POLITICA
Se reúne la mesa política: la discusión más urgente que hay entre dos sectores del Gobierno por un proyecto clave
Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse las caras a las 13:00 en Casa Rosada para retomar las conversaciones sobre la estrategia del oficialismo de cara a las próximas semanas, tanto en el plano de la gestión como en el legislativo. Estaba previsto que asistieran todos los participantes habituales de la cumbre, la cual preside y convoca la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La congregación de esta tarde surge en medio de un contexto particular para la administración libertaria. Hay deliberaciones puertas adentro sobre cómo deben ser los próximos pasos del Gobierno tanto en materia de política económica como de acción política.
La discusión que cristaliza esas diferencias es la que ocurre con el proyecto de Discapacidad que el bloque de La Libertad Avanza consensuó y dictaminó en conjunto con la oposición dialoguista la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Ministerio de Economía está conversando con actores del oficialismo para ver cuál es el gasto fiscal que supondría incluir esas modificaciones en el proyecto de Presupuesto para 2027.
La semana pasada, integrantes de la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo, se quejaron fuera de los micrófonos porque habría poco margen fiscal como para sostener la normativa que el oficialismo libertario negoció en Diputados. “No se puede pagar”, dijo una importante fuente a Infobae. Eso fue respondido puertas adentro por el otro sector al decir que los cambios negociados no afectaban en mayor cuantía a las arcas fiscales y que “lo único que se modifica es sacarle el carácter de emergencia a la Discapacidad”.
Caputo y Menem -los dos cabecillas de las áreas en pugna- no se vieron la semana pasada en la reunión de Mesa Política porque el primero estaba en Nueva York junto a Javier Milei. Mientras tanto, hubo contactos entre varios de sus laderos como la diputada nacional Laura Rodríguez Machado (quien lleva parte de las negociaciones por esa temática con otros bloques aliados) y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Supuestamente, habría existido una suerte de entendimiento entre estos dos dirigentes.
Tres integrantes de la reunión de la Mesa Política convalidaron las discusiones que existen por esta cuestión. Algunos les bajan el tono. “Yo no hablaría de internas ni de dilemas, sino de discusiones propias de la dinámica de la política de un gobierno. Cada uno defiende la parte que le toca y mira. Siempre hubo tensiones de este estilo en todos los gobiernos. La mesa política está para zanjar esas discusiones”, afirma uno de ellos en diálogo con Infobae.
Al respecto del inconformismo del Ministerio de Economía sobre la imposibilidad de poder recortar más en el área de Discapacidad, un referente del ala política respondió de manera contundente: “Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto. No hay más quilombo que eso”. La mano derecha de una de las figuras de la mesa política confirmó las tensiones que se viven entre integrantes de la esfera económica y la política. “Está todo muy raro. Es un todos contra todos muy confuso”, describen.
Esta discusión no deja de ser una cuestión que, en realidad, plasma un matiz mayor. Los que están del lado del ministro de Economía recuerdan su súplica en una reunión de la mesa política en la que pidió acelerar los acuerdos políticos con los gobernadores y bloques aliados. Esa visión es compartida por el asesor presidencial Santiago Caputo. La fundamentación de esa postura es que el pacto con la oposición contribuirá a calmar las expectativas de los mercados y que ayudará a bajar la incertidumbre política de cara al año próximo.
Se trata de una discusión similar a la del huevo y la gallina, porque en el ala política afirman que esa visión peca de ingenua. En rigor, indican que son pocos los actores de la oposición que estarán dispuestos a rubricar un acuerdo con el Gobierno estando a un año de las elecciones. “Justamente lo que están haciendo es especular si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar. Hay charlas encaminadas, pero no es algo tan sencillo como plantean”, puntualizan. Son varios de ellos los que, en privado, piden que existan ciertas políticas para dinamizar la situación económica.
La nueva edición de la mesa política de este martes buscará tratar cara a cara la situación de Discapacidad ante un contexto que apremia. Un grupo de legisladores que acompañó el dictamen impulsado por La Libertad Avanza advirtió que podría retirarle su respaldo al oficialismo si no recibe precisiones sobre las partidas previstas para garantizar la aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad.
El planteo fue dirigido al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Alberto “Bertie” Benegas Lynch. Los diputados pidieron que se informe el monto destinado a cubrir las prestaciones contempladas en el proyecto antes de que avance el debate por el Presupuesto 2027.
La nota fue firmada por Eduardo Falcone y Oscar Zago, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Álvaro González, del PRO. Los cuatro habían acompañado el despacho de mayoría sobre discapacidad, después de que el oficialismo aceptara parte de las propuestas planteadas por esos espacios. Los legisladores reclamaron que las partidas queden detalladas de forma explícita para despejar la incertidumbre de las organizaciones que representan a personas con discapacidad.
Desde el bloque libertario sostienen que las partidas necesarias ya están incorporadas en el Presupuesto. De acuerdo con esa posición, los recursos para pensiones están contemplados y la discusión se concentra en la modalidad de pago de determinadas prestaciones. Los legisladores que firmaron el reclamo advirtieron que, si no obtienen una respuesta satisfactoria, podrían votar junto a la oposición una prórroga de la Emergencia en Discapacidad cuando el proyecto llegue al recinto. La sesión todavía no fue convocada. El Gobierno tendrá margen para negociar con los bloques aliados antes de la votación, en un escenario donde el respaldo de esos diputados resulta necesario para sostener su posición en la Cámara baja.
Luis Caputo,CFO Summit,Argentina,discurso
POLITICA
Beligoy invirtió US$261.000 en una desarrolladora inmobiliaria bajo investigación y enfrenta dudas por el origen del dinero
Federico Beligoy tiene un problema con la plata en La Plata. El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) perdió más de un US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero su problema es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la fortuna que perdió está en negro. ¿Conclusión? Beligoy no aparece entre quienes se presentaron en los tribunales para reclamar el dinero comprometido, según reconstruyó sobre la base de documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses.
La trama, que abre preguntas sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos que Beligoy declaró ante el fisco, comenzó a gestarse el 3 de mayo de 2024. Ese viernes, Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. Total: 261.490 dólares.
Las operaciones quedaron documentadas en dos “compromisos de aporte de fiduciante clase C para la incorporación al fideicomiso al costo Abes Lucero con renta garantizada”. Todo fue sonrisas y promesas entre Beligoy y los desarrolladores, que aceptaron hacer una excepción. ¿Cuál? A diferencia de todos los demás contratos, en los que firmaron subalternos de Abes, el contrato suscripto con el dirigente arbitral lo firmó uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. De hecho, fue el único contrato que recuperaron los investigadores durante los allanamientos en el que aparece su firma, según surge de las probanzas judiciales. ¿Por qué? “Porque así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.
Los pagos de Beligoy por más de un cuarto de millón de dólares constan en un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora, según reconstruyó . Identificaron en un cuadro a los inversores, las unidades inmobiliarias que les correspondían y los montos que aportaron. Ese registro permitió a los investigadores reconstruir quiénes habían colocado dinero en los distintos emprendimientos de Abes y constituye una evidencia independiente de la existencia de las operaciones atribuidas a Beligoy.
De clase media trabajadora, Beligoy vivió durante años en Santos Lugares, en una vivienda modesta, de una planta, a la sumó luego un primer piso. Pero durante los últimos años, a medida que fortaleció sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el exárbitro internacional evidenció un incremento patrimonial importante, al igual que su entorno familiar, según reconstruyó durante los últimos meses .
Beligoy no respondió los mensajes que le envió para consultarlo sobre las inversiones, el origen de los fondos, la modalidad de pago, las razones por las que no reclamó judicialmente y si procuró recuperarlos por otra vía.
Mundillo de la pelota
Aquel viernes de mayo de 2024, mientras Beligoy y Lacki firmaban los contratos fiduciarios, un escándalo concentraba la atención de la prensa. Había salido a la luz que la entonces directora general de Aduanas designada por el presidente Javier Milei había tomado una deuda por US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. Tres semanas después, la funcionaria renunció.
En La Plata, la desarrolladora Abes también cayó, pero recién a principios de 2026, envuelta en un escándalo que sacudió a la capital bonaerense. Se abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso múltiples medidas de prueba, requirió allanamientos y secuestró documentación de la inmobiliaria.
Con el paso de los días, quedó claro que la operatoria de “Abes Desarrolladora de Negocios SRL”, tal su nombre formal, dejó entre 150 y 160 inversores damnificados. Entre ellos, el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros futbolistas locales, con pérdidas de varios millones de dólares por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.
Ahora, la investigación comprende al menos cinco fideicomisos: Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. Los investigadores procuran determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y si parte de ese dinero terminó destinado a gastos operativos de la desarrolladora, obligaciones de otros emprendimientos o sociedades vinculadas. También se investigan movimientos contables y asignaciones de unidades funcionales que podrían haber servido para compensar deudas.
La empresa, según constataron los investigadores, ofrecía oportunidades desde el pozo a inversores como Beligoy y Troglio, con la promesa de entregarles departamentos terminados en plazos cortos y con rentas mensuales actualizables hasta la culminación de las obras.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, expuso Troglio en su denuncia, acompañado por su abogado, Miguel Molina, quienes expusieron en los tribunales que, con el paso del tiempo, las promesas mutaron en obras sin avances o abandonadas.
“Nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detallaron Troglio y Molina en su presentación judicial. “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”. Entre ellos, ahora sale a la luz, también estaba Beligoy, quien comprometió US$261.490 en dos departamentos del emprendimiento.
La situación de Beligoy adquiere una dimensión adicional por los cargos que ocupa en el fútbol argentino. No sólo es el secretario general de uno de los gremios que representan a los árbitros: también es el director Nacional de Arbitraje de la AFA, una estructura desde la que ejerce responsabilidades sobre quienes, al mismo tiempo, representa sindicalmente.
Como máximo referente arbitral del país, Beligoy afronta cuestionamientos desde hace años. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Es parte central del problema”, sostuvo. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo”.
Ahora, a esos cuestionamientos se suma una incógnita patrimonial: cómo financió Beligoy dos inversiones inmobiliarias por más de un cuarto de millón de dólares, cuál es el origen de ese dinero y por qué, a diferencia de otros damnificados, no acudió a los tribunales, al menos hasta ahora, para reclamarlo.
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Con la colaboración de Ignacio Grimaldi y Ricardo Brom.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca los votos del PRO y la UCR para conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado
Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.
Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.
Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.
Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales
Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).
“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).
Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.
Este viernes a la madrugada, el Gobierno nacional dispuso el traslado del embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de la publicación del Decreto N° 1357/2026.
“Trasládase desde la Embajada de la República ante los Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Agustín Molina Arambarri”, informaron.
De este modo, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno determinaron que el funcionario deberá estar en el país para el próximo 8 de diciembre. Asimismo, remarcaron que el cambio responde a “razones de servicio”.
Según el documento, Molina Arambarri se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2019. Su nombramiento había quedado oficializado por medio del Decreto N° 503/2019.
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Por otro lado, las autoridades no precisaron cuáles serán sus nuevas funciones dentro del ministerio ni quién lo reemplazará en la misión ante el país árabe.
La vacante se abre mientras crece la agenda económica con Emiratos Árabes Unidos
El regreso de Molina Arambarri se produce en un período de mayor actividad bilateral entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, ambos gobiernos iniciaron negociaciones para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, con el objetivo de ampliar el comercio, promover inversiones y generar un marco de cooperación económica.
Las conversaciones tuvieron un paso formal en septiembre, durante una reunión en Nueva York entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se expresó la intención de profundizar los vínculos comerciales y se anunció el inicio de las tratativas para ese entendimiento.
El acuerdo en discusión abarca sectores que el Gobierno argentino considera prioritarios para la llegada de capitales externos. Entre ellos figuran la minería, los minerales estratégicos, la energía, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial.
De acuerdo con datos oficiales de Emiratos Árabes Unidos, el comercio no petrolero entre los dos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un incremento interanual del 42,6% en comparación con el año anterior.
De hecho, la salida del embajador argentino ocurrió pocas semanas después de que la nueva representante de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, presentara sus cartas credenciales ante el canciller argentino.
Alulama asumió su misión diplomática en octubre, en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su gestión en mayo después de cinco años en el cargo. Antes de llegar a la Argentina, la embajadora se desempeñó en misiones de su país en Montenegro, Brasil y Alemania, además de haber trabajado en el sector financiero.
Durante el encuentro con la nueva representante, la Cancillería argentina planteó la necesidad de profundizar la agenda bilateral a partir de las conversaciones por el acuerdo comercial. La llegada de Alulama coincidió así con una etapa de contactos políticos y económicos entre ambos gobiernos.
El vínculo entre los países ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversiones y un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Según el balance difundido por el embajador saliente, durante su mandato se firmaron 36 acuerdos bilaterales en materias como comercio, energía, cultura y educación.
Uno de los principales proyectos vinculados con la relación económica bilateral es la asociación entre YPF y XRG, una filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para el desarrollo de Argentina LNG.
La iniciativa también contempla la participación de la compañía italiana Eni y prevé inversiones totales cercanas a USD 51.000 millones. El plan apunta a producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta y exportarlo desde dos unidades flotantes de licuefacción ubicadas frente a la costa de Río Negro.
La capacidad inicial prevista es de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Las primeras exportaciones del proyecto están proyectadas para 2030 o 2031, según la información difundida sobre la iniciativa.
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