En su casa ya no hay encendedores ni medicamentos. Los cuchillos los necesita para cocinar, se justifica. La última vez que su hijo la dejó afuera de su casa, tuvo que llamar a la policía para que la ayudaran a controlarlo; con un cuchillo en la garganta le aseguraba que se iba a matar. Antes, había probado con las guardias de los hospitales Tornú de la Ciudad y el Thompson de San Martín. Nada. Lo cambió de colegio porque lo amenazaban, el nuevo lo dejó. No le sirve la escuela para ser millonario como el de Tik Tok, le dice. Claudia tiene 50 años y su hijo 16. Le roba plata de su billetera virtual, le da vuelta la casa mientras ella trabaja y cuando a la noche intenta dormir, su hijo se le tira encima, obligándola a abrir los ojos, exigiéndole cosas que ella no le puede comprar. Su vida –sus vidas– se convirtió en un infierno del que no sabe cómo salir.

“Me dicen que está mucho solo ¿Qué hago? Si me quedo con él no puedo ir a trabajar y si no trabajo, no comemos”. Así de simple, así de complejo. Claudia volvió a pedir ayuda y consultó con la psicóloga del hospital que le recomendaron desde el municipio. Y aceptó que, quizá, lo mejor era la judicialización. Ella no sabe cómo y no puede obligar a su hijo a someterse a un tratamiento. Pidió los días en el trabajo y, después de rebotar por oficinas de tribunales, consiguió la orden de un juez. Era jueves.

El viernes la ambulancia llegó demasiado tarde y el traslado no se pudo hacer porque era de noche. Los fines de semana, le dijeron, no se hacen esas diligencias. El lunes esperó toda la mañana, pero cómo la ambulancia no llegaba, se fue a trabajar. A las dos horas la llamaron: ahora sí, iban a ir. Claudia explicó y se fue antes; corrió para no perder el tren. Ella llegó a tiempo, pero el traslado tampoco se hizo. No había patrullero. Es que necesita también de la policía, porque su hijo se niega a un análisis. Finalmente, el martes se alinearon los planetas: estaba la orden del juez, la ambulancia y el patrullero.

Lo que no estaban eran las camas de hospital. Probó con tres. En el último, el Belgrano, logró que le hicieran una evaluación psicológica. No profunda, no integral, no con análisis para chequear algún tipo de consumo, como le había indicado su psicóloga. Una evaluación como las de siempre, como las que ya le hicieron muchas veces en la guardia y para la que no necesitaba orden judicial. Claudia sigue desesperada. Angustiada. Sola. Y con su hijo, también desesperado. Y solo.

¿Cuántas Claudias hay? ¿Cuántos hijos de Claudia? La semana que viene, el Senado de la Nación le daría media sanción al proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de salud mental sancionada en 2010. La iniciativa propone, entre los principales cambios, facilitar las internaciones involuntarias y vuelve a poner en el centro la figura del médico psiquiatra. En la política hay consenso sobre la necesidad de “hacer algo”; pero no lo hay respecto de qué cambiar y cómo hacerlo. Y una cosa más: si no hay presupuesto, no hay ley que alcance (ver más adelante).

Mientras los legisladores discuten qué hacer, la demanda explota. Un ejemplo: En Zárate crearon una suerte de guardianes del puente para evitar que la gente se tire. Sí, así de grave. El municipio firmó un convenio con una ONG evangelista para asistir a las personas que intentan tirarse del puente Zárate-Campana. ¿Por qué lo hicieron? Porque se dispararon los llamados de asistencia por intentos de suicidio. En septiembre del año pasado habilitaron el sistema y establecieron una guardia de salud mental las 24 horas. En diciembre de 2023, cuando asumió como intendente Marcelo Matzkin, había un solo psicólogo en toda el área, hoy tienen 10.

Ojalá solo fuera un problema de Zárate. De Claudia. Pero no, los casos se multiplican. El martes pasado, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, daba a conocer el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal. Allí se confirmó un dato que se informaba en esta columna hace 15 días: la tasa de suicidios aumentó un 21,6% en 2025 respecto del año anterior. Abundan los datos. En la Ciudad, se registraron un 44% más de intentos de suicidio entre enero y mayo de 2026 respecto del mismo periodo del año anterior. Y en la Provincia de Buenos Aires, las internaciones por casos de salud mental en menores de 18 años aumentaron un 22,8% en los últimos dos años y un 99,8% si se compara 2025 contra 2019.

Según información del Ministerio de Salud de la Ciudad, entre enero y mayo de 2025 (semanas epidemiológicas 1 a 19) se registraron 143 intentos de suicidio, mientras que en el mismo periodo de 2026 se llegó a 206 casos. “La mayor prevalencia de notificaciones se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, con predominio del sexo femenino. Entre los antecedentes y factores asociados más frecuentes se identifican trastornos de salud mental, intentos de suicidio previos y consumos problemáticos”, detallan desde el Ministerio.

La estadística porteña indica que los intentos de suicidio y los pedidos de asistencia en salud mental se dan en mayor medida en mujeres. Sin embargo, los datos nacionales de suicidios confirman que la mayoría se registran en hombres, representando el 78,6 % de los casos. De acuerdo al informe de Seguridad, en 2025 se contabilizaron 5.209 víctimas de suicidio, lo que representa una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, que equivale a un aumento del 21,6 % respecto del año anterior, cuando la tasa fue de 9,7. La tendencia no es nueva. El número de suicidios aumenta de forma sostenida desde hace seis años: en 2020 la tasa fue de 7,8, pasando a 8,7 en 2021, a 9,2 en 2022 y 9,7 en 2023 y 2024.

El salto exponencial en la tasa de suicidios registrada en 2025 es la confirmación de una alerta que se encendió hace tiempo y que da cuenta de la magnitud del problema de la salud mental. Los motivos, explican los profesionales, son multicausales. Todos coinciden en el efecto de la pandemia y hacen un llamado de atención: mientras que en los países desarrollados la tasa de suicidios se mantuvo o descendió después del Covid 19, en los subdesarrollados, aumentó.

Consultado para este artículo, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, insiste en que se trata de “fenómenos complejos y multicausales, que responden a la interacción de factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos y culturales”, pero destaca: “Influyen condiciones como la vulnerabilidad socioeconómica, la precarización laboral, la inseguridad habitacional, la fragmentación de las redes familiares y de apoyo y cuidado, la exposición a situaciones de violencia, los consumos problemáticos y las experiencias traumáticas durante la infancia y la adolescencia, particularmente las vinculadas a las redes”.

Por su parte, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia, señala que “hay una mudanza del perfil de salud mental, donde si bien las problemáticas más graves aumentaron, no lo hicieron tanto como las demandas por angustia, ansiedad y autolesiones” y especifica que “el aumento está en toda la población, pero más hacia los extremos: en adultos mayores y en los más chicos: ataques de pánico, intento de suicidio y problemas de consumo”.

Explosión en la demanda de asistencia en salud mental

En su edición de marzo, la revista del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires publica el “informe sobre la crisis de la salud mental en la Argentina 2019-2025”, en el que advierte sobre el aumento en la demanda de atención en salud mental a nivel nacional. De acuerdo a este trabajo, las internaciones por motivos de salud mental aumentaron un 77% promedio en el periodo analizado.

El impacto es diferente en cada provincia. En Santa Cruz, las internaciones en la población infanto-juvenil (niños, niñas y adolescentes) tuvieron un aumento exponencial del 790,3%, mientras que en la provincia de Buenos Aires se registró un incremento del 12% en las consultas por guardia en 2024 respecto a 2023, con picos de hasta el 64% en algunas regiones sanitarias. En Neuquén, en tanto, la provincia más próspera de Argentina hoy, las prácticas ambulatorias asociadas a salud mental aumentaron un 228% entre 2029 y 2025.

Tanto Quirós como Kreplak, el primero ministro de Jorge Macri y el segundo de Axel Kicillof, insisten en marcar la complejidad del problema y el estrés del sistema. No existe, por más esfuerzo presupuestario que se realice, posibilidad de reemplazar con asistencia sanitaria el rol de contención y cuidados que ejercen, o ejercían, las familias y la comunidad.

La Provincia habilitó en todos los hospitales públicos guardias de salud mental e internación 24 horas con un incremento del 70% en cantidad de camas y 40% de personal destinado específicamente a este área. Lo mismo la Ciudad: la oferta asistencial en salud mental pasó de 77.100 turnos mensuales en enero de 2024 a 83.420 en enero de 2026 y se incorporaron más de 160 profesionales especializados.

De un lado y otro de la General Paz intensificaron los programas ambulatorios y de prevención en las escuelas. Se organizan encuentros para habilitar conversaciones y espacios en los que los chicos se sientan “seguros” para contar lo que les pasa. Y, sobre todo, escuchados. “Una de las cosas que nos dicen los pibes es que en los talleres te das cuenta de que no estás solo. Porque cuando estás en tu cuarto, solo, con el celu, pensas que sos el único que está mal y te da vergüenza compartirlo y eso lleva a más ansiedad y angustia”, cuenta Kreplak y sentencia: “Desde los profesionales también tenemos una deficiencia para abordar los problemas de salud mental de forma comunitaria. Porque no es un problema individual, es comunitario”.

Pero nada alcanza, la demanda es inagotable. El sistema público de salud porteño registra un 92,3% más de turnos por atención en salud mental que en 2023. El aumento en la cantidad de consultas en lo que va de 2026 comparado con el mismo periodo del año anterior es del 9,5%. En 2023 se otorgaban en promedio 1.412 turnos diarios; en 2024, 1.949; en 2025, 2.480; y en lo que va de 2026 ya se registran 2.715 turnos diarios promedio.

Si bien, como marcaba Kreplak, el aumento en la demanda de asistencia es generalizado, se acentuó el incremento entre los adolescentes. “Es muy difícil hoy ser adolescente, porque en esa etapa el chico necesita ‘matar al padre’, pero no puede porque es un ´padre´que no está, que está ocupado, estresado, aturdido. Y tampoco puede refugiarse en la red de sus pares, porque está solo en un cuarto frente a una pantalla”, analiza un experto en política pública sanitaria y advierte: “Hay un corrimiento de las familias, que están estalladas, que no pueden hacerse cargo y reclaman al Estado un rol de acompañamiento que les es propio”.

Consumo de antidepresivos y ansiolíticos en adolescentes

El “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria” de la Sedronar reveló que la edad de inicio del consumo de tranquilizantes pasó de 14 años a un promedio de 12,6 años. Además, se detectó que un 5,9% de los estudiantes secundarios probó tranquilizantes sin receta médica alguna vez en su vida. Otra señal de alerta. De acuerdo a datos del ministerio de Salud bonaerense, la provisión de psicofármacos aumentó un 966% en los últimos seis años. En 2020 se registró un promedio de 1.500 usuarios de psicofármacos, pasando en 2026 a 16 mil usuarios.

En la misma línea, una de las empresas proveedoras del más del 20% de los medicamentos que se venden en todo el país advierte: “Entre 2023 y 2025 la venta total de medicamentos en el canal ambulatorio cayó un 14,50% pero la venta de psicotrópicos relacionados a cuestiones sociales (ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos y antipsicóticos) cayó en menor medida, un 6,04%”.

La enumeración de datos y estadísticas que revelan la magnitud del problema en salud mental que atraviesa la Argentina podría extenderse casi al infinito. Pero el aumento en la tasa de suicidios, la explosión en la demanda de atención médica e internaciones y el incremento en el consumo de psicofármacos parecen suficientes para entender que se trata de un asunto de interés público que demanda atención política urgente. Y presupuesto. Mucho.

La ley actual de salud mental estipula que, como mínimo, el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental. En los papeles, ese valor solo se alcanzó en 2023, llegando al 10,1%. En 2025, se destinó a salud mental apenas el 1,68% del presupuesto total de salud. Para este año la cosa no mejoró: tiene asignado el 1,65%. Esto último, sin considerar cómo impactó en el área el recorte de $63 mil millones en salud pública comunicado en la decisión administrativa 20/2026. Para mediados de mayo, la ejecución presupuestaria en programas vinculados a salud mental mostraba un devengado de apenas el 6,2%.

Corazón de la nueva ley: facilitar las internaciones involuntarias

El 17 de abril ingresó al Senado el proyecto de reforma a la ley 26.657 de Salud Mental enviado por el Poder Ejecutivo. Una iniciativa que se trabajó en el ministerio de Salud de Mario Lugones, pero que antes de llegar al Congreso pasó por el ministerio de Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica, quienes hicieron el control constitucional de la norma.

El proyecto comenzó a tratarse en plenario de las comisiones de Salud y Legislación General el 29 de abril, y el gobierno de Javier Milei espera que consiga media sanción la semana que viene. La propuesta, en la que participó centralmente el equipo liderado por Liliana Gonzalez, Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Nación, busca facilitar los tratamientos e internaciones involuntarias y vuelve a poner en el centro la figura del médico psiquiatra.

En el proyecto del Gobierno ya no se habla de “padecimiento mental”, sino de “afección o trastorno de salud mental”, se establece de forma obligatoria que los equipos interdisciplinarios cuenten con al menos un médico psiquiatra y se modifican las pautas y conceptos legales para que una persona pueda ser internada sin su consentimiento.

Mientras que con la ley actual, para internar a una persona en contra de su voluntad se exige demostrar de forma estricta que existe un “riesgo cierto e inminente” para sí mismo o para terceros; en el proyecto del Gobierno basta con advertir que existe una “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Es que mientras que hoy la evaluación se hace sobre “la foto” del estado psíquico de la persona en el momento exacto de atención, con la nueva ley se adopta un criterio situacional: se deben considerar obligatoriamente los antecedentes de hechos o ideaciones dañosas previas y la previsible evolución si no se interna a tiempo.

Asimismo, mientras que en la ley vigente se prohíbe expresamente la creación de nuevos centros de internación monovalentes (neuropsiquiátricos), en el proyecto del Gobierno se permite explícitamente que las internaciones se lleven a cabo en hospitales generales, hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, e instituciones con internación especializadas en psiquiatría y salud mental.

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María Verónica Michelli,Osvaldo Pérez Sammartino,Conforme a

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en su gestión tras conocerse que Claudio Barrelier, acusado por el femicidio de Agostina Vega, trabajaba en un área de tránsito del municipio. “Lo primero que hay que admitir y reconocer es que el sistema de controles falló, la Municipalidad falló y yo soy el máximo responsable, me tengo que hacer cargo y tomar decisiones”, sostuvo.

El jefe comunal señaló además que tomó determinaciones tanto políticas como administrativas después del femicidio. “No puedo ponerme a opinar o tapar algo que ocurrió y que es muy grave. He tomado decisiones que tienen que ver con lo político y con lo institucional. He pedido la renuncia de funcionarios y estoy haciendo un montón de medidas”, afirmó también en diálogo con El Doce TV.

Además, confirmó cambios en los mecanismos de control de antecedentes y anunció medidas políticas luego del impacto institucional que generó el caso.

Barrelier, principal sospechoso por el crimen de la adolescente de 14 años, había ingresado al municipio con el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien también lo había representado legalmente en una causa por privación ilegítima de la libertad durante 2025.

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Según indicó el intendente, el caso abrió una serie de denuncias y advertencias sobre otros trabajadores municipales con antecedentes penales. “Desde que ocurrió esta tragedia que nos tiene muy mal, tristes y angustiados, muchas de las cosas colaterales tienen que ver con la Municipalidad. Ya recibí más de 200 mensajes de que tengo tipos en tal área que están con una condena y están trabajando. Ante todas las denuncias, lo que hago es pedir los datos”, explicó.

En respuesta a la situación, la Municipalidad avanzará con una reforma en los mecanismos de control sobre su personal. El proyecto que será enviado al Concejo Deliberante contempla que los empleados municipales deban presentar certificados de antecedentes penales cada seis meses, cuando actualmente la exigencia es cada cuatro años. También prevé la implementación de narcotests para toda la planta.

Passerini aclaró que la nueva política no tendrá un criterio punitivo para los casos de consumo problemático. “No es discriminatorio, en caso de que un funcionario tenga problemas de consumo, se le ofrecerán las posibilidades de tratamiento”, detalló.

La repercusión política del caso también alcanzó a Ricardo Moreno. El exconcejal había quedado bajo cuestionamiento por haber impulsado el ingreso de Barrelier al municipio y por sus vínculos profesionales con la defensa del acusado. Tras pedirle la renuncia y recibir una negativa, el oficialismo cordobés avanzó con una estrategia legislativa para desplazarlo de su banca.

La salida se concretó con el regreso al Concejo Deliberante de Raúl La Cava, quien había pedido licencia para asumir funciones dentro del Ejecutivo municipal. Con su reincorporación al cuerpo legislativo, Moreno perdió automáticamente la banca que ocupaba de manera transitoria.

La Cava formalizó su retorno mediante una nota dirigida al viceintendente Javier Pretto, en la que informó que retomaría sus funciones legislativas el jueves 4 de junio y, en paralelo, dejaría su cargo dentro del gabinete municipal.

Agostina Vega, Daniel Passerini, Claudio Barrelier