Pasó inadvertido, pero hace algunas semanas el Gobierno derogó el llamado Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables, una línea de financiamiento para reforzar políticas de promoción y prevención en salud. Si bien habían adherido más de 300 municipios y toda la impronta llevaba casi 25 años de vida, el Ministerio de Salud informó en el Boletín Oficial que el programa no funcionó y determinó su eliminación. Acá, hasta qué punto fue inútil y, en todo caso, qué falló.

La última edición de este programa, lanzada en 2021, buscó fortalecer distintas actividades de promoción y prevención en salud a partir de siete de acción: “ciudad amigable para personas mayores”, “entornos saludables”, “gestión de servicios de salud”, “fortalecimiento institucional”, “salud ambiental”, “salud alimentaria” y “seguridad vial”. Como la intención era priorizar áreas vulnerables, se le dio a las provincias la potestad de elegir los municipios participantes.

Aun cuando el programa como tal había sido creado en 2008 y relanzado un par de veces (la última, en 2021), en realidad era más viejo. Había surgido como una iniciativa, no nacional sino de algunas localidades que en 2001 formaron la Red Interinstitucional de Municipios. Para 2003, ya se había creado una Coordinación Operativa de la Red Argentina de Municipios y Comunidades Saludables, dependiente del Ministerio de Salud, y todo terminó de cobrar forma en los últimos días del Gobierno de Néstor Kirchner, cuando el plan se lanzó con el nombre que tuvo hasta que en diciembre lo derogó la gestión de Javier Milei.

En una ronda de consultas por algunas de las provincias con mayor población del país, se pudo obtener un diagnóstico -a partir de las respuestas de seis localidades- de la aparente disfuncionalidad del programa en sus últimos años de vida, algo que la resolución que deroga todo el asunto -firmada por el actual ministro, Mario Lugones-, no termina de clarificar.

O no lo hace más allá de una generalización en la que se afirma que hubo “objetivos” que “no han sido suficientemente alcanzados” (no se dice cuáles), que hubo una “limitada participación de los municipios” (no se dice cuántos) y un “escaso cumplimiento de indicadores, como así también los logros y avances de todas las fases previstas”, afirmación que tampoco está justificada.

Lo que sigue a esas aseveraciones es el giro argumental esperable para un texto de este tipo, que en este caso está segmentado en tres conclusiones aparentemente “lógicas”. 1) “Que, en el contexto actual, la inversión en políticas sanitarias debe ser evaluada bajo los conceptos de costo- oportunidad, costo-efectividad y costo-beneficio”. 2) “Que (se deben) destinar recursos a otras áreas prioritarias de salud pública, donde la efectividad y el impacto podrían ser mayores”.

Y, 3) “Que, en consecuencia, resulta imperativo redirigir tales recursos hacia intervenciones que maximicen los beneficios sanitarios para la población en general, dado el marco económico restrictivo”.

Esta nota busca dilucidar si el programa, en efecto, falló. Para el Gobierno, que sólo participaran 323 municipios (de una decena de provincias), lo que “representan solo el 14% de los que existen en el país”, señalaron en diálogo con este medio, es un argumento para considerar su derogación.

Destacaron que “a partir de la reestructuración del Ministerio de Salud se tomó conocimiento de que” el programa transfirió “1.057.650.000 de pesos entre 2021 y 2023 mediante fuente de financiamiento externa (F 22) a través del préstamo del BID 5032/OC-AR”, y que, “en relación a las fases alcanzadas por cada una de las jurisdicciones (…) sólo 125 municipios lograron completar las cuatro fases estipuladas, lo que equivale a un 38% de los municipios que participaron y al 5,4% del total del país”.

Pero el Ministerio le pega por otros lados al programa: no solo juzga que los objetivos no se cumplieron sino que esas metas eran débiles: “Es un programa que se venía deformando de sus orígenes, que incluía proyectos de bajo impacto, sin relación directa con el sistema sanitario, que incluyen seguridad vial, seguridad alimentaria, violencia de género”.

Y denuncian algo nada menor: que “la elección de los municipios que formaron parte del programa se realizó en base a criterios políticos”, aseveración que este medio no pudo confirmar.

Por chico que sea, el tema desnuda lo más finito de la gestión en Salud: cómo la impericia en la gestión y los vaivenes económicos pueden hacer fracasar, de un modo totalmente inaccesible para la sociedad, una política de salud que podría haber marcado pequeños beneficios para un número muy importante de personas.

Los referentes de las jurisdicciones consultadas dieron a entender que la adhesión al programa fue voluntaria. Respecto del cumplimiento de las metas, la mayoría de los consultados coincidió en que no se alcanzaron, pero subrayaron que no fue por fallas propias sino porque se discontinuaron las entregas de partidas desde Nación.

Quiere decir que el dinero para solventar “Ciudades saludables” fue entregado sólo hasta cierto punto por el Gobierno de Alberto Fernández. Ese punto, coincidieron varios, fue la mitad. Dos partidas entregadas; dos adeudadas.

Sin embargo, fuentes allegadas a la gestión de Salud de Carla Vizzotti remarcan algo distinto: que las jurisdicciones que no recibieron las partidas para completar las metas no habían presentado sus rendiciones de gastos y que el BID, que financiaba todo el asunto, era muy exigente, en ese sentido. Pero desde esas localidades contestan. Dicen que sí rindieron los gastos y que además reclamaron por el faltante, sin haber recibido respuesta alguna.

En Santa Fe se pudo dialogar con dos ciudades participantes del programa. En la primera, Rosario, contaron que se sumaron en 2020 y resumieron la cuestión así: “Habíamos adherido al programa, que en su momento nos habían dicho que iba a aportar unos 25 millones de pesos. De eso, lo único que llegó fueron 5 millones”.

Destacaron, no obstante, que no les afecta la poda que hizo Salud ahora, ya que, “aunque todo sirve, no es una quita significativa”, considerando que el presupuesto de Salud rosarino ronda los 246.000 millones.

En tanto, desde la ciudad de Santa Fe compartieron que “ya hacía unos años, desde aproximadamente 2020, que la Ciudad no estaba participando, por cuestiones del contexto nacional”.

En concreto, “los proyectos para pedir fondos no se estaban haciendo porque el contexto inflacionario del país hacía que se proyecte algo y que al momento de ejecutarse, el dinero ya no sirva”.

En Entre Ríos valoraron que «Ciudades saludables» tenía “objetivos loables” y la ambición de estimular la conciencia de participación local de los municipios”, a fin de que aporten “iniciativas propias en materia de promoción de estilos de vida saludables, no dejando todo en manos de los equipos de los centros de salud”. Y este un punto clave: ponderaron que lo central del programa era superar la idea de que la salud es solamente “asistencialismo cuando la persona ya está enferma”.

Nueve municipios entrerrianos se sumaron a «Ciudades saludables»: Paraná, Gualeguaychú, Villaguay, Concepción del Uruguay, Larroque, Rosario del Tala, Feliciano, Maciá y Chajarí.

Si bien destacaron el cumplimiento de los objetivos, desde la Dirección General de Prestaciones del Ministerio de Salud entrerriano compartieron que “no es un tema menor el de los fondos que Nación dejó pendientes de transferir, lo que implica compromisos con municipios que cumplieron con las metas planteadas para sus iniciativas y que quedaron sin recibir los recursos correspondientes”.

Esta deuda pendiente, aclaran en la comunicación con este diario, “es el impacto de la caída (derogación) del programa. En el caso de Entre Ríos, se trata de una deuda sobre la que no se han tenido novedades de su liquidación”.

“Desde el Ministerio de Salud hemos sugerido que se deberían repensar las formas, de igual modo a lo que ocurrió con el Programa de Salud Comunitaria (que fue discontinuado y luego se transfirió el dinero, muchos meses después de su derogación); ya que la manera en que se ha manejado la situación hasta la fecha ha dejado numerosos compromisos sin cumplir con las comunas”.

Tras informar que 560.000 personas se vieron beneficiadas por «Ciudades saludables», apuntaron que solo se hicieron dos transferencias a la provincia (el 16 de diciembre de 2021, por $ 7.050.000; y 27 de mayo de 2022, por el mismo monto).

Sobre un total de 70 millones de pesos previstos inicialmente, restaría enviar a la provincia “la transferencia de 56.400 millones de pesos”, calcularon.

En busca de dialogar con algunas de las provincias más pobladas del país, Clarín se comunicó con autoridades de Salud de la ciudad de Córdoba, desde donde confirmaron no haber participado del programa. Al cierre de esta nota no se habían obtenido precisiones de esa provincia acerca de la participación de otros municipios.

Donde sí se sumaron varios fue en Mendoza: Godoy Cruz, Maipú, Mendoza capital, Guaymallén, General Alvear, San Martín, Tunuyán y Tupungato.

Compartieron lo mismo que las jurisdicciones mencionadas arriba: “El programa tuvo cuatro etapas, pero sólo se recibió hasta el segundo desembolso. Por lo tanto, Nación no cumplió con lo pautado; ni con el acompañamiento técnico ni con el dinero”.

Marcaron además que “a nivel nacional, el programa mostró una falta de claridad en su implementación, generando constantes cambios de dirección que dificultaron su ejecución”.

En línea con la “actitud” destacada desde Entre Ríos, “aun así, los Municipios cumplieron con todo lo que se les solicitó. Algunos terminaron el proyecto presentado en sus cuatro fases, sin obtener el 100% del dinero”.

Desde Mendoza informaron detalles de la deuda, partiendo de la base de que las partidas de Nación se dividían en dos partes: el 70% de cada giro de dinero iba al municipio y el 30%, a la gestión provincial del programa. Según dijeron, a la provincia le deben más de 16,4 millones de pesos pero a los municipios, casi 36.000 millones.

De las consultadas, las únicas dos jurisdicciones que no se quejaron de la gestión de Salud de Carla Vizzotti o del Gobierno de Alberto Fernández fueron la ciudad de Buenos Aires y la Provincia.

En esta última informaron que aprovecharon el programa “en los 25 municipios”. Si se hubieran terminado todas las fases, el total previsto que debería haber recibido la Provincia era 544.500 millones de pesos: 163.350 millones, la provincia; y 381.150 millones, los municipios. Al cierre de esta nota no se había podido confirmar si todas las partidas fueron entregadas.

Pero, no obstante, reconocieron que el cumplimiento de las metas establecidas fue, hasta ahora, desparejo: “Se trabajaron 60 líneas de acción, de las cuales 40 se cumplieron al 100%, 14 están entre el 80% y el 100%, y 6, en menos de 50%”.

En tanto, fuentes de Salud porteñas contaron que “desde octubre de 2021, la Ciudad suscribió al convenio marco e integró el Programa Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables”.

“La Ciudad recibió transferencias por $ 64.350 millones de pesos, destinados exclusivamente a la compra de bienes necesarios para las actividades planificadas, en cumplimiento de los objetivos del programa”, detallaron.

Y, en línea con la impronta del Gobierno nacional de que las provincias “se hagan cargo” de sus deberes en materia de salud, concluyeron que “la finalización del programa anunciada por el Gobierno nacional no genera una necesidad adicional de recursos por parte de la Ciudad. Las actividades continuarán desarrollándose tal como se venían implementando, integradas a la planificación y presupuesto propios de la jurisdicción”.