POLITICA
Senado: el oficialismo logró activar la sesión para discutir el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada
La resaca por la histórica victoria de la Argentina ante Inglaterra en el Mundial de fútbol 2026 no afectó los planes del Gobierno, ya que el oficialismo logró, con el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista, abrir el recinto del Senado para tratar de aprobar y girar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y su polémico capítulo que habilita la venta de tierras a extranjeros.
La sesión comenzó poco después de las 12.25, con el quórum justo de 3 senadores presentes, aportados por el oficialismo libertario, que tuvo asistencia perfecta; la UCR, Pro y una miríada de fuerzas provinciales (Neuquén, Salta, Misiones) y bloques menores, como los peronistas disidentes de Convicción Federal.
A la apertura del debate se llegará con un texto que sufrió múltiples modificaciones desde que se firmó su dictamen hace casi dos meses y con una dura polémica privada entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich (Capital), que tensó aún más el clima previo.
De todos modos y a pesar de la confianza de la jefa de la bancada oficialistas, los números con los que contará el oficialismo para aprobar la extranjerización de tierras son muy ajustados, por lo que exigirá la máxima concentración de Bullrich para que la sesión termine con resultado positivo para la Casa Rosada.
El temario de la sesión de hoy incluye, además de la habilitación de venta de tierras a extranjeros, una treintena de pliegos judiciales impulsados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Uno de los candidatos es Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, quien está propuesto para el estratégico juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, que tiene a su cargo investigar a Martín Insaurralde y Jesica Cirio.
También se encuentra en la lista Víctor Pesino, el camarista que avaló la reforma laboral del Gobierno, que está a punto de cumplir la edad jubilatoria de 75 años y por quien Javier Milei le pide al Senado que le extienda la magistratura por cinco años.
Con la apertura del debate, el oficialismo también logrará que tomen estado parlamentarios los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo que nominan a Pablo Yadarola y a Pablo Bertuzzi como vocales de la Cámara Federal porteña, con sede en Comodoro Py.
Lo que genera más incertidumbre son los cambios que se le aplicarán al proyecto de propiedad privada, del que ya se han redactado 16 versiones con cambio al dictamen. Las modificaciones deberán practicarse en el recinto, en el debate en particular, una desprolijidad que podría complicar la sesión.
Por lo pronto, el oficialismo cuenta por estas horas con que alguno de los peronistas disidentes de Convicción Federal, tres senadores que responden a los gobernadores peronistas dialoguistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), estarían para el quórum.
Además, con el voto a favor del proyecto de Julieta Corroza (Neuquén), que responde al gobernador Rolando Figueroa.
Sin embargo, en las últimas horas una luz de alarma se encendió en el tablero oficialista por la fuerte presión sobre los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, para que voten en contra de habilitar la venta de tierras a extranjeros.
El proyecto
La iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego.
Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
El oficialismo defiende el proyecto y destaca que prohíbe que otras naciones puedan comprar tierras. “Una cosa es la inversión privada y otra muy distinta es que un Estado extranjero avance sobre la propiedad de nuestro territorio”, sostienen.
También destacan el “doble control”, nacional y provincial, para la compra de tierras por empresas con participación de otros Estados en su capital. “No alcanza la opinión de un funcionario sentado en un escritorio en Buenos Aires, sino que interesa la opinión de quienes conocen el territorio”, sostiene el instructivo oficialista.
En el caso de los desalojos, la última versión dista mucho de la original. Por lo pronto, el Gobierno debió resignar su idea de aplicar el juicio sumarísimo y se establecieron diferencias entre usurpadores y ocupantes ilegales de los deudores de alquileres. El texto que llegará al recinto establece un plazo de 10 días hábiles de notificación, el original establecía sólo 3, para la devolución del bien y se suman protecciones a menores, personas con discapacidad y mayores de edad antes de dar curso a la ejecución del desalojo.
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POLITICA
El Gobierno oficializó la declaración de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio
El Gobierno oficializó la declaración de la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país cada 9 de julio, con la promulgación de la de la Ley 27820.
La iniciativa establece que el reconocimiento alcance a la capital tucumana durante el Día de la Independencia y dispone que los actos centrales organizados por el Gobierno nacional para la fecha se realicen allí de forma permanente.
La medida apunta a consolidar el vínculo institucional entre la celebración nacional y la ciudad donde el Congreso de Tucumán declaró definitivamente la ruptura con la Corona española en 1816.
Esta medida se encuadra dentro de una serie de acuerdos que alcanzó el oficialismo con los sectores aliados en el Congreso para enviar un gesto político a los gobernadores. De hecho, también se ampliaron las cámaras federales de apelaciones en Tucumán. En su mayoría se trata de iniciativas sin costo fiscal pero con valor simbólico para los diputados provinciales a nivel local.
En ese sentido, otras de las iniciativas que se encuentran dentro de esta lista es la promulgación de la Ley 27823, que propone incorporar el ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero al patrimonio cultural inmaterial de la República Argentina.
La declaración prevista se encuadra en la ley 26.118, que ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El texto identifica al Camino de Brochero como una práctica que reúne expresiones de devoción, recorridos de peregrinación y actividades culturales.
Según lo dispuesto, este ritual, la celebración y la peregrinación asociados a la ruta forman parte del patrimonio inmaterial argentino. La figura comprende prácticas, representaciones y conocimientos que las comunidades reconocen como parte de su herencia cultural.
La propuesta alcanza a una manifestación religiosa vinculada con la figura de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Cura Brochero, cuya devoción convoca actividades y peregrinaciones en territorio cordobés.
A su vez, declararon de interés el “Memorándum de entendimiento para la difusión y promoción” que une las rutas del Camino de Brochero y del Camino de Santiago de Compostela. El documento contempla la preservación, divulgación y promoción de ambas tradiciones.
De esta manera, garantizaron el desarrollo de actividades históricas, religiosas, culturales, académicas, sociales y turísticas relacionadas con la ruta gallega y la ruta brocheriana. El alcance incluye otras acciones que se vinculen con la celebración y la devoción en ambos itinerarios.
La ley impulsada por Alejandra Vigo recibió su aprobación definitiva a finales de agosto. La iniciativa ya había obtenido media sanción de la Cámara alta en septiembre de 2025.
La medida prevé que los peregrinos puedan acceder a un pasaporte para registrar el trayecto realizado. El mecanismo toma como referencia la experiencia del Camino de Santiago, en España.
El documento permitirá acreditar las etapas del recorrido y facilitará la participación de los viajeros en propuestas asociadas al turismo, la gastronomía y las artesanías.
El Gobierno promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro. La decisión quedó oficializada mediante el Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que el Congreso completara su aprobación el pasado 26 de agosto.
La norma permite que Argentina complete el proceso interno necesario para ratificar el entendimiento, considerado el primero de estas características entre el bloque regional y un país del sudeste asiático.
El tratado está compuesto por 19 capítulos y establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes.
Entre ellas aparecen el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.
Qué establece el acuerdo comercial entre el Mercosur y Singapur
El Mercosur definió el entendimiento como un “acuerdo de nueva generación” por la cantidad y diversidad de disciplinas que incorpora.
“El acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación: implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló oficialmente el bloque.
Además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial, el tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones.
Según el Mercosur, el entendimiento “contribuirá al aumento del comercio, a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.
Su relevancia también está vinculada con la inserción del bloque en Asia: se trata del primer tratado de libre comercio del Mercosur con un país del sudeste asiático.
El fuerte respaldo que tuvo el tratado en el Congreso
El proyecto llegó a la promulgación después de conseguir un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas.
El Senado le había dado media sanción de manera unánime en mayo. Luego, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados lo convirtió en ley con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.
Tras la aprobación parlamentaria, el canciller Pablo Quirno sostuvo que el entendimiento es “clave para la integración de Argentina con el mundo”.
“Seguimos generando las condiciones. El sector privado es el que tiene que salir a jugar. La Argentina es próspera”, afirmó.
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El Gobierno promulgó la ley que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio
El Gobierno promulgó la Ley 27.820 que declara a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de este martes mediante el Decreto 1006/2026. Además, la nueva normativa establece que en el Jardín de la República se realizarán los actos centrales por el Día de la Independencia.
“Declárase a la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, como ‘Capital simbólica de la República Argentina’ todos los días 9 de julio de cada año”, puede leerse en el primer artículo de la nueva legislación.
La iniciativa, aprobada el 26 de agosto por el Congreso, fue impulsada por las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza. Luego de obtener el aval unánime del Senado con 67 votos afirmativos, tras su debate y aprobación previa en la Cámara baja, la propuesta completó su trámite parlamentario y quedó sancionada.
En el artículo 2 de la ley, puede leerse: “Establézcase que, en lo sucesivo, los actos centrales que organice el gobierno nacional, en conmemoración del aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, tendrán lugar en la ciudad de San Miguel de Tucumán”.
De esta manera, la norma que hasta el lunes se encontraba respaldada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), a partir de este martes cuenta con rango legal.
“Este es un proyecto de reivindicación al pueblo tucumano. Un proyecto que tiene que ver con la historia del norte argentino y la conformación de nuestra Nación. Allí no solamente se libró la batalla de Tucumán en 1812 a cargo del general Manuel Belgrano, sino que el norte tuvo una vital participación. Está el Éxodo Jujeño, la Batalla de Salta y, por supuesto, la de Tucumán”, fueron las palabras que utilizó Ávila en aquel entonces para referirse a su proyecto.
Durante esa misma alocución, la senadora también hizo hincapié en la importancia de que, el por entonces decreto, devenga en ley. “Hoy hay un decreto pero, para que la gente sepa, un decreto firmado por un Presidente está a tiro de otro decreto de otro Presidente que no le puede llegar a gustar este proyecto. Entonces, estas reivindicaciones tienen que salir por una ley del Congreso de la Nación”.
Durante el 9 de julio pasado, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario, que consiguió reeditar su foto de 2024 con diferentes gobernadores.
Al evento inaugural de las celebraciones por el 9 de julio en la capital Tucumán asistieron 13 mandatarios provinciales en medio de un escenario de negociaciones claves para conseguir apoyo frente a los nuevos proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.
Este martes quedó establecido que las chances de que aquel cónclave que tuvo lugar en el Jardín de la República se repita, están más vigentes que nunca.
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