POLITICA
Senado: el oficialismo acordó sesionar la semana próxima para aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Con la reforma política y la denominada ley de zonas frías todavía en el freezer legislativo por falta de votos, el oficialismo buscará sesionar la semana próxima para aprobar el polémico proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, iniciativa que pretende levantar la prohibición que pesa sobre la venta de tierras rurales a personas físicas o capitales extranjeros.
El temario de la sesión, convocada para el jueves 16 a las 12, incluirá una treintena de pliegos judiciales que tienen dictamen desde hace varias semanas.
Entre ellos se encuentran el del camarista Víctor Pesino, que cumplirá 75 años el 27 de julio próximo y por quien el Poder Ejecutivo pidió darle un nuevo acuerdo por cinco años más.
También tiene dictamen y estará incluido su tratamiento el pliego que nomina a Juan Tomás Rodríguez Ponte , exsecretario letrado del juez federal Ariel Lijo, para el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, tribunal que tiene a su cargo la causa por la que se investiga a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio.
Si bien la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, se mostró confiada, lo cierto es que por lo bajo varios senadores le reconocieron a que todavía no está asegurado el número para abrir el recinto la semana próxima por la ausencia de varios legisladores.
El cronograma de funcionamiento del Senado para los próximos días se tomó este mediodía en una reunión de Labor parlamentaria en la que también se acordó una cita posterior para el 6 de agosto.
En esa sesión, se trataría la denominada ley hojarasca -proyecto que deroga leyes perimidas o en desuso y que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados-, y el controvertido proyecto que agrava penas por el delito de falsa denuncia.
La decisión de postergar hojarasca para una sesión posterior se explicó en la necesidad de evitar la dispersión de temas la semana próxima, en particular ante la previsión de que inviolabilidad de la propiedad privada demandará un extenso debate.
Esto es así porque el proyecto genera fuertes resistencias en diferentes sectores políticos y sociales. De hecho, fuentes legislativas contaron que la vicepresidenta Victoria Villarruel planteó su rechazo a la iniciativa durante el encuentro de los jefes de bloque.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de comisión el pasado 20 de mayo. Desde entonces, el despacho ha recibido sucesivas modificaciones. Tantas que el borrador con los cambios que se han ido introduciendo ya lleva 14 versiones.
El principal escollo y motivo de debate es la eliminación de la prohibición de la venta de tierras rurales a extranjeros.
Tal como informó , la última versión habilita la venta de tierras a extranjeros y sólo limita la adquisición por parte de empresas que cuente con la participación en su capital accionario de otros estados. En este caso, la operación deberá requerir la aprobación de la provincia en el que se encuentre el predio y la Nación.
Este capítulo del proyecto es el que más ajustado está en materia de votos y, por lo tanto, se erigirá en la vara que le servirá a Bullrich para ver si puede o no sesionar la semana próxima.
El texto también contempla cambios para facilitar y apurar los desalojos en caso de usurpación de tierras o viviendas, una nueva regulación para la expropiación por parte del Estado y cambios en la ley de manejo del fuego.
La reunión de este mediodía no estuvo exenta de polémica. Los peronistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Fernando Salino (San Luis) le reprocharon en fuertes términos al oficialismo y sus aliados el haber roto el compromiso asumido en la Labor Parlamentaria de hace tres semanas atrás, cuando habían acordado debatir la interpelación del entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Luego de que la Casa Rosada pusiera el grito en el cielo, Bullrich se vio obligada a convocar a una nueva reunión de jefes de bloque para cambiar las reglas de juego y endurecer las condiciones para habilitar la discusión de la interpelación de Adorni. Aquella sesión al final fracasó a la espera de una renuncia que llegó 48 horas después, para alivio del oficialismo en el Senado.
Gustavo Ybarra,Conforme a
POLITICA
El oficialismo necesita consensos para avanzar en el Congreso, pero provoca dudas sobre los acuerdos ya negociados

La agenda de Diputados asoma intensa para el oficialismo, que pondrá a prueba su capacidad para negociar nuevos acuerdos y, también, sostener los tratos ya cerrados. En la amplia lista de temas pendientes, el proyecto sobre Malvinas deberá esperar una semana más para ver hasta qué punto el Gobierno cede en la búsqueda de apoyo de socios y dialoguistas, además de procesar la mala señal que acaba de dar Estados Unidos en la ONU. Antes, debería afianzar los entendimientos en cuestiones sensibles como Discapacidad y ley de Tierras. En los dos casos, trascienden crujidos internos que alimentan recelos de aliados y especulaciones de la oposición dura.
Ese conjunto de iniciativas, que el Gobierno busca acelerar, suma también el Presupuesto 2027 y -desde hace rato, en el Senado- la reforma electoral, considerada decisiva por el Ejecutivo para avanzar con su plan reeleccionista. Son temas que demandan negociaciones complejas por la variedad de ventanillas a atender, en especial las de gobernadores. Sin embargo, la cuestión colocada en el núcleo de su “estrategia” inmediata resultó ser el giro con Malvinas, en el marco del intento político más amplio frente a la realidad económica.
Las conversaciones sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional expusieron rápidamente dos indicadores bastante claros, y esperables, en la Cámara baja: el primero, por supuesto, el consenso sobre las sanciones a empresas que participen de proyectos de explotación de recursos naturales en aguas y territorio de Malvinas; el segundo, los rechazos y críticas a los capítulos sobre penas para promotores de campañas de “desinformación masiva” -con criterios tan laxos que amenazan la libertad de expresión- y sobre la integración y facultades del Consejo de Seguridad.
Algunos legisladores de la oposición plantearon directamente que el proyecto debería ser dividido en dos textos, algo que rechaza el oficialismo. En paralelo, los aliados de LLA trasmitieron sus cuestionamientos y advirtieron que la iniciativa no tiene posibilidades de avanzar sin cambios, tal y como fue redactada en la Casa Rosada. Eso gatilló negociaciones apuntadas a garantizar respaldo básico antes de llevar el tema al recinto.
Como suele ocurrir con algunos movimientos propios en el Congreso, legisladores libertarios se apresuraron a plantear el objetivo detratar en velocidad el proyecto. Las conversaciones no son sencillas y ya la semana pasada LLA debió darse más tiempo para continuar las tratativas, al comprobar que aún no reunía los apoyos necesarios para lograr dictamen en comisión.
El oficialismo revisó sus planes y anotó entonces para este martes una nueva convocatoria al plenario de las tres comisiones que intervienen en este caso: Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación General. Pero un día antes, resolvió postergar para la semana que viene ese encuentro. Eso expone que todavía no tendría aseguradas las firmas de socios y espacios dialoguistas, es decir, del PRO, el bloque oficial de la UCR y legisladores que responden a jefes provinciales.
¿Es el único motivo? En medios opositores consideran que pesarían presiones de empresas estadounidenses por los alcances de algunos artículos del tramo de las sanciones. El oficialismo osciló entre el silencio y la descalificación informal de las informaciones sobre el asunto. Un dato diferente, pero público, se añadió como ingrediente en las últimas horas: Estados Unidos propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, que es precisamente el ámbito principal del reclamo diplomático de la Argentina por Malvinas.

Eso produjo de hecho la primera e inesperada diferencia entre el gobierno de Milei y la gestión de Donald Trump. Es sabido que una movida de tal magnitud está lejos de proyectar resultado práctico en la ONU, porque fuera de presiones presupuestarias y unilaterales, demandaría apoyo mayoritario en la Asamblea General. De todos modos, y más allá de que el oficialismo intente minimizarlo por eso mismo, supone una situación por lo menos incómoda para los libertarios ante el referido plenario de comisiones. Necesitan unificar discurso ante la posible demanda de respuestas políticas por parte de la oposición.
El proyecto de Malvinas requiere un amplio ejercicio de negociaciones para cerrar el tema. Eso demanda sus tiempos. En lo inmediato, el Congreso también pone a prueba la capacidad para sostener acuerdos previos. En este último punto, el caso más destacado lo constituye el proyecto sobre los recursos para atender el área de discapacidad, que junto a morosidad en el endeudamiento familiar y las idas y vueltas con la ley de Tierras integran el temario de Diputados por presión opositora.
Para enfrentar la ofensiva de la oposición, las negociaciones de LLA con sus aliados -en esta materia casi exclusivamente cargo de Martín Menem– incluyeron concesiones presupuestarias en el texto sobre Discapacidad. La primera reacción fue dejar de lado el enorme ajuste expuesto en el proyecto de Presupuesto 2027. Pero ocurre que desde el Ejecutivo -no sólo desde Economía- transmitieron desacuerdo con los términos de las tratativas para lograr dictamen.
En otras palabras, el mensaje a los legisladores fue que no sería respetado un trato que pueda significar -en la visión presidencial- complicaciones para los planes de superávit. La señal no es nueva. Por ahora, nadie explica hasta qué punto llegaría esa advertencia, aunque está claro que el Gobierno dio señales variadas en otros momentos, desde vetos hasta el incumplimiento de una ley, como ocurre con el financiamiento universitario.
Esas tensiones en el interior del oficialismo alimentan las negociaciones de estos días, casi en los umbrales de la sesión impulsada para el miércoles por LLA. Las tratativas entre libertarios y sus aliados definirán la suerte del tema, pero por el momento, los crujidos en el frente libertario reabren especulaciones de la oposición sobre las chances de su dictamen, que propone extender en el 2027 la emergencia en discapacidad. Llega ahora la prueba del recinto.
Otro tema realmente llamativo lo constituye el recorrido del oficialismo con la Ley de Tierras. La intención primaria fue derogar la norma que viene de la etapa kirchnerista. Y así lo reflejaba un capítulo del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue podado íntegramente en el Senado porque resultaba imposible conseguir respaldo en el renovado clima por Malvinas. Parecía suficiente para dar por cerrado el tema, que remite a la cuestión de la soberanía, pero dos fallos de la Corte Suprema lo repusieron en la agenda pública.
La oposición volvió a la carga y, en Diputados, puso en la mira todo el DNU 70/2023 y no sólo el artículo que deroga la ley de Tierras. El oficialismo negoció con socios y dialoguistas para frenar esa movida y lo logró la semana pasada, pero lo hizo a cambio de un acuerdo para anular por ley ese punto del decreto inaugural de Milei. El trato fue incluido en el proyecto sobre propiedad privada, que si es aprobado volverá al Senado. Y es allí, en la Cámara alta, donde circulan reparos de senadores de LLA, que ahora deberían sancionar un cambio a contramano de lo que defendían hace poco. Se verá entonces si los acuerdos corren sin vueltas en las dos alas del Congreso.
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POLITICA
Un informe de la TV chilena reveló que tiraron placas argentinas del Cementerio de Darwin en Malvinas

Un informe de la televisión chilena mostró una serie de placas argentinas que fueron descartadas del Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, por ser consideradas “una provocación para los kelpers”. Sumado a objetos conmemorativos y recuerdos relacionados a soldados argentinos que murieron en la guerra de 1982, y que aparecieron tirados fuera del lugar.
Las imágenes se vieron en un informe del canal Teletrece sobre la comunidad chilena que reside en las Islas Malvinas. En ese contexto el periodista Samuel Rojas recorrió el Cementerio de Darwin, donde yacen los restos de 249 soldados argentinos que murieron durante la guerra.
Entre las imágenes se vio una placa colocada por una radio de Comodoro Rivadavia con la leyenda: “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, tirada fuera del cementerio, junto a listones rotos, pulseras, estatuillas y cerámicas partidas.
Durante el informe además hubo entrevistas a isleños, con reclamos al presidente Javier Milei, en plena escalada de tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, y el mensaje: “Isleños piden que Milei “los deje tranquilos”, en el graph. Darwin es un destino recurrente de familiares y veteranos, que desde hace unos 20 años viajan a visitar a los caídos y los escenarios de la guerra de 1982.
POLITICA
Siguen los cortocircuitos entre Milei y sus diputados por el proyecto de discapacidad que se consensuó con los aliados

La forma de abordar la discapacidad sigue generando diferencias dentro del Gobierno. Mientras el oficialismo en Diputados negoció con sus aliados un proyecto que recoge reclamos del sector para evitar que la oposición imponga una nueva emergencia, en el Poder Ejecutivo persisten los reparos por su costo fiscal.
La discusión llegará hoy a la mesa política del Gobierno, que se reunirá a las 13 para definir los próximos pasos de una negociación que todavía mantiene un final abierto.
“Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, admitió el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el dictamen consensuado por los libertarios con la UCR, Pro y bloques provinciales. Lo hizo durante su exposición en Diputados por el presupuesto 2027, donde reconoció que el texto que se debatirá el miércoles en el recinto no responde a una iniciativa impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo.
La intención original del Gobierno era endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones para dejar los valores librados a la negociación entre prestadores -de terapias, transporte y acompañamiento, entre otros servicios- y obras sociales y prepagas. Se trata de un cambio que beneficiaría a las grandes empresas de salud.
Pero esa voluntad choca desde el año pasado con los límites que le impone el Congreso. El oficialismo acumula siete votaciones adversas en materia de discapacidad, incluida la revocación de un veto presidencial. También encontró resistencia en la Justicia, que a través de distintos fallos obligó al Gobierno a aplicar la ley de emergencia.
La brecha entre querer y poder todavía no fue saldada dentro del universo libertario. El equipo económico no se resigna a imponer su posición, pese a los esfuerzos del ala política por encontrar una salida intermedia que permita evitar una crisis mayor. Las negociaciones con los aliados son encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de Diputados, Martín Menem; y la diputada Laura Rodríguez Machado.
El dictamen que lograron consensuar incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.
Sin embargo, quedaron puntos sensibles sin resolver. El texto no precisa cómo se actualizará el nomenclador, mientras que los aliados exigen garantías de que las prestaciones se ajustarán mensualmente por inflación. La iniciativa establece, no obstante, que los fondos asignados al Ministerio de Salud no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior.
Tampoco se incorporó un pedido de Pro para fijar un cronograma de pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores por la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, que no quedó contemplada en las actualizaciones de los aranceles.
El proyecto todavía podría sufrir modificaciones en el recinto. Algunos cambios técnicos ya fueron consensuados, como precisar de dónde saldrán los fondos para afrontar los gastos previstos y eliminar el artículo 17, que despertó sospechas entre los aliados por la amplitud de su redacción: “Derógase toda norma que se oponga a la presente”.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de la propuesta alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, con el padrón completo. La compensación pendiente a los prestadores se estima en $278.323 millones, aunque el organismo aclara que se trata de una obligación existente y no de un gasto adicional.
La discusión política
La conveniencia de avanzar con este proyecto será uno de los temas que se discutirán hoy en la mesa política. “El escenario está abierto. Todavía hay tironeos”, repiten en el bloque libertario, donde reconocen que las diferencias persisten. Nadie descarta, incluso, la posibilidad de un nuevo veto presidencial, aunque se trataría de una salida especialmente compleja para un oficialismo desgastado por el conflicto.
El Gobierno ya intentó imponer su posición, sin éxito. Primero lo hizo a través de un proyecto presentado en el Senado en abril de este año, que quedó aislado y cuyo debate nunca comenzó. Luego volvió a plasmar sus pretensiones en el proyecto de presupuesto 2027, presentado el 15 de septiembre, que provocó el rechazo inmediato de la oposición, pero también de legisladores propios y aliados que venían negociando una salida intermedia entre la derogación de la emergencia y su continuidad.
Otra alternativa es que la negociación continúe en el Senado, a través del bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich. La exministra ya había expresado su malestar cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de Presupuesto que contradecía las negociaciones legislativas en marcha. “No me tomen de tonta”, advirtió entonces.
Bullrich también conserva influencia sobre al menos 14 diputados que podrían resistirse a convalidar un nuevo veto de Javier Milei. Los números del oficialismo vuelven así a exhibir los límites de una estrategia que ya cosechó sucesivas derrotas parlamentarias.
“Lo que quiere el Poder Ejecutivo es inviable”, remachó un legislador oficialista acostumbrado a recorrer los pasillos del Congreso en busca de votos. La paradoja es que el oficialismo negoció una salida para evitar otra derrota parlamentaria, pero todavía no está claro que el propio Gobierno esté dispuesto a aceptarla.
diferencias dentro del Gobierno,September 23, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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