Este lunes desde las 10 de la mañana se desarrollará en el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 3, a cargo de Juan Rafael Stinco, la audiencia por la devolución del dinero cobrado por las prepagas a los afiliados por encima de la inflación entre enero y abril.

Estaban citadas 41 empresas de medicina privada, a las que hasta ahora alcanzó la cautelar, y la parte demandante, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Sin embargo, sobre la hora hubo un pedido de participación extra que fue aceptado por el juez.

La Secretaría de Industria y Comercio solicitó a Stinco una intervención voluntaria como parte en el trámite, subordinada a la actora principal, la SSS. Se trata de un derecho previsto en los artículos 90 y 91 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).

El abogado Juan Ignacio Rodríguez Jalón, en representación de la Secretaría dependiente del Ministerio de Economía, justificó la inclusión de esa repartición en la audiencia de este lunes en función de que lo que se defina allí puede afectar la acción por ‘cartelización’ (potencial incremento coordinado de las cuotas) que lleva adelante la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (CNDC).

Una fuente con acceso a la causa se preguntaba este sábado sobre la motivación de este aterrizaje judicial por parte de la dependencia del ministro Luis Caputo: “¿Desconfianza en la SSS?”. Lo concreto es que la chance legal existe y, según parece, desde su avanzada contra las prepagas el Gobierno no quiere dejar nada librado al azar.

De esta manera, el Gobierno estará representado por partida doble para asistir a la presentación de lo que las empresas tengan para ofrecer como plan de devolución y lo que el juez Stinco finalmente termine resolviendo.

Como se recordará, la propuesta de la SSS a Stinco, realizada el 17 de abril pasado, es que el reintegro de lo cobrado de más se haga en siete cuotas consecutivas, prorrateando el porcentaje excedente sobre el valor nominal de las cuotas futuras (ajustadas por IPC) en las que esta devolución se haga efectiva.

Más allá de la eventual suspicacia que despierte la voluntad de intervención de la Secretaría de Industria y Comercio, el abogado Rodríguez Jalón lo argumentó en su presentación hecha este viernes, poco después del mediodía.

“Que en virtud de lo previsto por el Art. 90 CPCCN, venimos por el presente a solicitar a S.S. (N. de la R.: su señoría) se haga lugar al pedido de intervención voluntaria, para ser tenido como parte en las presentes actuaciones, en atención a que la eventual sentencia o las resultas de la audiencia convocada para el día 27 de mayo a las 10:00 horas, podría afectar o incidir en la medida de tutela anticipada dictada por Resolución N° 1 de fecha 17 de abril de 2024 y su aclaratoria Resolución N° 13 de fecha 24 de abril de 2024, ambas de la Secretaría de Industria y Comercio”, dice la petición. El juez la aceptó pocas horas después.

Como se recordará, la CNDC -brazo de Comercio- lleva adelante el expediente por ‘cartelización’ contra siete prepagas, y ahora analiza la inclusión de otras 13 en el mismo expediente, ambas iniciativas producto de denuncias realizadas por legisladores de la Coalición Cívica.

A la vez, Comercio fue la responsable de fijar la fórmula de ajuste de las cuotas, que para mayo significó una diferencia del 114,6 por ciento con respecto a la factura de diciembre. Fórmula que Stinco validó en su fallo del 3 de mayo.

De manera que las causas tramitadas por vía judicial y administrativa están interconectadas (aunque en el Gobierno aseguren que no fueron coordinadas) y lo que se decida en una puede influir en la progresión de la otra. La ‘cartelización’, en caso de que se compruebe, supondría fuertes multas para las empresas.

¿Por qué habría ‘desconfianza’ de la Secretaría de Industria y Comercio en dejar la audiencia de este lunes sólo en manos de la SSS?, le preguntó Clarín al entrenado observador que planteó esa hipótesis: “Porque responden a Ministerios diferentes. Y para que no se caiga el disparador inicial que no fue el ‘control de precios’ sino que inicialmente fue la ‘cartelización’. El efecto final es el mismo (‘aumento de cuotas’) pero la causa de intervención del Estado es muy distinta”, interpretó.

Más allá de esa lectura política, desde lo formal el reclamo del abogado de Comercio agregó: “La sentencia que recaiga en autos podrá afectar un interés propio de mi mandante en su calidad de autoridad de aplicación de la ley 27.442” (de defensa de la competencia).

La lista de prepagas que este lunes deberán acudir a la audiencia está integrada por OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Obra Social Luis Pasteur, Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Obra Social de la Union del Personal Civil de la Nación, Mutual Federal 25 de junio, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A., MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.

A esas primeras 23 empresas incluidas en el expediente se sumaron la semana pasada otras 18: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, COBENSIL, MEDIN S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud S.A., Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A., Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra. S.A., Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.