POLITICA
El Gobierno creó una mesa de seguridad para proteger las inversiones del RIGI del narcotráfico
El Gobierno dispuso la creación de una mesa de coordinación para la seguridad de proyectos bajo el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que tendrá como objetivo “fortalecer la prevención y mitigación de riesgos asociados al narcotráfico y la criminalidad organizada que puedan afectar proyectos de inversión estratégica, sus áreas de influencia y las infraestructuras críticas vinculadas”.
La medida se concretó por medio de la publicación de la Resolución 461/2026 en el Boletín Oficial, firmado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El texto menciona que las inversiones dentro del RIGI “así como las zonas adyacentes que su ejecución dinamiza desde el punto de vista socioeconómico, pueden constituirse en objetivos de interés para organizaciones criminales de carácter transnacional o estructuras delictivas complejas».
El documento advierte que estas organizaciones podrían “aprovechar tales emprendimientos para la captación de rentas ilícitas, el encubrimiento y reciclaje de flujos financieros de origen ilegal, la provisión de bienes y servicios ilícitos o la explotación de vulnerabilidades en los sistemas de control, trazabilidad, logística, seguridad y supervisión estatal».
Los detalles de la mesa de coordinación para proteger del narcotráfico y el crimen organizado a las inversiones del RIGI
La resolución alerta que estas prácticas “generan riesgos concretos vinculados a, entre otros, el lavado de activos, la corrupción pública y privada, la extorsión, la infiltración criminal en actividades económicas lícitas y otras manifestaciones de criminalidad organizada, con potencial capacidad de impactar, negativamente, la integridad, continuidad y seguridad de los proyectos de inversión, así como, también, la seguridad económica, institucional y social del Estado”.
El texto explica que “este volumen de inversiones, su distribución geográfica y su carácter estratégico refuerzan la necesidad de adoptar mecanismos específicos de coordinación interinstitucional y prevención temprana, orientados a resguardar la integridad de los proyectos, la infraestructura crítica involucrada y los intereses estratégicos del Estado Nacional y de las provincias adheridas”.
El documento destaca la necesidad de “adoptar un enfoque preventivo, integral y coordinado que permita identificar, mitigar y reducir los riesgos asociados a la criminalidad organizada desde las etapas iniciales de planificación y ejecución de los proyectos alcanzados por el RIGI, resguardando la integridad del Régimen; asegurando que los beneficios otorgados por el Estado contribuyan efectivamente al desarrollo productivo y se gestionen con estándares adecuados de control y transparencia; protegiendo a las empresas, sus trabajadores, activos e infraestructuras, así como las cadenas logísticas vinculadas; y reforzando la estabilidad y el normal desarrollo de los proyectos de inversión».
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El texto aclara que “en contextos de grandes proyectos de inversión, la dinámica poblacional, laboral y urbana asociada a su desarrollo puede generar escenarios de vulnerabilidad social que requieren abordajes preventivos integrales, resultando pertinente incorporar estrategias de sensibilización, prevención, asistencia y fortalecimiento comunitario en el marco de las políticas públicas vigentes».
La resolución explica que esta mesa representa “una herramienta de acompañamiento a las inversiones estratégicas promovidas en el ámbito del RIGI a fin de fortalecer la seguridad jurídica, reducir riesgos operativos y aportar certeza respecto de la continuidad y normal desenvolvimiento de las operaciones, en un entorno que procura mitigar los riesgos asociados a eventuales amenazas de la criminalidad organizada sin implicar la imposición de cargas económicas ni burocráticas adicionales para las empresas».
RIGI
POLITICA
El Gobierno le quitó a la Untref un terreno en el que iba a construir una sede en pleno Palermo
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) publicó este martes una resolución a través de la cual le quitó a la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) un inmueble estatal ubicado en la avenida Córdoba 5405/11, Palermo, porque consideró que ya no lo necesita y que estaba en desuso. La gestión del expresidente Alberto Fernández le había cedido el terreno a la universidad pública para que hiciera una nueva sede que tuviera actividades audiovisuales.
El inmueble había sido asignado a la Untref en 2023 y se iba a destinar a la instalación de otra sede de esa universidad en la Ciudad. Iba a concentrarse en su totalidad en actividades audiovisuales y además contemplaba la construcción de un edificio con aulas, sala de proyección, talleres e islas de edición, oficinas administrativas y depósitos.
Según la Resolución 78/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la propia universidad informó en abril que el edificio era “prescindible” para su gestión. Además, los informes oficiales describieron que estaba desocupado, con sectores abandonados, sin techo y con malezas, aunque con seguridad en el lugar.
De esta manera, la Untref deja de tener asignado ese edificio de Córdoba y Avenida Juan B. Justo, y el mismo vuelve al circuito de AABE para definirle un nuevo destino.
Mientras tanto, la casa de estudios debe seguir custodiándolo hasta que se determine su destino definitivo.
Una de las alternativas para ese lugar podría ser la venta, ya que la zona, el límite entre Palermo y Villa Crespo, se encuentra en pleno auge inmobiliario. El terreno desafectado suma más de 1150 m² en una zona donde el valor del metro cuadrado residencial ronda entre US$2700 y US$3400, según relevamientos privados del mercado inmobiliario.
La transformación de la zona es notoria. Los cambios empezaron antes de la pandemia con el desmonte del Puente de la Reconquista, la generación de espacios verdes y la construcción del viaducto en altura del tren San Martín.
Además, el gobierno de Javier Milei mantiene una política de racionalizar y vender activos inmobiliarios estatales considerados ociosos o innecesarios, bajo la premisa de mejorar el aprovechamiento del espacio público.
Palermo,cedido,Resolución 78/2026,Tres de Febrero,Palermo,Villa Crespo,Conforme a,,Orígenes. La historia del aguinaldo y desde cuándo se paga en la Argentina,,Negocio e inversiones. El modelo cordobés donde todos ganan con la carne,,China ya compró casi 400.000 toneladas de trigo argentino desde el primer embarque tras 30 años,Tres de Febrero,,Estuvo ocupada 40 años. Una estación de ferrocarril de 1907 fue desalojada y tendrá un nuevo destino,,»Pagarán con sangre». Un joven amenazó con entrar con una escopeta a una universidad del conurbano y matar a estudiantes,,El impuesto al chanta
POLITICA
La Argentina rechazó las denuncias de Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano
El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, rechazó la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.
“Esto comprueba lo que es el eje del mal”, introdujo el ministro argentino en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.
Y desarrolló: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”.
Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei había enviado el Hércules y material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, también participó de la conversación radial y agradeció el respaldo de la Argentina.
Quirno contó que tienen una relación muy fluida y aseguró que los campesinos que responden a Evo Morales buscan subvertir el orden democrático.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Gremios, trabajadores y opositores marcharán por la salud pública y el Gobierno rechaza las denuncias de recortes
Bajo el lema “La salud no puede esperar”, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, trabajadores del sector se manifestarán hoy en la Marcha Federal por la Salud. Partirá a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación —ubicado en Avenida 9 de Julio y Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires— hacia Plaza de Mayo.
El ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía de la Ciudad desplegaran un operativo especial para ordenar el tránsito y preservar la Casa Rosada y las inmediaciones de la cartera de Salud.
La convocatoria, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud, responde, según denuncian, al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el gobierno de Javier Milei en las partidas del área sanitaria.
Reclaman por el corte en las prestaciones y el desfinanciamiento en general del sistema de salud.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, rechazan el encuadre de la protesta. Mencionan “motivaciones políticas” detrás de la protesta. También destacan que la provincia de Buenos Aires fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto para definir reglas y responsabilidades entre Nación y provincias.
Para La Libertad Avanza detrás de la Marcha Federal por la Salud está el gobernador Axel Kicillof, también apuntan a su ministro de Salud, Nicolás Kreplak; y advierten que funcionarios provinciales oficiaron como “promotores activos” de la movilización en redes sociales, junto a gremios como ATE, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina.
El recorrido de las columnas desde el Ministerio de Salud a Plaza de Mayo será por Avenida de Mayo.
Los motivos de la marcha
El Foro por el Derecho a la Salud por su parte, enumera una serie de medidas que considera regresivas para el sistema sanitario. Entre ellas, el desfinanciamiento y la interrupción del programa RemediAr —que distribuía botiquines con 79 medicamentos gratuitos a los Centros de Atención Primaria de la Salud de todo el país—, el desfinanciamiento del PAMI y la imposición de topes a sus médicos, el desguace del Programa Nacional de Inmunizaciones y el retroceso en políticas de salud mental.
Sobre este último punto, advierten por una reforma de ley impulsada desde el oficialismo que, según denuncian, desplaza el enfoque social del tratamiento en favor del diagnóstico médico individual.
Los datos difundidos por los organizadores de la protesta reflejan el alcance del deterioro: el 80% de las obras sociales no cubre con su recaudación del Programa Médico Obligatorio (PMO), la mitad de quienes se atienden en el sistema público tiene obra social o prepaga —lo que evidencia la presión creciente sobre los hospitales estatales— y uno de cada cuatro jubilados no accede a los medicamentos que necesita. El PAMI, según denuncian, habría perdido el 40% de su presupuesto.
La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud convocó además a un paro nacional en el sector y anunció actos simultáneos en Jujuy, Chaco, Rosario, Córdoba y otras ciudades del interior.
“El financiamiento de los programas del Ministerio de Salud de la Nación está garantizado”, expresó el lunes el titular de la cartera de Salud de la Nación ante el Consejo Federal de Salud.
Junto a sus pares provinciales presentes, Lugones firmó un acta de compromiso para fortalecer el funcionamiento del sistema sanitario federal y garantizar la distribución de vacunas y el acompañamiento en la provisión de medicamentos de alto costo. Durante el encuentro, Nación y las provincias avanzaron en una agenda de trabajo orientada a mejorar la planificación, la eficiencia en las compras y la articulación entre jurisdicciones.
Las autoridades sanitarias analizaron el circuito de compras de medicamentos oncológicos y de alto costo impulsado por la cartera sanitaria nacional. Según la proyección para 2026, se espera brindar asistencia a un 27,3% más de pacientes que el año pasado.
El ministro de Salud de la Nación puso en valor el trabajo realizado para ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios”, expresó.
En materia de financiamiento a otras jurisdicciones Salud pone como ejemplo el territorio bonaerense: el Estado nacional invierte 1.812 billones de pesos en salud para sus habitantes a través de hospitales nacionales y de gestión compartida, medicamentos oncológicos y de alto costo, vacunas, prótesis, programas de discapacidad y el propio RemediAr, entre otros.
Al mismo tiempo, sostienen que la provincia de Buenos Aires acumula una deuda de 630.635 millones de pesos con los hospitales SAMIC de gestión compartida —entre ellos el Hospital El Cruce, el Hospital René Favaloro y el Hospital Cuenca Alta.
Por su parte, desde el Consejo de Administración del Hospital Garrahan denunciaron que “814 niños esperan, desde el año 2022, prótesis de la provincia de Buenos Aires para poder ser operados” en esa institución.
“El Garrahan sostiene su funcionamiento principalmente con recursos de la Nación y atiende a niños de todo el país, sin embargo, el 70% provienen de la provincia de Buenos Aires. Hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente de su gestión local”, remarcaron las autoridades del hospital pediátrico a través de un comunicado.
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