media sanción de Diputados sobre la ley de ludopatía virtual infanto juvenil. Les pedimos desde acá a los senadores que se pongan las pilas y no la dejen morir”, sostuvo.
Colombo también alertó sobre las consecuencias que podría tener la falta de tratamiento de la iniciativa.
“Con ese proyecto de ley a medio sancionar, muriéndose, a lo mejor también morirán las esperanzas de muchas familias y morirán muchos jóvenes. Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto juvenil”, afirmó.
El pedido forma parte de una campaña impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, que lanzó una petición en Change.org bajo la consigna: “Sres. Senadores: legislen hoy, protejan a los niños argentinos de las apuestas online”.
Según los datos difundidos por los organizadores, la iniciativa reunió cerca de 1.400 adhesiones, con más de 500 firmas incorporadas en una sola jornada.
La campaña retoma una carta que la Pastoral Social envió en octubre a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los senadores, en la que advirtió sobre las consecuencias del juego compulsivo entre niños, adolescentes y jóvenes.
“La ludopatía es un atentado contra la vida”, sostuvo la entidad, que también cuestionó los intereses económicos vinculados con las apuestas y reclamó una intervención más firme del Estado.
Los datos sobre las apuestas entre adolescentes
Entre los argumentos presentados ante el Congreso, la Iglesia incorporó investigaciones que reflejan el alcance de las apuestas digitales entre menores de edad.
Según el estudio Kids Online Argentina, elaborado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años apostó dinero por Internet al menos una vez.
Lee También: El Gobierno tomó como un desafío la foto de Bullrich con sus legisladores y advirtió: “Cruzó un límite”
La investigación también indicó que más del 60% de los chicos de entre 9 y 17 años conoce a alguien que realizó apuestas online.
Por otra parte, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señaló que seis de cada diez adolescentes están expuestos a estas plataformas y que aproximadamente uno de cada ocho menores que apuesta contrajo deudas.
Estos datos fueron utilizados por los impulsores de la iniciativa para fundamentar la necesidad de establecer controles sobre el acceso, la publicidad y los medios de pago utilizados en las plataformas de juego.
El proyecto tiene media sanción desde 2024 y podría perder estado parlamentario
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones.
Desde entonces, el texto permanece pendiente de tratamiento en el Senado y podría perder estado parlamentario el próximo 30 de noviembre, cuando finalice el período ordinario, si no se avanza con su aprobación.
La semana pasada, la senadora peronista Lucía Corpacci solicitó una moción de preferencia para acelerar el debate. La propuesta fue aprobada, aunque no garantiza que el proyecto llegue al recinto ni que consiga la sanción definitiva.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las impulsoras de la iniciativa, cuestionó las demoras y advirtió sobre la posibilidad de que el oficialismo permita que pierda vigencia.
Qué establece la ley para prevenir la ludopatía infantil y juvenil
El proyecto aprobado por Diputados propone una regulación de las plataformas de apuestas online, con especial atención a la protección de niños y adolescentes.
Entre sus principales disposiciones se encuentran:
- Prohibición de publicidad y patrocinios: impide la promoción de plataformas de apuestas en medios de comunicación, redes sociales, camisetas deportivas y eventos, incluso a través de influencers y figuras públicas.
- Controles biométricos: incorpora mecanismos de verificación de identidad y edad para impedir que menores ingresen a las plataformas mediante datos de terceros.
- Sanciones al juego ilegal: establece penas de prisión para operadores clandestinos, con agravantes cuando estén involucrados menores de edad.
- Prevención y asistencia: contempla campañas educativas, herramientas de autoexclusión y límites para el uso de plataformas de apuestas.
- Restricciones a los medios de pago: prohíbe la utilización de tarjetas de crédito y establece controles sobre las operaciones permitidas.
ludopatia, Senado, Conferencia Episcopal Argentina
POLITICA
En plena interna con el Gobierno, Bullrich defendió la libertad de prensa y pidió completar la Corte
Horas después de que la Casa Rosada dejara entrever su malestar por la reunión que Patricia Bullrich encabezó con buena parte de su tropa en Diputados, la jefa de la bancada libertaria en el Senado volvió a marcar diferencias con el Gobierno. Durante el encuentro anual del Colegio de Abogados, la exministra hizo una férrea defensa de la libertad de prensa como valor republicano y, en un tiro por elevación al Presidente, aseguró que esa institución “va a seguir siempre más allá de lo que diga el que está en el poder”.
Bullrich también reclamó mayor transparencia en la designación de jueces y ahondó en la importancia de cubrir las vacantes de la Corte Suprema.
Consultada por sobre los cuestionamientos que surgieron de un sector del Gobierno tras el mitin con 15 diputados libertarios, respondió tajante: “Yo no crucé ningún límite, me junté con mi gente”. Acto seguido, la senadora buscó bajarle el tono a la disputa al asegurar que nadie se había comunicado con ella y que, hasta el momento, se trata solo de “supuestos”.
Sus declaraciones se producen después de que este medio revelara el descontento que provocó en la Casa Rosada la imagen del encuentro, difundida en redes sociales por los propios bullrichistas. “Es un desafío abierto a la autoridad del Presidente”, afirmaron a fuentes muy cercanas a Milei, quienes están convencidos que durante aquella reunión se barajó la alternativa de avanzar con una candidatura presidencial por parte de la exministra.
Según pudo saber este medio, la imagen bastó y sobró para acelerar un próximo “cara a cara” con la senadora, previsto una vez finalizada la visita del papa León XIV. Sin embargo, Bullrich insistió en que, hasta el momento, no había recibido ningún notificación.
Con esa misma distancia, Bullrich se pronunció esta tarde ante los presentes en la Bolsa de Comercio, en el acto del Colegio de Abogados, donde estructuró su discurso en torno a los “valores republicanos”, a los que definió como límites al ejercicio del poder en democracia.
Y, una vez más, echando por tierra una de las premisas libertarias, marcó: “Las formas no son fondo, sino sustancia. El poder tiende a desbordarse y solo se controla con una ciudadanía activa”.
Sus dichos no fueron casuales. Desde las huestes libertarias suelen jactarse de no quedarse en las formas, permitiéndose incluso así justificar ciertos insultos, y defender sus iniciativas y decisiones de gestión como cuestiones de fondo.
En este contexto, Bullrich insistió en la defensa de la libertad de prensa como forma de control ciudadano al poder. “No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar, que siempre se pregunte. Y eso no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo”, sentenció la jefa de la tropa libertaria en la Cámara alta.
Días atrás, la exministra ya se había expresado de forma similar luego que Milei hablara en un discurso en la Fundación Faro de “quemar periodistas en la hoguera”. Entonces, la exPro llegó a decir que el mandatario había “cruzado un límite” y como viene haciendo desde hace ya varios meses se desligó del oficialismo.
“Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde”, planteó en aquel entonces.
En esta oportunidad, reforzó su argumento. “El que Gobierna y acepta los controles sale más fuerte”, remarcó. Y luego advirtió: “El hábito del control no puede ser circunstancial”.
En otro tramo de su alocución, Bullrich se refirió al proceso de selección de los jueces y se metió de lleno en los concursos dentro del Consejo de la Magistratura al reparar en la necesidad de fortalecer la transparencia con mecanismos de selección basados en “el mérito y reglas claras”.
Tras ello, envió un claro mensaje al Ejecutivo. “Si cada presidente que llega cambia los pliegos, nadie tiene la certeza de que sus concursos van a ser tratados en tiempo y forma”, alertó la senadora, al comparar la incertidumbre que enfrentan los aspirantes a jueces con la que atraviesa la economía.
Otro de los puntos que abordó se centró en la urgencia de completar las vacantes de la Corte Suprema, actualmente integrada por solo tres miembros -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-e insistió en alcanzar acuerdos políticos que trasciendan las diferencias partidarias.
“Las reglas que duran son las que se construyen por acuerdo”, detacó, refiriéndose así a las dificultades que plantea la actual composición del Congreso para reunir la mayoría de dos tercios necesaria para designar a los miembros del máximo tribunal. “Estamos pensando en un país, no en una cuestión partidista”, concluyó.
su malestar,reunión que Patricia Bullrich encabezó con buena parte de su tropa en Diputados,,pic.twitter.com/xpqULCTtUl,November 5, 2026,pic.twitter.com/CZmRGiuPS8,November 3, 2026,“quemar periodistas en la hoguera”,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Patricia Bullrich,Conforme a
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