POLITICA
Sindicatos y trabajadores de la salud convocaron a una marcha para pedir más fondos para el sector
Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron para este miércoles a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública para rechazar el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y denunciar el deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.
La movilización central será en la Ciudad de Buenos Aires y partirá desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo. La convocatoria está prevista para las 13 y contará con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.
Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por el recorte presupuestario, la caída de programas nacionales y la falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos aparecen la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y el impacto del ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.
Desde el Foro por el Derecho a la Salud advirtieron además que el sistema público llega al invierno “sobrecargado” y con profesionales “desgastados” tras meses de tensión presupuestaria. “Hoy el sistema estatal está en una crisis sin pandemia”, alertó el médico sanitarista Leonel Tesler en la previa de la protesta.
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La marcha buscará replicar el impacto político que tuvieron las recientes movilizaciones universitarias contra el ajuste educativo. En ese sentido, los convocantes remarcan que cada vez más personas con obra social o prepaga recurren al sistema público por las dificultades para afrontar los costos del sector privado.
Además de la protesta en Buenos Aires, habrá movilizaciones y actividades en distintas provincias del país. En algunos distritos, gremios como ATE y CICOP también anunciaron paros y medidas de fuerza en hospitales públicos.
Los organizadores cuestionan especialmente el recorte de fondos destinados a Salud y sostienen que el ajuste ya impacta en la entrega de medicamentos, vacunas y tratamientos. Según señalaron, el deterioro del sistema sanitario “afecta principalmente a los sectores más vulnerables”.
La presencia opositora en la marcha: fuerte descargo de Kicillof
“No hay ninguna discusión para dar. Las políticas de salud y de abandono de la salud del gobierno nacional de Javier Milei, matan. Es criminal lo que está pasando”, aseguró este martes el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una conferencia de prensa junto al ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak. Además, adelantó que movilizarán a CABA para sumarse a la Marcha Federal de este miércoles.
Kreplak advirtió que el sistema sanitario atraviesa una situación crítica y aseguró que algunos hospitales del Conurbano ya registran niveles de ocupación de terapia intensiva de entre el 80% y el 90%.
Kreplak también alertó sobre el incremento de la demanda en hospitales públicos por parte de pacientes que dejaron de atenderse en el sistema privado tras los aumentos en prepagas y obras sociales. Según planteó, esa presión extra se da en paralelo a una caída de recursos y dificultades para sostener insumos y salarios.
“El sistema de salud está funcionando al límite”, sostuvo el ministro, que además remarcó que el deterioro sanitario “ya se empieza a ver en la atención cotidiana”.
marcha, salud, Javier Milei
La Justicia de los Estados Unidos avanza con la investigación por los movimientos millonarios de dinero entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y empresas fantasma a partir del acuerdo comercial que la entidad deportiva firmó en 2021 con TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni que está radicada en Florida.
1) ¿Qué se investiga en Estados Unidos?
El Departamento de Justicia inició una investigación penal para determinar si pudieron cometerse múltiples delitos; entre ellos, el lavado de activos mediante un fraude cometido a través del sistema bancario norteamericano para desviar fondos de la AFA de manera ilícita, a terceros, mediante contratos espurios y facturas apócrifas.
2) ¿Por qué se abrió una investigación en Estados Unidos?
El foco de la investigación del Departamento de Justicia es TourProdenter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos que firmó un contrato de representación con la AFA en 2021 y que desde entonces recaudó cientos de millones de dólares de la entidad provenientes de auspiciantes, partidos amistosos y premios que se canalizaron a través de sus cuentas en cinco bancos estadounidenses -Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC, quedando sujeta, por tanto, a la jurisdicción norteamericana.
3) ¿Quiénes están bajo investigación del Departamento de Justicia?
La titular de TourProdEnter LLC en los papeles es Erica Gillette, esposa del productor teatral, Javier Faroni, ex legislador del Frente Renovador de Sergio Massa. Ambos integran el primer eslabón de interés de los investigadores, que también buscan reconstruir cómo es la interacción entre TourProdEnter LLC, Gillette y Faroni con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes o empleados de la entidad.
4) ¿La investigación que tramita en Estados Unidos es la misma o está vinculada con algunos de los expedientes penales que tramitan en la Argentina?
No. La investigación que avanza en Estados Unidos tiene bajo la lupa a Tapia y Toviggino, entre otros directivos de la AFA, que también son investigados por la Justicia argentina, pero no se trata de la misma pesquisa. En la Argentina y en Estados Unidos se investiga la presunta comisión de delitos distintos, en jurisdicciones distintas, por lo que no se violaría la garantía constitucional de “non bis in idem”; es decir, ser juzgados dos veces por el mismo delito.
5) ¿Quiénes están al frente de la investigación en Estados Unidos?
Los tres fiscales que intervienen en la pesquisa que tramita en Estados Unidos cuentan con experiencia en investigaciones por delitos financieros y corrupción internacional. Michael Berger se desempeña como abogado litigante senior en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida y llevó adelante, entre otros expedientes, el caso que concluyó con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos en Miami. A Berger se suman Patrick Gushue, que en Washington, DC, integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos, y Christopher Ting, que se desempeñó antes en el estudio Latham & Watkins LLP, donde participó en investigaciones vinculadas con delitos financieros.
6) ¿Cuándo se inició la investigación en el Departamento de Justicia?
La investigación comenzó durante el último trimestre de 2025 a instancias de Guillermo Tofoni, un empresario argentino que demandó a la AFA en la Argentina porque considera que la entidad incumplió el contrato de representación comercial que tenían firmado para beneficiar a TourProdEnter LLC. Tofoni se presentó en Nueva York, Delaware y Florida para solicitar “discoveries”; es decir, la entrega mandataria de registros bancarios de TourProdEnter LLC por orden judicial, para presentarlos en sus pleitos contra la AFA. Con ese material, Tofoni también contactó al Departamento de Justicia para denunciar la presunta comisión de delitos bajo jurisdicción estadounidense.
7) ¿Quiénes ya declararon en la investigación de Estados Unidos?
Además de Tofoni, los fiscales Berger, Tushue y Ting, junto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) contactaron a múltiples personas y empresas; entre ellas, a Juan Pablo Beacon, el otrora lugarteniente de Pablo Toviggino dentro de la AFA. También, a empresas no argentinas que sellaron negocios con la entidad, pero que giraron dinero a cuentas bancarias en Estados Unidos de TourProdEnter. Esas compañías firmaron contratos como “sponsors” de la AFA o prestaron servicios a la entidad que recaudó más de US$ 300 millones durante los últimos cinco años con, por ejemplo, Adidas (US$ 60 millones) y Warner (US$40 millones).
8) ¿Cuál es el próximo paso en Estados Unidos?
A pedido del fiscal Berger, la Justicia federal emitió citaciones (“subpoenas”, en inglés) a declarar el jueves 30 de este mes ante un gran jurado (“grand jury”) en el edificio de la Corte Federal, en el distrito sur del estado de Florida. Esas citaciones se emitieron el 8 de este mes, pero solo salieron a la luz tras la culminación del Mundial de fútbol, con el requerimiento a los citados de entregar todos los registros y documentos que tengan vinculados a TourProdEnter, Faroni, “Chiqui” Tapia, Toviggino y Diego Lucero, uno de los exsocios de la empresa que compró la mansión de Pilar.
9) ¿Quiénes fueron citados a declarar en Estados Unidos?
Se desconoce, hasta ahora, quiénes fueron citados a declarar el jueves próximo, aunque trascendió que entre los citados podrían figurar Beacon, el otrora lugarteniente de Toviggino, y Leandro Petersen, máximo responsable del área comercial y de marketing de la AFA y, por tanto, uno de los ejecutivos de la entidad con más información sobre los números y movimientos de la entidad con TourProdEnter LLC y los patrocinadores.
10) ¿Las citaciones son parte de un juicio en curso en Miami?
No. La investigación todavía está en curso, por lo que las citaciones (“subpoenas”) son para declarar ante un gran jurado (“gran jury”), a puertas cerradas, a diferencia de las audiencias de juicio, que por principio son abiertas salvo circunstancias excepcionales. Por tanto, la investigación en curso puede prosperar y derivar en un futuro juicio, o cerrarse sin llegar a esa instancia si los fiscales consideran que no se cometieron delitos, si arriban a un acuerdo con los acusados o descartan el caso en base al llamado “principio de oportunidad” (“prosecutorial discretion”, en inglés), por razones de política criminal, carga de trabajo, gravedad del hecho, entre otras opciones.
11) ¿Qué es y qué implica enviar o recibir una “subpoena”?
Una citación “subpoena” es una orden escrita emitida por un tribunal u otra autoridad competente de Estados Unidos que obliga a la persona requerida a colaborar con un proceso legal, ya sea compareciendo a declarar como testigo en una fecha y lugar determinados o entregando documentos, registros u otros objetos como prueba; su función central es asegurar la obtención de evidencia y la presencia de testigos esenciales, y el incumplimiento puede acarrear sanciones por desacato, incluida su posible detención.
12) ¿Cómo funciona y para qué se convoca un “grand jury” en Estados Unidos?
El “gran jurado”, también llamado “jurado de acusación” es un órgano integrado por un grupo de ciudadanos comunes -por lo general, entre 16 y 23 en el ámbito federal estadounidense- que son convocados para escuchar, en forma secreta, la evidencia y testigos que les presenta el fiscal, y decidir si hay “causa probable” suficiente para formular una acusación penal formal (“indictment”, en inglés) contra una persona y enviar el caso a juicio; a diferencia del jurado del juicio, no decide culpabilidad o inocencia, sino que funciona como filtro de acusaciones.
13) ¿Fue secuestrado el teléfono del “Chiqui” Tapia en Estados Unidos?
No. Las primeras versiones sostuvieron que investigadores estadounidenses le secuestraron el teléfono y otros dispositivos electrónicos al “Chiqui” Tapia, pero la AFA lo desmintió mediante un comunicado. Según la legislación y las prácticas vigentes en Estados Unidos, el FBI, Homeland Security y otras agencias fronterizas pueden requerir a cualquier turista que entreguen sus dispositivos electrónicos al ingresar o salir de Estados Unidos -por ejemplo, en un aeropuerto-, y proceder a copiar en ese mismo acto -y con ciertas restricciones— todo el contenido de esos dispositivos, para luego devolverlos a la persona requerida. Se desconoce si eso pasó con Tapia.
14) ¿Hay otras medidas de prueba pendientes o en desarrollo en Estados Unidos?
La investigación de los fiscales es confidencial, pero trascendió que evalúan citar a declarar a funcionarios o exfuncionarios argentinos que tengan información sobre las acciones de la AFA; entre ellos, Daniel Vítolo, que fue el primer titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Javier Milei.
la investigación,Hugo Alconada Mon,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a
POLITICA
El Gobierno pone la mira en el mercado inmobiliario y evalúa alternativas para impulsar el crédito hipotecario
El Gobierno evalúa cambios para ampliar el crédito hipotecario y posterga la reforma de los seguros. En el Ejecutivo aseguran que el paquete de desregulación que prepara el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, todavía no llegó a la mesa política y que ya circularon distintos borradores con versiones diferentes del proyecto.
En Balcarce 50 sostienen que la iniciativa original será dividida y enviada en partes al Congreso. La idea es evitar que un paquete demasiado amplio vuelva a trabarse por resistencias sectoriales o por diferencias entre aliados. “Primero va a ir una versión reducida. Lo de los seguros queda para más adelante”, expresan en Nación.
El cambio de estrategia responde al orden de prioridades que fijó la Casa Rosada para el segundo semestre. En el Gobierno ubican por encima de este paquete a la reforma electoral, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, que esperan tratar antes del Presupuesto 2027.
El texto de Sturzenegger apunta a modificar reglas de distintos sectores de la economía. En los borradores que circularon aparecen cambios sobre medicamentos, navegación fluvial, cabotaje, mercado inmobiliario, arrendamientos rurales, industria vitivinícola, mercado del libro, garrafas, sistema financiero, traductores públicos y cooperativas.
La intención oficial es reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada. Pero en el propio Gobierno reconocen que el alcance del texto puede complicar su tratamiento parlamentario, en especial después de las dificultades que tuvo el oficialismo para avanzar con otros proyectos de desregulación, como propiedad privada, Hojarasca y la nueva Ley General de Sociedades.
Por eso, la primera versión que analiza la Casa Rosada estaría concentrada en capítulos con mayor consenso económico o con más conexión con la agenda financiera del Gobierno. En Nación mencionan especialmente mercado de capitales, sector inmobiliario y garantías para créditos, mientras que seguros quedaría para una etapa posterior.
Uno de los puntos que evalúa el Gobierno es incorporar cambios para ampliar el crédito hipotecario a través de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). En Balcarce 50 no hablan de crear hipotecas desde cero, sino de sumar herramientas para que los bancos puedan prestar con menor riesgo y para que esas carteras puedan tener, en una etapa posterior, mejor llegada al mercado de capitales.
La idea que circula en despachos oficiales apunta a que las SGR puedan actuar como garantes parciales en créditos vinculados a vivienda. El objetivo sería cubrir una parte del riesgo del deudor, mejorar la calidad de la cartera y hacer más atractivo para los bancos originar nuevos préstamos hipotecarios.
El esquema no implica que una SGR reemplace a la hipoteca sobre el inmueble. La garantía real seguiría siendo el respaldo central para el banco, pero la SGR podría funcionar como una cobertura adicional. En términos prácticos, serviría para absorber parte de una eventual pérdida, facilitar el acceso de determinados tomadores o mejorar las condiciones del financiamiento.
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Ese punto tiene un antecedente normativo reciente. En junio, Economía modificó el marco de las SGR para armonizarlo con las normas del Banco Central sobre política de crédito y acceso al crédito en moneda extranjera. La resolución también habilitó que los certificados de garantía que emitan las SGR puedan suscribirse con firma electrónica o digital.
La norma, sin embargo, no creó por sí sola un sistema hipotecario con SGR. Lo que hizo fue ordenar el marco para que las garantías recíprocas puedan operar con mayor agilidad y en línea con las reglas del BCRA para créditos en dólares. Para llevar ese mecanismo al crédito hipotecario harían falta definiciones adicionales sobre alcance de la garantía, tipo de deudores, moneda, límites de cobertura, ejecución y tratamiento prudencial para los bancos.
En Balcarce 50 imaginan un circuito de más largo plazo: el banco otorga el crédito, la SGR garantiza una parte del riesgo y la cartera mejora su perfil crediticio. En una instancia posterior, esos créditos podrían ser cedidos a un fideicomiso financiero o a un vehículo del mercado de capitales para emitir títulos respaldados por el flujo de pagos de las hipotecas.
La lógica sería que el banco no quede atado durante décadas al préstamo que originó. Si puede ceder una cartera de hipotecas con garantías adicionales, recupera liquidez y vuelve a prestar. Del otro lado, los inversores compran títulos respaldados por esos créditos y cobran con las cuotas de los deudores.
Ese mercado secundario de hipotecas ya tuvo intentos normativos en la Argentina. La CNV creó un régimen especial para la oferta pública de fideicomisos financieros hipotecarios, que comprende vehículos con hipotecas, letras hipotecarias, créditos hipotecarios o instrumentos asimilables como activo subyacente.
También hubo cambios para proyectos inmobiliarios. El Decreto 1017/2024 habilitó, en determinados supuestos, la cesión, securitización e integración a fideicomisos financieros de hipotecas sobre derechos reales de superficie, además de la emisión de letras hipotecarias conforme a la legislación y a la normativa de la CNV.
La diferencia es que ahora el Gobierno evalúa sumar el componente de garantías de SGR como herramienta para reducir riesgo y ampliar el crédito. La apuesta es que esas garantías ayuden a que más bancos presten, que más deudores califiquen y que las carteras resultantes sean más atractivas para inversores si luego se estructuran en el mercado de capitales.
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El proyecto todavía no está definido y no tendría impacto inmediato. Para que funcione, el Ejecutivo debería ordenar varios frentes: qué SGR podrán participar, cuánto riesgo podrán garantizar, si el esquema alcanzará a personas humanas o solo a determinados perfiles, cómo se ejecutará la garantía, qué exigirá el Banco Central a los bancos y qué requisitos fijará la CNV si esas carteras se titularizan.
El principal riesgo es el descalce de moneda. Si se impulsan créditos en dólares para personas con ingresos en pesos, una devaluación puede disparar la mora y trasladar el problema al banco, a la SGR o al inversor que compró el título respaldado por esas hipotecas. También hay riesgos por mala originación de créditos, litigios en la ejecución de garantías y baja demanda de instrumentos largos en el mercado local.
La Casa Rosada busca presentar esa agenda como parte de una reforma de largo plazo. Inocencia Fiscal apuntaría a movilizar dólares del colchón; el mercado de capitales ofrecería vehículos para canalizar esos fondos; y las SGR podrían funcionar como una pieza de garantía para ampliar el crédito hipotecario o mejorar su posterior titulización.
El capítulo inmobiliario también incluiría cambios sobre corretaje. En los borradores de desregulación aparece la eliminación de barreras profesionales para corredores y martilleros, con el argumento de que los requisitos de título, matrícula o actuación por jurisdicción restringen la competencia y encarecen las operaciones. El paquete financiero incluye además cambios en prendas y warrants.
Gobierno, hipoteca, SEGUROS
POLITICA
Crisis de 2001. De la protesta a la tragedia, imágenes de 48 horas que marcaron a fuego a la Argentina
2‘minutos de lectura
La crisis que desencadenó el final del gobierno de la Alianza dejó 38 muertos, en su mayoría por la represión que ejercieron las fuerzas de seguridad ante las protestas que se sucedieron a partir de que Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio la noche del 19 de diciembre de 2001. Aquella decisión presidencial propició un “cacerolazo” masivo en las principales ciudades del país, protagonizado por ciudadanos indignados. El principal foco de malestar era la instauración del llamado “corralito financiero”, impuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, a principios de mes. La crisis económica y social se hizo agobiante en las semanas finales del mandato de De la Rúa.
La economía había tocado fondo luego de 10 años de convertibilidad. Industrias y fábricas cerradas o en crisis, desempleo masivo y la consiguiente explosión de la pobreza y de la indigencia fueron el cóctel que signó la caída del gobierno de la Alianza. Tras la renuncia de De la Rúa, se sucedieron cuatro presidentes en una semana, todos ellos peronistas: Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y, por último, Eduardo Duhalde, que lideró un gobierno en acuerdo con la UCR de Raúl Alfonsín hasta el 25 de mayo de 2003, cuando fue elegido presidente Néstor Kirchner.
Fotos: Staff de , DyN y Télam / Archivo
Edición Fotográfica: Enrique Villegas
LA NACION,Política
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