Mariela Flores es la madre de Joaquín Sperani, el chico de 14 años asesinado por su mejor amigo el 29 de junio en Laboulaye, en el sur de Córdoba. Esta tarde, sus abogados le informaron que el juez Penal Juvenil Sebastián Moro dispuso que el adolescente de 14 que confesó el crimen vuelva con sus padres.

“Sentí que me estaba golpeando la cabeza contra la pared”, le dijo a Clarín poco después de conocer la noticia. “Me dicen que es un menor, pero Joaquín también lo era y yo tengo a mi hijo en un cajón”, repitió Mariela Flores al insistir en la necesidad de que haya cambios en las leyes para que en casos extremos como el de Joaquín existan otras penas para los menores.

Si bien el juez Moro determinó que L.M.Z. quede bajo la tutela de sus padres, una de las condiciones que estableció fue que la familia no podrá vivir más en Laboulaye y se radique en otra ciudad. Además, tanto el menor como sus padres deberán pasar por controles periódicos a cargo de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).

Según pudo conocer Clarín, el adolescente abandonó este lunes el Centro de Admisión y Diagnóstico del Complejo Esperanza, adonde permaneció alojado desde que, al verse acorralado tras el hallazgo del cuerpo de Joaquín, confesó el crimen de su amigo. El proceso penal continúa su curso aunque se sepa de antemano que el adolescente, por su edad, es inimputable.

Mariela denunció la desaparición de su hijo el jueves 29 de junio por la tarde. La búsqueda se hizo intensa desde la noche del viernes hasta que se conoció el peor final. El domingo, el cuerpo del chico fue encontrado en una casa abandonada a pocos metros del IPEM Malvinas Argentinas, donde los dos amigos estudiaban.

En las primeras horas de búsqueda, el amigo de Joaquín le dijo a la Policía que éste le había confesado que estaba cansado de que le hicieran bulliyng y había decidido irse del pueblo a otro lugar. Cuando los investigadores revisaron los videos de las cámaras de seguridad encontraron imágenes de Joaquín y L.M.Z. en su caminata desde la escuela hasta la casa abandonada. Minutos después, se lo ve a L. caminando solo en el trayecto de regreso a le escuela. Y se observa que se le cae un celular al piso. Luego se constató que se trataba del teléfono de Joaquín.

Apenas recibieron la noticia de sus abogados, Mariela y Martin, los padres de Joaquín Sperani, volvieron caminando desde el centro de Laboulaye hasta su casa, ubicada en las últimas cuadras del pueblo, cerca de la ruta 7. “Cuando volvíamos caminando le dije a Martín: ‘Ya está, perdimos’, le contó la mujer a Clarín.

“Todos los derechos son para él, yo tengo a mi hijo en un cajón y ¿tengo que aceptar eso?», afirmó.

Para la madre del adolescente, tiene que haber un cambio en la legislación y asegura que tiene otros cuatro hijos que deberían responder ante la Justicia si cometieran algún hecho aberrante.

“Lo primero que me vino a la cabeza cuando me enteré de la resolución del juez es sentir toda la injusticia junta”, dijo y apuntó: “Te dicen que él tiene derecho a ser reinsertado a la sociedad y yo digo que la Justicia no está viendo de que es un asesino”.

Mariela apuntó que los peritajes a los que tuvo acceso como querellante en el caso determinan que el menor no tiene “ninguna patología ni enfermedad psiquiátrica”. “Él estaba consciente en el momento del hecho, sabía lo que estaba haciendo, él puede discernir, sabe lo que hace y es un ser que no tiene empatía hacia el dolor ajeno porque carece desde herramientas afectivas”, expresó la mujer.

A su vez, planteó que la Justicia se tomó el caso a la ligera porque no se esperó el resultado de nuevos peritajes que todavía no están procesados.

“La Justicia debería tratar este tema como un caso único porque este no es un caso de un chico que salió a robar y se le fueron las cosas de las manos. En este caso, mató, es alguien que premeditó, pensó en lo que iba a hacer”, dijo Mariela Flores y acotó: “Después de eso fue a la escuela el jueves y el viernes, estuvo con la Policía, se sentó al lado mío. Es como que disfrutó de ver todo eso”.

La justicia cordobesa emitió un comunicado en el que se dio a conocer el alcance de la medida del juez Moro.

“El Juzgado Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Laboulaye dispuso que el joven no punible L. M. Z. se reintegre a su medio familiar bajo la guarda de sus padres, en una residencia ubicada en otra localidad, es decir, fuera de Laboulaye”, señala el comunicado.

En otro párrafo, se establece que la nueva medida de resguardo “provisoria”, dispuesta por el juez Sebastián Moro, precisa que L. M. Z. y su familia “no podrán mudarse sin la debida autorización judicial”.

Y agrega que el juez impuso “de modo complementario que el joven se incorpore a un tratamiento multimodal psicoterapéutico, individual, grupal y familiar de tiempo prolongado”.

“El magistrado resolvió que los padres de L. M. Z. también se sumen a un espacio multimodal de orientación que le permita abordar las funciones inherentes al rol parental. Tales condiciones estarán sujetas al estricto control de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) con la modalidad de supervisión en territorio”, termina el escrito.