El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. La resolución judicial desestimó las acusaciones por supuesta estafa vinculada a la promoción del activo digital en febrero de 2025.

Tras conocerse el fallo en los tribunales de Comodoro Py, el Presidente publicó en su cuenta de Instagram: “La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad”.

Por su parte, el asesor Santiago Caputo afirmó que la investigación fue “la causa más pelotuda de la historia”.

La medida dictada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 respondió al pedido del fiscal Eduardo Taiano. La resolución benefició también al empresario estadounidense Hayden Davis, a Mauricio Novelli y a Manuel Terrones Godoy.

Esta causa va a ser estudiada como la causa más pelotuda de la historia en donde hicieron un escándalo de un hecho inexistente solo para dañar al Presidente. Por supuesto no veremos ni un solo pedido de disculpas de los hijos de puta de siempre.

— Santi C. (@slcaputo) October 23, 2026

El expediente judicial analizó las maniobras financieras luego de que la moneda virtual causara pérdidas a 40.000 compradores. No obstante, el magistrado concluyó que la publicación presidencial en redes no constituyó una maniobra defraudatoria ni un engaño penal.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR?

La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas.

Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre.

Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos.

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A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?

La verdad siempre termina imponiéndose.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

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— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026

En el caso de la secretaria general Karina Milei, la Justicia determinó que no existieron pruebas de pagos para concretar audiencias.

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Como era de esperarse, un seminario sobre coparticipación en el Senado expuso, una vez más, el descalabro impositivo vigente desde hace largos años y, sobre todo, dejó un dato curioso sobre las gestiones kirchneristas, más allá del relato: fueron de las más injustas en cuanto a federalismo y las que tuvieron los pisos más bajos -incumplimiento- del 34% de la masa a compartir entre Nación y provincias.

Durante una reunión informativa ocurrida días atrás, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expusieron el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.

El convite fue comandado por el titular de la comisión, Eduardo Vischi (Corrientes); y la vice de la misma, la peronista disidente Flavia Royón (Salta). Primero disertó Zack, quien se refirió a la Argentina como uno de los países con “mayor desigualdad territorial en el mundo” -detrás de Rusia y Eslovaquia- y alertó sobre la pérdida de recursos por año en relación con el Producto Bruto.

Tras ello, el invitado dijo que, desde fines de la década del noventa, el piso de 34% sólo se acercó en algún año y que la peor época fue entre 2002 y 2016. Es decir, durante toda la era kirchnerista. De hecho, algunos estudios que se dedican a la cuestión impositiva sitúan 2010 como más flojo del período. El representante de Fundar luego aclaró que, tras el fallo de la Corte sobre la detracción de 15% para seguridad social -la bienvenida anticipada del máximo tribunal de justicia a Mauricio Macri-, se aproximó más hacia dicha meta.

Zack pinceló un panorama aún más alarmante y que no involucra a Nación. La medalla de oro siempre queda en manos de Ingresos Brutos que, según señaló, representa alrededor del 85% de los recursos provinciales propios. Lo que importa es la diferencia entre distritos: va de 5,5 puntos en Neuquén hasta 21 en la Catamarca de Raúl Jalil y de su brazo político en el Senado, el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada. También fueron recordados los 80 regímenes que tiene Córdoba y los saldos a favor que se acumulan en todo el país y que terminan, como siempre, en un tributo encubierto.

En tanto, Laspina planteó dos cuestiones valoradas por Vischi. Por un lado, en conocimiento de lo complejo que implica que el Congreso y las legislaturas locales obtengan un consenso generalizado, se refirió a explorar caminos sobre una eventual reglamentación del proceso de sanción de una ley relacionada con el tema -quinto párrafo, inciso 2, del artículo 75 de la Constitución-; mientras que, en segundo término, apuntó a una “acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema”, ya sea desde una ONG, un distrito o el mismo Ejecutivo. “Tirar un poco del nudo para destrabar”, enfatizó el ex amarillo.

No fue una novedad, por fuera de las rivalidades políticas, la baja asistencia no sólo de los integrantes de la comisión, sino de los legisladores, en general. Son los representantes de las provincias. Una muestra de la bajísima voluntad para resolver un asunto delicado que contrasta, de manera muy notoria, cuando aparecen las quejas ante Nación -sin distinción de quien se encuentre a cargo de la administración central- por fondos discrecionales.

Los mayores contactos se dan, en particular, cuando se está por votar un proyecto en el Congreso. Ahí, los llantos se convierten en cataratas. O se frena la agenda. En el pasado, varios ex gobernadores se convirtieron en rehenes -sin chistar y con un silencio más que llamativo y cobarde- de la billetera ajena o del “bolsillo del payaso”, en referencia al de los contribuyentes que regentea Balcarce 50. Hoy, algunos de ellos siguen en juego -desde otro lugar- y critican al mileísmo. Transcurrieron tan sólo un par de años.

La Libertad Avanza impulsa una reforma del régimen carcelario que contempla la prohibición efectiva de los teléfonos celulares en los penales, el control de las comunicaciones y la obligación de que los internos afronten los gastos que generan durante su detención. La propuesta, presentada por el diputado mendocino Álvaro Martínez, busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para combatir las estafas, los secuestros virtuales, las maniobras vinculadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos.

“Hay que terminar de una vez por todas con el Call Center tumbero. Las cárceles deben servir para reinsertar personas, no para que los delincuentes sigan manejando bandas desde una celda”, sostuvo Martínez.

Presos uniformados y pago de los gastos carcelarios

La iniciativa establece el uso obligatorio de uniformes de acuerdo con la peligrosidad de cada detenido, que será clasificada en tres niveles: leve, medio y alto. Además, propone la creación de un Arancel Único Carcelario (AUC), que deberán pagar mensualmente los internos para cubrir los gastos de servicios generales y alimentación.

“La persona que está privada de su libertad debe pagarle al Estado los gastos que genere dentro de la cárcel. A partir de ahora tendrán que pagar la comida, la luz, el agua, la asistencia médica y el uniforme que usan dentro del penal”, afirmó el legislador.

En esa línea, agregó: “El ciudadano que trabaja todos los días paga los servicios y la comida de su casa. Quien esté privado de su libertad también deberá hacerse cargo de sus propios gastos. La reinserción comienza aprendiendo a cumplir obligaciones”.

Sobre los uniformes, Martínez aclaró que la medida “no tiene un objetivo discriminatorio se ajusta al principio de igualdad”. Según detalló, todos los internos deberán vestir prendas de color beige o marrón claro, con una cantidad de líneas verticales que variará según su nivel de peligrosidad.

Los presos considerados de peligrosidad leve tendrían una línea al frente y al dorso; los de peligrosidad media, dos líneas; y los de alta peligrosidad, tres. En cambio, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.

Los cambios en la Ley de Ejecución de la Pena

La propuesta modifica los artículos vinculados con las comunicaciones de las personas privadas de libertad. En la nueva redacción del artículo 158, se establece que los internos podrán mantener contacto periódico, oral o escrito, con familiares, representantes legales y profesionales vinculados con su reinserción social, además de representantes de organismos oficiales e instituciones privadas.

El texto plantea que ese derecho estará sujeto a las condiciones, oportunidades y supervisión previstas en la ley, con el objetivo de preservar la privacidad.

Por su parte, el artículo 161 establecerá que cada interno podrá solicitar autorización al director del establecimiento para llamar a una lista limitada de cinco números telefónicos. Los titulares deberán estar previamente identificados y autorizados en la instancia judicial de ejecución de la pena.

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La iniciativa también contempla el uso de teléfonos de línea para facilitar el contacto con familiares y abogados, así como la realización de videollamadas con defensores para agilizar el acceso a la Justicia y evitar traslados innecesarios.

Entre los fundamentos, el proyecto cita la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvo reiteradamente que las personas privadas de libertad conservan los derechos que no hayan sido afectados legítimamente por la condena y que la ejecución de las penas está sometida a control judicial permanente.

El trabajo como eje de la reinserción social

Otro de los ejes de la propuesta es la transformación del trabajo penitenciario. Martínez plantea establecer metas progresivas de incorporación laboral, impulsar capacitaciones vinculadas con la economía real y modernizar el Ente de Cooperación Técnica y Financiera (ENCOPE).

El proyecto también contempla la participación controlada de empresas privadas, la creación de un catálogo nacional de bienes y servicios penitenciarios y la generación de demanda mediante compras del sector público.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Seguridad Nacional, al 31 de diciembre de 2024 el Servicio Penitenciario Federal alojaba a 11.728 personas privadas de libertad. De ese total, 7.545 percibían alguna suma en concepto de peculio.

Sin embargo, solo 2.922 internos realizaban tareas productivas vinculadas con objetivos de reinserción social. Otros 4.623 cobraban por actividades generales de mantenimiento, limpieza, aseo, higiene, mayordomía y otras tareas identificadas como “fajina”.

De esta manera, apenas el 38,72% de quienes percibían peculio desarrollaba actividades consideradas productivas.

La información oficial también indica que durante 2024 el ENCOPE contó con recursos por $25.721.747.525, de los cuales aproximadamente el 75% se destinó al pago de peculios. Una parte significativa de esos fondos correspondió a tareas sin una finalidad productiva.

En ese contexto, el planteo sostiene que la respuesta no debe limitarse a suprimir remuneraciones, sino que debe orientarse a transformar las actividades improductivas en trabajo que contribuya a la reinserción social.

El antecedente de la iniciativa contra los celulares

La propuesta se suma a un proyecto presentado por Álvaro Martínez en abril pasado, que busca establecer penas de uno a tres años de prisión para los internos que tengan un teléfono móvil en su poder dentro de un establecimiento penitenciario.

La iniciativa prevé elevar la pena a entre tres y cinco años cuando el dispositivo haya sido utilizado para cometer un delito.

Cárceles, telefonía celular, Cámara de Diputados