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POLITICA

Sin Adorni, Karina Milei reunió a gobernadores y confirmó un decreto para que las provincias hagan obras en rutas nacionales

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Karina Milei encabezó este martes una reunión en Casa Rosada con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, y les confirmó que el Gobierno avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan ejecutar obras en rutas nacionales dentro de sus territorios.

La presencia de la secretaria general de la Presidencia al frente de la reunión -un lugar que solía estar reservado para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni– volvió a exponer su centralidad en la toma de decisiones.

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La presencia de Eduardo “Lule” Menem en la reunión refuerza su rol clave en el círculo de poder presidencial. El subsecretario de Gestión Institucional es uno de los hombres de más estrecha confianza de la hermana del Presidente.

En un momento en el que el oficialismo busca sostener alianzas y ordenar su frente interno, el encuentro estuvo centrado en la agenda compartida entre Nación y las provincias, con foco en infraestructura. El encargado de llevarla adelante es el ministro del Interior, Diego Santilli, que también formó parte del encuentro.

De acuerdo con la información oficial, el Ejecutivo avanzará con un mecanismo que permitirá que algunas jurisdicciones impulsen obras en tramos de rutas nacionales mediante inversión privada. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para delegar en las provincias la ejecución de proyectos en un contexto de restricciones fiscales.

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Gobernadores clave para el oficialismo

Frigerio y Cornejo integran el grupo de mandatarios que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada y que fueron parte de los acuerdos electorales con La Libertad Avanza en 2025. Ese vínculo resulta relevante para el oficialismo en el Congreso.

Horas antes del encuentro con Karina Milei, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo participaron del evento de la AmCham junto a Alberto Weretilneck (Foto: AmCham)

El Gobierno necesita sostener esos apoyos para avanzar con proyectos legislativos y también para evitar movimientos de la oposición que busquen impulsar iniciativas contra funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, el peronismo quiere aprobar un pedido de interpelación de Karina Milei y Adorni. En ese esquema, los gobernadores aparecen como actores determinantes.

Horas antes del encuentro, Frigerio y Cornejo participaron del evento de AmCham, donde plantearon la necesidad de avanzar en cambios fiscales y remarcaron la importancia de la infraestructura para la competitividad.

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A ese escenario, amigable para LLA, Milei llegó acompañado por su hermana y de Adorni, en una nueva señal de respaldo al jefe de Gabinete.

El anuncio del decreto sobre rutas se inscribe en esa agenda y le permite al Gobierno combinar la demanda de las provincias por obras con su objetivo de reducir el peso del gasto nacional, mientras sostiene acuerdos políticos con mandatarios aliados.

Karina Milei, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Diego Santilli, Gobernadores

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Desde Tucumán, Milei llamó a los gobernadores a realizar un nuevo Pacto de Mayo: “Es momento de renovar los votos”

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En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacere una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la histoira, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, recordó.

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El mandatario está acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes se encuentran, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participará la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Frente a ellos, Milei convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”. Así, procedió a mencionar los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”.

El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, hora en la que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia. La provincia, por su parte, acompañó la vigilia con un show musical en vivo para todos los presentes.

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El presidente Javier Milei, junto a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán

Junto al mandatario, se encuentra la secretaria General de la Presdiencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el titular de la cartera de Economía, Luis Caputo; la minsitra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; así como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Bartolomé Abdala, en representación del Senado.

Noticia en desarrollo.

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Suspendieron al intendente libertario de Allen mientras avanza la causa por presunto peculado y administración fraudulenta

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El intendente de Allen, Marcelo Román, fue suspendido preventivamente de su cargo por decisión del Concejo Deliberante, mientras continúa siendo investigado por la Justicia de Río Negro en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta.

La medida fue aprobada por seis votos a favor y tres en contra durante una sesión marcada por fuertes cruces políticos y la presencia de vecinos que siguieron el debate desde el recinto. Como consecuencia de la decisión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, quedó al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.

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El apartamiento está contemplado en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Concejo a suspender preventivamente a un funcionario sometido a un proceso penal. La norma establece que la medida se extenderá hasta que exista una resolución definitiva de la Justicia: si el funcionario resulta absuelto recuperará automáticamente el cargo, mientras que una condena firme derivará en su destitución.

La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio del avance de la investigación judicial por presuntas irregularidades en el manejo de recursos municipales. La causa derivó en distintas medidas de prueba, entre ellas allanamientos en dependencias de la Municipalidad de Allen, una situación que fue mencionada durante el debate por varios concejales que respaldaron la suspensión.

Leé también: Causa de los fajos de dólares: la Justicia investiga si remodelaron el vestidor de la casa de Martín Insaurralde en San Vicente

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Desde la mayoría que impulsó el apartamiento sostuvieron que la medida no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad del intendente, sino que busca garantizar el normal desarrollo de la investigación y preservar el funcionamiento institucional del municipio.

La concejal Agustina Sánchez, de Juntos Somos Río Negro, afirmó que el objetivo es “velar por la transparencia pública y resguardar la administración” y aclaró que “esto es un apartamiento preventivo para que la Justicia pueda avanzar en la investigación”.

En la misma línea, su compañero de bloque Gustavo Addamo aseguró que “no hay nada para festejar ni para enorgullecerse” por la situación que atraviesa la ciudad y remarcó: “Queremos que la Justicia tome la decisión correcta. Esto es un apartamiento, no es un golpe de Estado”.

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Román permanecerá suspendido de su cargo hasta que se esclarezca su situación judicial. (Foto: Facebook Marcelo Román)

El concejal Guillermo Penessi también respaldó la iniciativa y cuestionó la gestión del jefe comunal. “Hubo muchos errores cometidos por el intendente municipal en delegar sus facultades a terceros que la gente no eligió”, sostuvo. Además, afirmó que el caso plantea “una cuestión legal” y también “una cuestión de respeto y ética”, y expresó su deseo de que la resolución adoptada “sea algo positivo para Allen”.

Por su parte, la concejal Marta Crespo consideró que el allanamiento realizado en la Municipalidad fue un hecho “vergonzoso” y justificó su voto favorable al apartamiento preventivo.

El rechazo del oficialismo

La suspensión fue rechazada por las concejales oficialistas Analía Martínez y Valeria Bezic, además del edil radical Antonio Sepúlveda, quien durante la sesión calificó la decisión como un “golpe constitucional” y cuestionó que se adoptara antes de que exista una sentencia judicial.

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Horas antes de la votación, Román publicó un mensaje en sus redes sociales en el que denunció que detrás de la iniciativa existe un intento de desplazarlo del cargo por razones políticas.

“Detrás de este conflicto hay una disputa política de quienes quieren gobernar Allen, sin pasar por las urnas, y por el rumbo de nuestra ciudad”, escribió.

El jefe comunal también advirtió: “Hoy estaríamos ante un golpe Institucional Antidemocrático, y no estará solamente en discusión este Intendente. Estará en discusión si una mayoría circunstancial puede reemplazar la voluntad del pueblo, y violar la Carta Orgánica Municipal”.

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Con la suspensión ya vigente, Fabián Figueroa ejercerá las funciones de intendente hasta que la Justicia defina la situación procesal de Román.

El futuro político del jefe comunal dependerá del resultado de la causa penal. La Carta Orgánica de Allen establece que, si la investigación concluye con una absolución, recuperará automáticamente el cargo con todas sus atribuciones. En cambio, una eventual condena firme habilitará su destitución definitiva.

administración fraudulenta, Río Negro, Allen

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ARA San Juan: la Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Río Gallegos, condenó hoy a tres años de prisión, de ejecución condicional, al capitán de navío Claudio Javier Villamide, que conducía la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia del ARA San Juan, que produjo la muerte de sus 44 tripulantes en noviembre de 2017 en el Atlántico Sur. En el mismo fallo, los jueces absolvieron por unanimidad al contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien era el comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada -el máximo cargo operativo de la fuerza-, y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

En una decisión tomada por mayoría, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Nicolás Baronetto y Luis Alberto Giménez encontraron a Villamide penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de los 44 tripulantes. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 21 de agosto.

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El Tribunal Oral Criminal Federal de Río Gallegos dictó la sentencia por la tragedia del submarino ARA San JuanHoracio Córdoba

El fallo desconoció los pedidos que había presentado el Ministerio Público Fiscal, en un caso que fue seguido con atención en sectores de la Armada, especialmente entre quienes integran el Foro de Almirantes Retirados, por los efectos que una eventual condena a los cuatro oficiales superiores de la fuerza que enfrentaron el proceso podría tener en las camadas más jóvenes, como informó el último fin de semana. Institucionalmente, las autoridades de la Armada no fijaron posición sobre el tema.

El juicio por la tragedia del ARA San Juan se concentró en los oficiales navales que ejercían funciones por encima del comandante del submarino, el capitán de fragata Pedro Martín Fernández, quien murió en el naufragio. Quedaron fuera del proceso judicial el entonces jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur, y las autoridades políticas, entre ellas el entonces presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa Oscar Aguad.

El tribunal impuso a Villamide normas de conducta para mantener el carácter condicional de la condena. Deberá fijar domicilio y teléfono en sede judicial, no podrá cometer delitos y tendrá que someterse al contralor de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (Decaep).

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Los cuatro oficiales de la Armada que enfrentaron el proceso judicial estuvieron presentes en la sala. Antes del veredicto, cada uno expuso sus palabras finales.

“Soy inocente. No entiendo claramente por qué me han acusado por el naufragio del submarino. A lo largo del proceso no me pudieron explicar qué hice mal”, declaró el capitán Villamide en su exposición. Dijo que se desconocen las razones por las cuales el ARA San Juan se fue a pique y, sin embargo, los marinos tuvieron que enfrentar la acusación.

“Nunca me preguntaron nada y, sin embargo, me acusan. Este es un juicio a la Armada. Nos han preparado y cumplimos los reglamentos. Aquí se cuestionan los reglamentos y también a la Armada. Es un ataque directo al ejercicio del comando en el mar”, dijo el exjefe de la Fuerza de Submarinos.

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En una exposición tensa, declaró: “Se pretende que demos la vida por la patria y, sin embargo, ante un hecho luctuoso y desgraciado, lo primero que se hace es arrojarnos a la arena mediática y judicial para satisfacer la necesidad social de encontrar culpables”.

El contralmirante Luis Enrique López Mazzeo fue absuelto en el juicio por la tragedia del ARA San JuanHoracio Córdoba

También el contralmirante López Mazzeo, quien tenía a su cargo el Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, cuestionó el proceso judicial y alegó que no se aportaron pruebas convincentes.

Afirmó que la documentación existente muestra que el motivo del naufragio fue el ingreso de agua por el sistema de ventilación y explicó: “Eso no tiene que ver con el estado de alistamiento del submarino”, al ratificar que el buque estaba en condiciones de navegar y entrar en inmersión.

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“La acusación formuló un relato, que intenta completar mediante inferencias. Donde faltó una norma, se la presumió. Donde faltó una orden, se la infirió. Donde faltó un deber jurídico, se lo supuso. Donde faltó el dolo, se lo dedujo. Donde faltó la causalidad, se la reconstruyó retrospectivamente”, advirtió López Mazzeo.

El capitán Correa dijo que cumplió en forma rigurosa con todas las responsabilidades que la reglamentación le exigía. “Soy inocente. Actué con el convencimiento absoluto de estar haciendo lo correcto. Cuando me he equivocado, me han sancionado. En la Armada somos rigurosos con nosotros mismos”, señaló ante los jueces. Y agregó: El dolor por la ausencia de los 44 submarinistas del ARA San Juan es un luto institucional”.

Alonso recordó que por su función le tocó acompañar a las familias de los submarinistas en los días de mayor incertidumbre y tensión en Mar del Plata. “No nos prepararon para eso”, dijo. Y recordó con emoción que, en medio de esas jornadas, su hijo le transmitió su decisión de ingresar a la Armada. “Quiero ir a buscar al submarino San Juan”, le confió. Hoy su hijo es guardiamarina, en la aviación naval.

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Los fiscales que participaron en el juicioHORACIO CORDOBA

Fiscales y querellas

El Ministerio Público Fiscal había pedido cinco años de prisión para López Mazzeo y Villamide, quien fue destituido en marzo de 2021 por el Consejo General de Guerra constituido por el Ministerio de Defensa, durante la gestión de Agustín Rossi. Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el capitán de navío Alonso, quien conducía el Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Correa, exjefe de Comunicaciones.

Las letradas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, que representan a 34 familias de los marinos muertos en la tragedia, pidieron cinco años de prisión para los cuatro marinos por “la imprudencia grave y sistemática” de quienes tenían el deber de cuidar a los tripulantes.

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En tanto, el abogado Luis Tagliapietra, también querellante y padre de una de las víctimas del siniestro, solicitó penas de siete a ocho años de prisión para los cuatro oficiales superiores de la Armada y dejó asentada la reserva federal.

Conocido el fallo, Tagliapietra anticipó a su decisión de apelar y avanzar con un pedido de nulidad del juicio ante la Cámara de Casación Penal. Ya veníamos advirtiendo sobre presiones, las negativas constantes para que se realicen las presiones y el forum shopping para asegurar que el juicio se realizara en Santa Cruz, como pretendía la Armada”, explicó el abogado.




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