POLITICA
Gremios, trabajadores y opositores marcharán por la salud pública y el Gobierno rechaza las denuncias de recortes
Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores del sector se manifestarán hoy en la Marcha Federal por la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo.
El ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad desplegaran un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la Casa Rosada y las inmediaciones de la cartera de Salud.
La convocatoria, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud, responde, según denuncian, al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.
Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, rechazan el encuadre de la protesta. Mencionan “motivaciones políticas” detrás de la protesta. También destacan que la provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto para definir reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
Para La Libertad Avanza detrás de la Marcha Federal por la Salud está el gobernador Axel Kicillof, también apuntan a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y advierten que funcionarios provinciales oficiaron como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, junto a gremios como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
El recorrido de las columnas desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo será por Avenida de Mayo.
Los motivos de la marcha
El Foro por el Derecho a la Salud por su parte, enumera una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Entre ellas, el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr —que distribuía botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país—, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.
Sobre este último punto, advierten por una reforma de ley impulsada desde el oficialismo que, según denuncian, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.
Los datos difundidos por los organizadores de la protesta reflejan el alcance del deterioro: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga —lo que evidencia la presión creciente sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. El PAMI, según denuncian, habría perdido el 40% de su presupuesto.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.
“El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”, expresó el lunes el titular de la cartera de Salud de la Nación ante el Consejo Federal de Salud.
Junto a sus pares provinciales presentes, Lugones firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.
Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.
El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.
En materia de financiamiento a otras jurisdicciones Salud pone como ejemplo el territorio bonaerense: el Estado nacional invierte 1.812 billones de pesos en salud para sus habitantes a través de hospitales nacionales y de gestión compartida, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis, programas de discapacidad y el propio RemediAr, entre otros.
Al mismo tiempo, sostienen que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de 630.635 millones de pesos con los hospitales SAMIC de gestión compartida —entre ellos el Hospital El Cruce, el Hospital René Favaloro y el Hospital Cuenca Alta.
Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que “814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en esa institución.
“El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local”, remarcaron las autoridades del hospital pediátrico a través de un comunicado.
POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.
Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.
El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
International,Relations,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás
El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa
El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
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