POLITICA
Santa Fe avanza con una reforma electoral que incluye las PASO: el rol del PJ y los puntos claves para 2027
En medio de la discusión nacional por una eventual reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la provincia de Santa Fe avanza por un camino distinto. Allí, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están en discusión ni tampoco la incorporación de colectoras. El verdadero debate pasa por dos cuestiones que pueden modificar el escenario político de cara a 2027, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección: el porcentaje mínimo que deberán alcanzar las fuerzas para acceder al reparto de bancas y el diseño de la Boleta Única.
La reforma no responde a una decisión política aislada, sino a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada el año pasado. Además de habilitar la reelección del gobernador, el nuevo texto incorporó el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior, que garantizaba automáticamente 28 de los 50 escaños a la fuerza más votada, aun cuando la diferencia con el segundo fuera mínima. Ese cambio obliga ahora a adecuar la legislación electoral y convierte al piso electoral en una de las variables que definirán qué fuerzas podrán acceder al reparto de bancas.
En la Legislatura ya fueron presentados cuatro proyectos: uno en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, impulsados por la UCR, el Socialismo y el peronismo. Sin embargo, el objetivo es que todos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. “Hay un amplio consenso para que eso suceda”, aseguró a Infobae el diputado socialista Rubén Galassi, uno de los dirigentes que participa de las negociaciones.
Las diferencias entre las iniciativas son acotadas, pero políticamente relevantes. Todos los proyectos mantienen las PASO y coinciden en la necesidad de adecuar la legislación al nuevo sistema de reparto de bancas establecido por la Constitución. Sin embargo, uno de los principales puntos que todavía permanece en discusión es el porcentaje mínimo que deberán reunir los partidos para acceder al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.
Desde la UCR, la diputada provincial Silvana Di Stéfano explicó que el proyecto busca reunir en un único cuerpo normativo toda la legislación electoral y de partidos políticos vigente en Santa Fe, adecuándola a la Constitución reformada el año pasado. Además de mantener las PASO, la iniciativa propone reducir de cinco a dos las boletas para la elección general: una para las categorías municipales —intendente y concejales— y otra para las provinciales —gobernador y vice, diputados y senador—. También incorpora un casillero de “Lista Completa”, mantiene la regulación de Ficha Limpia y la paridad de género. La legisladora aclaró que uno de los aspectos que continúa bajo revisión durante la negociación parlamentaria es el porcentaje mínimo para acceder al reparto de bancas.
La otra discusión gira en torno a la Boleta Única. La mayoría de los proyectos conserva el esquema actual de cinco boletas para la elección general, una por cada categoría. La excepción es la iniciativa de la UCR, que propone reducirlas a dos. Detrás de esa diferencia también hay una lectura política: una menor cantidad de boletas tiende a potenciar el arrastre del candidato que encabeza la oferta electoral, en este caso Pullaro.
Desde el socialismo, en cambio, evitan darle esa interpretación al debate y prefieren concentrarse en la construcción de consensos. Galassi insistió en que existe un amplio acuerdo para unificar los proyectos en un solo texto y ratificó la propuesta de su espacio de mantener el esquema actual de cinco boletas para la elección general y fijar un piso del 3% del padrón electoral para acceder al reparto de bancas.
Es precisamente sobre esos dos puntos donde el peronismo ubica la discusión política de fondo. El proyecto opositor fue impulsado por diputados que responden al ex gobernador Omar Perotti y contó con el acompañamiento de Miguel Rabbia, del espacio que lidera Marcelo Lewandowski, y de Lucila De Ponti, referente del Movimiento Evita.
Desde el peronismo reconocieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar “el proyecto que se les ocurra”. Por esa razón, consideran que la principal tensión no atraviesa la relación entre Unidos y la oposición, sino al propio frente gobernante.
Según esa interpretación, la discusión en torno a un piso electoral más elevado responde a una estrategia de la UCR para consolidar un esquema más cercano al bipartidismo y reducir la representación del Socialismo, su principal socio dentro de Unidos. El razonamiento parte de la pérdida de peso territorial y electoral que experimentó ese partido en los últimos años frente al radicalismo, lo que haría más difícil alcanzar un umbral más elevado para acceder al reparto de bancas.
Con la mirada puesta en 2027, en el peronismo también hacen su propia lectura del escenario político. Dicen que Lewandowski continúa siendo uno de los dirigentes con mejor nivel de conocimiento e intención de voto dentro del espacio y sostuvieron que la unidad será una condición indispensable para competir por la Gobernación. Bajo ese análisis, creen que una elección de tercios, con Pullaro por un lado, el peronismo por otro y La Libertad Avanza como tercera fuerza, podría favorecer sus posibilidades.
Otro de los puntos incorporados en el proyecto impulsado por el oficialismo abre la puerta a una eventual modernización del sistema. El diputado Walter Ghione, del partido UNO, explicó que la iniciativa deja prevista la posibilidad de implementar en el futuro un sistema de voto electrónico, aunque sin establecer su aplicación inmediata. La incorporación funcionaría como una herramienta legal para que la provincia pueda avanzar con ese mecanismo si así lo decide en los próximos años.
POLITICA
Los docentes universitarios van un paro desde el 30 de septiembre: la condición para levantar la medida de fuerza
Los docentes universitarios definieron un paro para este miércoles 30 de septiembre en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial. El cese de actividades podrá extenderse hasta 72 horas.
Así lo decidió el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CONADU) este viernes durante un plenario y buscará coordinarla en conjunto con la CONADU Histórica.
El gremio aclaró que la medida de fuerza se suspenderá solo si el Gobierno cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
Por su parte, el Gobierno ofreció una suba del 3% en la última paritaria, pero los docentes rechazaron la propuesta. El desacuerdo derivó en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.
La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la “fragmentación e individualismo” impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Según los docentes universitarios, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apelará el fallo que le ordena cumplir la ley en cinco días
Como informó TN, el Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.
La apelación no reabre, sin embargo, la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y con la actualización de los programas de becas estudiantiles.
Conadu, docentes universitarios, Paro
POLITICA
El decomiso de US$ 645 millones de Cristina Kirchner y sus hijos está a la espera de un fallo de la Corte Suprema
El decomiso de los bienes de Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir los 645 millones de dólares que debe pagar con el resto de los condenados en la causa de Vialidad como parte de su condena por corrupción está a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia desde hace cuatro meses.
Es que el 28 de mayo pasado la Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de los acusados para impedir que se rematen sus bienes y ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia, mediante un recurso de queja, que aún debe resolverse.
CSJN
Esta decisión, si se rechaza el recurso, permitiría avanzar con la ejecución patrimonial de la condena y el remate virtual de los 111 inmuebles de la causa Vialidad que propusieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Hay un segundo pedido fiscal para avanzar con el decomiso de otros 141 inmuebles, 46 autos y más de US$5,6 millones en efectivo de Florencia Kirchner que fueron secuestrados en su caja de seguridad del Banco Galicia.
Las defensas de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia se opusieron a que el decomiso alcance bienes de los hijos del matrimonio presidencial, pues no están entre los condenados.
No obstante, el Tribunal Oral Federal dos y la Cámara Federal de Casación -en un voto dividido- rechazaron ese planteo al entender que los fondos eran parte del objeto del delito, por más que hubieran sido heredados a posteriori por los hijos de Néstor y Cristina Kirchner. Ese fallo es el que fue cuestionado ante la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal Oral Federal 2 no puede ejecutar el decomiso de 111 inmuebles hasta que la Corte Suprema resuelva los recursos de queja de las defensas, pendientes desde fines de mayo, cuando la Sala IV de Casación rechazó los recursos extraordinarios de Cristina Kirchner y sus hijos.
Así lo señalaron fuentes judiciales a .
Largo camino
Hasta ahora, los acusados vienen teniendo éxito en demorar la ejecución. El 18 de noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal dos ordenó decomisar 111 inmuebles de los condenados: 84 de Lázaro Báez, uno de Cristina Kirchner, 19 que Máximo y Florencia Kirchner recibieron a título gratuito y el resto de Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
La Cámara Federal de Casación confirmó esa decisión y luego declaró inadmisible el recurso extraordinario. Las defensas fueron en queja a la Corte, que no tiene plazo para resolver.
El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, planteó como primera cuestión federal una violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad. Báez y los hijos también habían recurrido
La decisión de la Cámara Federal de Casación no fue unánime al rechazar el recurso extraordinario. El fallo lo firmaron en mayoría Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, con la disidencia parcial de Mariano Borinsky, quien consideró que debía habilitarse parcialmente la revisión para algunos inmuebles adquiridos antes del 2004.
Ese voto de Borinsky es el principal argumento con el que las defensas llegan al máximo tribunal para frenar el remate de los bienes.
La Corte ya se pronunció sobre otro aspecto de la ejecución. En julio pasado, los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las quejas contra la actualización del monto calculado sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, que quedó fijado en 684.990.350.139,86 pesos.
Resta, en cambio, la definición sobre los bienes con los que se cubrirá esa suma.
Aunque la Corte resolviera, el decomiso tampoco se completaría de inmediato, pues falta terminar de realizar dos pasos previos.
El primero es que el Cuerpo de Peritos Tasadores entregue la valuación de los inmuebles. El segundo es que la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte responda una consulta del Tribunal Oral Federal dos, vinculada con el reglamento aprobado por la Acordada 22/2025, sobre qué propiedades quiere el máximo tribunal para su propio uso.
Es decir, como es la Corte la que resuelve sobre los bienes decomisados en un delito, tiene prioridad para elegir aquellos que considere que son de utilidad pública para su funcionamiento; los que directamente no irían a remate, sino incorporados a su patrimonio o al del Poder Judicial.
Recién entonces, según el tribunal, podrá avanzarse con el cambio de titularidad de los inmuebles que pasen a manos de la Corte Suprema y con el remate del resto de los bienes, para lo que se dispuso la creación de una plataforma de subastas online, que es utilizada en todas las causas donde el Poder Judicial subasta bienes.
En paralelo, los fiscales pidieron un segundo decomiso, más amplio que el primero: 141 inmuebles, 46 automotores, 5.656.134 de dólares y otros 53.280,24 pesos.
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó una serie de medidas de prueba para reunir la información necesaria y todavía faltan algunas.
Mientras tanto, para evitar que los bienes se dispersen, el tribunal dispuso embargos preventivos sobre inmuebles de Los Sauces SA y Hotesur SA, y sobre bienes de Báez, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, en la ciudad de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
Cuando termine esa prueba, el Tribunal Oral Federal dos les pedirá a la fiscalía y a los acusados que expongan su punto de vista sobre estos decomisos y decidirá si esos bienes también se suman al remate final de bienes impuesto en la condena.
Más allá de la cuestión del remate de los bienes, dispuesto por la propia Corte Suprema cuando dejó firme la condena por Vialidad el 10 de junio de 2025, aún tramitan en la Corte otros asuntos relacionados con la ejecución de la pena.
Por ejemplo, el 17 de julio pasado la Cámara Federal de Casación declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que la defensa buscaba que la Corte revisara la obligación de la expresidenta de usar una tobillera electrónica en su casa, el régimen de visitas y el uso de la terraza en San José 1111.
Esta vez el juez Borinsky votó en disidencia y consideró que el planteo involucraba cuestiones constitucionales, como la privacidad y la igualdad ante la ley. Otra vez Hornos y Barroetaveña conformaron la mayoría.
Tras ese fallo, Cristina Kirchner fue en queja ante la Corte para que se anulen todas las restricciones de su arresto, a pesar de que en diciembre de 2025 el máximo tribunal ya había dejado firme la obligación de usar la tobillera y consideró abstracto el régimen de visitas porque había sido reemplazado.
está a la espera de un fallo,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Gobernadores de buen vínculo con la Rosada preparan una “tercera posición” para competir con Milei y el PJ
Lo que están pensando y conversando un grupo amplio de gobernadores es la formulación de una tercera posición dentro del escenario político del 2027. Ni Javier Milei, ni el peronismo, que hoy tiene como principal, y potencial, expresión electoral a Axel Kicillof. Tampoco un outsider. La política pura pero con el sello distintivo de la experiencia de gestión y la identidad federal.
En esa comunicación cruzada, con matices informales, pero que se mantiene en el tiempo, están entrelazados los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Algunos más cercanos que otros a la Casa Rosada o al PJ. Todos ejercitados en hacer equilibrio sin principio ni final.
En las conversaciones de esos mandatarios aparece una idea concreta. Ven un espacio en el medio de la polarización que nadie está ocupando. “Ni este presente intolerante, ni la vuelta al pasado con los K”, suele decir uno de ellos. Ese lugar adónde quieren desembarcar las figuras denominadas outsiders, el punto intermedio que los extremos no pueden cautivar y que, en todas las elecciones ejecutivas, es el que termina inclinando la balanza hacia un costado o hacia el otro.
Algunos de ellos empezaron a fijar reglas básicas en la discusión sobre cómo armar un esquema federal. La principal es que no haya un candidato a presidente puesto. Que no se arme un esquema para sostener a una figura, sino que se edifique un programa político que el mejor posicionado pueda representar en la contienda electoral.
De esas conversaciones surgen varias incógnitas hacia adelante. Una de las más importantes es cómo se vincularán con el Gobierno desde ahora hasta el momento de los comicios nacionales. Sobre todo porque algunos de ellos coquetean con la posibilidad de algún tipo de acuerdo electoral en sus provincias. La gran mayoría de las elecciones provinciales serán desdobladas de la elección nacional y estarán disociadas de la discusión de cúpula en el camino a las presidenciales.
En el corazón de ese grupo hay gobernadores que repiten un objetivo que deben cumplir a rajatabla: “No podemos hacer lo mismo que lo que hicieron en Provincias Unidas, donde pusieron por delante las candidaturas antes que el armado”. La alternativa política fundada el año pasado para las elecciones legislativas no tuvo los resultados esperados, ni logró alcanzar la representatividad que se proponían a nivel nacional.
Algunos de ellos consideran que hubo un error de base en la construcción federal que los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) – actual legislador provincial -, Ignacio Torres (Chubut) y Carlos Sadir (Jujuy) – que está en el círculo nuevo de las conversaciones – intentaron llevar adelante, que fue la edificación de un proyecto político apoyado exclusivamente sobre los nombres propios y sin articulación necesaria en las bases para afrontar un proceso electoral.
“Queremos plantear una Argentina más tolerante que la actual, con un programa de gobierno que dé confianza al inversor y que proponga políticas públicas que se puedan sostener en el tiempo”, fue la reflexión de uno de los integrantes del círculo de mandatarios, que agregó: “Milei puso el RIGI y ahora Kicillof dice que si gana lo va a eliminar. Necesitamos continuidad de las políticas”. En ese sentido, ven que hay políticas del gobierno libertario que deben tener una continuidad y otras que se deben discutir o cambiar. Ese equilibrio que buscan es lo que despierta la desconfianza en el peronismo desde hace tiempo.
Entienden que el gobierno libertario no ha podido generar confianza en los inversores extranjeros porque los motores de la microeconomía no funcionan. La baja sustancial del consumo, la caída de la actividad económica y el crecimiento de la informalidad laboral son señales que, según consideran, terminan limitando cualquier inversión real en algunas de las provincias. La decisión de armar un espacio nuevo está asociada al descontento que les produce la política oficial, pese a la buena relación que sostienen, y las ideas que identifican al kirchnerismo, al que siguen poniendo en el vértice de la propuesta electoral del PJ.
Entre los gobernadores cuestionan el alto grado de intolerancia del presidente Milei, además del incumplimiento de algunas promesas de gestión. Reprueban la agresividad de muchas de sus apreciaciones y el descuido sobre la microeconomía, que les ha traído muchos problemas en sus provincias, donde la caída de la recaudación fue abrupta y el consumo, tres años después del comienzo de la gestión libertaria, no logra recuperarse.
Durante su gira por Estados Unidos, Milei dejó una frase que repiqueteó entre los mandatarios provinciales. “Si nuestro gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”, aseguró el Presidente en New York. Uno de los mandatarios que está inmiscuido en el armado de la nueva propuesta, reaccionó con preocupación: “El Presidente habla del 2028, pero si esto no se acomoda en diciembre, va a ser complicado lo que venga para adelante”.
Dentro del esquema nuevo hay algunos que tienen vinculación directa con el PJ. La propuesta que están ideando tiene una impronta peronista y un límite muy claro: el kirchnerismo. “Hay que volver a las banderas clásicas del justicialismo. Más movilidad y justicia social, menos planes sociales y subsidios”, aseguró uno de los armadores.
El anclaje que tiene el esquema en formación es la hipótesis de que la mayor parte del electorado nacional no está dispuesto a votar al peronismo, ni tolera más a La Libertad Avanza (LLA). Hay gobernadores que creen que si el candidato es Kicillof, va a haber gente que, pensando en que puede ser un mal menor, está dispuesta a apostar por la continuidad de Milei. En ese escenario hipotético, es donde ingresa la propuesta de ellos como un eventual camino del medio. Una definición que pretenden evitar porque está vinculada a intentos fallidos del pasado reciente.
Sin embargo, pese al rechazo con el ala kirchnerista del PJ, una de las opciones que dan vueltas por esas conversaciones es la posibilidad de competir en una interna con el peronismo que está contenido en Fuerza Patria. La proyección no tiene demasiado sostén, debido a que muchos de ellos están dispuestos a acompañar la eliminación o la suspensión de las PASO en el Congreso que pretende el Gobierno, lo que saca del camino una herramienta clave para resolver diferencias en el polo opositor y, especialmente, en el peronismo.
Es por eso que la semana pasada Máximo Kirchner, Jorge “Coqui” Capitanich, Ricardo Quintela y Sergio Uñac empezaron a delinear cómo podría organizarse una interna en la coalición justicialista para poder ordenar las distintas vertientes y resolver la candidatura del PJ. Si las PASO se caen, como creen muchos dentro del peronismo, la única opción para que los gobernadores compitan contra una alternativa opositora es una interna abierta. Una competencia que para algunos dirigentes es posible organizar.
Una de las particularidades del grupo de gobernadores es que tienen diálogo abierto con la Casa Rosada y con algunos referentes del peronismo nacional como Axel Kicillof o Sergio Massa, o con ex gobernadores de peso en el interior como el santiagueño Gerardo Zamora. Juegan al equilibrio. Muchos de ellos están concentrados en sus provincias. Algunos con la vocación de renovar mandatos, otros con la idea de apoyar una sucesión. Lo primordial es mantener el control de sus distritos pero, en paralelo, tienen intenciones de dar algunas señales en el corto plazo respecto a la construcción de una alternativa a nivel país.
Las conversaciones por el objetivo nacional están activas y existe una voluntad de aportar al crecimiento de una tercera posición. Los hechos de la realidad serán los que marquen si el proyecto, finalmente, es viable, y si puede crecer conteniendo a todos los gobernadores que están inmiscuidos en las charlas informales. La mayoría de los encuestadores del país suelen hablar de un escenario de tercios en la Argentina. Con ese mapa por delante aparece la voluntad de la iniciativa y la seguridad de que puede haber una masa del electorado dispuesta a romper la grieta.
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