Una empresa saudí, que produce forraje en Córdoba para alimentar ganado en Medio Oriente, es acusada por ambientalistas y vecinos de Traslasierra de secar un acuífero y perjudicar a productores y habitantes de la zona. “El agua argentina se va en barco rumbo al Golfo Pérsico transformada en forraje y grano que alimenta a las vacas saudíes”, denuncian. Clarín accedió a la historia y a los elementos que los habitantes de la zona, cansados de no ser escuchados, decidieron hacer públicos.

Es una larga historia, promocionada con fotos de jeques árabes que han estrechado la mano del por el entonces gobernador Jorge Scharitti y con títulos ampulosos que hablan de lluvias de dólares de Abu Dhabi sobre la provincia. Hubo hasta trabajadores traídos desde filipinas, que acusaron a los inversores por malas condiciones de trabajo pero terminó con los dueños del negocio sobreseídos en la Justicia.

El grupo Almarai, de Arabia Saudita, es el fabricante de alimentos y lácteos más grande de Medio Oriente. Tiene una empresa subsidiaria que opera en varios países: Fondomonte South America SA. Durante las discusiones en el Congreso sobre la Ley de Tierras en 2011, antes de la sanción que impidiera a los extranjeros comprar tierras en el país, Almarai Co. adquirió a través de Fondomonte argentina,12.000 hectáreas de tierras productivas en Traslasierra.

La adquisición tuvo como objetivo expandir la cadena de suministro de forraje para la producción de carne y leche. Por entonces, el Gobierno saudí buscaba asegurar el abastecimiento y preservar los recursos en su país. Fue así como el agua del acuífero Los Cerrillos-San Vicente -convertida en grano para forraje- comenzó a cruzar el Atlántico para darle de comer a las vacas y las gallinas saudíes.

En un video institucional, Almarai reconoce que la compra se hizo «»para garantizar la calidad y la abundancia de alimentos para ganado vacuno y aves de corral». Dice que a través de Fondomonte, cultiva alfalfa en la localidad de San Vicente, departamento San Alberto, cerca de Villa Dolores, en el oeste de Córdoba. Allí la cortan, la empacan y la transportan al puerto. La empresa realiza este proceso en varias granjas alrededor del mundo. Los denunciantes dicen que cultivar alfalfa en Arabia Saudita es ilegal.

Una foto del 20 de noviembre de 2012, muestra a la entonces presidenta Cristina Kirchner junto al ministro de Agricultura, Norberto Yahuar en la residencia de Olivos. Están oficiando como anfitriones de los directivos de Alamrai, según las crónica de Télam en ese momento presentados como inversores de una «firma láctea» de los Emirato Árabes Unidos. Es la foto que muestra cómo se formaliza la inversión en los campos de la provincia de Córdoba. “En su primer momento fue bien recibido porque se crearon varios puestos de trabajo, aunque después trajeron mucha gente de afuera, de muchos lados, filipinos inclusive”, expresa un ex funcionario local.

La alfalfa se corta, se realiza el preoreo a campo durante 48 horas y se introduce en el tromel secador. Luego se compacta el material y eso genera un megafardo de óptima calidad.

El reino de Arabia Saudita tiene una política de estado: asegurar el abastecimiento y preservar los recursos locales. Según una Resolución del Consejo Ministerial del Reino de Arabia Saudita de diciembre de 2015, se definió un plazo de 3 años para detener completamente la producción local de forraje verde para áreas de más de 50 hectáreas. De este modo, el país sacó de su territorio todo cultivo que requiriera un uso intensivo del agua, un insumo que escasea en Oriente Medio. Arabia Saudita, la mayor economía del mundo árabe, fomenta que sus empresas alimentarias inviertan en América, África y Asia a fin de reducir la producción local de granos y conservar así sus limitadas reservas.

El agua que utiliza Almarai para su ganado proviene del acuífero Los Cerrillos/San Vicente. Agua pura para consumo humano, que según el Foro Ambiental Traslasierra, se toma y se usa sin ningún control del Estado. Mientras tanto, los 65.000 habitantes de la zona de Villa Dolores, San Pedro y Villa Sarmiento consumen el agua del Dique la Viña que debe ser potabilizada. Los vecinos se quejan del sabor. ¿Hay alguna entidad gubernamental que debiera regular/controlar el consumo deagua en la provincia? Existe la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI).

No es menor el antecedente que registra Fondomonte en Arizona, donde enfrenta críticas por el uso de agua y violaciones de contratos. La empresa ha sido acusada de incumplir contratos de arrendamiento y almacenar materiales peligrosos. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, ha tomado medidas para rescindir los contratos de arrendamiento debido al uso excesivo de agua, según notas periodísticas difundidas en los Estados Unidos. El estado de Arizona rescindió permisos de perforación de pozos de agua debido a inconsistencias en las solicitudes de la empresa.

Otra de las acusaciones que hacen los vecinos de Traslasierra está relacionada con la modificación artificial del clima, interviniendo sobre la formación de tormentas. Ese es un gran debate instalado en la región. Segùn denuncias de los habitantes, algunos productores contratan aviones y «dinamitan nubes» para evitar la caída de granizo sobre los frágiles cultivos.

Los vecinos que contaron esta historia a Clarin están alarmados. Dicen que la crisis del cambio climático se ve potenciada por prácticas de este tipo y que el agua de Traslasierra está desprotegida. Crearon una organización que los agrupa. Son productores, empleados, artesanos, docentes, trabajdores en general. Eligieron afincarse en una de las zonas mas agrestes de la Argentina y buena parte del tiempo se dedican a ver cómo la defienden de los diferentes acechos que enfrente, según la época del año. Los incendios, son una constante de cada verano, por ejemplo.

Pero ahora buscan hacerse fuertes contra la compañía árabe. La organización que sostiene esta denuncia fue bautizada «Unidos por el Agua». Prefieren que ese organismo lleve «la voz» denunciantes. Temen ser perseguidos por dar el nombre. Tampoco quieren acercarse demasiado al territorio que controla la empresa. Pero están convencidos del problema que les estaría ocasionando la firma. Hablan del estrés hídrico que sufren los árboles debido al cambio climático y sugieren que eso también estaría potenciado por el accionar sin control de quienes «se llevan el agua». Frente a todo esto, es clave conocer la posición de la empresa.

Jueves 8.30 AM. Clarín llama un teléfono radicado en Villa Dolores. Fue tomada de una cuenta de Facebook de Fodomonte. La empresa no posee página web. Atiende un gerente de recursos humanos. Amable, toma nota de los requerimientos. Comprende que frente a la denuncia de los vecinos, su compañía debe tener la chance de explicarse y defenderse, de ser necesario. Se le enumeran los «cargos» contra Fodomonte. Se ríe con sorna, cuando escucha de boca de este cronista algunas de las cosas que se dicen.

«Te pido que nos envíes un mail con las preguntas». Clarin redacta el mail sin cortar el teléfono, para volver a repetir las preguntas. Se le aclara que las respuestas se necesitan para el viernes a más tardar. El empleado espera al envío. A los pocos minutos, acusa recibo. Pero las respuestas, finalmente, nunca llegaron.