El desempeño económico en la primera mitad del gobierno de Javier Milei evidencia marcadas diferencias entre los distintos sectores de la actividad productiva y comercial. Algunas ramas muestran mejoras, mientras otras mantienen sus niveles previos o han experimentado retrocesos, según el impacto desigual de la apertura al resto del mundo mediante menores retenciones a las exportaciones y reducción de aranceles a las importaciones.

Todo esto ha ocurrido junto a la apreciación del peso, a pesar de la activa intervención del Banco Central de la República Argentina como comprador de dólares para fortalecer las reservas en divisas.

Esta economía de “diferentes velocidades”, una expresión compartida por economistas del sector privado y del Gobierno, también se refleja en los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el Indec sobre la evolución del mercado laboral.

El ingreso promedio de la población ocupada en el trimestre octubre-diciembre de 2025 fue de $1.068.540, mientras que el ingreso mediano alcanzó $800.000, cifra que corresponde al límite superior del decil cinco y por debajo del cual se ubica el 50% de las personas con empleo remunerado.

Para la población asalariada, el Indec estimó 9,5 millones en los 31 aglomerados urbanos (con una proyección al total del país de 15,1 millones). El ingreso promedio de asalariados fue de $1.082.635, que se desglosa en $1.321.353 para quienes están registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con descuento jubilatorio, y $651.484 para los informales, quienes trabajan sin aportes al sistema jubilatorio ni a la obra social.

La comparación entre estos dos promedios muestra que los asalariados registrados perciben poco más del doble que quienes están en la informalidad (102,8% más). En los datos ininterrumpidos de la serie de los últimos ocho años, en el segundo del gobierno de Mauricio Macri (2017), la brecha era 124,3%. Al finalizar su gestión en el cuarto trimestre de 2018 subió a 134,5%, y al concluir la presidencia de Alberto Fernández se acortó a 131,2 por ciento.

El descenso de la brecha de ingresos se atribuye, primero, a una mayor suba de los salarios de trabajadores no registrados respecto de los empleados formales. En segundo término, incide el crecimiento de la informalidad, en particular en los niveles de ingreso más altos.

Según los datos del Indec, los salarios registrados (tanto del sector público como privado) aumentaron 226,7% entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, mientras que los informales subieron 262,7%. Como referencia, la inflación acumulada en ese lapso fue de 234,3%, lo que implica que los primeros experimentaron una caída de 2,3% en valores reales, mientras que los trabajadores informales incrementaron su poder adquisitivo en 8,5 por ciento.

Esta diferencia se explica principalmente por el rezago en los ajustes salariales formales frente a la inflación y una recomposición más rápida en el segmento informal.

En el caso del total de la población ocupada -comprende además de los asalariados, los independientes Monotributistas, como los autónomos registrados e informales- la brecha promedio entre los ingresos de los trabajadores formales (con descuento jubilatorio) y no registrados fue en el último trimestre de 2025 de 124%: con $1.394.751 y $622.803, en cada uno de esas segmentos.

Según la serie del Indec sobre Distribución del Ingreso, la marginalidad laboral aumentó del 33,3% del total de trabajadores en relación de dependencia a fines de 2017 a 35,6% nueve años después.

Durante los primeros dos años del actual gobierno, el empleo no registrado en relación de dependencia creció 0,6 puntos porcentuales (pp) en el total, mientras que el análisis por deciles de ocupados muestra que el trabajo no declarado se contrajo en los segmentos de menores ingresos y se expandió en los más altos.

El incremento de la Asignación Universal por Hijo para desocupados y empleados con sueldo igual o inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil ($357.800 en abril de 2026), junto a mayores controles para que los pagos y de los que están adheridos a planes de incentivo laboral se acrediten en las cuentas bancarias de los beneficiarios, redujo la incidencia del empleo no declarado en los sectores más vulnerables.

Por el contrario, la continuidad de una legislación laboral que no ha recibido una reforma integral en más de 50 años (actualizado en 2026 pero todavía pendiente de reglamentación debido a amparos impulsados por sindicatos y sectores políticos opositores), así como las elevadas cargas patronales sobre la nómina salarial, provocaron que la informalidad aumente en las franjas de trabajadores con mayores ingresos, donde en algunos casos se agrega la retención por el Impuesto a las Ganancias.

En febrero de 2026, el índice de salarios se incrementó 2,4% mensual y 35,8% interanual. El indicador acumula una suba de 5,0% con respecto a diciembre de 2025. En términos reales, los ingresos volvieron a caer contra la inflación, que en el mismo mes fue del 2,9%.

Así, acumula cuatro meses consecutivos de caída en términos reales: la última vez que el índice de salarios superó al IPC fue en octubre del 2025.

El crecimiento mensual del índice de salarios se debe a subas de 1,6% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado.

Los salarios perdieron con la inflación en febrero: qué sector fue el único que ganó

En la comparación mensual, los salarios perdieron contra la inflación, que el mismo mes registró una variación del 2,9%. En términos interanuales, en tanto, los salarios le ganaron a la inflación en febrero: el IPC subió 33,1% en el mismo período.

De esta manera, se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5% y la inflación de ese mes avanzó al 2,9%.

Al analizar por sectores, se observó que solo el privado no registrado superó a la inflación en febrero, mientras que tanto el privado y el público perdieron frente al IPC.

Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, analizó la variación del índice de salarios y aseguró: «En términos reales, esto implica que la evolución de los salarios fue -0,9% deflactada por la Canasta Básica Total (CBT) y -1% deflactada por IPC. De esta manera, se acumulan cuatro meses con salarios que corren por debajo de la inflación».

«No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real», señaló el analista.

Qué pasará con la inflación, según la City

Lucio Garay Mendez, economista jefe de EcoGo, no descarta que la reducción de la oferta global de energía, a partir de la parálisis en el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz debido al conflicto bélico en Medio Oriente, se extienda durante varias semanas más y mantenga elevada la cotización internacional del petróleo, lo que seguiría presionando al alza los precios de los combustibles. Por lo tanto, estima que el nivel general del IPC de abril y mayo, si bien desaceleraría, probablemente se ubicaría por encima del 2% mensual.

Camilo Tiscornia, director de C&T, estima que el IPC de abril «va a dar bastante menos que en marzo, salvo que ocurra una locura con la nafta». En esto coincide Caprarulo, que también estima una desaceleración inflacionaria en abril, aunque «el gran interrogante sigue siendo el precio del petróleo». Para el período entre abril y junio, el director de Analytica proyecta una inflación en torno al 2,6% promedio mensual.

«Para abril, proyectamos una desaceleración de la inflación a 2,4% mensual, tras el 3% estimado para marzo. La inflación se mantendrá elevada por el arrastre que dejó marzo (+10%), pero aflojaría por la baja en los precios de la carne. De hecho, si la carne baja más, la desaceleración podría ser incluso más pronunciada. Además, con el precio del petróleo en u$s101, la nafta continúa con un atraso de 8%. De corregirse durante abril, podría sumar 0,2 puntos adicionales de inflación», agrega la consultora FMyA.

De acuerdo con Max Capital, en el mercado esperan que la cotización internacional del petróleo se mantenga por encima de los niveles del año pasado, incluso si el conflicto en Medio Oriente se detuviera. Precios del petróleo más altos, resalta, tienen implicancias tanto en la inflación como en las cuentas externas, ya que representa un «shock de doble filo» para un país exportador de energía que busca reducir la inflación y a la vez necesita acumular reservas.

«Las implicancias inflacionarias son similares a las de otros países, aunque la falta de un ancla nominal fuerte desde el lado monetario y una mayor inercia inflacionaria podrían generar un impacto más pronunciado. Por el lado externo, en cambio, parte del efecto podría ser compensado por una moneda más fuerte gracias a mayores precios de la minería y el petróleo, junto con una buena cosecha del agro, flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) y emisiones de deuda también dirigidos a estos sectores», agrega.

El bróker sostiene que el efecto general de estas dinámicas sería:

• Una inflación levemente más alta
• Una acumulación de reservas internacionales más rápida
• Una moneda más apreciada en términos reales

Desde el punto de vista estructural, resalta, «el shock refuerza las dinámicas recientes, lo que favorece a la energía y minería, sectores que crecen a mayor ritmo, pero afecta a la producción industrial» debido a la menor competitividad que implica un tipo de cambio más bajo en términos reales.

¿La inflación perforará el 1% en agosto?: la mirada del mercado

Si bien las consultoras coinciden en que una vez pasados los ajustes de tarifas y el pico estacional de marzo la inflación volverá a la senda bajista, la proyección de Javier Milei parece cada vez menos factible: el Presidente reiteró en varias oportunidades que en agosto de este año la inflación podría «comenzar con cero».

Es decir, según sus palabras, registraría avances inferiores al 1% mensual, como 0,9% o menos. Por las últimas variaciones y la inercia que exhibe, los economistas son cautos y la consideran una proyección muy optimista.

La disparada del precio internacional del petróleo, a partir del conflicto bélico en Medio Oriente y la caída de la oferta global del crudo, afecta y podría seguir afectando a la dinámica inflacionaria. Hasta ahora, el impacto se sintió parcialmente en los costos internos de los combustibles y, de manera indirecta, en toda la cadena que se desprende a partir del transporte, la logística y los insumos. No es el principal motivo de la aceleración de los precios, pero aporta una cuota de presión alcista.

En tanto, al menos por el momento, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA, la inflación no perforará el 1% en el corto plazo.

La tendencia del IPC será a la baja en los próximos meses, según el REM. Las consultoras estiman que será del 2,6% en abril, del 2,3% en mayo, del 2% en junio y julio y 1,8% en agosto y septiembre. Es decir que, según estiman los expertos, recién perforará el 2% en el octavo mes del año.

En todos los casos, se esperan variaciones más altas que las previstas en el REM anterior: el impacto de la guerra en los precios puede ser, seguramente, uno de los factores que los expertos tienen en cuenta.

El 2026 cerraría con una inflación del 31,8%, según estimaron las consultoras, lo que representa 3,1 p.p. más que el REM anterior.

El sistema de riesgos del trabajo inició 2026 con una dinámica de litigiosidad en alza que no se desaceleró tras la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral. A poco más de un mes de su aprobación, los datos del primer trimestre confirmaron que el volumen de demandas continuó en aumento y consolidó una tendencia que proyecta un nuevo récord para el año.

Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante marzo se notificaron 13.260 juicios contra las ART, el registro mensual más alto en lo que va del año. El dato elevó el total acumulado a 26.700 en los primeros tres meses de 2026. Esta marca superó los niveles del mismo período de 2025 y representó un salto respecto de febrero, a pesar del impacto estacional por la feria judicial de enero.

En la comparación interanual, marzo registró un incremento del 13% frente al mismo mes del año pasado. El comportamiento del primer trimestre sostuvo una tendencia creciente que ya se observaba en los meses previos y que se mantuvo sin cambios tras la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, que reforzó algunos de los ejes que ya estaban en la reforma del sistema del 2017 (Ley 27.348) y sumó nuevas disposiciones.

La magnitud del fenómeno quedó aún más expuesta al ampliar el análisis al último año móvil: ingresaron 135.000 juicios, con un promedio superior a 11 mil demandas mensuales. Este ritmo permite proyectar un cierre para el 2026 en torno a los 138.000 litigios, por encima del récord de 134.000 causas registrado el año anterior.

Este aumento se sostiene sobre un flujo constante de demandas y en la persistencia de factores estructurales que impulsaron la judicialización.

La UART advirtió sobre el impacto del fenómeno para el sistema. Su presidenta, Mara Bettiol, dijo en diálogo con Infobae: “Los valores objetivos son lapidarios. Son muy mala noticia. Es otro aumento sobre un valor que ya había sido pico”.

El crecimiento reciente también fue subrayado por Bettiol: “Ahora este año, en el primer trimestre, los juicios crecieron 3,4% respecto del mismo período del año pasado”.

El crecimiento no resultó homogéneo, aunque se concentró en las jurisdicciones con mayor volumen de actividad. Aunque la suba no fue homogénea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el incremento entre los distritos con mayor volumen. Fue allí donde se verificó una suba del 26,2% respecto de febrero y del 27,5% comparado con marzo de 2025, cifras que Bettiol calificó de “graves”.

En la provincia de Buenos Aires, el nivel de litigios mostró una baja en marzo frente a los picos de febrero, pero mantuvo un aumento cercano al 10% interanual. En tanto, Santa Fe sostuvo su trayectoria ascendente, con un incremento del 16% respecto del mismo período del año anterior.

En contraste, Mendoza y Córdoba presentaron una dinámica descendente en la comparación interanual, en un contexto de medidas orientadas a ordenar el funcionamiento del sistema en esas jurisdicciones.

El comportamiento del primer trimestre se dio en paralelo con la sanción de la nueva Ley de Modernización Laboral, aprobada a comienzos de marzo con el objetivo de introducir cambios estructurales en el sistema y reducir la litigiosidad. Sin embargo, en este primer tramo de aplicación, los datos no reflejaron una desaceleración en el ingreso de demandas. Es más, aumentó, lo cual fue analizado por el sector como una situación habitual cuando está al salir una nueva regulación.

La norma incorporó una serie de herramientas orientadas a mejorar la previsibilidad y ordenar aspectos clave del proceso judicial. Uno de los cambios centrales se vinculó con los honorarios periciales. A partir de la reforma, los peritos deben dejar de cobrar un porcentaje de la indemnización que ellos mismos determinan y pasan a un esquema de montos fijados por el juez según la tarea efectivamente realizada.

El objetivo de esa modificación es reducir los incentivos a la sobreestimación de incapacidades y limitar la generación de diferencias entre los dictámenes administrativos y judiciales. En la misma línea, la ley estableció la obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema, con la posibilidad de considerar su incumplimiento como causal de mal desempeño.

La reforma también incluyó la transferencia del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar la estructura judicial en esa jurisdicción, y la incorporación de parámetros técnicos vinculados a los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para reducir la discrecionalidad en las pericias.

En este último punto, la implementación plena de los CMF se mantuvo como uno de los principales desafíos. La falta de designación o funcionamiento efectivo en varias provincias generó incertidumbre en la evaluación de incapacidades y sostuvo un esquema con criterios dispares.

Mara Bettiol vinculó directamente ese aspecto con el crecimiento de la litigiosidad. “A efectos de atacar la judicialización, es clave que no haya brecha entre lo que dice el perito judicial y el porcentaje de la comisión médica. Mientras esa brecha exista, habrá un incentivo a litigar”, explicó.

La dirigente sostuvo que esa diferencia operó como motor de las demandas: “Si siempre el perito pone un plus, todos van a ir por más. Se están llevando puesto un sistema gracias a esos adicionales”. En ese sentido, planteó que el rol de la Justicia debería ser acotado: “Si no hubiera brecha, para qué vas a ir si sabés que el perito va a dictaminar lo mismo. La revisión judicial debería ser la excepción. No está la justicia para que todos los casos acudan ahí”.

El diagnóstico también incorporó una mirada de largo plazo sobre la evolución del sistema. Según detalló Bettiol, en 2003 se registraron alrededor de 3 mil juicios por año. A partir de 2004, la cantidad creció de manera sostenida hasta alcanzar un pico en 2017, lo que motivó la sanción de la Ley 27.348.

Tras la implementación de esa norma, el volumen de litigios descendió, pero la tendencia volvió a crecer a partir de 2019, en un contexto de incumplimiento de algunos de sus ejes centrales. Desde entonces, el número de demandas avanzó de forma sostenida hasta alcanzar los niveles actuales.

El impacto del aumento de juicios también se reflejó en los costos del sistema. La alícuota vigente se ubica en torno al 2,8/2,9% de la nómina salarial, un nivel que consideró insuficiente frente al volumen de litigiosidad. “La alícuota debería ser el doble de la actual. Pero no lo podés cobrar”, afirmó la presidente de la UART.

La información del sistema también mostró una fuerte concentración geográfica. En 2025, el 73% de los juicios se registró en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, un patrón que se mantuvo como rasgo estructural del esquema de litigiosidad.

Los indicadores de seguridad laboral siguieron una trayectoria diferente. Según datos del sector, los accidentes laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos descendieron un 80% desde la implementación del sistema, mientras que la judicialización avanzó en sentido contrario.

La comparación internacional también evidenció diferencias significativas. Mientras países como Chile y España registraron niveles considerablemente más bajos de juicios por cada 10 mil trabajadores, el índice local alcanzó 132,8, lo que ubicó a la Argentina muy por encima de esos parámetros.

En paralelo a las reformas legales, el sistema incorporó algunas iniciativas en distintas jurisdicciones para ordenar el proceso. En Santa Fe, la Corte Suprema provincial tomó juramento a peritos médicos forenses especializados y la Legislatura avanzó con una reforma procesal que estableció su intervención obligatoria. En Mendoza, en tanto, se anunció la ampliación del número de peritos dependientes del Poder Judicial.

También se registraron avances en la provincia de Buenos Aires con el fallo “Galarza” de la Suprema Corte, que buscó unificar criterios y limitar la generación de montos considerados desproporcionados. A nivel nacional, el Congreso aprobó el convenio para el traspaso de la Justicia del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires y avanzó el proceso de selección de nuevos jueces laborales.

“Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral en febrero podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio. Este nuevo marco normativo, sumado al compromiso asumido por algunos gobiernos provinciales, sienta las bases para recuperar la seguridad jurídica perdida”, remarcó un informe de la UART.