POLITICA
Se multiplicó casi cinco veces el ingreso de causas a la Corte porteña, que aplicará un sistema de inteligencia artificial

La tarea del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad se multiplicó casi por cinco desde que se convirtió en tribunal de apelación de todos los juicios laborales, civiles, comerciales y penales que dicta la Justicia nacional tras el fallo Levinas, de la Corte Suprema de Justicia.
Para gestionar estas causas, el TSJ lanzó una licitación para poner en marcha un sistema de inteligencia artificial y el próximo viernes se conocerán las ofertas.
Al concurso se presentaron las principales empresas tecnológicas locales y extranjeras para un proyecto que en esta etapa representa unos US$550.000 y se prevé que funcione a fin de año, dijeron fuentes del tribunal a .
En 2024 ingresaban 1610 causas al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y en 2025 ingresaron 6826, según las estadísticas oficiales del organismo, publicadas en su página web.
Se trata de un crecimiento del 326,4 por ciento o, lo que es lo mismo, el resultado de multiplicar el ingreso de causas por 4,26 veces.
La mayoría de esas causas son laborales, es decir casos de accidentes de trabajo y de juicios por despido de los trabajadores a los empleadores. Fueron 4490 en total, en 2025, un 66 por ciento de todos los casos que existen en la “corte porteña”.
El tribunal ya estableció un criterio, pues aplicó el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) en la primera sentencia de ajuste por accidentes laborales tras la doctrina Levinas. Sentó doctrina al dictar la primera sentencia en un caso derivado de la justicia nacional laboral, fijando su postura sobre los intereses aplicables en juicios por accidentes laborales.
En el caso Boulanger c/ Provincia ART, originado por un accidente de trabajo en 2023, el máximo tribunal porteño revocó una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Esa cámara había dispuesto que los intereses se calcularan según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). En primera instancia, el cálculo se había hecho con la tasa activa del Banco Nación. Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia resolvió que corresponde aplicar lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, que dispone la actualización de los créditos laborales mediante el índice Ripte, un indicador que refleja la evolución promedio de los salarios.
Con esta decisión, el TSJ sentó un precedente que impactará directamente en la forma de calcular las indemnizaciones por accidentes de trabajo en adelante. Aún los jueces no fallaron sobre cómo se deben calcular los intereses en los juicios laborales por despido, pero esa situación ya quedó zanjada por la reforma laboral en vigor.
Toda esta revolución y la explosión de casos se dio por el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia.
Allí, el máximo tribunal del país estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad es el “superior tribunal de la causa” en todos los casos civiles, comerciales, laborales y penales que se inicien en el ámbito de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires.
En la práctica, implica que todos los juicios laborales, civiles o comerciales que se den en el ámbito de la justicia nacional con asiento porteño terminarán siendo apelados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para que este decida.
Esto implicó que el TSJ inaugurara un nuevo edificio para albergar a la estructura que demanda manejar este volumen de expedientes y sumar personas especializadas, por ejemplo, en la resolución de causas laborales.
Además, recientemente lanzó una licitación para tener su propio sistema de inteligencia artificial para la gestión de las causas y sistematizó mediante un formulario el registro de datos para el ingreso de expedientes.
Esta última iniciativa generó controversia con el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente del organismo, Ricardo Gil Lavedra, visitó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para transmitir la preocupación de los letrados por el sistema de registro de expedientes mediante un formulario especial que lanzó la “corte porteña”.
Se quejaron de que no los consultaron y de que no completar el formulario puede ser causal para el rechazo del recurso que se presente. Lo recibieron la presidenta, Inés Weinberg; la vicepresidenta, Alicia Ruiz, y sus colegas Luis Lozano y Marcela de Langhe. Ese día no estuvo el quinto juez, Santiago Otamendi.
Junto con la presidenta electa del Colegio, Alejandra García, Rosalía Sylvestre y el titular de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, Juan Pablo Zanetta, pidieron que se difunda la circulación de los expedientes en trámite.
En el Tribunal Superior les explicaron que ese formulario pretende recopilar los datos de los recursos para que luego sean tratados por el nuevo sistema de inteligencia artificial.
El formulario pretende simplificar el trámite interno previo al dictado de la sentencia, con una mayor delegación de la tarea en los secretarios. Ese mecanismo permitirá hacer un análisis formal de admisibilidad, en cuanto a que los recursos cumplan con la extensión y características aprobadas, realizará una derivación temática y luego podrá trabajar sobre resúmenes.
Está previsto, además, que el mecanismo de IA con supervisión humana trabaje con una base cerrada de fallos de la propia jurisprudencia del TSJ y de la Corte Suprema de Justicia y que estos puedan además estar a disposición del público y los letrados para la consulta.
El 29 de mayo (próximo viernes) se hará la presentación de ofertas de este sistema, que permitirá derivar los casos y cotejar el pleito con la base de sentencias para aplicar esa doctrina a la elaboración de un informe o memorándum que sirva como base para que los jueces realicen el proyecto de sentencia.
Ya demostraron su interés en la licitación empresas como Globant, Google, IBM y otras firmas de desarrollo local. Se estima que el proyecto demande una inversión de unos 550.000 dólares y que el año próximo esté en funcionamiento.
Hernán Cappiello,Ciudad de Buenos Aires,Reforma laboral,Conforme a,Ciudad de Buenos Aires,,Cambio en las condiciones. Tras el frío intenso, el AMBA enfrentará varios días de niebla y baja visibilidad,,Oficial. Cuándo son las vacaciones de invierno en CABA,,La noche de Mirtha. Del look plata de la Chiqui a la promesa de Adrián Suar de una gran fiesta televisiva para celebrar
POLITICA
El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

“Se van a llevar todo”, dice una diputada, en una mezcla de bronca y resignación. “Empujamos, coordinamos, cedemos, hacemos lo que podemos, pero no nos acompañan los números”, graficó otro diputado de la oposición.
Los bloques de la oposición sienten cierta frustración respecto de los resultados que están teniendo en el Parlamento, donde entienden que los dos primeros años de la gestión de La Libertad Avanza estuvieron signados por el apoyo al Gobierno para “dotarlo de gobernabilidad” y que este año la gobernabilidad “es para los gobernadores”.
En ese esquema, los bloques de la oposición intentaron avanzar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 la semana que pasó y chocaron de frente con la ausencia de los diputados que responden directamente a gobernadores como los de Santa Fe, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Algo que se repite en varias sesiones y que los más pesimistas estiman que el próximo miércoles sucederá de la misma manera.
El oficialismo citó para el miércoles a una sesión cuyo temario incluye el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que modifica las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial—, desalojos express y, además, la vuelta de la ley de Tierras de 2011; la creación de un módulo informático interoperable con el Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA); modificaciones al Código Penal sobre vandalismo rural; la transferencia a título gratuito a la provincia del Chaco del inmueble propiedad del Estado nacional Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB); la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la ley 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad; y la ley sobre endeudamiento familiar.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.
Cruces de estrategias
“Puede ser que alguna nos la den vuelta”, reconoció un diputado de La Libertad Avanza que suele tener reuniones en la Casa Rosada. Aunque la oposición tiene dictamen propio en cada una de las normas a debatir —salvo en trazabilidad, que salió por unanimidad—, la referencia del legislador libertario apunta, principalmente, a discapacidad, propiedad privada y morosidad.
En algunos despachos se especuló con la idea de pedir una sesión para ese mismo día a las 10 de la mañana con un temario propio. Sin embargo, la propuesta fue descartada para que “no nos pase lo mismo que el otro día” y se quedaran cortos para el quórum.
En algún momento la palabra de Miguel Ángel Pichetto resonó en el debate. Así como alguna vez les dijo a los libertarios “¿qué aplauden? acá se viene a ganar, aprendan”, ahora el experimentado legislador advirtió que la oposición debe mejorar sus cálculos parlamentarios y evitar exponerse a nuevas derrotas.

En la oposición se renueva la esperanza de la mano de algunos datos que dejó la sesión anterior. “Quedamos a ocho, pero teniendo en cuenta que faltaron dos de Unión por la Patria, el número baja a seis. Es difícil, pero no imposible”.
En este caso, los diputados de los gobernadores nuevamente serán quienes definan si se impone el proyecto de LLA o el de la oposición en cada una de las votaciones.
Por el lado del oficialismo, la Casa Rosada maniobra con los jefes de los estados provinciales en busca de asegurarse los votos necesarios. “Les prometen que van a buscar inversiones para un tren y te bajan los diputados. Entendemos la gobernabilidad, pero una promesa de posibles inversiones no puede ser suficiente”.
El lunes muchos legisladores volverán a sus despachos en la Cámara de Diputados. Los teléfonos sonarán todo el fin de semana. Ganar o perder una votación hoy se define con dos o tres legisladores que se sumen o que no. Pero el oficialismo parece correr con ventaja en esa discusión.
POLITICA
El gobernador de Neuquén salió sorteado en el narcotest provincial y mostró el resultado negativo

NEUQUÉN.- El gobernador Rolando Figueroa se sometió este viernes a un narcotest sorpresivo y obligatorio para los funcionarios públicos de la provincia. Compartió en sus redes sociales el resultado negativo de la muestra y aseguró que los políticos deben “predicar con el ejemplo”.
El mandatario provincial fue seleccionado para someterse al control toxicológico obligatorio para todos los integrantes del sector público neuquino, como lo fija una ley provincial aprobada en 2025 y reglamentada en febrero de este año.
En un video que compartió en su perfil oficial de redes sociales, Figueroa mostró el momento en que le comunicaban los resultados negativos que arrojó la muestra de orina. Los profesionales a cargo del test aclararon que la finalidad del análisis es comprobar la presencia de sustancias, como marihuana, cocaína, anfetaminas, barbitúricos, opiáceos y metadona.
“Para nosotros es muy importante poder cumplir con esta ley”, dijo el gobernador. Y agregó: “Quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes con nuestra firma debemos actuar con plena conciencia y responsabilidad”.
En septiembre de 2025, la Legislatura de Neuquén aprobó la ley provincial 3531, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos como requisito para la permanencia en cargos públicos para los miembros de los tres poderes del Estado.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor y dos en contra, de diputados del Frente de Izquierda (FIT), y se redactó a partir de la unificación de dos proyectos similares que habían presentado distintos bloques políticos. En febrero de este año, la norma fue reglamentada a través de un decreto firmado por Figueroa y, luego, publicada en el Boletín Oficial.
La norma establece que los exámenes toxicológicos se realizarán de manera sorpresiva y de forma trimestral, mediante un sorteo administrado por el Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), que garantiza la imparcialidad de la selección. Cada tres meses, se presenta un listado de funcionarios seleccionados que comprende a un 12,5% del total de la planta.
Los funcionarios que se sometan al control y obtengan resultados positivos tendrán derecho a pedir una contraprueba que deberá ser presentada en un plazo de 48 horas. Si un funcionario se niega a presentar sus muestras, su resultado será considerado positivo, lo que derivará en su suspensión y posterior expulsión del cargo.
La norma indica que los exámenes deben desarrollarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad. En este caso, el gobernador Figueroa decidió hacer públicos sus resultados en un llamado a “predicar con el ejemplo” por parte de las autoridades.
Para Figueroa, que impulsó uno de los dos proyectos que derivaron en esta ley, la iniciativa “está en línea con la política pública que llevamos adelante en el gobierno de la provincia, en la lucha contra el narcotráfico”. Una norma similar fue aprobada en 2023 en el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.
Réplicas en otros poderes
Tras la aprobación de la ley, otras jurisdicciones, como la Municipalidad de Neuquén, también adhirieron a la normativa. Así, los integrantes del gabinete municipal y hasta el defensor del Pueblo deberán someterse al test junto al intendente, que ya estaba incluido en la normativa provincial.
En otros poderes del Estado, como la Legislatura, la implementación de los controles toxicológicos se demoró por la falta de consenso sobre los protocolos para llevar adelante los tests.
En agosto de este año, finalmente se aprobó un protocolo que establece controles trimestrales, que se realizan in situ y con el costo a cargo de cada diputado provincial.
Entre las voces que cuestionaron la implementación de la medida se contó la de la diputada Julieta Ocampo (FIT), quien criticó las sanciones de expulsión directa sin un abordaje integral de tratamiento hacia los consumos problemáticos.
pic.twitter.com/1wwPFn5Isz,October 16, 2026,Sofía Sandoval,Conforme a
POLITICA
Video: así un grupo de manifestantes rompió bancos y veredas para tirar piedras durante la Marcha Federal Universitaria

Un grupo de manifestantes con caras tapadas vandalizaron los bancos y veredas en las inmediaciones del Congreso de la Nación y mantuvieron enfrentamientos con los efectivos policiales en medio de la Marcha Universitaria.
Los incidentes comenzaron minutos antes de las 16, cuando un grupo de personas comenzó a romper veredas y a tirar piedras a los agentes. Como respuesta, los oficiales utilizaron el camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersarlos.
Inmediatamente a través de las redes, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, apuntó contra “los mismos violentos de siempre” y sentenció: “Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada”.
“El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”, agregó la funcionaria.
En las imágenes, se puede ver cómo un manifestante destruía con una maza uno de los bancos de la Plaza del Congreso, mientras que otro tomaba los pedazos para luego utilizarlos como proyectiles. Algunos manifestantes también arrancaron cordones de las veredas.
A su vez, una persona encapuchada volvió a lanzar una granada de gas lacrimógeno a los efectivos, que buscaban contener la protesta con el camión hidrante. Los cruces continuaron por más de cuarenta minutos y se reportaron oficiales de la Policía y la Gendarmería heridos por las piedras de los manifestantes.
“La policía empezó a reprimir a todos los que vinimos a manifestarnos de manera pacífica”, aseguró un joven participante de la movilización a TN. Y agregó: “El pueblo se cansó, estamos hartos”. En la previa de la movilización, el Gobierno había desplegado un gran operativo policial para contener la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales.
Pese a los incidentes, la comunidad universitaria continuó con el acto central, donde exigió la derogación del DNU de Javier Milei de desregulación económica y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Horas antes, la oposición no había logrado reunir el quórum para tratar el decreto presidencial.
A su vez, el documento universitario cuestionó el Presupuesto 2027 y advirtió que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año. Los organizadores acusaron al gobierno de Javier Milei de poner en riesgo la democracia por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenan su aplicación. “El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano”, advirtieron.
Al finalizar el acto, el grueso de los manifestantes comenzaron a desconcentrar de la Plaza, mientras que un grupo de encapuchados continuó los enfrentamientos con la Policía.
Protesta, Marcha universitaria
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